LA DISYUNTIVA DE LA SALUD

Nuevamente el tema del sector salud sobre la mesa, esta vez por la llegada de un nuevo gobierno y su postura frente a las EPS, por lo cual conviene tener en cuenta que las alternativas institucionales para atender la necesidad humana del caso, es la confrontación entre universalidad y aseguramiento. Para quienes valoran el carácter público del servicio y reconocen el papel sociológico del Estado, la alternativa razonable es la universalidad, propia del estado del Bienestar, que en el mundo existió hasta 1980, cuando se instauró el Estado neoliberal y se pasó al aseguramiento.

Lo cierto es que desde 1993 y por efecto de la ley 100, en Colombia el sector está organizado mediante el aseguramiento con capitación, típico del modelo neoliberal, que muchas críticas ha generado, por lo cual se añora el sistema universal que existía antes y que se ajusta mejor a las condiciones de los bienes públicos. Pero, después de casi tres decenios, el desmonte no parece sencillo, además que ya no existe el Estado del Bienestar como para regresar a la universalidad que la política social de corte humanista recomienda.

Lo cierto es que las cosas, tal como están hoy, no deben seguir. Se necesita un cambio profundo que redunde en el mejoramiento del servicio a la comunidad y con ello a mejores condiciones de vida social. Igualmente, el cambio total del sistema tampoco es posible de un solo golpe, por lo cual se precisa un proceso paulatino por etapas que vaya transformado el ordenamiento institucional hasta que en el mediano plazo se logre la finalidad esperada.

Por lo pronto es prudente mantener el sistema de aseguramiento, ya que esta modalidad ha permitido canalizar y concentrar en el sector cuantiosos recursos, aunque gran parte de los cuales se quedan en manos de las aseguradoras y no llega a los usuarios. Pero el tipo de aseguradoras se debe cambiar porque el ánimo de lucro que impera y el afán de ganancias mercantiles, ha sacrificado la calidad del servicio a la comunidad. Al respecto podría haber dos alternativas: por un lado, establecer que las aseguradoras sean empresas sin ánimo de lucro o de economía solidaria; o, por otro lado, establecer que las aseguradoras sean de propiedad del Estado, ya sea una sola nacional o de las entidades territoriales. Eso sí, en todos los casos, que los recursos se manejen en cuentas separadas de los fondos oficiales y que los políticos no intervengan en el manejo de la entidad aseguradora.

No sabemos por que ruta se irá el nuevo gobierno, pero para el efecto, es necesario adelantar un gran debate nacional con amplia participación, no tanto de los profesionales de la salud, sino de quienes conocen a profundidad el tema de la gestión pública, porque el problema del sector institucional no es técnico ni científico el cual está resuelto por los centros de investigación y las facultades universitarias. El problema grave es de gestión pública gerencial que merece un manejo técnico y de acuerdo a los paradigmas contemporáneos sobre la materia, de modo que pueda resolver con eficacia la disyuntiva de la salud.