LA PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA

En época del neocolonialismo, cuando las empresas multinacionales principalmente industriales controlaban el Estado y el mundo durante el siglo pasado, al instalarse una empresa subsidiaria en un país del tercer mundo, exigía que el Estado le protegiera el mercado para efecto de asegurar sus ventas. La protección consistía en que el gobierno fijaba impuestos a la importación de productos que le hacían competencia y colocaba mil trabas a los bienes rivales extranjeros. Pero cuando cambió la modalidad del sistema y se impuso el capitalismo rentistas, es decir cuando los especuladores internacionales del dinero tomaron el control del Estado y la economía a través de los fondos de inversión, se estableció el libre comercio y el gobierno eliminó los aranceles como mecanismo de protección del mercado nacional. Ahora en este siglo, cobrar aranceles es un pecado mortal que sanciona la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque lo que prevalece es la globalización, supuestamente con un solo mercado mundial, donde predomina la competitividad para tener éxito comercial. Claro, es pelea de tigre con burro amarrado, porque la competitividad más fuerte la poseen no más de veinte países y al resto le toca acarrear con las consecuencias negativas del dominio de los poderosos en el mercado global. 

En Colombia, este fenómeno global está agravado con la altísima propensión marginal al consumo de importados que tiene el país, de modo que tras de gordo, hinchado, ya que, además de tener baja competitividad, existe un factor mental o cultural que abre más las puertas a los productos extranjeros en contra de la producción nacional. 

Sin embargo y tal vez como resultado de la pandemia, se está viendo que los gobiernos territoriales pueden contribuir a la protección de la producción nacional, que el gobierno nacional ya no realiza vía aranceles por las imposiciones de la OMC. El cambio surge también, porque dicho mecanismo no se ubica en el precio, como una de las variables de la función demanda, sino en la variable conducta del consumidor que también influye en la cantidad demandada. Hemos visto como en Cali, acertadamente, y tal vez en otros municipios que no conozco, la administración municipal adelanta campañas para promover el consumo de productos nacionales, lo que se convierte en un mecanismo novedoso para propiciar la orientación de la demanda en el mercado, favoreciendo las empresas nacionales. 

Ya que el gobierno nacional no lo hace mediante los aranceles sino que por el contrario estimula más las importaciones por la presión de los grandes importadores que manipulan los mercados, los gobiernos territoriales disponen de herramientas para adelantar procesos de direccionamiento de la economía mediante campañas publicitarias y otro tipo de eventos comerciales que también podría organizar canalizando la demanda interna hacia el consumo de productos nacionales. Esta podría ser una alternativa viable para combatir esa maligna expresión ideológica de los consumidores colombianos, de valorar más los productos extranjeros aunque no demuestren la calidad suficiente, y de jactarse o alardear con el consumo de mercancía importada. Así, probablemente no se logre el impacto de los aranceles, pero sí es posible logar una magnitud suficiente para desestimular a los monopolistas importadores que influyen en las decisiones del gobierno y con ello establecer una modalidad diferente e innovadora en la protección de la economía.