Ahora que se está tratando los temas de erradicación de cultivos de uso
ilícitos, del enfoque territorial en el desarrollo rural y en general de la política
para las zonas de economía campesina sin la cual no habrá convivencia pacífica,
nuevamente es necesario reflexionar sobre la situación de comercialización de
la producción de las zonas rurales, ya sea alimentaria o no.
Haciendo una retrospectiva sobre el asunto, vemos que las debilidades y
vacíos son los mismos de hace treinta años, es decir que en Colombia no se ha
avanzado para mejorar el caos que existe en la distribución social del producto
alimentario, desde cuando la asociación de mercados mayoristas Acoabastos
presentó al Ministerio de Agricultura, siendo el secretario privado del
Ministro Caicedo Germán Vargas Lleras, una propuesta de alternativas para
corregir las deficiencias de la estructura de comercialización agropecuaria. En
tanto tiempo, es poco lo que ha hecho el ministerio y la situación continúa
igual, tal vez agravada por los efectos de las políticas neoliberales que
comenzaron a implantarse después de 1990.
Dijo dicho gremio en esa época, que el análisis de la estructura de
distribución debe considerar por separados sus dos componentes: la
infraestructura y la superestructura; y también señaló que los factores de
mayor impacto están en la superestructura, por lo cual la construcción de
infraestructura física solamente, no traería beneficios. Pero, desde entonces,
el gobierno siempre habla de la infraestructura, pero nunca se refiere a la
superestructura.
La superestructura se relaciona con los procesos comerciales por donde
circula la mercancía en el escenario del mercado, los cuales en los productos
agropecuarios tienen condiciones particulares que requieren de fuerte
intervención de los organismos del Estado, cosa que es improcedente dentro del
enfoque neoliberal. Se requiere la implementación del enfoque sistémico en la comercialización,
ya sea en la función de acopio, en la función mayorista y en la función de
detallista, así como en los encadenamientos con el componente agroindustrial o
de transformación y con el servicio de transporte desde las zonas de producción
hasta los mercados terminales. Por supuesto, también se requiere una intervención
adecuada del Estado para propiciar la formación o el fortalecimiento de los
agentes de la comercialización dentro de las leyes de la racionalidad y la
eficiencia, para disminuir la apropiación del excedente comercial por parte de
los intermediarios no deseables. Pero nada de esto se observa; por lo cual la
situación sigue siendo grave, con serios perjuicios para los productores
campesino y para los consumidores finales.
Lo
cierto es que, si no se tienen en cuenta estas consideraciones y no se introducen
las modificaciones en la estructura de distribución, en el futuro el país
seguirá doliéndose por la existencia de cultivos de uso ilícito y la presencia
de grupos armados en las zonas de economía campesina y también lamentándose por
el fracaso de las políticas actuales, que no reconocen la verdadera solución y desconocen
la importancia de la comercialización agraria.
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