LA UNIVERSALIDAD DE LOS BIENES PÚBLICOS

La universalidad de los bienes públicos es un antiguo concepto que nació en el seno del Estado Moderno y se consolidó en época en que los alemanes crearon el Estado Social por allá en 1890 y desde entonces, hasta que se vino la transformación del organismo para instaurar el Estado Postmoderno con soporte neoliberal, fue epicentro de las políticas sociales y con ello de la política de salud. En Colombia existió hasta 1993 y por eso los menores de 40 años no conocen eso de que los servicios de salud son gratuitos y sin afiliaciones ni autorizaciones.

Hoy, por motivo de la campaña electoral y sobre la base de que uno de los más graves problemas que adolece la sociedad colombiana es el servicio de salud, nuevamente se ha puesto en discusión el asunto y hasta hay un candidato que propone regresar a la universalidad de los servicios de salud como mecanismo para solucionar el grave problema social. Por supuesto, los menores de 40 años que no conocieron cuando en Colombia la salud se prestaba de esa manera, se preguntan y de dónde saldrá la plata para la financiación, porque obviamente este es un tema fundamental.

Igual que en muchos países del mundo donde existe, o como era en Colombia antes de 1993, para el financiamiento no se aplican mecanismo de mercado sino instrumentos fiscales. El pago mensual por aseguramiento, las cuotas moderadoras, los copagos, se sustituyen por sistemas fiscales de recaudo de modo que los recursos tienen un manejo diferente al actual donde el dinero llega a las EPS y ahí se embolata. No existe el POS y el único que autoriza los procedimientos de atención es el médico.

En Colombia se sustituyó el sistema universal de servicio de salud y se implantó el sistema de aseguramiento, con el propósito neoliberal de bajar el gasto público; pero el tiro se ha salido por la culata, porque la corrupción es tan desproporcionada, que los recurso a través de estos mecanismos de mercado donde los particulares tienen gran participación, ha desviado cuantiosas sumas para llenar bolsillos de bandidos que propician las crisis de las empresas, tanto aseguradoras como prestadoras, y al final, el Presupuesto Público tiene que desembolsar los recursos para sacar de la olla a las empresas quebradas.

Por supuesto, volver al esquema que teníamos antes cuando existía el Estado del Bienestar, no es fácil; porque, como ya se ha visto, quienes se están beneficiando del sistema actual impuesto por la Ley 100 de 1993, lo defienden a capa y espada y aprovechando la corrupción del Congreso evitan que se realicen modificaciones a la ley para continuar explotando el lucrativo negocio, atacando además con distintos argumentos, la posibilidad de que en Colombia nuevamente se regrese, como era antes de 1990, a la universalidad de los bienes públicos.