A propósito del tercer tema de la negociación en Cuba,
recordamos un artículo publicado en el diario El Liberal el 5 de junio de 2005
haciendo referencia a lo que se le puede denominar “la economía del instinto”.
Señalaba el artículo, que mientras existan ricos periqueros en Europa y
Norteamérica y mientras existan condiciones de extrema pobreza en las alejadas
zonas rurales del país, no habrá posibilidad real de acabar con los cultivos de
marihuana, coca y amapola.
Los campesinos cultivan estas especies vegetales, no
porque sean delincuentes, sino porque el instinto de conservación, que se rige
por la ley natural, impulsa a realizar procesos económicos orientados a la
supervivencia de la especie recurriendo a las más elementales formas de
producción y cambio. Lo único que busca el instinto animal es la consecución de
los medios de vida, sin tener en cuenta que la ley jurídica lo prohíbe. Como no
hay otro cultivo que tenga solución de comercialización y el autoconsumo no es
suficiente, el instinto los lleva a producir lo único que sí pueden vender.
Con la presencia de las Farc o sin esta, si el Estado
no resuelve el problema de articulación con los mercados mediante el
establecimiento de canales de comercialización, la resolución de la
infraestructura comercial y la prestación de los servicios básicos y
complementarios al comercio, aunque la guerrilla desaparezca, existirán otros
actores que compren la producción y los cultivos de uso ilícito seguirán ahí,
pues las comunidades campesinas no se pueden dejar morir sólo porque la ley los
prohíbe.
Los programas de sustitución de cultivos y la cantidad
de dinero que se ha gastado en este empeño, gran parte de ello con fuente
extranjera, es una experiencia que se debe asimilar. El esfuerzo se pierde no
por la falta de voluntad del campesino para sembrar otro producto, no porque la
tierra no responda a la producción del sustituto, sino porque la producción no
tiene quien la compre. Y además, porque en esas zonas marginadas tampoco hay
agua potable, ni energía eléctrica, ni escuelas, ni campos deportivos, ni
centros de atención de la enfermedad, ni abastecimiento de granos, procesados y
manufacturados que les permita a los habitantes adquirir completa la canasta
familiar.
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