Cuando en las
elecciones para alcalde de Bogotá de 1997 se polarizaba el debate entre dos candidatos,
le preguntaron al exalcalde Mockus por quién votaría y él le contestó al
periodista que le estaba poniendo a escoger entre el SIDA y la Hepatitis B. La
opinión pública entendió que en ambos casos se trataba de un fiasco, pero como
de todos modos tenía que haber gobernante, habría que escoger la opción más
digna; pues si bien las dos enfermedades son letales, una de las dos produce
vergüenza social y seguramente doble pena a los familiares.
Este año, para
elegir presidente en medio de una campaña con la oligarquía dividida y
polarizada entre la aristocracia bogotana y la mafia antioqueña, tocará elegir
al que menos vergüenza produzca, aunque, de todas maneras, las tendencias de
los procesos nacionales seguirán igual; pues los factores de fondo,
estructurales, que determinan la pobre realidad económica, social, ambiental e
institucional que vive Colombia, dependen de las decisiones de las fuerzas de
poder internacional que se introducen al país a través del DNP. Cualquiera de
los dos que salga elegido, será la misma oligarquía, que desde hace dos siglos
maneja este país, la que siga ocupando los altos cargos de administración del
Estado, ahora también con tentáculos en la rama judicial y los organismos de
control, y serán las directrices del Consenso de Washington que Rudolf Hommes
trajo hace casi un cuarto de siglo, las normas que regulen el rumbo económico
del Estado.
El presidente tiene
un margen muy estrecho para moverse y hacer variantes en sus políticas, pero
dentro de los límites impuestos desde afuera, por cuanto las condiciones de
fondo no están bajo su gobernabilidad. Las políticas económicas, que son los instrumentos
mediante los cuales el gobierno puede maniobrar, están muy limitadas. La
política fiscal que es la principal herramienta para disminuir la inequidad
social, no puede utilizar las medidas apropiadas como por ejemplo la
tributación directa y progresiva o los mecanismos de financiamiento diferentes
a la colocación de papeles en el mercado como la emisión moderada y racional de
dinero, por cuanto no es permitida. En la política cambiaria el gobierno no
puede recuperar la soberanía del Estado haciendo que el precio del dólar lo
fije la autoridad oficial y la política monetaria debe ser siempre la de salvar
las inversiones de los especuladores internacionales del dinero, a quienes la
inflación les hace mucho daño por sus inversiones de renta fija.
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