Desde hace un cuarto de siglo existe el instrumento, pero sólo ahora ha
tomado fuerza el mecanismo de las firmas para el ejercicio de la democracia
participativa, que se viene utilizando con diversos propósitos, siendo un
síntoma que demuestra la desconfianza en las instituciones colombianas. Ya ni
en los partidos políticos se puede confiar, según se deduce del hecho que
muchos aspirantes a presidente recurren a los grupos significativos de
ciudadanos para sustentar su candidatura, tal vez, por la mercantilización que
han tomado los avales de los partidos.
Ahora surge en Manizales un comité promotor de la recolección de firmas
para exigir a los órganos estatales competentes, la eliminación de los
mercaderes de la muerte y traficantes de vidas humanas, alias las EPS, esas
empresas creadas para hacer de la salud del pueblo un negocio rentable, cuyas
utilidades o ganancias dependen de la vida humana. Si salvan a los pacientes,
la empresa quiebra.
Las EPS nacieron con la filosofía del aseguramiento. Pero con el tiempo
se han convertido en un parafiscal que opera como un impuesto cuya base
gravable son los ingresos de la víctima, que llaman paciente y en algunos casos
cliente. Son la principal causa de la crisis institucional del sector salud,
por lo cual su desaparición se ha planteado varias veces, pero ellas luchan
como fiera herida para defenderse y conservar su lucrativo negocio. Recurren a
la corrupción de los congresistas, a quienes les dan aportes en la campaña electoral
y luego coimas para que voten a su favor en las cámaras. Esto es de
conocimiento general y suficientemente difundido en la opinión pública.
El recurso de las firmas es procedente, ya que la iniciativa
gubernamental no pasa en el Congreso. Aunque el gobierno presente el proyecto
de ley respectivo, los congresistas lo modifican o no lo aprueban y las EPS
permanecen vivas. El comité de Manizales debe extenderse por toda la Nación,
porque el país ya no aguanta más los atropellos de estas entidades y su
contribución al deterioro de este servicio social. Desde varios actores han
presentado fórmulas para la organización institucional del sistema de salud sin
la existencia de las EPS, lo cual es perfectamente viable y evidencia que no
son necesarias. Se trata de seguir con un esquema de corte neoliberal como el
actual, conservando la capitación y los pagos mensuales, pero sin la presencia
de este parásito que se come la mayor parte de los recursos de financiamiento.
Por supuesto, significa reformar el Fosyga, modificar la administración de las
IPS, cambiar el rol de las secretarías de salud territorial y ajustar la superintendencia.
Pero es fácil. Sólo falta voluntad política.
Por
supuesto en el largo plazo es necesario adoptar el mecanismo de universalización
de la salud con un esquema de financiamiento apropiado, para sacar este bien
público de las garras del neoliberalismo y, sin regresar al Estado
asistencialista, aplicar fundamentos alejados de las leyes del mercado que
permitan brindar soluciones de corte social a la comunidad y al derecho a la
vida, por lo cual es conveniente apoyar la iniciativa de Manizales de recoger
firmas contra las EPS.
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