Muy pertinente el artículo de Sigifredo Turga en
este diario cuando nos recuerda el piso jurídico de nivel constitucional que
tiene la economía solidaria, hoy que el país está pensando en soluciones necesarias
y consecuentes para la gran crisis que ya está llegando con todo su poder
destructivo, como efecto del modelo económico que ya tiene más de dos décadas
en Colombia. Hace como quince años, cuando se habló de privatizar la empresa de
acueducto y alcantarillado de Popayán, una propuesta presentada a través del
diario El Liberal acerca de crear una cooperativa agrupando a todos los
usuarios para comprarla, tuvo buena acogida pero el Artículo 17 de la ley 142
de 1994 hizo que la alternativa no fuera viable. Los servicios públicos de las
grandes ciudades, que son rentables, están reservados para los capitalistas
mercantiles, limitando solo los servicios comunitarios y veredales a las
empresas cooperativas.
Pero más allá de la privatización de los servicios
públicos y la opción que tienen las cooperativas, siempre que se modifique la
ley, la economía solidaria encierra en sus fundamentos importantes fortalezas
que pueden ser alternativas de solución para la situación socioeconómica y el
desarrollo nacional. Lástima, eso sí, que nuestra cultura individualista y
personalista es una debilidad muy grande para esta modalidad de organización
empresarial y más lamentable aún, que el gobierno tiene al sector cooperativo
como la cenicienta del cuento. El tipo de cooperativas que ha tendido éxito ha
sido el de ahorro y crédito y el de las financieras, porque los asociados van
detrás de un préstamo; o si no, no hubieran progresado. Muy pocas son las
grandes cooperativas en otras ramas de la actividad económica. Y por el lado
del apoyo gubernamental, basta ver como, por presión de los grandes bancos, el
mismo gobierno llevó a la crisis del cooperativismo del último quinquenio del
siglo pasado.
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