Los expresidentes
Pastrana y Uribe han estado lanzando petardos contra Santos por motivo de la
negociación en Cuba, pero según los argumentos bizantinos que utilizan, se
percibe que se trata más de una pelea al interior de la oligarquía por motivos
personales y vanidad narcisista de los expresidentes, que por razones de alta
envergadura respecto al interés nacional. La situación es mucho más profunda si
se tiene en cuenta que la violencia en Colombia es un complejo que tiene causas
objetivas y subjetivas, que se alimentan con factores estructurales y
coyunturales y que exigen intervenciones en el inmediato, corto, mediano y
largo plazo, por parte de todos los actores sociales.
Dadas la
complejidad y magnitud del asunto, la negociación con las Farc y el acuerdo
esperado, generan muchos interrogantes a los ciudadanos del común,
independientemente del respaldo y apoyo que se le brinde al Presidente: lo
primero, en qué porcentaje se disminuye la violencia colombiana como efecto de
que este grupo insurgente suspenda la acción militar? Lo segundo, que sucederá
cinco años después de que dicho grupo se desmovilice si las condiciones
socioeconómicas y políticas siguen siendo iguales a las actuales? Y así
sucesivamente, muchos más interrogantes que hoy surgen.
La violencia en
el país es de tal magnitud que va desde el maltrato al interior de la familia
de los hombres a su pareja y a sus hijos, hasta las debilidades de la Rama
Judicial del Poder Público que encierran una forma velada de violencia, pasando
por el matoneo en los colegios, las peleas entre pandillas, la de los maestros
a sus alumnos, la de la delincuencia común, la del sicariato, la de las bacrim,
la de los demás grupos guerrilleros, la del narcotráfico, el soborno a los
comerciantes de barrio, la de algunos empresarios a sus empleados, la del
interior de las fuerzas militares a sus propios subalternos, la de los hermanos
mayores a sus hermanitos, la que ejercen los políticos mediante los métodos
corruptos de saqueo de lo público y hasta la que ejercen los bancos contra sus
deudores morosos que de paso, también se constituye en una forma de violación
de los derechos humanos.
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