UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DE ENERGÍA

A propósito de la nota escrita por Santiago Zambrano en este diario, en la invoca al Procurador para asuntos de servicios públicos domiciliarios en Popayán, bien vale hacer público un caso de la Compañía Energética de Occidente que según la columna de Zambrano, tuvo utilidades cuantiosas en este departamento, columna en la que también resalta que  “la población que ha sido más atropellada, vejada, utilizada y esquilmada ha sido la del Cauca”. Es un caso, de los que deben haber por miles en este departamento, dónde  una víctima de la compañía de energía hizo su contribución a las utilidades de la empresa.

Una señora mayor de setenta años, viuda y sin hijos, para más detalles, tiene un pequeño apartamento arrendado a través de una agencia inmobiliaria, ubicado precisamente cerca de la oficina de la empresa. Ella sólo va cada mes a la inmobiliaria a recibir su renta y nunca se asoma por el inmueble. Algún bandido tomó de manera ilegal la corriente eléctrica de la red externa, justamente frente al apartamento de marras. Durante algún tiempo utilizó esa energía fraudulenta en un lugar diferente al apartamento de la señora. Es decir el contrabando de energía no se consumió en el predio afectado.

Un día cualquiera, la empresa de energía le adelantó un proceso a la propietaria del predio cobrándole dizque la energía no pagada y consumida. No valió presentar documentos probatorios para mostrar, primero, que la toma de la corriente era en una vía pública donde cualquier persona tiene acceso y segundo, que dicha energía ilegal no se había consumido dentro del apartamento. Ningún recurso sirvió. Todavía le están cobrando a la señora una suma cercana a los dos millones de pesos; o sea aplicándole un castigo por una falta que ella no cometió, sin pruebas contundentes sobre la supuesta falta, pero eso sí, amparando el procedimiento en normas que le dan facultades a los inescrupulosos capitalistas que han tomado lo público como medio para llenar sus bolsillos y justificar los atropellos contra la ciudadanía, en otro caso más de lo que viene ocurriendo en Colombia desde cuando se está privatizando lo público.

Y lo peor es lo que dice Zambrano: que tenemos “una Superintendencia de Servicios Públicos tradicionalmente corrupta”, lo cual deja sin medios de protección a las víctimas de la privatización de lo público, que no tienen dónde acudir; porque ese organismo se dedica más a legitimar las acciones de los prestadores del servicio, que a defender los derechos de los usuarios, que hoy les llaman clientes como si se tratara de un bien privado que llevan al mercado, esos clientes que constituyen la fuente de las utilidades de la compañía de energía.

EL SOCIALISMO DE VENEZUELA

El 25 de enero de 2007 se publicó en el diario El Liberal una columna titulada “El socialismo de Chaves”, en la cual el columnista proponía esperar el tiempo para ver eso en qué consistía, porque en el discurso de posesión del presidente de aquella época, no quedaba claro en qué estaba pensando el gobernante.

Hoy siete años después, vemos que los aspectos planteados en ese artículo, que dejaban temores al autor, están resultando por el lado desfavorable. No hizo referencia el artículo a los riesgos de saboteo propiciados por las fuerzas internacionales del poder capitalista; pero resaltó la confusión ideológica para sustentar el modelo. Dijo el autor que si se trataba del socialismo tradicional, es decir con implantación de un sistema económico planificado, la economía venezolana estaba condenada a fracasar, según las deducciones que se sacan de las experiencias históricas donde ese ejercicio se ha realizado.

Hoy, una vez más se comprueba que la solución de las necesidades humanas, la atención de los problemas sociales y la erradicación de la desigualdad y la inequidad, no se logran con ensayos de tipo socialista, es decir con nacionalización de los medios de producción y planificación de la economía. No sólo por las operaciones encubiertas de desestabilización que las agencias de poder capitalista internacional realizan y que hacen sucumbir el intento; sino y con más razón, porque está demostrado que es el mercado y la competencia empresarial con carácter gerencial, lo que produce la innovación, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. La historia nos muestra que lo necesario no es cambiar el sistema económico, sino, y como lo demostró recientemente el estudio de Oxfam, es a través de la política fiscal conjuntamente con el cambio en el Estilo de Desarrollo, como se logran los objetivos de alcance social y humano, para lo cual se requiere los ajustes en el tipo de Estado que permitan aplicar las políticas adecuadas y un régimen político que facilite la democracia participativa en el verdadero sentido de la palabra.

Ahora Venezuela está metida en la debacle por la magnitud del problema y bases importantes de organización social que se habían construido y pudieron haber sido útiles para el desarrollo de un modelo económico de gran alcance social están en riesgo. No se sabe cómo hará Maduro para darle salida al conflicto, pero sin duda significará un retroceso en el empeño inicial de Chaves; pues tendrá que aplicar medidas correctivas del rumbo desviado y equivocado que traía, para enrutar nuevamente el país hacia fines de alcance social pero que necesariamente no podrá ser similar al que habían trazado inicialmente cuando su promotor hablaba con ahínco sobre el socialismo de Venezuela.

TEMORES AL PROCESO DE LA HABANA

El proceso de La Habana no es propiamente un proceso de paz, por cuanto la paz, entendida como la convivencia pacífica de toda la sociedad, es mucho más que la suspensión de las acciones armadas por parte de uno de los grupos ilegales; pero como sea, es un evento que mucho contribuye a la construcción del clima de paz en Colombia, en razón a que el grupo negociador es el más antiguo y más grande de los actores armados, que nació con ímpetus insurgentes, pero que luego se criminalizó, siendo hoy, entre todos los actores armados, el de mayor magnitud por lo que la terminación de sus acciones violentas, traerá grandes beneficios al país.

Puede ser que lo que se negocia sea simplemente la jubilación de los guerrilleros veteranos, pero esto no es motivo para oponerse al proceso porque de todas maneras, los beneficios son incalculables. Por eso no se explica uno, por qué existen grupos de la extrema derecha fascista que sabotean el evento de Cuba,  tratan de dañarle la imagen y buscan la manera de que fracase. Al principio se pensaba que era por detener políticamente a Santos, Juan Manuel; pero si la oligarquía que gobierna este país es la misma, sea Santos o sea cualquier otro, las mismas élites de poder seguirán manejando el Estado a su amaño. Entonces, qué les preocupa?

Examinando los documentos conocidos sobre los acuerdos de la Habana, de los que escasamente se conocen dos puntos a través de los comunicados oficiales, se nota que lo acordado hasta ahora no incluye puntos concretos ni compromisos precisos. Lo conocido hasta ahora se muestra gaseoso, genérico y sobre todo, son manifiestos de voluntad futura de las partes y ahí es donde está el problema.

Tanto en el punto agrario como en el de participación política, los acuerdos hablan sobre propósitos futuros acerca de lo que se debería hacer en el país, lo cual abre las puertas para realizar, ahora sí en concreto, procesos sociopolíticos que conduzcan a cambios de fondo en la realidad colombiana. El establecimiento se compromete a crear condiciones para propiciar la democracia económica y política y con ello el riesgo de que en el futuro, las actuales élites de poder pierdan el control tanto de la economía como del Estado que hoy ejercen para su particular y privado beneficio. Miedo les da, de que otros apellidos pasen a ocupar los puestos que hoy detentan ellos.

En ese sentido, es fácil deducir que lo que les duele a los grupos fascistas, no es tanto el miedo a la impunidad, sino los riesgos que al cumplir los compromisos se crean en materia sociopolítica donde, si bien no serán los actuales grupos armados quienes vayan a dominar, sí es la posibilidad de que nuevas organizaciones sociales con arraigo democrático entren a liderar los procesos sociales y a controlar el Estado y por eso se han creado los temores al proceso de La Habana.

UN MITO SOBRE LOS POSGRADOS

Ahora que el tema de la reforma a la educación y que el tema de la calidad educativa siguen siendo objeto de debate, transcurridos ya dos décadas de vigencia de la Ley 30 se dispone de evidencias para evaluar los resultados de dicha norma y examinar los elementos que han arrojado productos favorables y los que aun dejan dudas sobre sus alcances.

Dicha ley contempla una correlación positiva y cercana al valor uno, entre los diplomas que poseen los docentes y la calidad educativa, por lo cual considera que para elevar el nivel de calidad, los profesores universitarios deben tener títulos de maestría y doctorado. Hoy, transcurridos veinte años, en el campo de las ciencias sociales lo que ha surgido son dudas al respecto. Puede ser que en el terreno de las ciencias naturales y la ingeniería dicha hipótesis sea cierta; pero en las disciplinas académicas relacionadas con las ciencias sociales hoy se aprecia que ello permite algunas reflexiones.

La tenencia de una maestría o doctorado por parte de un profesor es prueba contundente de que el docente tuvo el dinero para pagar las matrículas, pero es dudosa la contundencia de la prueba acerca  de que esa persona tenga la sabiduría sobre la materia que el título supone y mucho más dubitativo es ese indicador sobre la capacidad para transmitir sus conocimientos, o sea si es buen profesor. No necesariamente tener título de posgrado garantiza la aplicación de las pedagogías y didácticas apropiadas en un eficaz proceso enseñanza-aprendizaje. Menos en la actualidad, cuando el enfoque que predomina es el de la Formación por Competencias, donde lo que se requiere en el profesor son ciertos atributos y cualidades personales que, independientemente de sus estudios, permitan fortalecer las habilidades y destrezas del estudiante en materia del ser, del saber y del saber hacer.

Como cuando Vicente va para dónde va la gente, el paradigma se ha venido repitiendo mecánicamente durante veinte años, sin detenerse a pensar la veracidad del mismo; tanto que hasta se ha trasladado al campo administrativo y hoy se ven casos de adjudicación de contratos de consultoría, basados en los diplomas del proponente, más que en la sabiduría del mismo y sin tener en cuenta la calidad y pertinencia del producto que ofrece, en un procedimiento totalmente alejado de los cánones de la gestión pública eficaz. Conviene por lo tanto, hacer un alto en el camino y aprovechar el estudio de la reforma de la educación superior para evaluar este y otros supuestos que en 1994 parecían ser dogmas de fe. Más cuando en disciplinas de las ciencias sociales se observan casos de estudiantes que por no disponer de tiempo pero tener dinero para pagar, contratan quién les elabore la monografía, el ensayo o el proyecto de investigación. Por supuesto, quienes poseen estos títulos retroalimentan la institución y hasta inclusive, se ven episodios en debates donde ellos sacan a relucir sus diplomas cuando no tienen argumentos objetivos para defender su postura; o casos también de universidades que han mercantilizado los programas de posgrado, dándole más relevancia a los pagos del estudiante que al grado de exigencia académica, lo cual significa que hoy tenemos una realidad donde se corre el riesgo de estar inmersos en el caso de creación de un mito sobre los posgrados.