EL CONCEJO Y EL PODER CONSTITUYENTE

El italiano Antonio Negri le llamó “Poder Constituyente”, denominación que aquí en Colombia se ha confundido con una asamblea constituyente, pero que bien podemos denominarla de otra manera sin que produzca resquemor, la cual ya está establecida en el andamiaje institucional colombiano. Está en la ley, pero no se aplica. 

En Colombia, la intensión de Negri se puede aplicar bajo los parámetros de la democracia participativa y la descentralización política y se llega a lo mismo que pensaba el italiano. Es decir, que las decisiones que toma la Rama Administrativa del Poder Público y sus ejecutorias, se sometan a la voluntad del elector primario y las organizaciones de base, en lugar de que se haga como hoy, que las políticas se generan en las elites del centralismo bogotano. 

El Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, en su numeral 11 establece que es una atribución del concejo municipal, “Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal”, justamente, donde se concentra el poder constituyente. Faltaría, como fase siguiente, establecer la descentralización política, la cual, en el presente, no sería viable por la inmadurez o falta de idoneidad de las organizaciones de base, donde las más indicadas son las juntas comunales, situación a la que se ha llegado, porque el centralismo bogotano no ha estado interesado en fortalecer su capacidad institucional. Lo que ha ocurrido es que los concejos están dedicados a otra cosa: en primer lugar, a pelear contra el gobierno nacional para que les mejoren sus condiciones salariales personales, y, en segundo lugar, a realizar componendas con el alcalde para que les mejore sus cuotas de burocracia y contratos, con fines también de beneficio individual. 

Entonces, no hay necesidad de tanta alharaca por el tema del poder constituyente, sino que basta con cumplir la constitución y la ley vigentes. Lo que ocurre es que las normas jurídicas son inertes y la sola expedición no dinamiza procesos, por lo cual es necesario adoptar mecanismos de gestión pública que le den vida a la ley y se logren los fines para los que fue expedida, como en este caso, que desde el nivel local se cumpla adecuadamente la relación entre el concejo y el poder constituyente.

 

EL BALDON DEL CUARTO PODER

La naturaleza estableció los mecanismos que operan automáticamente movidos por la fuerza instintiva, para mantener o conservar la vida en los ámbitos donde esta se ha creado, los cuales también existen en la especie del homo sapiens, esta que, por motivo de su desarrollo cerebral, ha interferido las leyes de la naturaleza y los instrumentos instintivos para mantener la vida. Uno de esos medios de conservación, que no es invento de alguien en especial sino producto del instinto, es la comunicación, mediante la cual se regulan las interacciones entre los individuos de la especie para que todos, en conjunto, defiendan y amparen la comunidad biológica. 

La ley natural, también, es el origen de los bienes y servicios que tienen como finalidad satisfacer los requerimientos y necesidades que ha creado la misma para la subsistencia de la especie por lo cual estos tienen carácter público, como es el caso de la comunicación que da respuesta a la necesidad de interacción entre los individuos para que, entre todos, mantengan las condiciones de vida del conjunto. Por esa razón, la comunicación es un bien público, porque es de interés general y compete a todos los individuos de la especie. 

Con el tiempo, el pensamiento humano creo otros mecanismos, cuya génesis se nutre de la ley natural, pero que se abrigan con factores establecidos para lograr propósitos adicionales a los fines de la naturaleza, como es el caso del periodismo, montado sobre la necesidad pública de la comunicación, pero que se reviste de otros aditamentos ya no tan esenciales, pero impregnados de fuerzas subjetivas y propósitos particulares sin proteger el bien común. 

Así, el periodismo es una función pública, porque es de interés general y nos compete a todos, por una parte, y porque es el reflejo directo de la necesidad biológica de la comunicación entre individuos de la misma especie. No obstante, desde cuando los bienes públicos se privatizaron con fines de negocio y rentabilidad, los medios y canales por los cuales fluye la información con destino a la comunidad y con el propósito de interferir la opinión general, se alejaron de su carácter público y se concentraron en su esencia privada. 

En épocas de antaño, cuando la sociedad se liberó del yugo religioso y el pensamiento se volvió laico, bajo el concepto de libertad se extendió la práctica de utilizar la información como medio de cohesión social y de maniobrar la conducta de los individuos en el marco de la vida colectiva. No existían las TIC, por lo cual los medios de circulación de la información eran limitados y el control de estos se convirtió en un factor de poder y dominación, con capacidad de crear imaginarios a voluntad de los controladores de los mismos medios, que determinaban la conducta social, y por ello se convirtieron en un poder más, que sumaba a los tres poderes inicialmente establecidos en Estado Moderno bajo los cánones de la democracia representativa. 

Lo que diga la prensa se convirtió en un criterio de toma de decisiones y con ello de alta influencia política, por su capacidad de manipular conciencias y crear patrones culturales de alta incidencia social, hasta llegar a convertir la información en un instrumento político capaz de propiciar movimientos sociales masivos hacia fines preconcebidos, como ocurrió en la Alemania Nazi y el señor Goebbels. 

Hoy, ya se cuenta con las TIC y los medios tradicionales mercantiles han disminuido su fuerza en la instancia ideológica, pero el mecanismo social de la información para la conducción de masas, sigue siendo relevante, debido al carácter natural de su esencia, de tal manera que el periodismo, sigue siendo una función social de carácter público aunque se encuentre privatizado, por lo cual requiere de un ejercicio revestido de la ética pública y sus agentes, además, revestidos de la ética periodística, que se somete a las reglas de la objetividad, la veracidad y la evidencia. 

No obstante, la ideología de la postmodernidad, que ha acompañado todo el engranaje neoliberal desde finales del siglo XX, también ha contaminado los principios éticos que soportan la actividad profesional de esa disciplina, imponiendo por encima de la ley natural, que prevaleció en la ideología de la modernidad, la ley del mercado que hoy domina la ideología del siglo XXI. 

Casos se ven y no se pueden desconocer, en los que el ejercicio periodístico se orienta con otros propósitos diferentes a los originales de la comunicación social y los fines de interés público, como es el conocimiento de la propia realidad objetiva existente en el ámbito social por parte de todos los individuos del conglomerado humano, lo cual está conduciendo de manera vulgar a la construcción del baldón del cuarto poder. 

PODER CONSTITUYENTE VS PODER CONSTITUIDO

 A propósito del escandalo del momento, derivado del planteamiento del presidente sobre el ejercicio del Poder Constituyente, nos recuerda al filósofo italiano Antonio Negri y su enfoque sobre la misma materia, que, entre otras cosas, huele a democracia directa como la de los griegos cuatro siglos AC. Claro, la tradicional ignorancia de los periodistas de los grandes medios nacionales, están hablando de una asamblea constituyente como la que hubo en 1991, promovida y auspiciada por el capitalismo financiero internacional para implantar en el país el modelo neoliberal. Pero, parece que de lo que trata el presidente, es algo muy diferente, similar a lo que dice el pensador italiano, que, precisamente, permite hacerle el quite o hacerle “ole” o hacer el “gol” a la estrategia utilizada por los neoliberales para meter a Colombia en esa debacle de dicho modelo. 

Los neoliberales tuvieron la astucia de blindar su modelo utilizando la Constitución Política. Introdujeron los mecanismos de rectoría económica e institucional a ese nivel jurídico y establecieron los instrumentos para proteger sus políticas, como es el caso de la Corte Constitucional, El Consejo de Estado y el Banco de la Republica. Así que, si alguien pretende bajar de la nube el neoliberalismo, lo destruyen por la vía jurídica. 

Pero el Poder Constituyente no es tanto un concepto jurídico sino un concepto sociológico, que va más allá del poder constituido, el cual está consagrado en la Carta Magna como máxima norma o ley de leyes, con la cual aseguran el funcionamiento del capitalismo neoliberal. El Poder Constituyente se asemeja más, a la democracia participativa y la descentralización política, esos conceptos trinados en teoría pero que en la realidad no existen en Colombia. Con el Poder Constituyente se podrían poner a funcionar las decisiones de las bases sociales, mediante políticas públicas bottom-up, lo cual significaría dejar como el ternero a los neoliberales y sus beneficiarios, que han aprovechado el esquema para desbordar la más salvaje corrupción y saqueo de los recursos públicos. 

El problema es que, para que se pueda aplicar el Poder Constituyente, no solamente hay que luchar contra el Poder Constituido, que defienden a capa y espada por las vías jurídicas y que soporta el dominio de las elites oligárquicas tradicionales mediante la constitucionalidad, sino que, además, requiere de la organización, el liderazgo y la cultura política apropiadas para el efecto, factores que son escasos en Colombia. Principalmente la cultura política donde no prime, como hoy, el interés personal, sino el interés general y el bien común, para que la ciudadanía apoye las decisiones pensando más en el pueblo, que en el beneficio individual.

Sin duda, la jugada de Petro es muy hábil, porque las elites financieras creyeron que asegurando la Constitución era suficiente para mantener el neoliberalismo; pero no se percataron que por la vía sociológica se podría encontrar una salida a la gran crisis sociopolítica, para lo cual, eso sí, se tendría que profundizar la confrontación Poder Constituyente VS Poder Constituido.  

EL DILEMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

A raíz del traslado de los bienes públicos del seno del Estado hacia el escenario del mercado, ocurrido en los años ochenta para efecto de implantar el modelo neoliberal, surgió la necesidad de crear una disciplina de conocimiento propia para la administración pública, que antes no era necesaria porque esta se encontraba ligada a la ciencia política. Ahora, ya ubicada en un rancho propio con sus particularidades, el proceso de conocimiento debe ajustarse a los requerimientos de orden epistemológicos, ya sea en el marco de la epistemología de la modernidad, que también podemos llamar clásica, o la epistemología de la postmodernidad que surgió también por esa misma época, concordante con el establecimiento del andamiaje neoliberal. 

Independientemente de que se aborde con uno u otro enfoque epistemológico, una disciplina de conocimiento que pretende ser científica debe cumplir ciertos requisitos en la definición de su objeto de estudio y del método que se utilice para abordar el conocimiento del objeto; pero además, los filósofos ha coincidido en que, por lo general, el método científico nunca está terminado, sino que cada vez avanza en nuevos conocimientos, por lo cual hay ciencias que datan de varios siglos atrás y aun no conocen plenamente las realidades que pretenden interpretar. Es decir, las ciencias casi siempre están en construcción y por lo tanto la administración pública también; más cuando lleva tan poco tiempo en ese proceso; pues tres decenios son nada en el marco de la historia. 

Lo especial en el caso de esta disciplina de conocimiento, es que se confunde el tema epistemológico, con la realidad de la aplicación de la misma. Justamente, la Rama Administrativa del Poder Público, es el espacio donde se aplica el conocimiento, mediante procesos institucionales que también se denominan “administración pública”. Entonces surge el interrogante: ¿¿de qué está hablando?? De la disciplina de conocimiento o del ejercicio administrativo de las instituciones del Estado. 

Por supuesto, el deber ser se refiere a la conveniencia o necesidad de que la práctica de la Rama Administrativa se realice aplicando el método científico de la disciplina; no obstante, el ejercicio de la Rama no está en manos de la ciencia sino en manos del régimen político, que es el que pone las condiciones; y la realidad institucional significa que la administración del Estado se realiza con criterio y patrones politiqueros, independientemente de la cientificidad del método que se haya construido. 

Ahora estamos frente a una especie de disyuntiva, porque la realidad, es que el logro de los fines esenciales del Estado se alcanza en la medida en que se tecnifique el ejercicio administrativo, el cual obedece más a criterios políticos y de elites, que a patrones de interés general y bien común; lo cual se podría lograr en la medida en que dichas prácticas se realicen con el método científico; pero también está la situación de que el método aún se encuentra en pañales y el aparato universitario no está respondiendo en esta materia, a su misión social de encargarse de la ciencia y la tecnología. Por supuesto, no corresponde a ninguna universidad en particular, sino a la esfera académica en general, encargarse de dilucidar el dilema de la administración pública. 

EL DERRUMBE DEL PAÍS

Quienes nacieron después de 1980, no conocieron el capitalismo clásico con el Estado del Bienestar, que existía antes de esa fecha, con políticas económicas de pleno empleo y políticas sociales humanistas. Ya su vida la han pasado dentro del capitalismo neoliberal y es lo único que conocen, motivo por el cual, les parece muy extraño y estrambótico, que hoy el gobierno actual esté tratando de desmontar las políticas neoliberales y de recuperar algunos aspectos de la función natural y biológica de la Rama Administrativa del Estado, con sentido humanista y orientado hacia el bien común. 

Desde 1958, y probablemente desde antes que no me consta, el gobierno ha estado en manos de las elites familiares, las castas y los clanes políticos que siempre han administrado la cosa pública para su propio beneficio y que ahora, en este siglo, además, aprovechando la privatización neoliberal de los bienes públicos, se han aprovechado con más fuerza para sacar las tajadas que engordan sus bolsillos. Entonces, cuando se sienten afectados sus intereses, ya sea porque cambia de mano el manejo de los recursos públicos o porque se les impide mantener el saqueo tradicional, arman el escándalo y utilizan sus aparatos ideológicos y equipos mediáticos para defender sus intereses, distorsionando la verdad ante la opinión pública, señalando otros motivos para el ataque, diferentes a la defensa de sus propios intereses. 

Cuando montaron el modelo neoliberal, que inició Virgilio Barco y consolidó Gaviria, no hubo escándalo, porque lo vendieron como la gran transformación histórica, que, a palabras de Gaviria, era el “bienvenidos al futuro”, que el mundo recién estaba conociendo y que se había basado en un ataque feroz al Estado del Bienestar, para imponer el modelo neoliberal, distorsionando o transformando el Estado Social de Derecho que inicialmente habían creado los alemanes en los años treinta.

Ahora, que el neoliberalismo está empotrado en la conciencia de la ciudadanía y que dispone de tecnología eficaz en las comunicaciones, aprovechan sus beneficiarios desplegando, también un ataque feroz, para defender sus privilegios, hoy, además, contaminados con la corrupción más putrefacta. Que se defiendan sus negociados está bien; es la conducta normal del ser humano; pero que no escondan los verdaderos motivos de su campaña de desprestigio al gobierno, que está desmontando las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho a la comunidad nacional, principalmente por la descomposición social y la desintegración familiar, derivadas del desempleo, la concentración de la riqueza y el saqueo a los bienes públicos. Están presentando las propuestas de modificación a las políticas neoliberales como una tragedia, que para muchos es verdad porque solo conocen esta modalidad de capitalismo; pero si se profundizara en el análisis objetivo de la situación, se podría comprender que es una falacia lo que están presentando como el derrumbe del país. 

EL DAÑO DEL GERENCIALISMO

Desde 1991 viene Colombia adelantando un proceso de transformación del modelo administrativo del Estado, pasando del modelo burocrático que imperó durante gran parte del siglo pasado, a la implementación del modelo gerencial, que debió tomar fuerza ya en el presente siglo. Pero hoy, en el tercer decenio del siglo, el balance es más desfavorable que favorable en materia de eficacia, eficiencia y efectividad, representada, esta última, en la solución de necesidades y problemas sociales, como rezan los fines esenciales del Estado. 

Si queremos encontrar un culpable, debemos fijar la mirada en el DAFP, cabeza del sector institucional del ramo, de donde parten las orientaciones sobre los procesos de ajuste de la gestión pública. El organismo toma de manera dogmática las recomendaciones del CLAD y con ello promueve el establecimiento de modelos y mecanismos administrativos en todos los organismos de la rama administrativa del poder público. Desconoce el DAFP, o se hace el bobo, que la administración pública es una ciencia y que como tal, contiene el método científico; tampoco reconoce que la ciencia es un medio intelectual y académico que cumple requisitos epistemológicos, mientras que la rama administrativa es un conjunto institucional que se rige por normas jurídicas, pero que tienen la obligación, si quiere, de aplicar criterios científicos en los procesos y procedimientos que le dan vida a las normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. 

Para implementar el nuevo modelo de hacer administración pública, han tomado, calcado o copiado, al pie de la letra, el paradigma privado y a raja tabla, han introducido al interior de la administración pública las herramientas propias para navegar en el mercado, tal como lo hace la empresa privada, que es de propiedad privada y que produce bienes y servicios privados. No se detuvieron a reflexionar que los bienes y servicios públicos tienen otra dimensión diferente, donde el paradigma del mercado, copiado al pie de la letra, no genera los alcances adecuados en los instrumentos concebidos y diseñados para maximizar las ganancias de los empresarios. 

Retomaron de la gerencia privada de los años cincuenta y de los años ochenta los parámetros, aplicados principalmente en las empresas norteamericanas, y los tratan de meter a la brava en el sistema operativo de las empresas que producen bienes públicos y que pertenecen al Estado. Es el enfoque “gerencialista”, que, transcurrido un cuarto de siglo, desde la Ley 489 de 1998, no ha dejado los frutos esperado en materia de satisfacción de necesidades y problemas de la comunidad, ni de mejoramiento de las condiciones de vida, como le corresponde al organismo rector de la sociedad. En lugar de crear un paradigma, que tome los fundamentos gerenciales, pero adecuados a la función pública, que se adapten a la realidad específica tanto del país como de las características de los bienes públicos, insisten en calcar el enfoque privado al pie de la letra, más con sentido gerencialista, que con el propósito de crear un paradigma propio de gerencia pública.

Y para agravar la situación, la ESAP, establecimiento público creado con funciones universitarias y que por lo tanto está obligada a contribuir al desarrollo científico de la administración pública, se mantienen aislada de la realidad de la Rama Administrativa, el sitio donde se aplican los productos académicos que deben salir de dicha escuela, dejando a la deriva el proceso de transformación del Estado y tolerando en el ejercicio institucional el daño del gerencialismo.  

EL MEOLLO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ

A los neoliberales les cuesta mucha dificultad entender el tema social de la pensión de vejez, porque su enfoque es puramente financierista y han reducido el caso a un ahorro privado, que se acumula durante la vida laboral del individuo y se le retorna cuando llega a la edad establecida por la ley, independientemente de que esta edad sea o no la más adecuada para recibir la retribución. Siempre financierista y siempre privado. 

Pero existen otros enfoques sociológicos para abordar el análisis del fenómeno de las pensiones, como por ejemplo el que se sustenta en el marco conceptual del Desarrollo a Escala Humana, que se aleja del financierismo y le imprime un tratamiento a la vejez con sentido humanista. En este caso, la pensión es un satisfactor de la necesidad humana de protección, que todos los individuos vivos de la especie, requieren cuando han llegado a la tercera edad y su capacidad humana ya no puede ser productiva. Como todos los individuos de la especie llegan algún día a esta situación y como la necesidad no es un capricho creado por la mente humana sino un requerimiento biológico creado por la ley natural, ese satisfactor de protección es de carácter público, independientemente de que el satisfactor lo administre el Estado o una entidad privada. Es decir, la pensión no es privada y siempre será pública, debido a su origen biológico, en concordancia con los principios filosóficos y sociológicos del Estado Moderno. 

En cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política, el organismo debe establecer un mecanismo para el manejo social de este bien, que compete y les interesa, a todos los individuos del conglomerado social. Dicho mecanismo es, y debe ser, público, porque trata de la solución de una necesidad básica humana creada por la ley de la naturaleza. Por supuesto, dicho mecanismo incluye un componente de financiamiento que implica aportes de los mismos individuos durante el tiempo de su etapa laboral y también del Estado, con recursos provenientes de los impuestos. En ambos casos, los aportes al financiamiento son de carácter público, así salgan de los bolsillos de los mismos cotizantes; es una contribución individual para el financiamiento de un sistema de interés general que compete a todos, como reza la definición de lo público. Una vez hecho el aporte del cotizante, ese dinero se convierte en público y hace parte del patrimonio público porque entra al mecanismo público mediante el cual se financia el pago de la pensión a quienes lo requieren por razones de su edad; simultáneamente, crea su acreencia para tener derecho a percibir su pensión cuando sea necesario. Y así, el monto de la pensión no debe estar condicionada a la cuantía de los aportes, sino a las características de la necesidad humanas, fundamento humanista que, por supuesto, es de difícil aplicación por razones de viabilidad financiera. 

Pero los neoliberales no entienden ese enfoque humanista de la política pública de amparo a la vejez; para ellos, los bienes públicos deben ser privatizados, tanto el operador del sistema, como los recursos para su financiamiento y por eso su propuesta es que el cotizante realice un ahorro privado que luego se le retorna cuando sea mayor. Eso, por supuesto, no es una pensión de vejez de carácter público sino un esfuerzo privado para sí mismo, lo cual se aleja de la esencia de los bienes públicos y el enfoque a escala humana de las condiciones de vida, ya que todas las personas deben contribuir a la solución de las necesidades de todos, sometiendo el interés individual por debajo del interés general y el bien común. 

En esas condiciones, el debate que actualmente se lleva en Colombia sobre la reforma al sistema pensional, nunca tendrá un acuerdo porque se habla un lenguaje diferente. Mientras se siga discutiendo en términos neoliberales, nunca habrá solución social y humanista. Si la discusión se realiza en el escenario neoliberal, siempre el peso de la propiedad privada y el enfoque financierista será privilegiado y brindará los argumentos para las decisiones que finalmente se adopten para el diseño de la política y se mantendrá escondido ante la opinión pública, el meollo de la pensión de vejez.