Gústenos o
no, desde 1991 rige en Colombia el Estado Neoliberal y con base en sus reglas
de juego se debe manejar los procesos sociales y económicos en todos los
niveles de gobierno. La Constitución y la ley imperan y si no nos gusta, antes
hay que hacer los cambios desde su origen; mientras tanto, toca acatarlas. Este
tipo de Estado tiene sus propias particularidades en las relaciones
Estado-Sociedad que operan bajo el esquema de la democracia participativa donde
la antigua gobernabilidad se ejerce a través de la gobernanza, concepto que se
introdujo en 1989, y que implica la aplicación de los principios gerenciales en
el manejo de lo público, ahora cuando lo público está en el mercado y en este
escenario si no se aplica el modelo de Estado Gerencial, el ejercicio de la
autoridad sufre estrangulamientos de alto impacto.
El
transporte urbano, como un servicio público privatizado desde sus orígenes, navega
en el mercado como la mayoría de los bienes públicos en la postmodernidad, por
lo cual el caso debe ser tratado con enfoque gerencial. Esto significa que,
como cualquier bien privado, la regulación del proceso debe partir de un
análisis de la demanda que encierre todos los aspectos inherentes a esta fuerza
que hace parte del mercado.
Por
supuesto, el diálogo y la concertación son elementos básicos en la gobernanzas;
pero es insulso sentarse en una mesa a exponer posturas subjetivas y personales
sin que se disponga de los elementos de juicio objetivos con argumentos
técnicos. El análisis del mercado requiere un estudio de demanda que permita
identificar precios, gustos y preferencias del consumidor, capacidad de pago,
sustitutos y complementarios, etc., para finalmente definir segmentos y nichos
de mercado que condicionen la respuesta de la oferta mediante el conjunto de
alternativas disponibles en la realidad socioeconómica de ese mercado. Por lo
menos así lo señala la teoría.
En la realidad
socioeconómica del subdesarrollo no es pertinente pensar sólo en una oferta con
los medios propios de Norteamérica y Europa. En nuestras condiciones han
surgido opciones diversas para atender la necesidad pública de la movilización
urbana y todas, desde que existen, es porque tienen condiciones para satisfacer
alguna porción territorial del mercado o algún nicho de consumidores, por lo
cual todas deben tener cabida en el mercado, que debe ser debidamente
racionalizado, regulado, ordenado y formalizado, a la altura de todos los
bienes públicos.
El
caso de la crisis del transporte público urbano y la movilidad no es propio de
ninguna ciudad en especial, sino un fenómeno complejo que hoy existe en casi
todos los países del antiguo tercer mundo, a quienes les toca asumir los
problemas bajo una misma realidad global extendida por todo el mundo como
consecuencia de los patrones universales, que obligan a revisar y actualizar
los esquemas de gobernanza del transporte público.
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