El
posconflicto es una palabreja que introdujo en la opinión pública el gobierno
nacional cuyo significado no se conoce a ciencia cierta, si se tienen en cuenta
la etimología de la misma y se confronta con las condiciones de la realidad
colombiana en que, probablemente, se aplicará, ya que el conflicto propiamente
dicho no se terminará con la sola firma de unos acuerdos con un grupo
guerrillero y el complemento de las acciones que se deben realizar por parte de
los firmantes para dar cumplimiento a los compromisos. La situación
sociopolítica nacional es heterogénea y compleja en estado de caos, que
encierra muchos más elementos de los que se están señalando a raíz del proceso
de la Habana.
Por ejemplo
y para no ir muy lejos, los analistas se preguntan si las condiciones del
sistemas político, las costumbres de los actores del régimen y las prácticas
administrativas del gobierno central, entre otras, son adecuadas a los fines
sociales que propone el discurso, cuando desde ya se está observando, por una
parte, la rapiña de los gamonales territoriales detrás de los supuestos
recursos que van a circular para financiar el posconflicto y por la otra, la
oportunidad de los altos funcionarios de aprovechar estos mismos para comprar
adhesiones y apoyos a causas futuras del proceso electoral. También se está
viendo con facilidad a través de los medios cómo, al mejor estilo elitista y
oligárquico de este gobierno de Santos, se reparten cargos y contratos con
cifras jugosas a los hijos y parientes de quienes han usufructuado durante el
último medio siglo las mieles del poder para continuar dentro de nuestra
democracia hereditaria el mismo dominio de las castas que por demás, han
demostrado su ineptitud e incapacidad de manejar el Estado colombiano. Ya se
está viendo la adjudicación de cuantiosos contratos a ONGs para administrar
recursos destinados a la pedagogía de la paz, que serán direccionados en las
regiones por líderes de los movimientos políticos amigos del gobierno.
Ante
este panorama y frente a las expectativas creadas por el mismo gobierno
principalmente en territorios donde la presencia de la guerrilla ha sido más
fuerte, la gobernabilidad será tormentosa y el conflicto cambiará de matiz: la
frustración y el descontento de las comunidades será, probablemente, un factor
que sustituya un problema por otro en la agenda del gobierno. Ya no será la
guerrilla sino las marchas y la movilización social la que producirá el dolor
de cabeza de los gobiernos territoriales; pues el nivel nacional como siempre,
se limita a disfrutar de las francachelas en los clubes sociales bogotanos
mientras que gobernadores y alcaldes afrontan directamente con sus comunidades las
consecuencias negativas de las decisiones que se toman en la capital, desde
donde se están construyendo desde ya los escenarios del futuro cercano.
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