Con
el cierre de la inscripción de listas de candidatos a las corporaciones del
Congreso de la República, se vio finalmente el balance de lo que están pensando
y deseando los políticos, antiguos y nuevos, y con ello la evidencia de la
identidad del régimen político colombiano, que lo conocemos como “Régimen
Democrático”, pero que en los rasgos que lo caracterizan no hay ningún parecido
entre el sistema funcional que encierra y la etimología de la palabra que lleva
por título. Claro puede darse ese lujo de atropellar las bases establecidas por
los griegos varios siglos antes de Cristo y obrar con el grado de
degeneramiento que hoy presenta, porque así se lo permite la cultura política
colombiana, soportada en la alienación mental y el predominio de patrones que
imponen el interés personal por encima del interés general y el bien común.
Los
delincuentes, o sea quienes están en la cárcel por haber cometido delitos y que
son un buen porcentaje de los políticos, siguen tan campantes como si nada
hubiera sucedido. Simplemente inscribieron a sus hijos, a sus hermanos, a su
cónyuge o a cualquier otro testaferro, pero siguen siendo sus votos cautivos y
su dinero de dudosa procedencia, los factores que determinarán la elección y
con ello el mantenimiento del poder político desde la cárcel mediante
intermediarios o por celular. Los otros, los politiqueros de pacotilla que son
la mayoría, también, a repetir curul, como si sus desaciertos y procedimientos
antiéticos de los cuatro años anteriores, no tuvieran significado.
De
nada ha valido la amplia difusión a través de las llamadas redes sociales ni en
los medios de comunicación, donde se ha dicho y reiterado sobre las conductas
violatorias de la ética pública y de la más elemental moral de la humanidad.
Parece que a la sociedad le entra por un oído y le sale por el otro, si vemos
las fotos en la prensa del grupo de aduladores y lagartos que acompañaron la
inscripción de los aspirantes.
Por
lo visto, en las próximas elecciones muy poco o casi nada cambiará. Seguirá el
manejo del Estado, que se realiza a través de leyes, en manos de personas que
van a los organismos de decisión, no motivados por el servicio a la comunidad y
el bienestar del país, sino impulsados por sus apetitos económico y de poder
que les permite una práctica mafiosa en el seno del régimen político.
La
política, que debería ser el mecanismo con el cual la sociedad promueve el
desarrollo de sus procesos de mejoramiento de las condiciones de vida, se ha
convertido en un mercado de negocios donde las transacciones de los recursos
fiscales es el centro de la operación y el tráfico de conciencias para
sustentar los mecanismos de dominación, son las acciones mercantiles que
predominan en el escenario donde la dignidad de la participación se ha
convertido en el carnaval de la democracia.
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