Destaparon
las vías en el Catatumbo y se inicia el diálogo con el gobierno pensando, según
dijo Santos, en el diseño y la prueba de un caso piloto tendiente a crear un
esquema de ordenamiento regional que permita aplicar las reglas derivadas de la
suspensión de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, lo cual
tiene mucho sentido lógico en territorios de conflicto como ese de Norte de
Santander, que tiene mucha similitud con lo que ocurre en la cuenca del Río Micay
en el Cauca desde hace muchos años.
El
interrogante que surge es entonces, cómo hacer para desligar la política de
convivencia y paz del gobierno colombiano con la política antidroga de Estados
Unidos. Las zonas de alto conflicto en Colombia han podido sembrar los factores
de violencia porque son regiones de economía campesina, colonización, sin vías
ni infraestructura para el desarrollo, desconectadas del mercado nacional,
donde por supuesto, florecen las formas precapitalistas de producción y cambio,
sobre los fundamentos de la economía de subsistencia regidos, no por las leyes
del mercado, sino por las leyes naturales del instinto de conservación de la
especie humana.
La política
antidroga del gobierno norteamericano no ataca el consumo interno que genera la
demanda de su país y con ello la prosperidad del negocio del narcotráfico, sino
que dispara contra la producción agrícola de la materia prima, lo cual no
concuerda con las condiciones reales de las zonas de conflicto en este país,
donde la actividad económica movida por la ley del instinto, establece como
rama productiva predominante, la siembra de uno de los dos productos de
economía campesina en regiones de minifundio que hoy tienen garantizada la
solución de comercialización como son el café y la coca. El primero con una
estructura institucional legal que hasta subsidios otorga, la cual, a pesar de
Luis Genaro, es una salida fija para las ventas; y el segundo que de manera
clandestina ha mantenido los compradores mafiosos con leyes que ilegalmente
establecen y que son respaldadas por los grupos armados ilegales ya sean de
guerrilla o de bandas criminales.
Una de las
causas de la crisis en estos territorios de conflicto con cultivos de uso
ilícito son las fumigaciones, las cuales se escapan de la órbita del gobierno
nacional por cuanto obedecen a compromisos internacionales acordados con el
gobierno de un poderoso país extranjero y que se convertirán en obstáculo para
que tengan viabilidad los procesos de convivencia y paz. Las fumigaciones no sólo
destruyen los cultivos prohibidos, sino que también acaban con las demás
especies agrícolas que los pobladores necesitan para subsistir, las cuales no
cuentan con estructura de comercialización porque el gobierno no ha logrado
establecerla por motivos de las políticas neoliberales que niegan la
intervención del Estado mediante la propiedad de infraestructura y la presencia
en los procesos de mercado; así que mientras se mantengan estas mismas
condiciones será muy difícil que se llegue al pertinente y consecuente trato a
las zonas de conflicto.
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