QUIEN PODRÁ DEFENDER LA DESCENTRALIZACIÓN

Después de 1991 se vinieron en racha las normas que creaban piso jurídico a la descentralización administrativa y hasta 2002 hubo algunos avances que nos hicieron pensar que era cierto lo de la autonomía municipal y eso de la elección popular de gobernantes territoriales, que, según el cuento, era para fortalecer la democracia participativa. En diez años algo se avanzó en esta materia.

Pero después de 2002 se comenzó a echar reversa en el proceso y se dejó ver que lo de la autonomía municipal era una falacia. El argumento fue que las entidades territoriales no respondieron a su responsabilidad y que su capacidad institucional era inferior al tamaño del reto, de modo que la Nación utilizando un método sagaz, durante el segundo decenio desplegó una estrategia para concentrar nuevamente el poder de decisión en Bogotá: expidió leyes de reforma a los procesos nacionales pero al final incluía un “articulito” con olor a mico, señalando que la presente norma en lo pertinente, rige también para las entidades territoriales, es decir, desde Bogotá se determinaba el qué hacer de gobernaciones y alcaldías.

Pero la tapa de la reversa a la descentralización administrativa se ha visto después de 2010, cuando ha ocurrido uno de los más grandes engaños para las comunidades territoriales, el cual se manifiesta a través de las leyes 1454 de 2011 y 1530 de 2012, mediante las cuales los mismos representantes de los territorios, que hacen parte del Congreso de la República, se dejaron meter los dedos en la boca de  parte del gobierno nacional.

El extremo del recorte a las facultades de los territorios se plasma en el sistema general de regalías, que según la publicidad mediática, era un instrumento para apoyar los procesos de desarrollo endógeno de las regiones, pero que mediante los artículos 33 y 34 de la ley 1530 se castra totalmente. Según estas normas legales, los recursos de los fondos de desarrollo regional y de compensación regional del sistema general de regalías, solo se podrán utilizar para financiar proyectos “acordados entre el gobierno nacional y las entidades territoriales”, lo cual constituye una pelea de tigre con burro amarrado. Ya sabemos en qué consisten los acuerdos entre la nación y los territorios: el gobierno nacional aprovecha los recursos que por mandato constitucional son de propiedad de los territorios, para imponer sus intereses y financiar sus políticas sin importarle las políticas de los gobernantes territoriales ni los intereses de las comunidades municipales. Con los dineros de los municipios, el gobierno nacional financia el plan nacional de desarrollo cuando debería ser lo contrario: con los recursos de la nación, se debía financiar los planes de los alcaldes, por lo que hoy es necesario preguntar como el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defender la descentralización.