LOS TRAUMAS DEL DECRETO 2482

Desde hace 22 años, el país viene adelantando el proceso de postmodernización del Estado, transformando su modelo de operación que pasa de uno burocrático a uno gerencial. A pesar del tradicional, conocido y característico desorden del alto gobierno nacional, durante este período se han introducido normas legales y reglamentarias que como colcha de retazos, habían propiciado cambios, desordenados sí, pero al fin cambios tendientes a implantar en Colombia los patrones de la gerencia pública para mejorar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad.

El proceso ha venido lento porque tras de gordo hinchado. Como si fuera poco que el régimen político caracterizado por el clientelismo, la ineptitud, la corrupción y otras aberraciones, se constituye en el principal obstáculo para avanzar en la transformación del Estado, la administración nacional que hoy está en manos de los hijos de quienes lo administraron el siglo pasado, comete error tras error propiciando el absurdo que ha caracterizado dicha transformación.

Como se entiende el proceso a la luz de los conceptos sobre gerencia y reconociendo la necesidad de adoptar instrumentos para ejecutar el cambio, se contaba con las cuatro herramientas básicas para direccionar las funciones de planificar, ejecutar, controlar y tener contacto con el cliente que en el Estado se llama ciudadano. Ya antes, en desorden cronológico se habían promovido las normas técnicas de operación y control, acompañadas con la herramienta de maneo logístico necesaria para fortalecer las dos anteriores. Pero ahora se introduce un cambio que produce desconcierto y lo poco que se había logrado avanzar sufre otro traspié por mandato del gobierno nacional.

Ya en 2001 se había expedido el Decreto 2470 para reglamentar el Capítulo IV de la Ley 489 de 1998; en 2005 para enmendar los errores cometidos en dicho decreto, se expidió el Decreto 3622 con el cual se deroga el anterior; y ahora a finales del año pasado, se expide el Decreto 2482 de 2012 mediante el actual se deroga el expedido en 2005. Este último, que pone a correr a los alcaldes porque fija el 30 de abril para presentar un primer informe, no muestra tener un soporte conceptual sólido, ni paradigma, ni modelo de gerencia pública que lo sustente. Con mucha claridad se aprecia que el motivo de su expedición es justificar el puesto del hijo de Galán que ocupa como consejero de la Presidencia, en un caso más donde se evidencia que los hijos de la oligarquía colombiana manejan este país con las patas, restándole importancia a la realidad objetiva para justificar los puestos que ocupan en el alto gobierno, sin medir las consecuencias en la construcción del paradigma de gerencias pública ni los traumas del decreto 2482.