EL AÑO DEL MIPG

El 11 de este mes se cumplió un año de la expedición del Decreto 1499 de 2017 y por ello bien vale hacer unas reflexiones sobre esa norma, que, como se puede apreciar después de este tiempo, es otra de las pataleadas de ahogado del centralismo bogotano por armar un modelo de gerencia pública capaz de aplicar el espíritu de la Constitución Política en materia de transformación del Estado, para alejarlo de una vez por todas, del modelo burocrático que imperó en época del Estado del Bienestar que fue el propio en la fase del Capitalismo Industrial y que ahora le llaman populista.

Inicialmente fue la Ley 87 de 1993 y más adelante la Ley 489 de 1998, que fue complementada con la Ley 872 de 2003, que hace un año fue derogada mediante el decreto en referencia, que se expidió con la fuerza que le otorgó la Ley 1753 de 2015, mejor dicho un sancocho normativo que muestra el desorden del nivel central, que cada cierto tiempo cambia las disposiciones sobre el andamiaje del Estado en relación con la gestión pública.

Pasado este año, también se puede comprobar el desconocimiento que el nivel nacional tiene de la realidad administrativa en las entidades territoriales. Digamos que es válido el intento por unificar en un solo instrumento el marco de referencia para definir los patrones administrativos en los niveles territoriales; pero no es razonable inspirarse en fuentes extranjeras para abordar la problemática gerencial en realidades tan diversas y en muchos casos tan rudimentarias en que se realiza la administración pública de los municipios colombianos; y lo peor aún, atropellando principios elementales de la teoría que sustenta la gestión pública.

Es cierto que en Colombia rige el enfoque jurídico de la administración pública, heredado del viejo Estado de Derecho que los alemanes crearon en 1910. Pero tampoco para creer que a punta de leyes y decretos, de manera automática y como por encanto, se dinamizan los procesos institucionales y los sociales, sin que medie una acción deliberada y planificada de los actores para impulsar los procesos necesarios hacia el logro de los objetivos. Ellos, los bogotanos, creen que acá en los municipios de categoría seis, es como soplando y haciendo botellas y que basta con dictar la norma y acompañarla con una sofisticada y anti-estratégica guía, para que las administraciones municipales se ajusten a los deseos de quienes tienen la decisión en el nivel central. Por eso hoy vemos a la mayoría de municipios, por lo menos en el suroccidente del país, luchando atormentados por cumplir, sin que haya convencimiento de sus bondades, las consabidas políticas de arriba hacia abajo al cumplirse el año del MIPG.