LA PERDICIÓN DE LO PÚBLICO

Desde que nació el Estado hace más de tres milenios, lo público ha estado en su seno. Aunque lo público surgió antes del ente de poder, por cuanto estos bienes nacieron en los primeros estadios de la civilización humana, una vez fue creado el organismo ahí le incrustaron lo público para su administración y manejo. Cuando se creó el Estado Moderno hace cerca de tres siglos, con el afán de repintar la línea de lo privado, por contraste se  terminó resaltando lo público y se reiteró con más fuerza su ubicación en el seno de dicho organismo. Tanto que durante más de dos siglos se ha dado la confusión entre el Estado y lo público haciendo una cosa igual a la otra. Paralelamente, se construyó el paradigma privado con sede natural en el mercado y los pensadores clásicos fueron insistentes en destacar la libertad de empresa y el juego de las fuerzas de oferta y demanda sin intervención del Estado para regular su funcionamiento. Siempre pensando en los bienes y servicios privados y, por supuesto, nunca pensando en los públicos que se daba por hecho, pertenecían al Estado. El mercado de libre competencia se planteaba como panacea para regir el, para esa época, nuevo sistema económico basado en las libertades individuales y el derecho a la propiedad de los bienes privados.

Pero cuando se transformó el sistema durante el último cuarto del siglo pasado entrando el Capitalismo Postindustrial con su correspondiente tipo de Estado, lo público, por primera vez en la historia de la humanidad, se sacó del organismo y se trasladó al mercado. Con ello se abrió la puerta para que la empresa privada también pudiera administrar este tipo de bienes, pero jamás los autores pensaron en cerrarle la puerta al Estado o impedirle que manejara con autonomía y exclusividad lo que siempre había sido de su objeto social.

Por eso ahora sorprende que con un sentido neoliberal morboso y aberrante, se pretenda aplicar el paradigma creado por los clásicos para lo privado, cuando se trata de un bien público como el manejo de los residuos sólidos. Es un atropello contra el concepto de lo público el argumento de la libre empresa para sancionar un gobierno territorial que pretendió llevar un asunto público al Estado, donde es su lecho natural. Estoy seguro que cuando la Constituyente del 91 aprobó el Artículo 333 de la Carta, estaba pensando en los bienes privados y jamás en los bienes públicos;  más cuando ya había aprobado el Artículo 49. Independientemente de quién sea el gobernante sancionado, es el argumento utilizado el que produce escozor.

Ahora queda abierta la puerta para que a cualquier bien público se le aplique el paradigma privado y que el argumento de la libre empresa se utilice en otros casos similares como la salud, la educación, el aire o el agua y entonces se le prohíba al Estado intervenir para rescatar de las garras de quienes piensan que lo público es objeto de explotación para llenarse sus bolsillos, desconociendo la verdadera dimensión de los objetos que son de interés general que nos competen a todos y llevando así la historia del país a la perdición de lo público.