LA TAREA DEL ACTUAL GOBIERNO EN EL SEMESTRE

 Ningún gobierno es perfecto. Todos son imperfectos por la sencilla razón de que son protagonizados por seres humanos, por lo cual todos cometen errores. Pero los errores son relativos hasta el punto de: lo que para unos es error, para otros es acierto. Todo es según el color del cristal con que se mire. Por supuesto, el gobierno colombiano encabezado por Gustavo Petro, ha cometido y seguirá cometiendo, muchos errores. Pero, para definir este calificativo es necesario tener un punto de referencia o una condición que permita comparar las realizaciones con las expectativas; pues de lo contrario no se podría establecer cuando es error o acierto. Lo que para un bando es error, para el otro es acierto. La verdad, es que la autoridad de marras dispone de un plazo de seis meses para corregir los errores y acertar en la obra de gobierno, si es que el objetivo, se refiere a que la llamada izquierda política, mantenga en sus manos el poder ejecutivo, lo cual sería el referente para establecer el susodicho calificativo de error o acierto, o también, de éxito o fracaso.

Si el gobierno no corrige su estilo para ejercer la gobernabilidad en el primer semestre de 2026, la probabilidad de que la izquierda gane nuevamente la elección de presidente será menor, que si hace las modificaciones pertinentes. Los ajustes tendrán que ser estratégicos para elevar la probabilidad en el logro del objetivo. 

Pero también la estrategia es relativa. Necesita un referente para poder comparar y calificar el valor del recurso disponible en el desarrollo del proceso. En este ejemplo, se trataría de la elección del candidato de la misma corriente, por lo cual la valoración estratégica tendría que realizarse examinando la contribución de la situación, a la elección del susodicho candidato. Es decir, el gobierno debe tener un comportamiento estratégico durante los próximos seis meses, si quiere elevar la probabilidad de que el candidato de la izquierda gane las elecciones. 

Comportamiento estratégico significa que su actitud debe estar sometida a las condiciones del escenario político, o del campo de batalla, como dirían los militares quienes fueron los creadores del concepto de estrategia. El estratega, debe saber leer el marco de condiciones de los escenarios, para ajustar su acción de modo que le saque la mayor tajada a la realidad escénica. En muchos casos, el gobernante debe sacrificar el dogmatismo, el sectarismo o la rigidez, para aprovechar los recursos estratégicos disponibles, ya sean oportunidades o fortalezas, con las cuales se puedan superar sus propias debilidades y sobrellevar las amenazas. El gobierno debe ser pragmático y flexible frente a las situaciones existentes, con tal de sacar el mejor provecho y avanzar en la trayectoria dando viabilidad al objetivo. 

Los escenarios del próximo año no son una pera en dulce. No solamente los ataques inmisericordes de la prensa letrina y la propaganda sucia de las fuerzas políticas de la derecha, donde los neonazis cuentan con herramientas de mucho poder, sino también por las fuerzas internacionales que de una u otra manera tendrán intervención en el debate electoral colombiano, en razón al valor geoestratégico de este país, que mucho puede aportar a la geopolítica global.

La estrategia significa que el gobierno debe trascender el autismo político y entender los fenómenos de los escenarios donde se encuentra la confrontación, cuyos actores centrales son los ciudadanos, quienes votan en las elecciones y quienes están afectados por una idiosincrasia nacional y una cultura política que presenta serias debilidades en cuanto a la relevancia del interés general y el bien común, por encima de los intereses personales y particulares. Así, la gestión pública a cargo del gobierno, debe ser tejida con filigrana para que se ajuste a los requerimientos mentales de la comunidad, que están afectados, lógicamente, por las condiciones de vida que en la actualidad afrontan. La lectura estratégica es un reto que está sobre la mesa, para afrontar la tarea del actual gobierno en el semestre. 

SISTEMA DE PARTICIPACIONES Y DESARROLLO ENDÓGENO

Ya está terminado el proyecto de ley por la cual se dictan normas orgánicas en materia de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones, que modifica la Ley 715 de 2001 y pretende introducir cambios al sistema, que respondan de manera pertinente a requerimientos de la realidad presente, con base en las experiencias ya vividas durante los casi dos decenios transcurridos desde la última norma. Los aspectos más llamativos del proyecto, por lo general se refieren al tema de los recursos fiscales, los trámites y procedimientos para su manejo; pero, más allá de la mecánica normativa sobre los aspectos administrativos, es conveniente brindar una mirada a los aspectos del marco histórico y el contexto general en los cuales se inscribe el paquete normativo, los cuales repercuten en el escenario de aplicación de la misma.

Es procedente recordar los cambios en los enfoques del desarrollo ocurridos en Colombia con el cambio de siglo. Durante el siglo XX, prevalecieron los enfoques de desarrollo exógeno, soportados en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones promovido por la CEPAL, en época en que existía el Estado Interventor-Benefactor con modelo de administración burocrático, centralismo político y administrativo, con el monopolio exclusivo del manejo de los bienes público por parte del Estado y la economía era cerrada protegida. En el siglo XXI se presenta otro marco de condiciones: las economías son abiertas en un mundo globalizado, se estableció el Estado Social de Derecho, el régimen político es el de la democracia participativa, la rama administrativa se rige por el modelo gerencial, se trasladaron los bienes públicos al mercado y se desencadenó la ola privatizadora; la gestión del desarrollo se aborda con responsabilidad compartida entre organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, se produjo la descentralización administrativa y la teoría del desarrollo se refiere a los enfoques endógenos.

Desde finales de los años ochenta del siglo pasado, varios autores, entre los que se encuentran Romer (1986), Lucas (1989) y Rebelo (1991) entre otros, habían señalado la posibilidad del desarrollo endógeno, destacando que no es necesario buscar las fuerzas del desarrollo en lugares extranjeros, como ocurrió durante el siglo anterior que se resaltaba la necesidad de encontrar las fuentes en los países industrializados del norte global, sino que dentro del mismo sistema económico se generan los factores que determinan el desarrollo en el largo plazo. Señalaron que el capital humano, el conocimiento y el cambio tecnológico, que son elementos de gran aporte a los procesos de crecimiento, se encuentran al interior mismo de la base económica y pueden dinamizar los avances hacia la prosperidad, sin necesidad de esperar que del exterior lleguen los medios para fortalecer el proceso. Reiteran los autores, que, en la medida en que estos factores respondan a decisiones locales, los movimientos de capital endógeno avalan la posibilidad de que los territorios adopten políticas activas para promover su desarrollo; creando con esto, un soporte conceptual que permite sustentar la propuesta del nuevo enfoque para abordar el desarrollo.

El desarrollo endógeno propone potenciar las capacidades internas de un territorio, de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, dentro de un proceso sustentable y sostenible en el tiempo. El argumento, se basa en que cuando las fuerzas que sostienen el proceso están ubicadas en el exterior, no existe la autonomía y dominio necesarios para implantar los mecanismos que aseguren la sostenibilidad en el largo plazo. Considera que el aspecto económico es importante, pero que es más relevante el desarrollo integral colectivo; y el individual, en el ámbito moral, cultural, social, político y tecnológico. En todo caso, el desarrollo endógeno permite aprovechar la dotación de todas las formas de capital disponibles en el territorio, para realizar procesos de producción y exportación con valor agregado, lo que constituye un mecanismo de atracción de Excedente Económico[1] para acumular en el interior de la región protagonista.

En este orden de ideas, es pertinente examinar las fases o pasos convenientes para adelantar un proceso de desarrollo endógeno en una región, el cual debe iniciar con la identificación, reconocimiento y valoración de los recursos y medios disponibles. Es el inventario del capital regional existente, patrimonio social con el que se cuenta para el diseño y la construcción del futuro de manera autóctona. El siguiente paso fundamental que requiere el proceso, es de carácter ideológico, por lo cual es necesario que la cultura local sea adecuada a los requerimientos del enfoque endógeno, que exige conductas sociales y comportamientos individuales apropiados para la construcción colectiva de futuro; y de la misma manera, la trayectoria requiere de la gestación del liderazgo con la potencia suficiente para la orientación de la ruta hacia los objetivos, que, por supuesto, necesita de la organización social propia de cualquier empresa de esta magnitud.

Para la fase de inventario de los recursos de capital disponibles, es necesario tener en cuenta todas las formas de manifestarse este recurso según las distintas fuentes de acumulación: los recursos ambientales que constituyen el capital natural del patrimonio territorial, así como el capital construido que se expresa en edificaciones físicas, recursos tecnológicos y materiales y, el más común y conocido, el capital financiero expresado en el ahorro interno del territorio. Pero los más importantes y que tienen relación con el espíritu del proyecto de ley, son el capital humano y el capital social, sin los cuales las demás formas de capital existentes no pueden tener la dinámica necesaria para un proceso sostenido de largo plazo. La relación con el capital humano, porque los insumos principales de este renglón son la educación, la salud y el conjunto de valores de comportamiento o cultura local, donde el sistema de participaciones siembra el eje central de los recursos de financiamiento; y el capital social, cuyos insumos básicos son la asociatividad, la mutualidad y la confianza, patrones de comportamiento social que requieren de la intervención del gobierno territorial en el marco de la gestión pública.

En el espíritu de la ley que se tramita, se perciben propósitos que van en el mismo sentido del desarrollo endógeno, como se puede percibir en los fines incluidos en el artículo 4. Dice en el texto que son fines de esta Ley, para alcanzar los objetivos del Estado Social de Derecho, varios entre los que se destacan los siguientes:

1. Cierre de brechas, el cual se considera como un objetivo, contemplando la superación de desigualdades sociales, económicas e institucionales, entre entidades territoriales o al interior de estas.

2. Autonomía territorial, debido a que se contempla que las entidades territoriales ejercerán sus competencias con independencia administrativa, fiscal y política, dentro del marco constitucional y legal vigente.

3. Descentralización, que es esencial en la ley y que tiene como finalidad que dichas entidades cuenten con la facultad para gobernarse por sí mismas, a través de otorgamiento de competencias o funciones específicas y recursos para atenderlas.

4. Descentralización con criterio asimétrico, como respuesta a la diversidad de las entidades territoriales, que existen en razón de sus características propias y sus realidades particulares, por lo cual se hace necesario la adopción y aplicación diferenciada de instrumentos legales, de política pública, normativos, administrativos y fiscales, que estén orientados al cierre de brechas, el fomento de la participación ciudadana, así como la sostenibilidad fiscal y el fortalecimiento institucional.

5. Participación, transparencia y control social, que considera el papel de la ciudadanía, las comunidades, las colectividades y los pueblos, que podrán ejercer el control social sobre la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones. Para este propósito, se debe garantizar el derecho de acceso a la información pública, atendiendo a la normativa vigente sobre gobierno abierto, así como a mecanismos de participación social vinculante y rendición de cuentas, en el marco de un fortalecimiento a la democracia participativa.

6. Calidad en la prestación de los servicios públicos por parte del Estado, la cual debe asegurar el reconocimiento de la heterogeneidad territorial y la observancia de estándares mínimos para el desarrollo de los derechos de la población.

Como se puede observar, con relación a la conceptualización de los enfoques endógenos, el proyecto de ley incluye normas que constituyen en un importante piso jurídico para facilitar procesos de construcción colectiva de territorio, a partir de la iniciativa local y de abajo hacia arriba. En síntesis, se puede apreciar que la ley contiene una base jurídica que soporta de manera pertinente la acción de la Rama Administrativa, que, a la vez, sirve como mecanismo pedagógico y motivacional en el marco de los procesos endógenos. También crea instrumentos institucionales y organizacionales que acompañan la gestión pública, apropiados para dinamizar los procesos endógenos, como son la aplicación de los principios de la ley y el caso del Consejo Superior para la Autonomía y Descentralización, que acompañan la norma, cuyo eje son los recursos financieros de las transferencias.

No obstante, de las bondades y aportes constructivos del proyecto legal, favorables al desarrollo endógeno, también hay que considerar otros aspectos del escenario estratégico donde actuará la norma; porque se requieren algunas condiciones cuya realidad presente, permite formular interrogantes sobre riesgos para la viabilidad de los propósitos.

Es razonable tener en cuenta los alcances de la ley en cuando a su aplicación práctica, considerando que la norma jurídica, sólo constituye el piso o base institucional, sobre el cual se deben construir los correspondientes procesos de gestión. La norma establece las acciones que se pueden realizar y las que se deben realizar; pero los alcances de la normatividad no llegan hasta la forma o el cómo se realicen dichas acciones. La ley, por si sola, no dinamiza los procesos institucionales y sociales que le imprimen la vida al espíritu de la misma, por lo cual se requiere una intervención activa de la ciencia de la administración pública, para evitar que la norma jurídica que convierta en letra muerta, o que se realice el cumplimiento mecánico de la norma, sin la profundidad operativa que garantice los impactos en materia del logro de los fines esenciales del Estado. La disciplina de la administración pública, como toda ciencia, dispone del método adecuado para abordar la realidad concreta y facilitar la intervención pertinente en los procesos de la realidad social e institucional.

La preocupación que se genera ante esta situación, se refiere a la relación del tema con el régimen político. La ciencia de la administración pública, como toda ciencia, tiene un componente de saber o conocer y otro componente de actuar o hacer, con la particularidad de que, debido a la trascendencia e importancia de los asuntos públicos, el componente de saber o conocer es insuficiente para para que el recurso epistemológico brinde la utilidad que la comunidad requiere. Se necesita, principalmente, el componente de acción para efecto de intervenir en esa realidad fáctica en el escenario público, con miras a cambiar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Pero en la realidad, se percibe una acción o intervención de parte de los entes competentes, sin aplicar los requisitos epistemológicos que exige la ciencia, de modo que se cumple la ley, pero sin la generación completa de los impactos esperados en la vida social. Los gobiernos territoriales, órganos competentes para realizar las acciones, están sujetos a influencias e interferencias del régimen político, las cuales no les permiten aplicar el método científico de la disciplina de la administración pública, restando volumen a la capacidad institucional requerida para un cabal ejercicio de sus competencias.

El proceso de construcción de futuro de adentro hacia fuera, partiendo del aprovechamiento de la dotación existente de las formas de capital, es más factible si se enmarca dentro de la Democracia Participativa, la cual significa el establecimiento de un mecanismo sistémico de operación continua y permanente, a través del cual se realiza la cogestión pública con responsabilidad compartida, de igual a igual, entre los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Los procesos de gestión (planificar, ejecutar y controlar) son acciones cuya operación se debe realizar mediante mecanismos de concertación entre las dos partes, para lo cual se necesita que, al interior del Estado, se implanten mecanismos de coordinación interinstitucional; y en el seno de las comunidades, se fortalezca la organización pertinente para participar en los escenarios de concertación de políticas públicas. A partir de este engranaje sistémico de la Democracia Participativa, ya es posible instalar la descentralización política para que, a partir del empoderamiento de las comunidades, desde donde debe partir la orientación de la toma de decisiones, se logre la construcción de políticas públicas “bottom up” y con ello la creación de un ambiente propicio para la convivencia pacífica y armónica con un mínimo nivel de pugnacidad y conflicto, el cual es requisito central para que, de verdad, se llegue al mejor grado de condiciones de vida para la sociedad.  

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[1] Se refiere al concepto desarrollado por Paul Baran en la teoría del desarrollo. 

LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL

Transcurrida ya la cuarta parte del siglo XXI, se aprecian fenómenos trascendentales, que auguran cambios profundos, tanto en el ordenamiento económico mundial, como en las ocurrencias internas de los países, principalmente los del sur, que están sometidos a las consecuencias de los hechos de los centros de poder global. Con ello, se espera que el cuarto decenio del siglo, llegue con nuevas condiciones socioeconómicas y por lo tanto con implicaciones en materia de gestión pública, ya sea desde el papel del Estado o desde el papel de los actores sociales. Los hechos observados de magnitud planetaria, durante la primera mitad del tercer decenio, tanto en lo económico como en lo político, permiten inferir que ya no es procedente hablar de la globalización, y ni siquiera del capitalismo rentista con identidad neoliberal, porque los cambios que se avecinan, probablemente, signifiquen otros patrones en el ordenamiento mundial, lo que hace probable que para después de 2030 haya que hablar del postglobalismo.  

Un conjunto de casos ocurridos en el período del primer cuarto de siglo, se observa con facilidad en diversas partes del mundo; lo mismo que publicaciones y manifestaciones de analistas, académicos y autores, que hacen referencia a fenómenos sintomáticos de los cambios profundos que se prospectan para el cuarto decenio del siglo. Independientemente de la cronología y de la relación con la gestión pública, algunos ejemplos se contemplan en este artículo, que conducen a la reflexión acerca de los alcances de la ciencia de la administración pública en el contexto de los fenómenos del futuro.

En el conjunto de ejemplos a tener en cuenta, se encuentra el modelo de la “Economía del Donut” expuesto por Kate Raworth (Paidós, 1018) para Ámsterdam, en el que se considera, que se trata de un crecimiento sostenible y de claro matiz social; en el que, la valoración de costos, debe integrar todas las variables extraeconómicas que afecta, y las interconexiones de las repercusiones que ocasionan las medidas. “Cualquier empresa u organización debería dejar de centrarse en una única variable (el beneficio financiero, que solo repercute en la empresa y sus accionistas) para empezar a tener en cuenta otros tipos de ‘valor’ en los que basar el diseño de la actividad y la evaluación de resultados: variables sociales y medioambientales”, dice el comentarista Agustín Velasco.^[1]

Otro ejemplo se refiere a la llamada “Teoría del Decrecimiento”, que el conocido economista francés Serge Latouche expuso, considerando como criterios básicos:

i) Reevaluar los valores individualistas y consumistas y sustituirlos por ideales de cooperación,

ii) reconceptualizar el estilo de vida actual,

iii) reestructurar los sistemas de producción y las relaciones sociales en función de la nueva escala de valores,

iv) reducir el impacto generado por el transporte intercontinental de mercancías,

v) simplificar la gestión local de la producción,

vi) redistribuir la riqueza,

vii) reducir el consumo, simplificar el estilo de vida de los ciudadanos.

Según el autor, el Decrecimiento apuesta por una vuelta a lo pequeño y a lo simple; a aquellas herramientas y técnicas adaptadas a las necesidades de uso, fáciles de entender, intercambiables y modificables. Implica reutilizar y reciclar, alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el despilfarro, evitar el diseño de productos obsolescentes, entre otras características, dice Alejando Martin ^[2]

El experto Nathan Hagens decía en 2012 en una entrevista que

“Los riesgos del sistema son más altos de lo que lo han sido nunca. Pero las oportunidades para dar forma a un futuro con sentido también son altas. Estamos entrando firmemente en un terreno de transición y una conducta prosocial por parte de todos nosotros será un gran contrapeso al estrés inevitable que se generará ante esta situación. Y desde mi perspectiva, tenemos una profunda necesidad de una nueva narrativa cultural lejos del consumo llamativo y las turbofinanzas. Vivimos en tiempos interesantes: nuestras decisiones y conductas tendrán impacto en cómo será el futuro. Todo el mundo tiene que vivir y disfrutar su vida, pero esperemos que con un ojo en el futuro y un sentido de la responsabilidad y la comunidad.”^[3]

Francisco Collado, refiriéndose a Jeremy Rifkin y su obra “La sociedad de coste marginal cero” (Paidós, 2014), dice que el autor pronostica el surgimiento de un nuevo paradigma económico denominado el "procomún colaborativo", el cual, en primer término, brinda un panorama de Internet y las nuevas tecnologías que han permitido convertir a las personas tanto en consumidores como en creadores de bienes y servicios. En segundo término, dice que Rifkin teoriza sobre distintas innovaciones presentes en la tercera revolución industrial que vivimos actualmente, para lo cual es fundamental el concepto de "Internet de las Cosas" (IdC); y la reducción continua del coste marginal por parte del capitalismo. Collado dice que

“El tercer bloque comienza con el redescubrimiento del "procomún". Señala Rifkin que además de la propiedad pública y privada, existe una tercera categoría de la propiedad según su titularidad. Es una propiedad pública en tanto que pertenece y es gestionada por el conjunto de la sociedad, pero no está en manos de los particulares ni del Estado. Esto conformaría el denominado "procomún" que apenas aparece reseñado en algunos estudios antropológicos y ha desaparecido para gran parte de la literatura académica.”^[4]

Complementa la reseña diciendo que “El procomún supone la finalización de los cercamientos de propiedad, de las patentes, de los derechos intelectuales y otros tantos, por lo que lo realmente necesario es el acceso a los bienes, servicios y materiales y no la propiedad, que ya no pertenecería en particular. ni a lo privado ni a lo público”.

Rikfin realiza una enumeración de las prácticas favorables al procomún en la vida diaria: Primero: la microfinanciación y el crowfunding entre iguales, favoreciendo el mecenazgo cívico. Segundo: la creación de una moneda virtual y un sistema de reputación valorativa para facilitar que las personas puedan financiarse salvando las distancias geográficas y la falta de información. Tercero: un empresariado social sin ánimo de lucro y con unos intereses colectivistas y voluntaristas dirigidos a consolidar la infraestructura social. Cuarto: nuevos tipos de empleos que permiten la transición del mercado capitalista al del procomún. Estos nuevos trabajos estarán dirigidos a mejorar la infraestructura social y se basarán en sectores como la educación, la sanidad y las artes. Los trabajos tradicionales relacionados con la provisión del Estado de bienestar pasarán a manos del empresariado social”

Otro de los casos para citar en este conjunto de ejemplos, es el comentado por Guillem Pujol, haciendo referencia al economista y político griego Yannis Varoufakis, de quien dice que

“ha enfatizando que las tecnologías digitales están facilitando una nueva forma de capitalismo que se distancia del neoliberalismo. Varoufakis argumenta que la digitalización de la economía ha permitido a las Big Tech acumular poder no solo mediante la acumulación de capital sino también controlando los flujos de información y datos. Él ve esta tendencia como una amenaza para la democracia y la soberanía de los estados, ya que estos gigantes tecnológicos operan a menudo más allá del alcance de las regulaciones nacionales”^[5]

El analista geopolítico argentino Marcelo Ramírez, en el canal de YouTube “Humo y Espejos”, plantea en términos concretos, el fin de la globalización y la conformación de macrorregiones, en torno a Estados Unidos, Rusia, China, el Bloque Islámico, entre otras; lo cual significa profundos cambios en la geopolítica mundial, según los sucesos del tercer decenio, donde los conflictos bélicos han sido relevantes, como es el caso de Rusia/Ucrania y el del Medio Oriente. Así mismo la conformación de los llamados BRICS, liderados por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, que promueven un nuevo sistema de pagos internacionales por fuera del dólar como unidad monetaria y que está aglutinando un número significativo de países.

Los acontecimientos políticos en Estados Unidos y la Unión Europea, que son centros de poder global, cuyas decisiones repercuten en todos los lugares del planeta, muestran tendencias que no se pueden desconocer. Por ejemplo, la pérdida de poder en 2025, por parte de los grupos que durante los últimos veinte años tuvieron en sus manos el gobierno de Estado Unidos, implica el descenso de los fondos globalistas, el complejo industrial militar y la FED, cuya política en torno al Nuevo Orden Mundial que fue difundida desde el principio del siglo, ya no muestra la misma fuerza, con implicaciones en la comunidad europea y el medio oriente.

Es decir, los eventos del tercer decenio obligan a pensar en cambios profundos en el ordenamiento económico mundial y una modificación substancial en la geopolítica que, probablemente, ocasionará cambios también en el interior de los países, principalmente los del Sur global, que tendrán repercusiones en la estructuración del Estado y el manejo de los procesos públicos, por lo cual es procedente hacer una reflexión sobre los retos y alcances que tendrá la ciencia de la administración pública.

Los análisis apuntan hacia la conclusión de que el modelo neoliberal llegará a su fin; como se anotó en el libro “La Ciencia del Estado Hueco”[6], por causa de la agudización de sus contradicciones dialécticas que producirá la ruptura histórica, tal como lo señala la teoría del Materialismo Histórico. Se ha señalado que la causa principal se debe a que, este modelo, convirtió el dinero en una mercancía y que debido a ello, se produjo el desbalance entre el componente real de la economía y el componente monetario, que en algún momento tendría que reventar. Como se aprecia, las economías no crecieron, sino que se inflaron, a través de cifras publicadas en pantallas digitales; mientras el componente monetario incrementaba las cifras, el componente de bienes y servicios presentó síntomas de desecamiento. El gran volumen de acumulación se concentró en el sector monetario, quedando rezagado en acumulación el aparato productivo.

Bien vale recordar lo anotado en dicho libro, sobre la explicación simple del fenómeno, utilizando la Teoría Cuantitativa del Dinero, que por simple lógica y sin mayor esfuerzo investigativo, permite comprender el caso del desplome del capitalismo rentista con sustento neoliberal. Desde el siglo XVI, los pensadores Martin Azpilcueta (español) y Jean Bodin (francés), habían expuesto la idea de la relación entre el componente monetario y el sector real, expresado en una ecuación que permite apreciar los efectos en cada una de las partes, según los movimientos de las variables de la otra parte. Pero principalmente, permite evidenciar que siempre el sector monetario tiene una contrapartida en el sector real, por lo cual debe mantener correspondencia equitativa entre las dos partes de la ecuación, para efecto de que el desbalance no repercuta en el movimiento de cualquier otra de las variables asociadas, como ocurre en este caso, donde el nivel general de precios, es la variable mediante la cual se equilibra la ecuación, cuando la cantidad de producción de la economía se queda rezagada frente al volumen del componente monetario. El nivel general de precios se eleva tanto, que el sistema no permite el sostenimiento del balance. Todo porque el haber convertido el dinero en mercancía, genera un ritmo de acumulación acelerado mediante transacciones monetarias, concentrando en el componente monetario la mayor acumulación y dejando rezagada la acumulación en el sector real; y con ello, el desecamiento del aparato productivo que repercute en la oferta real de bienes y servicios. Se desboca inicialmente una inflación descontrolada, que luego general la recesión y termina en crisis generalizada, lo que obliga al diseño de un nuevo modelo.

También han sido fenómenos relevantes de esta etapa:

i) El haber modificado la estructura de financiamiento del Estado, convirtiendo el organismo en un deudor permanente y esclavo del mercado de capitales, hasta llegar al ahogamiento de las finanzas públicas. El volumen de deuda pública de casi todos los Estados, ha creado limitaciones a la gestión pública, que se traduce en incremento de las desigualdades sociales y expansión de la pobreza de la sociedad, como se puede observar, en la zona euro, donde estos ha tenido consecuencias políticas.

ii) La pérdida del poder adquisitivo del salario, sumada a la elevación de precio de los bienes públicos por motivo de las privatizaciones, deterioró el ingreso familiar y empujó hacia el empobrecimiento masivo.

Según los analistas, los cuatro decenios de neoliberalismo global han dejado un balance social muy pobre. El 4 de abril de 2020, el Financial Times, con sede en el Reino Unido, publicó un editorial que decía:

 “Será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que reviertan la orientación política predominante de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben considerar los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda; los privilegios de los ancianos y los ricos estarán en tela de juicio. Las políticas que hasta hace poco se consideraban excéntricas, como los impuestos a la renta básica y al patrimonio, tendrán que estar en la mezcla”, reconociendo la gravedad de la situación del modelo.

Reconocidos economistas como Thomas Piketty, Emmanuel Zaes y Gabriel Zucman, entre otros, han estudiado la economía durante muchos años y han sacan conclusiones sobre los últimos cuarenta, época del neoliberalismo, de la cual se destaca la concentración de la riqueza, como consecuencia de las reglas que rigen esta modalidad del sistema, lo mismo que las debilidades del Estado derivadas de la política fiscal. Mariana Mazzucato, con otro grupo de economistas femeninas, también ha analizado el fenómeno y ha destacado el papel del Estado en materia de desarrollo. Así mismo, organizaciones como OXFAM en sus trabajos, ha hecho énfasis en el fenómeno de la desigualdad y la agudización durante las últimas cuatro décadas, como también lo han expuesto economistas premiados como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Jeffrey Sachs.

La concentración de la riqueza mundial y la agudización de la desigualdad social es un tema que siempre ha sido preocupación, no solo de los economistas y sociólogos, sino también de los políticos; ya que este tema constituye el eje del debate sobre la conservación de la especie humana y el cumplimiento de la función biológica del sistema económico. Para no ir más atrás, desde mediados del siglo XIX ha sido el eje de la discusión política y motivo de las propuestas para la solución del magno problema. El enfoque marxista, se ha concentrado en el tema de la lucha de clases; y su propuesta es el cambio del sistema económico, para implantar otro sistema que tenga un mecanismo de funcionamiento diferente al mercado, al que se le atribuye la causa de la desigualdad. Esta propuesta se mantuvo vigente hasta finales del siglo XX, cuando el derrumbe de la URSS, con sus sistemas planificados, demostró las falencias de la planificación central, como mecanismo de funcionamiento del sistema económico. La historia se encargó de reiterar las bondades del mercado como mecanismo de funcionamiento del sistema, lo cual implica que el fenómeno de la desigualdad social y la concentración de riqueza en pocas manos y pocos lugares, deberá ser tratada con una alternativa diferente, al cambio del mecanismo de funcionamiento del sistema económico. Es decir, tendrá que continuar la economía, sujeta al uso del mercado, como mecanismo de funcionamiento del sistema.

Esta realidad, la de aceptar el mercado como mecanismo único de funcionamiento del sistema económico, trasladó el debate a otro escenario diferente al del siglo anterior, cuando se confrontaban las posturas de: por un lado, el capitalismo, y, por el otro, el socialismo clásico, el de las economías planificadas. Se justifica aclarar el término “socialismo clásico”, porque se conoce el caso de China, donde se muestra que es posible un sistema socialista utilizando como mecanismo de funcionamiento el mercado; igualmente, porque en Latinoamérica se estuvo hablando durante algún tiempo, sobre el “socialismo del siglo XXI”, en el cual destacan autores como Allin Cottrell y Paul Cockshott y que fue ampliamente publicitado en Venezuela.

Al aceptar que el mercado es el mecanismo de funcionamiento más adecuado para la economía, se relieva el hecho que el debate gira en torno al Estado y que las posturas antagónicas se sustentan, por un lado, una economía con intervención del Estado y por el otro, una economía con libre juego de mercado. Ya no se discute sobre la permanencia o eliminación del mercado, sino sobre el tipo de Estado que garantice los objetivos sociales. Pues como ya se sabe, el mercado tiene en su particularidad, que el concepto de racionalidad propicia la concentración de valor en unos puntos, dejando otros carentes de esta riqueza.

Aquí es conveniente tener en cuenta nuevamente el planteamiento sobre el Estado Hueco hecho por Brinton Millward de la Universidad de Arizona, porque los hechos en el tercer decenio del presente siglo muestran que el llamado “hueco” haciendo referencia a el vaciado de los bienes públicos, va más allá y no se refiere simplemente al interior del organismo, sino a la totalidad del mismo. Comentaristas de prensa han señalado lo que denominan la “privatización del Estado mismo”, haciendo referencia a la afectación de la soberanía con la separación del banco central de las manos del gobierno, siendo que el banco era un instrumento para intervenir en la economía y ahora es una autoridad económica que se rige por las reglas de juego del mundo financiero global. Así mismo, hacen referencia a la fijación del precio de las divisas, que corresponde al mercado, a la tasa de interés de referencia que corresponde al banco central, a la imposición de aranceles que está bajo la mirada de la OMC y los tratados internacionales. Pero, principalmente, los comentaristas se refieren a la incidencia del régimen político, que a pesar de que se denomina “Régimen Democrático”, sus características se apartan de la etimología del término que lleva por título, de modo que las fuerzas de poder económico y el papel de las corporaciones multilaterales, condiciona la autonomía política del gobierno para desempeñar su función administrativa. 

En estas circunstancias, e independientemente de que el organismo sea objeto o sujeto de conocimiento de la ciencia, el manejo del Estado es trascendental para la conservación de la especie humana. Los economistas han reducido la economía a las leyes del mercado, con su racionalidad de carácter financierista, y la justificación de las decisiones con argumentos de esta racionalidad; alejándose de la génesis del sistema económico que, desde el paleolítico, nació como producto del instinto de conservación y sujeto a la ley de la naturaleza; que, como instrumento de la especie, tiene la misión de la conservación de la vida humana sobre el globo terráqueo. Hoy la economía es el mercado y la rentabilidad, para alimentar el crecimiento que no es cosa diferente a la acumulación de valor en términos de capital.

El reto inicial es la liberación del gobierno de las manos del régimen político. Los hechos muestran que el gobierno está secuestrado por el régimen político y la Rama Administrativa del Poder Público, está esclavizada y sometida a las imposiciones del régimen político, por lo cual, siendo esta el Poder Ejecutivo que opera en representación del Estado, no se le permite desplegar las acciones necesarias para cumplir los fines esenciales del Estado consagrados en la constitución; pues la acción de la Rama, se orienta prioritariamente, a satisfacer los requerimientos del régimen político y en menor grado, a solucionar problemas y satisfacer necesidades de la sociedad. Por lo tanto, corresponde a la ciencia de la administración pública, rescatar el gobierno y colocarlo al servicio del método científico de la esta disciplina. Como ya se ha anotado anteriormente, la administración pública contiene las dos esferas: la esfera del conocer y la esfera del hacer. La primera bajo la responsabilidad de la ciencia y la segunda, bajo la responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno no se está sometido a las reglas de la ciencia sino a las reglas del régimen político y este, sustentado en normas constitucionales y legales. Por lo tanto, corresponde a la disciplina de conocimiento la magna tarea de confrontar el andamiaje jurídico y rescatar el gobierno para someterlo a los patrones que rigen el método científico. Se trata de que el cuerpo de elite, conformado por los científicos de la administración pública, utilizara el arma del método para confrontar el poder político y mediante argumentos técnicos pudiera realizar el rescate.

La pregunta que surge entonces, es: ¿qué sucederá cuando se desplome totalmente el modelo neoliberal, que ha sido construido sobre la base del libre mercado y la racionalidad derivada de la rentabilidad producida por el libre juego de oferta y demanda?

Porque en 2008, se presenció el campanazo inicial y en el tercer decenio del siglo, se están observando los síntomas relevantes, como son la inflación continuada, el endeudamiento exagerado, las carteras vencidas en los bancos, los movimientos sorpresivos en los mercados de capitales, las dificultades de los gobiernos para pagar la deuda, las señales de recesión y demás manifestaciones anormales de la economía.

En estas circunstancias, la reflexión sobre los alcances de la ciencia de la administración pública se debe orientar a identificar su papel en la construcción de un nuevo modelo económico y social. El modelo que partirá del caos, resultante al terminar la fase del capitalismo rentista, para reconstruir los procesos económicos y sociales dirigidos a la construcción del futuro de modo que se supere la crisis y se corrija los factores que la historia ha enseñado.

Hasta ahora no se conoce una propuesta sobre la construcción del futuro; pero sí existen argumentos para pensar que la administración de los bienes públicos, será un factor clave y determinante en el diseño de una sociedad con ideología, régimen político y economía, más acorde con las leyes de la naturaleza, es decir, orientado hacia la conservación de la vida humana. El debate político no será en términos de economía, sino en términos de la manera de ensamblar y operar el Estado, con un régimen político que responda a las exigencias derivadas de las expectativas sociales.

Algunas conclusiones, basadas en la experiencia y las causas de la crisis neoliberal global, son posibles de extractar para identificar aspectos que, hacia el futuro, se deben considerar en el diseño del nuevo modelo: en primer lugar, cuál debe ser el uso de la tecnología y qué limitaciones debe tener, por los riesgos que ocasiona su utilización basada, únicamente, en la rentabilidad del mercado; en segundo lugar, cuál debe ser la importancia del aparato productivo, que alimenta el componente real de la economía, donde se ubican los bienes y servicios que propiamente, se requieren para la conservación de la especie; en tercer lugar, cuál debe ser el papel del Estado, cuando se ha visto que no debe ser simplemente un deudor permanente de los especuladores del dinero; en cuarto lugar, cuál debe ser el foco donde se debe concentrar la acumulación de capital y cómo se debe canalizar la inversión del mismo; en quinto lugar, cómo superar la avaricia y la codicia de los propietarios de la acumulación, que permita adoptar mecanismos para contribuir a mayor equidad social.

Es muy probable que sea la gestión pública y el papel del Estado, en el contexto de la ciencia de la administración pública, el tema de discusión, que concentre el debate y canalice las propuestas políticas, para responder a los requerimientos económicos y sociales, que el conglomerado humano requiere para alargar lo más posible la permanencia sobre el planeta. Nada es eterno en el mundo y todo tienen su final, pero se justifica intentar hacer lo más largo posible, el periodo de vida de la especie humana; lo cual es más razonable, con una administración de los bienes públicos que asegure mejores condiciones de vida y el suministro apropiado de los insumos para la conservación de la especie. Para el efecto, se requiere adelantar investigaciones y estudios sobre los diversos temas asociados al propósito, para disponer de un bagaje de conocimiento que sirva de apoyo a la toma de decisiones y formulación de políticas públicas. En ese caso, entonces ya se podrá afirmar que se ve la luz al final del túnel.

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[1] Velasco, Agustín. https://www.revistagq.com/

[2] Martín, Alejandro. https://ovacen.com/

[3] https://espai-marx.net/ Entrevista de Alexander Ac, julio de 2012

[4] Collado, Francisco. Revista Mexicana de Sociología vol. 78 No. 1 marzo 2016

[5] https://www.lamarea.com/ Guillem Pujol, marzo 2024.

[6] Cerón Hurtado, Miguel Angel y Vanegas Lujan, John. 2025.

INTERROGANTES SOBRE EL PACTO CAUCA

Transcurrido ya más de un mes desde cuando se suscribió el denominado Pacto Cauca, mediante el cual, se dice, que se canalizará 27.6 billones pesos para el territorio, es conveniente despejar algunos interrogantes que van surgiendo después de la emoción del acto y las expectativas que se generan; todas relacionadas con los aspectos prácticos e institucionales necesarios para que se pase del dicho al hecho, que, como dicen las abuelas, hay mucho trecho. 

El primer punto a tener en cuenta es el cumplimiento de las normas jurídicas sobre proyectos, asignaciones presupuestales y contratación; porque todo está normatizado y es necesario cumplir con las disposiciones aplicables para el efecto. En primer término, la Resolución 0806 de 2005 emanada del DNP con el amparo de la ley 152 de 1994, que se refiere a la estructuración de los proyectos para que sean objeto de asignación presupuestal; luego los trámites de gestión presupuestal, para luego llegar a la ejecución a cargo de alguna de las entidades del Estado. 

Como es ampliamente conocida la debilidad del proceso de proyectos que reina en las entidades territoriales, la primera inquietud surge por la necesidad de disponer de los proyectos debidamente estructurados para que se pueda seguir el trámite financiero. Por lo general, ahí se encuentra el primer escollo, como se ha visto desde el siglo pasado, cuando se han celebrado acuerdos con el gobierno nacional. Existe la creencia de la firma de los acuerdos opera automáticamente y que los recursos caerán como en una piñata, sin tener en cuenta que la voluntad del compromiso no exonera del cumplimiento de normas y trámites para llegar a la realización de los mismos.

Desde 1994, se estableció mediante ley, que las entidades territoriales debían contar con un banco de proyectos debidamente estructurados y viabilizados, todos derivados de los procesos de planificación, de modo que, para llegar a la asignación de recursos presupuestales, los proyectos ya estarían listos. Pero en la realidad, eso no ha ocurrido así y los proyectos incluidos en los acuerdos, casi siempre carecen del soporte técnico necesario para hacer viable su operación, lo cual conduce, a que hoy surjan los primeros interrogantes sobre el Pacto Cauca.

LA POLITICA DEL ATAQUE PERSONAL

 Es un rasgo característico de la cultura política colombiana, desde el origen de la república, que los procesos organizacionales del régimen giren en torno al nombre de una persona con un enfoque caudillista, que de manera maquiavélica alimentan los periodistas, en lugar de centrarse en la verdadera esencia de la actividad política que debe converger en los criterios y pautas para la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Así, el debate no confluye en la confrontación de propuestas de gobierno, sino en la confrontación de personas, por lo cual no queda más que llevar la praxis política a la hoja de vida de los candidatos. 

Esa situación en la competencia política, realizada en un ambiente plagado de pugnacidad y posturas beligerantes de los actores, abre la puerta para que se desvíe la razón sociológica del régimen político y se convierta en otro factor de riesgo para la efervescencia del clima electoral. Entonces, la campaña se concentra en los improperios e insultos de un aspirante a otro o de los seguidores de un candidato a otro. Es un fenómeno peligroso, que entra a sumar a las demás causas objetivas y subjetivas del conflicto sociopolítico, cuyas consecuencias son impredecibles, porque, al calor de la pugnacidad, no se sabe donde va a desbocar la tendencia.   

Distinto sería que el debate político se concentrara en la confrontación de programas de gobierno, sin tener en cuenta la hoja de vida de la persona, más allá de sus atributos y competencias para cumplir con los postulados de la gestión pública. Así, los temas a tratar a través de los medios de comunicación serían sobre asuntos públicos y los periodistas quedarán metidos frente a sus propósitos morbosos ya conocidos, de alimentar el clima de pugnacidad.

Si duda, la solución, por lo menos de inmediato y corto plazo, está en manos del Consejo Electoral, que bien puede reglamentar los términos de las campañas electorales de modo que se impida el estímulo a la violencia, que inicia verbal y después no se sabe donde termina. Es una realidad lamentable en esta coyuntura política, donde se presentan circunstancias históricas especiales para las elecciones del próximo año, por lo cual es necesario evitar y combatir la política del ataque personal.

EL TERROR DE LOS ARANCELES

El orate Trump amenaza con ponerle aranceles a Colombia e inmediatamente salen despavoridos los neonazis a hacer terrorismo público, como si esto fuera la gran tragedia nacional, porque, supuestamente, afecta a algunos pocos empresarios exportadores hacia ese país. Pero si se reflexiona desapasionadamente, el asunto puede ser o no ser, tan grave como los políticos de extrema derecha lo pintan.

Si se observa detenidamente el caso colombiano, los aranceles afectan más a los consumidores norteamericanos, que a los exportadores colombianos; pues el fenómeno depende fundamentalmente de la elasticidad-precio del producto en el respectivo mercado. Si el producto es muy elástico, la cantidad total de disminución de las compras por parte de los consumidores es elevada y esto, por supuesto, disminuiría el volumen de las exportaciones colombianas. Pero si la elasticidad-precio de los productos es más bien rígida, la cantidad en que disminuye las compras no es significativa.

Mirando los productos que EEUU compra a Colombia, se aprecia la rígides de esta elasticidad y por eso los compran allá; pues, caso contrario, se irían a comprar a otro lugar. Y es menos elástica porque corresponde a productos principalmente del sector primario, que tienen alta relación con las necesidades de subsistencia humana, ya que son inherentes a la canasta familiar de consumo masivo, algunos de ellos, inclusive, relacionados con factores de dependencia como la cafeína. Otros, porque son únicos en el mercado global y si no los compran a Colombia, no tienen otro abastecedor de la misma calidad.

En tales condiciones, la fijación de aranceles a Colombia genera un daño a los consumidores gringos y a la economía colombiana muy poco afecta, salvo los dos o tres exportadores que caen como víctimas de la situación, pero que no influye significativamente en la balanza comercial. Así que el caso de los aranceles de Trump, no es para crear pánico de manera reactiva, sino para analizar con detalle acerca del comportamiento de las leyes del mercado, que son iguales para todo el mundo.

Con ello vemos que la actitud de los quejumbrosos es más de carácter político e impulsivo, que un verdadero motivo de mercado, que tiene sus propias reglas de juego y que no siempre dan lugar a que se produzca el terror de los aranceles.

LOS VACIOS DE LAS OFERTAS ELECTORALES

 Probablemente, es la primera vez en lo que va corrido del presente siglo, que el debate electoral se reviste de características tan importantes y trascendentales, tanto por factores externos como por internos. Los últimos acontecimientos globales en la geopolítica y la ocurrencia del anunciado derrumbe del modelo neoliberal que ya está sucediendo en Estados Unidos con efectos en todo el mundo occidental, son elementos de la coyuntura política que juegan un papel significativo en los escenarios internos muchos países, donde Colombia no se puede sustraer; y en la complejidad interna, el hecho de que se termina el primer gobierno progresista y que abre la puerta para que los neoliberales de siempre puedan recuperar el gobierno. Es una condición histórica que conlleva particularidades nunca antes presenciadas en la historia política contemporánea.  

Es de esperar, por lo tanto, que los aspirantes al cargo de presidente presenten su oferta programática con visos especiales, diferentes los que utilizan en todas las campañas; por lo menos, los que se han visto durante los últimos sesenta años. Pero, por ahora, no se aprecian modificaciones a las costumbres electorales, casi todas impregnadas de ropajes publicitarios que buscan más el impacto mediático del elector, que la respuesta a los verdaderos problemas y necesidades que la realidad profunda del país afronta en la actualidad.

Existen varios temas que ya se han detectado, principalmente en las esferas académicas y técnicas, que tienen mucho peso en la realidad socioeconómica nacional y, por supuesto, con efectos importantes en el escenario sociopolítico que tanto preocupa por su alta conflictividad existente; pero hasta ahora, no se observa que candidato alguno haya definido una propuesta pertinente y consecuente con el mejoramiento de las condiciones presentes. Cada uno ha inventado un eslogan de campaña haciendo referencia, sí, a un tema importante de la realidad nacional, pero más con sustento de marketing electoral buscando una acción reactiva en el ciudadano, que un acto reflexivo que juzgue la conveniencia de la propuesta.

Existen varios asuntos de interés nacional, que ya están identificados como causas de importantes problemas existentes en el país, de los cuales nada dicen los aspirantes, a pesar de la trascendencia de los mismos y la posibilidad de solucionar otras importantes situaciones problemáticas derivadas de ellos. Para citar solo algunos pocos ejemplos, veamos el caso de la administración del Estado, que está a cargo del gobierno o el poder ejecutivo, donde no se aplica la administración pública. Se dice en las esferas académicas, que el gobierno hace de todo, menos administración pública, porque esta disciplina es una ciencia que contiene su método a la altura de los requisitos epistemológicos, pero que no se aplica, a pesar de ser causa o nudo crítico de un sinnúmero de problemas graves, incluido un porcentaje importante de la corrupción. También está el caso de la democracia participativa, que, a pesar de que está contemplada en la constitución política, tampoco existe y ningún candidato propone hacerla realidad, aunque con este mecanismo, se resuelven temas de gran trascendencia como la construcción de la convivencia armónica entre los actores sociales, que algunos llaman paz.

Pero, tal vez, el más trascendental de los cuatro ejemplos que hemos considerado en estas notas, se refiere a la descentralización política. Es evidente el daño que hace el centralismo bogotano, tanto que algunos proponen federalismo, lo cual sería un remedio peor que la enfermedad, cuando la realidad colombiana lo que requiere es descentralización política, la cual, a la par con la democracia participativa, podría ser recurso eficaz para hacer realidad el desarrollo endógeno y apuntar hacia la reconstrucción del próximo futuro modelo económico, posterior al derrumbe neoliberal. Y en el campo de la tecnología, no se escucha que los candidatos valoren las perspectivas viables que el país posee, donde poco puede hacer en materia de microelectrónica, tecnología digital e inteligencia artificial, pero sí dispone de una amplia biodiversidad que puede abrir caminos exitosos en materia de biotecnología.

El listado de temas es grande; pero como ejemplo se han considerado esos cuatro, para destacar el enfoque publicitario de las campañas electorales y el ropaje superfluo que le imponen los expertos en marketing electoral, aprovechando el bajo nivel de la cultura política reinante, que permite aceptar pasivamente los vacíos de las ofertas electorales.