Desde 1958, el DNP ha tenido una misión clara que ha
cumplido a cabalidad: su tarea ha sido la de tomar los paradigmas y modelos que
se inventan las universidades norteamericanas para favorecer a los ricos de Estados
Unidos e introducirlas en Colombia desde el alto gobierno. Así lo ha hecho
durante medio siglo y seguramente así lo seguirá haciendo sin importarle la
realidad y situaciones que viven los territorios del país.
El año pasado, sobre el argumento de las políticas del PND
el de la Prosperidad Democrática, cuya estructura conceptual sienta las bases
del éxito en la respuesta que den os territorios al propósito de la
convergencia regional, ese organismo desplegó todo un ejército de asesores para
supuestamente apoyar a los territorios en la elaboración del plan, lo que se
convirtió en un mecanismo de presión y chantaje para, violando la autonomía
territorial que consagra la Constitución, propugnar por que en los planes de
los territorios se incluyera las políticas de interés del gobierno nacional,
que se ajustan más a los compromisos internacionales adquiridos por el país,
que a los requerimientos y necesidades de las comunidades territoriales.
Ahora al DNP le ha dado por calificar el trabajo de los
departamentos y municipios, que no se sabe con qué autoridad técnica y
metodológica, señala si el plan está bueno, regular o malo. Pero lo que vemos
es que esa calificación no mide el grado de pertinencia y consecuencia del plan
con las necesidades y realidades de las comunidades territoriales, sino el
grado de sometimiento, obediencia y sumisión del plan a los intereses del
organismo nacional. Un plan departamental o municipal bien calificado por el
DNP no significa que esté bien hecho; significa que ha sido obediente y la
introducido los elementos que dicho organismo recomendó, los cuales corresponden
a las políticas nacionales y no a los programas del gobernador o el
alcalde.
Se
genera entonces una falsa imagen pública del plan territorial, que los
gobiernos utilizan para su propia propaganda, pero que no garantiza la
respuesta pertinente de la acción gubernamental territorial frente a las
verdaderas condiciones de la comunidad objetivo. Distrae al mismo gobierno
convencido que al quedar bien con el DNP ya ha hecho su trabajo y propicia el
descuido frente los verdaderas exigencias del territorio. No se niega la
necesidad de elevar la capacidad institucional de las entidades territoriales y
la conveniencia de tecnificar los procesos de planificación, lo que requiere
del apoyo de los organismos nacionales; pero esa no es la manera de sembrar
esta capacidad por lo cual se convierte en una distorsión institucional la
calificación de los planes de desarrollo.
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