LOS EXPERTOS EN IMPUESTOS

En Colombia se suele delegar a una comisión de expertos el análisis de ciertos asuntos públicos, pero por lo general los expertos andan despistados y alejados de la realidad nacional, sobre todo de la que sufren la mayoría de ciudadanos de a pie. Ahora fue el tema tributario que se entregó a una de estas comisiones, que entregó el informe en diciembre pasado y creó revuelo en la opinión pública por lo que gobierno tuvo que salir en los medios  a decir que ese documento era sólo de recomendaciones.

A pesar de que lo común es que los expertos caminen sobre las nubes, en este caso tocaron un tema que es indiscutiblemente sensato, independientemente de que las recomendaciones sean las adecuadas o no. Se trata del caso de los impuestos de las entidades territoriales, departamentos y municipios, cuyas finanzas son asunto crítico para la descentralización y la democracia participativa. Muy pocas veces se habla de este asunto y la grave situación va pasando de año en año sin que se le meta la mano. Sin duda, las estructuras de financiamiento de las entidades territoriales merecen una revisión mediante un análisis profundo y serio, para introducir los cambios que de una vez por todas solucionen las grandes dificultades que deben afrontar los gobernadores y alcaldes para cumplirles a sus comunidades las expectativas que los procesos eleccionarios generan.

Dicen los expertos que la multiplicidad de impuestos que existen en los territorios “se acompaña de una normatividad dispersa a nivel territorial para un mismo tributo, de la carencia de claridad sobre las competencias que tienen la Nación y los entes territoriales en materia de tributación, de elevados niveles de desactualización de muchos de estos tributos, los cuales se establecieron hace varias décadas sin que su conveniencia y estructura haya sido evaluada y/o su diseño actualizado de manera integral. Adicionalmente, existen dudas sobre la legalidad de algunos ingresos no tributarios, tasas y contribuciones” y que a todo ello hay que sumar las diferencias en la capacidad institucional para administrar los tributos en los gobiernos de esta entidades.

Pero de todo lo dicho por la comisión, es bueno resaltar que se recomienda al gobierno nacional tomar medidas para frenar la carga de estampillas y contribuciones sobre los contratos. Dice que estos gravámenes elevan los costos de las obras territoriales y demás contratos, afectan la eficiencia económica, conllevan elevadísimos costos de cumplimiento y carecen de toda racionalidad fiscal. Agregan que dicha carga demás de encarecer el valor de los contratos y de las actividades en general y elevar el gasto de los gobiernos territoriales, puede traer un efecto neto nulo en las finanzas territoriales. Y si a estos se le agrega el CVY, el contrato queda en la inopia.

Pueda ser que el gobierno nacional atienda las recomendaciones de esta comisión en el tema de las finanzas territoriales, no precisamente aplicando específicamente las propuestas, pero sí entrando a revisar este aspecto de la administración pública territorial que tiene más de 30 años sin que se haya tocado en la agenda gubernamental y así tendríamos que agradecer mucho a los expertos en impuestos.