LA CASTRACIÓN DEL LIDERAZGO SOCIAL

Desde hace un cuarto de siglo, cuando por vía constitucional se sentaron las bases jurídicas para implantar el régimen político de la Democracia Participativa, el país en general y principalmente en la esfera académica, se viene agitando la queja sobre la debilidad del componente social del engranaje político, donde debe primar la co-gestión de políticas públicas con responsabilidad compartida entre el Estado y las organizaciones sociales, queja esta que surge porque en el lado de la sociedad, la organización de las bases no es la más adecuada y por el lado del organismo oficial, no se aprecia la voluntad política para propiciar el fortalecimiento. Pero, ante todo, la democracia participativa no ha funcionado a pesar del piso jurídico que existe, por la falta de un liderazgo apropiado. En los escenarios académicos se reitera la crisis de liderazgo que existe en Colombia en todos los niveles y se resalta el efecto de esta debilidad en la participación social para la construcción del nuevo país que se prometió en 1991.

Hoy, por supuesto, mucha agua ha corrido por debajo de los puentes y los cambios en el escenario global y particularmente ocurridos en Colombia por evolución de los procesos políticos, relievan con mayor énfasis la importancia de fortalecer el liderazgo social, si se quiere aprovechar las condiciones favorables que, por lo menos en teoría, están disponibles para afrontar el devenir histórico. Pero también nuevos acontecimientos de descomposición social ya han aparecido en contra de las aspiración y sueños de las comunidades populares. Ahora lo que se ha fortalecido no es el liderazgo popular, sino las fuerzas oscuras de la violencia que pretenden imponer a la fuerza y con mecanismos criminales, los intereses de las élites de poder que siempre han manejado el país.

Son aterradoras las cifras que han publicado las ONG veedoras del fenómeno. Durante el último año en el Departamento del Cauca han asesinado veintidós (22) dirigentes populares ocupando el primer lugar, con segundo lugar de Antioquia con 10 y Norte de Santander con 6, seguido de Nariño y Valle del Cauca. Uno (1) que fuera, ya es una cifra muy alta.

El interrogante obligado es entonces, de qué sirve el propósito constitucional de construir el régimen político de la democracia participativa con intervención conjunta de las dos partes, el Estado y las organizaciones sociales, si para que haya participación se necesitan líderes sociales, cuya carencia es bastante reconocida, pero si quienes asumen el rol en sus comunidades son asesinados por las fuerzas del mal. Parece que está condenada Colombia a la imposibilidad de sentir la democracia y permitir la construcción de políticas públicas de manera concertada bajo los cánones de la gobernanza, por culpa de los violentos que no toleran la defensa de los derechos y que con sus prácticas criminales están llevando a la castración del liderazgo social.