Cuando
se estableció la elección popular de los gobernantes territoriales hace ya como
un cuarto de siglo, se nos vendió la idea anunciando que con ello se
profundizaría la democracia; pero pasado todo este tiempo, los resultados no
muestran el efecto anunciado sino que el cambio ha contribuido, más al
fortalecimiento de las élites locales de poder y los procedimientos mafiosos,
que al verdadero sentido ofrecido.
Según
los diferentes diccionarios y fuentes de consulta, el significado de “mafia” es
diverso: uno, como lugar de refugio; otro proveniente del árabe, que significa
jactancia; pero el más diciente, el que se refiere a una organización que
emplea métodos poco claros en sus negocios, lo cual significa que existen
mafias legales e ilegales.
Lo
que se observa en la realidad política colombiana, es que en la mayoría de
municipios del país existen grupos de poder que aplican procedimientos amañados
y, con prácticas oscuras, intervienen el libre juego de los actores sociales
para propiciar resultados políticos de acuerdo a sus conveniencias. La prensa
nos ha ilustrado suficiente sobre la acción de los paramilitares en el norte
del país y también del papel de lo que llaman los “carteles de la contratación”
y lo más común, lo que se le conoce como las “alianzas programáticas” entre las microempresas electorales.
Durante
este período se han expedido varias leyes introduciendo normas para el
funcionamiento del régimen político, que la opinión pública espera sean
convenientes para el interés general y el bien común; pero su aplicación ha
terminado, más en la utilidad de las mismas élites, que en el saneamiento del
régimen político, cuyo nombre le queda grande; pues una cosa es la etimología
de la palabra “democracia” y el sentido con que los griegos la
institucionalizaron y otra, muy diferente, son las características del régimen
político que impera en el país, donde hoy, la norma más aberrante, es la de los
avales, que se ha convertido en factor de negocio y de tráfico de dinero e
influencias para fortalecer aún más a quienes detentan el poder.
Claro
que la verdadera razón del cambio introducido a finales de los ochenta con la
elección de alcaldes que luego a comienzos de los noventa fue complementada con
la de gobernadores, no era propiamente la de fortalecer la democracia, sino la
de disminuir el tamaño del Estado en el nivel nacional pero sobre todo de bajar
la carga fiscal al presupuesto nacional, como ha sido el propósito de todas las
modificaciones introducidas desde que se impuso en el mundo el capitalismo
rentista con el dominio de los fondos y la banca de inversión; pero no podemos
desconocer que en la parte política la comunidad tiene aspiraciones que
permitan no solamente tener mayor participación en los escenarios donde actúa,
sino, principalmente, en la designación de los rectores de los procesos
económicos y sociales que marcan la ruta de la construcción del futuro; pero
hoy esta posibilidad se ha visto frustrada debido a la perversa evolución de la
democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario