En el
territorio caucano hoy están descertificados varios municipios y por ello
imposibilitados para manejar sus propios recursos para agua y saneamiento
básico, constituyéndose así un caso más de víctimas del centralismo bogotano,
que no sólo se manifiesta mediante las limitaciones a las entidades
territoriales para tomas decisiones sino también en procesos públicos donde
intervienen empresas privadas.
En primer
lugar está de por medio el Decreto 3200 de 2008, “Por el cual se dictan normas
sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual la Nación
establece las acciones que deben realizar las entidades territoriales para
manejar los recursos a través del PDA o plan departamental para el manejo
empresarial del servicio público, que de acuerdo al proceso histórico de
postmodernización del Estado colombiano, no es otra cosa que la introducción de
los cánones de la gerencia pública en la administración de los organismos
prestadores del servicio.
En segundo
lugar, el establecimiento de la “Gerencia Asesora del PDA”, que según el
artículo 13 del citado decreto, “es una persona jurídica con experiencia e
idoneidad para adelantar las acciones y actividades técnicas, institucionales,
legales, ambientales, financieras y administrativas de apoyo y asesoría al
Gestor y a los participantes del PDA”.
Y la tapa,
el parágrafo donde se establece que “en desarrollo de la asistencia técnica, el
MAVDT dará los lineamientos con base en los cuales se contratará la Gerencia
Asesora del PDA por parte del Departamento o del Gestor” y claro, como siempre
sucede, los términos de referencia que hacen en Bogotá, están diseñados para
que el contrato de gerencia se le otorgue a una empresa de la capital, porque
supuestamente, en los territorios no existen personas ni naturales ni jurídicas,
que tengan la idoneidad para asesorar la gerencia de la prestación de servicios
básicos domiciliarios.
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