LA RUPTURA DEL REGIMEN POLITICO

 El régimen político es el conjunto de normas, instituciones y procesos sociales, mediante el cual se tiende un puente entre la sociedad y el Estado, para efecto de establecer los mecanismos que permitan a la base social, acceder a los organismos de toma de decisiones u organismos de poder. En la forma más elemental, la palabra política significa tomar decisiones, que, para el caso del conjunto social, se refieren a las decisiones sobre asuntos de interés general que competen a todos los individuos, es decir a los asuntos públicos. Es a través del régimen político, como el conglomerado accede al organismo que rige los procesos sociales, económicos e institucionales, con los cuales se logra la convivencia de la especie y la satisfacción de bien común.

     Se supone que, si el régimen político es un puente entre la sociedad y el Estado, su configuración y operación es neutral o inerte, si se quiere, por cuanto se limita a facilitar la transmisión de proposiciones, posturas e ideales de la sociedad, con base en las cuales se sustentan las decisiones que toma el organismo de poder. Así que, de la fluidez y transparencia del régimen, depende que las iniciativas de la comunidad se traduzcan en acciones del organismo de poder. Igualmente, dado su carácter de transmisor de iniciativas ciudadanas, el régimen debe tener condiciones de continuidad y trazabilidad, para que los requerimientos de la comunidad lleguen de manera precisa a su destino en los órganos de decisión.

     El régimen democrático, que se implantó en el siglo XVIII acompañando al Estado Moderno edificado por la burguesía de la época, se diseñó con inspiración en la democracia griega de la antigüedad AC. Tiene algunas modificaciones con relación a la fuente, pero conserva el propósito de la etimología de la palabra, aunque, históricamente, el contenido de su significado (demos y cratos) no se ha aplicado rigurosamente. Sin embargo, hasta lo conocido en la actualidad, con imperfecciones y todo, parece que este es el más conveniente para la organización social. Hoy se ha introducido otra variante al inicialmente creado hace más de dos siglos, la Democracia Representativa, introduciendo lo que se llama la Democracia Participativa o Democracia Semidirecta, por su acercamiento al concepto de los griegos de la antigüedad donde se llamaba Democracia Directa.

     La operación o funcionamiento del régimen, está altamente influenciada por los patrones ideológicos que rigen la conducta individual en el seno de la vida social, por lo cual se habla de la “cultura política”, que significa la existencia de normas de comportamiento de los individuos frente a los asuntos públicos, en los aspectos relacionados con el contacto entre ellos y los órganos de poder. Es una formación mental que viene desde la primera edad, de factores provenientes de la familia y el aparato educativo, con los cuales el ciudadano fija sus posturas frente a los temas inherentes al régimen político. Así que la organización social puede tener una cultura política más o menos adecuada a las conveniencias y necesidades públicas, la cual se manifiesta a través de las expresiones de la conciencia ciudadana.

     Dentro de los procesos sociales incluidos en el régimen político, se destacan dos principales: la organización de los ciudadanos y la participación en la designación de los miembros de los órganos de poder. En el primer caso, se supone que la organización se construye en torno un conjunto de posturas sobre los diferentes temas públicos, común a todos los miembros y constituyen el factor de homogeneidad que le otorga la cohesión al grupo. En el segundo caso, se supone que la participación es el mecanismo mediante el cual se difunden las posturas o plataforma política de la organización, para efecto de atraer simpatizantes y aglutinar ciudadanos que apoyen la elección de los aspirantes a los órganos de poder, con el propósito de que estos órganos adopten las propuestas programáticas de la organización. En consecuencia, el régimen político debe permitir la continuidad y transparencia de los contenidos a lo largo de todo el proceso, desde el origen en las necesidades y problemas de la comunidad, hasta la decisión de los organismo de poder, pasando por las etapas de conocimiento y análisis de los problemas, definición de alternativas de solución, formulación de propuestas políticas, difusión y adhesión masiva de ciudadanos, elección de agentes portadores de las propuestas e introducción y defensa de las propuestas en los órganos de decisión.

     No obstante, en la realidad colombiana no se observa la continuidad y encadenamiento de los eslabones del flujo que muestra el anterior esquema hipotético. El Régimen Democrático tiene sus propias particularidades, que han arraigado costumbres políticas y desvíos de los procesos respecto a la misión sociológica del conjunto. Tanto, que las características reales de los sistemas políticos que circulan en el régimen, se alejan substancialmente de la etimología de la palabra que lleva por título; lo cual se ha visto agravado con los acontecimientos ocurridos en las campañas electorales del año 2026, donde la presencia de los avances tecnológicos, ha permitido la introducción de prácticas contrarias a los principios sociológicos del proceso político, obligando a la reflexión profunda sobre sus implicaciones en el manejo del Estado y sus fines esenciales.

     Lo que se observó en el debate electoral del presente año, se aparta notoriamente de las costumbres y tradiciones y, por supuesto, de las normas jurídicas que sustentan el régimen, como es el caso del voto programático, que, si bien es cierto no es requisito legal para presidente, el programa es la base política para publicitar la campaña. Desde tiempo atrás se observaba que en los eventos electorales prevalecían factores diferentes a los programáticos, como por ejemplo el clientelismo, el constreñimiento electoral y la compra/venta de votos; pero en la elección del presidente en este año, lo que se aprecia es una ruptura total del régimen político. La cadena secular que sustenta conceptualmente el régimen y que le otorga legitimidad a la arquitectura del Estado, se ha fracturado separando claramente el proceso electoral, del proceso social con identidad política. Así, quedan dos escenarios de acción política, sin que haya sustento del uno con el otro. El pensamiento público de la ciudadanía y la plataforma programática de la organización, quedan por un lado y el escenario electoral donde actúa el ciudadano para elegir sus representantes, queda en otro lado; dejando en el medio, conductas electorales motivadas por el impulso y la reacción emocional, derivada de factores psicológicos, diferentes al raciocinio y el grado de conciencia frente a los asuntos públicos.

     Ahora, el proceso electoral circula en un escenario similar al del mercado. Un espacio donde se confrontan empresas electorales que compiten por el voto de los ciudadanos, cuya oferta no se basa en la propuesta política, sino en técnicas de marketing convencional: promoción, publicidad, penetración de mercados, manipulación de cerebros, posicionamiento mental del producto y la venta final que es el voto, el cual también conlleva gastos de transacción, a través de refrigerios, transporte y apoyo logístico en general. Es la mercantilización de la acción cívica del régimen político. 

     La principal causa de la ruptura en la cadena de valor público en el proceso electoral, es, sin duda, de carácter cultural. Antes de 1958 la ciudadanía acudía a las urnas motivada, al menos, por los colores rojo y azul; pero el Frente Nacional sembró el patrón mental de que la política es ocupar puestos en la burocracia y que los recursos del Estado son para satisfacer los intereses de los partidos que ocupan los cargos. De ahí en adelante, todo ha sido la evolución de la descomposición mental del deber ciudadano, hasta llegar a la situación en que está hoy, donde se presenta la ruptura total. Con ello surge el reto para las organizaciones políticas, de tomar medidas y aplicar correctivos que permitan ajustar los procesos a las nuevas condiciones electorales, adoptando mecanismos y procedimientos para enderezar el rumbo del régimen político y evitando que se distorsione más la misión del Estado, de tal manera que se logre enmendar la ruptura del régimen político.   

HACIA UNA POLITICA DE PAZ

    La especie humana, por su carácter biológico, opera en concordancia con las leyes de la naturaleza y su comportamiento es similar al de otras especies vivas, por lo cual permanentemente se encuentra en conflicto, no solo con relación a otros elementos existentes en el escenario de vida, sino también al interior mismo de la especie. Por ello, siempre que se trata de compartir un espacio de subsistencia, los individuos luchan contra los elementos que obstaculizan o limitan el ejercicio libre de la vida individual. Pero, contradictoriamente, también los individuos requieren de otros semejantes para, en conjunto, poder abordar esta lucha, ya no por la subsistencia del individuo, sino por la supervivencia de toda la especie.

      El conflicto entre semejantes es inherente a la ley de la naturaleza, pero a la vez, la subsistencia del conglomerado humano exige establecer mecanismos para hacer tolerable la vida compartida, con el fin de alcanzar los beneficios de la vida en comunidad; pues muchas de las necesidades del ser individual, requieren de la interacción en comunidad, para hallar la solución, debido a que, todos los individuos de la especie, presentan las mismas necesidades de origen natural. En tal situación, la misma especie y motivada por el instinto de conservación, crea e implanta los mecanismos que permiten la vida en comunidad, en un escenario donde haya niveles tolerables del conflicto. Con ello y desde las primeras civilizaciones, nacieron las reglas o normas para regular la convivencia en el espacio físico y el escenario de interacción humana, necesarias para realizar las actividades de intercambio en procesos orientados a la satisfacción de los requerimientos de la vida individual. Así nació el derecho natural y los primeros códigos para regular la convivencia de los individuos en los escenarios de uso colectivo, hace más de siete mil años.

       En ese sentido, no es procedente hablar de paz sino de convivencia armónica con niveles tolerables de conflicto; pues siempre habrá conflicto de uno u otro carácter, por lo cual la paz, propiamente dicha, se convierte en utopía; porque hay conflicto en el seno de la familia, en la comunidad barrial, en las unidades económicas, en la vida social, en el escenario del mercado donde el conflicto es económico y en todas partes. Entonces, llegar a la paz completa no es posible; pero es deseable y posible, mantener niveles mínimos de conflicto, que permitan la realización de una vida normal, entendida la normalidad como la posibilidad de realizar las actividades cotidiana sin conflicto, por parte de la mayoría de miembros de la comunidad. La idea es la de reducir los niveles de conflictos a la menor cantidad posible, hasta que la vida en comunidad no se afecte en su acción diaria, ni en sus actividades sociales y económicas. Donde los conflictos que surja, no generen trastornos ni alteren el sosiego de la población, o que pasen inadvertidos. 

      Una de las manifestaciones relevantes del conflicto social y preocupante, es el conflicto sociopolítico, el cual, en el caso colombiano, tiene causas objetivas y causas subjetivas; que se alimentan con factores de riesgo estructurales y factores coyunturales, lo cual hace un problema complejo y crea la necesidad de intervenciones públicas, para el inmediato plazo, el corto, el mediano y el largo. Entre las causas objetivas está, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de pobreza y desempleo; en las subjetivas está, por ejemplo, el maltrato infantil; entre los factores estructurales está, por ejemplo, la idiosincrasia con patrones de comportamiento agresivos e intolerantes y entre los factores coyunturales está, por ejemplo, las políticas y acciones del gobierno que propician el descontento y la pugnacidad en la reacción de la ciudadanía. Por eso, la complejidad obliga a abordar el tema integral y holísticamente, considerando mecanismos que, de una vez, permitan intervenir en la mayor parte de causas y factores de riesgo en el marco de un enfoque preventivo. La situación así concebida, significa que contiene componentes públicos y privados; por lo cual la intervención en el problema obliga a combinar conjuntamente herramientas públicas y privadas, considerando de manera clara, la frontera o el lindero entre lo público y lo privado; porque algunas de las causas y factores riesgo son de carácter privado, pero sus efectos o consecuencias tienen carácter público.

     En Colombia, se han ensayado diversidad de políticas de paz; algunas mediante mecanismos de resolución pacífica de conflictos y otras utilizando la violencia como herramienta para reprimir los focos opuestos al establecimiento. Para no ir muy lejos en la historia, podemos observar desde el acuerdo de paz entre liberales y conservadores, celebrado por Alberto Lleras y Laureano Gómerz en Benidorm España (julio de 1956) y de ahí en adelante, todos los intentos hechos por el gobierno para terminar, o por lo menos aplacar, la violencia en el país, siempre considerando el conflicto sociopolítico, o sea el de las manifestaciones relacionadas con los asuntos del Estado y sus intervenciones en la vida civil.

     Diversos intentos de negociación se han hecho para disminuir el volumen del conflicto sociopolítico, el que surge por la creencia en que por la vía política se pueden resolver las causas objetivas del mismo, con el supuesto de que la lucha política y la conquista de los órganos de poder del Estado, es un requisito para mejorar las condiciones de vida de las clases sociales más golpeadas por la realidad del mercado. Así, muchos individuos acogieron la idea de que, por la vía de las armas, era posible llegar a la toma de los órganos de poder, cosa que no sucedió en el siglo XX y ya no sucederá en el XXI; pero la inercia de la historia ha mantenido la existencia de grupos armados cuyo trasfondo es otro diferente a la lucha política por el cambio de la estructura social, pero que reiteran en el ambiente de violencia, justificado con los mismos argumentos iniciales. En esas negociaciones, cuyo contenido se reporta a través de la prensa y documentos oficiales, se tratan los temas que, supuestamente, son la causa del conflicto y, por lo tanto, los que se deben resolver como requisito para que los actores armados abandonen la lucha. En estos temas, son reiterativos sobre el cambio en las condiciones de vida de las clases populares y, principalmente, en las comunidades asentadas en los territorios donde operan estos grupos, como se puede ver, a manera de ejemplo, en los temas tratados en el Acuerdo de La Habana de 2016, documento ampliamente publicitado.

     Examinando los temas de las conversaciones en aquellos diálogos, se reitera lo que aquí estamos considerando como hipótesis acerca de las causas y factores de riesgo. Así, la conclusión es que los simples “acuerdos de paz” entre el gobierno y los grupos armados, sin que se modifique el origen profundo del fenómeno, no es suficiente. Se podría desescalar el conflicto, pero muy parcial y transitoriamente; solo en unos casos concretos y sólo por algún tiempo; porque los factores y causas continúan presentes y con ello la alimentación de la sostenibilidad del choque. Con base en todo lo anterior, se lanza la siguiente hipótesis:

Para bajar el nivel de pugnacidad social y en consecuencia disminuir el conflicto a niveles tolerables de convivencia humana, es necesario implantar en la arquitectura del Estado la democracia participativa y la descentralización política; caso contrario, o sea que las condiciones permanezcan igual que en presente, todos los intentos de paz y todas las políticas que se adopten en esta materia, no tendrán viabilidad real. La democracia participativa con descentralización política, se convierten en requisito esencial para lograr la convivencia armónica del conglomerado humano

      Al respecto, vale recordar la propuesta de Orlando Fals Borda planteada en 1997. La propuesta de paz del citado sociólogo, no se reducía a la firma de un acuerdo con grupos armados, sino a una transformación estructural de la sociedad colombiana basada en la justicia social, la descentralización del poder, la reforma agraria y el reconocimiento de la diversidad regional y étnica. Los ejes fundamentales de la propuesta eran: 1) el ordenamiento territorial autonomista, donde se proponía superar el modelo centralista rígido mediante la creación de regiones autónomas y autogestionadas que respondieran a la realidad cultural, geográfica y económica de las provincias, quitándole argumentos al conflicto armado naciente, desde la organización local. 2) Reforma Agraria y Defensa del Campesinado, considerando indispensable democratizar la propiedad de la tierra y erradicar el latifundio para resolver las causas históricas de la violencia rural y la exclusión de las comunidades agrarias. 3) Investigación-Acción Participativa (IAP) y Poder Popular, mediante lo cual defendía que la paz y la democracia debían construirse "desde abajo", dándole voz activa y capacidad de decisión a los sectores históricamente marginados (campesinos, indígenas, afrodescendientes) en lugar de imponer soluciones burocráticas o elitistas. 4) Constituyente y Plurietnicidad, que significaba una visión basada en la Constitución de 1991, para plasmar un Estado participativo, descentralizado y respetuoso del carácter pluriétnico y multicultural de la nación.

      Por supuesto, desde la época de Fals Borda hasta 2026, han transcurrido 29 años y durante lo que va corrido en el presente siglo, muchos acontecimientos han ocurrido en las esferas económica, social, cultural y política; pero los fundamentos de su propuesta, derivada de análisis y estudios seriamente realizados, todavía tienen vigencia; porque la realidad en el país sigue siendo la misma, solo que más grave en cuando a la profundización del problema estructural. Como se aprecia, lo planteado en la hipótesis que aquí se presenta, es una síntesis que recoge tanto los argumentos del autor, como otras proposiciones elaboradas en procesos de negociación que se han realizado durante este lapso.

      La democracia participativa está contemplada en la constitución política, o sea que cuenta con el piso jurídico suficiente para garantizar la legalidad de la propuesta. Lo que está pendiente todavía, es diseñar un modelo particular para la aplicación del concepto en la especificidad colombiana. En cambio, la descentralización política, no dispone de normas legales que permitan el diseño de un modelo apropiado a la realidad colombiana, por lo cual se requiere identificar los cambios legales que el enfoque necesita, porque lo conocido hasta ahora en materia de descentralización, es la descentralización de la Rama Administrativa del Poder Público; pero no se conoce la descentralización de la toma de decisiones sobre políticas públicas, que permanecen arraigadas en el centralismo bogotano.

     Democracia participativa no es simplemente acudir a las urnas el día de elecciones; eso es democracia representativa, donde el ciudadano se limita a designar sus representantes para que sean estos quienes tomen las decisiones. Democracia participativa es acudir a los escenarios de participación, pero a tomar decisiones directamente en los procesos de gestión pública. Es el mecanismo que permite articular al Estado y la sociedad, en los procesos de planificación, ejecución y control de las actividades públicas necesarias para construir el futuro y crear las condiciones favorables a la satisfacción de las necesidades humanas. Se trata de realizar la cogestión de políticas públicas con responsabilidad compartida entre organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, mediante escenarios de concertación donde se articulan los actores.

     El mecanismo para la democracia participativa debe ser sistémico, por cuanto las actividades son automáticas, permanentes y continuas en los tres procesos inherentes a la gestión pública. El sistema debe arrojar los productos del proceso oportunamente y de manera consecuente con los momentos en que se realiza la vida pública. La planificación requiere de la implementación de un sistema de planeación participativo estratégico y situacional; la ejecución requiere de un sistema gerencial de programas y proyectos; y el control, requiere de un mecanismo que articule los seis tipos de control contemplados en la arquitectura del Estado. Los escenarios de concertación están creados por las leyes vigentes, pero el cumplimiento de estas mismas es muy deficiente. Por ejemplo, el concejo municipal tiene la responsabilidad de aplicar la democracia participativa, según lo establece el numeral 11 del artículo 32 de la ley 136 de 1994; pero este organismo no tiene la dotación necesaria para realizar esta función.

     Por su parte, la descentralización política no existe en Colombia; al contrario, el centralismo bogotano cada vez es más asfixiante. Se entiende por descentralización política el empoderamiento de las comunidades locales para que tomen decisiones en la formulación de políticas públicas, en el marco de un proceso donde se construyan las políticas de abajo hacia arriba, iniciando en las comunidades locales y agregando los niveles subnacionales hasta llegar al nivel central, de conformidad con el carácter unitario de la república. Es aplicar el concepto de descentralización en la Rama Política del Estado, cuyo eje incluye el congreso, las asambleas y los concejos. Similar a la descentralización de la Rama Administrativa, pero diferente, en cuanto a que no se trata de trasladar funciones y competencias desde el nivel nacional (Congreso) a los niveles territoriales, sino de construir mediante el enfoque “Bottom Up” las políticas públicas de abajo hacia arriba. Conceptualmente, se trata de que las comunidades de base participen en las decisiones sobre diseño de políticas, lo cual implica una etapa de madurez y alistamiento de las organizaciones sociales, que aún no están preparadas para esa función. Por ello, se contempla una etapa de transición que consiste en el empoderamiento de los concejos municipales, para que sean estos organismos el comienzo del proceso de construcción de políticas, hasta llegar al congreso de la república. Por supuesto que, como no existe en Colombia, requiere una fase de diseño para probar y validar metodologías y técnicas de gestión pública, que garanticen la viabilidad del enfoque a partir de la complejidad, la diversidad y la heterogeneidad de la realidad colombiana.     

     Abordando de esta manera el tema de la convivencia hasta lograr el más bajo nivel de conflictividad para hacer tolerable la vida en comunidad, probablemente no se requiera una política de paz basada en los diálogos, porque los diálogos son permanentes y no solo con los actores armados, sino con y entre, todos los actores de la sociedad. Donde el Estado es un actor más, el más importante, porque posee la competencia de regir los procesos económicos, sociales e institucionales del conglomerado, hacia la construcción del futuro que asegure el bienestar para la población. Como organismo rector, le corresponde al Estado liderar los procesos de concertación a través de métodos de gobernanza, los cuales deben estar contemplados en la gestión pública municipal, con el complemento y subsidiariedad del administrador regional y la consolidación nacional. Para fortalecer la democracia participativa no se requieren leyes adicionales porque basta con hacer cumplir las existentes; pero para la descentralización política se requiere reformar leyes existentes o expedir algunas para establecer normas necesarias que aún no existen. En todos los casos, se necesita rescatar el gobierno de las manos del régimen político para que tenga la posibilidad de aplicar el método científico de la administración pública.

     La Administración Pública es una ciencia y como tal, cuenta el correspondiente método que cumple los requisitos epistémicos para abordar el conocimiento y la intervención en los procesos; pero la influencia y el condicionamiento del régimen político, impide que el gobierno realice las intervenciones sobre los asuntos públicos de su competencia con las técnicas y metodologías apropiadas. Esto por supuesto, requiere de ajustes legales que otorguen base jurídica a los modelos de gestión adecuados a la tecnificación de la administración pública, considerando que esta disciplina se debe orientar al conocimiento y manejo de los bienes públicos y a la construcción de valor público, sustituyendo el objeto de estudio que hoy ocupa el Estado. 

PENSAR LA IZQUIERDA EN EL PRESENTE

 DOCUMENTO PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE UNA PROPUESTA POLITICA EN LA REALIDAD DEL TERCER DECENIO DEL SIGLO XXI

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

 La palabra “Izquierda” es la nomenclatura que universalmente se ha generalizado en la opinión pública para referirse a una postura política, la cual tuvo su origen alrededor de 1790, en época de la Revolución Francesa, cuando en el lado izquierdo de la sede de la asamblea constituyente, se ubicaron la burguesía y el pueblo, quienes proponían el cambio del establecimiento absolutista y al lado derecho se ubicó la vieja aristocracia que defendía el absolutismo. Desde entonces, se generalizó el término para hacer referencia al cambio del andamiaje sociopolítico y durante los siglos XIX y XX se mantuvo, principalmente desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta finales del siglo XX, haciendo referencia al cambio del establecimiento propio de la economía capitalista con sistema de mercado y régimen político de democracia representativa. 

Durante siglo y medio, el concepto de izquierda se ubicó en la confrontación de los mecanismos de enlace entre el sistema económico y el régimen político en el marco de la lucha de clases, propuesta por la teoría sociológica del Materialismo Histórico desde el siglo XIX; y en el siglo XX, el eje de la discusión se centró en el enfrentamiento entre el sistema económico con el mercado como mecanismo de funcionamiento y el sistema económico con la planificación central como mecanismo de funcionamiento;  los cuales, lógicamente, deberían acompañarse con el correspondiente régimen político, en el primer caso, el régimen democrático y en el segundo caso, el régimen totalitario, los cuales presentaron variantes según las condiciones específicas de los países. 

Pero en el siglo XXI las condiciones históricas son diferentes. El neoliberalismo introdujo cambios en las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que propiciaron ajustes en las instancias política e ideológica. Con la toma del Poder de Estado por parte de los especuladores del dinero alrededor de 1980, capitalistas rentistas que ahora se hacen llamar inversores, ya la máquina y el sector industrial no concentran el peso de las fuerzas productivas, sino la tecnología digital y el sector financiero; ahora el porcentaje de participación de los capitalistas empresarios en el conjunto de la economía, quienes directamente compran fuerza de trabajo a cambio de un salario, es menor que antes de 1980, porque los capitalistas concentran su recurso en los mercados de capitales mediante papeles de renta fija y la propiedad de las empresas es anónima, representada por un CEO (Chief Executive Officer), que es quien da la cara y opera las relaciones de producción. 

En concordancia con las condiciones económicas, en el régimen político ya cesó la prevalencia de la democracia representativa con el Estado Moderno de administración centralista, para implantar el Estado Postmoderno con una supuesta democracia participativa, que nunca se ha establecido; y una descentralización administrativa, que no tienen mayor significado, si no se acompaña con la descentralización política.  En la instancia ideológica también se reflejan los cambios: ya los patrones mentales que condicionan la cultura de la modernidad con fuerte soporte en la ley natural, se han dejado a un lado para implantar patrones de comportamiento humano sustentados en la ley del mercado en el marco de la ideología de la postmodernidad.  

Igualmente, en el contexto mundial los cambios ocurridos después de 1980 abandonaron el dominio neocolonialista que giraba en torno al tejido de empresas multinacionales que necesitaban mercado cerrado e intervención del Estado, para implantar el dominio globalista, que navega en el sector monetario de la economía y que gira en torno a la esclavitud de los Estados frente a la deuda pública. 

El Siglo XXI ya despliega y fortalece todos esos cambios de finales del anterior y por ello también el ejercicio político como actividad social requiere de ajustes y adaptaciones pragmáticas y consecuentes a la realidad presente. Por ello es procedente hablar de “la nueva izquierda”, porque no es la aplicación de los mismos patrones políticos de los siglos anteriores, sino la acomodación de las propuestas políticas a las realidades contemporáneas, conservando los fundamentos o principios que, desde el comienzo, inspiraron la defensa de la vida y la dignidad humana. 

Adicionalmente, es conveniente tener en cuenta el derrumbe del modelo neoliberal que ya está ocurriendo en USA y Europa, en un proceso que se le puede denominar como crónica anunciada, ya que por el motivo de que este modelo se basa en la conversión del dinero en mercancía y con ello hacer del sector monetario el eje de la acumulación, se creó un desbalance entre el sector real y el monetario, que ha gestado el principal factor de su explosión. Con ello se terminará el globalismo cuyos efectos llegarán a Colombia 2 o 3 años después, con lo cual será necesario crear las condiciones favorables, tanto para aliviar el golpe de la catástrofe, como para el diseño e implantación de un nuevo modelo para Latinoamérica. Es decir, es un reto para la izquierda latinoamericana, afrontar la situación del postglobalismo y propiciar la creación del nuevo modelo. 

2. HIPÓTESIS CENTRAL 

La Izquierda colombiana en el tercer decenio del siglo XXI, no impulsa la lucha de clases ni promueve el cambio del sistema económico para implantar el mecanismo planificado; sino que aceptando y acogiendo el mecanismo del mercado, propone al Estado como instrumento social para neutralizar y aliviar los nocivos efectos contra la dignidad humana que produce la racionalidad del mercado. La Izquierda propone el rescate del organismo de las manos de la plutocracia, para colocarlo al servicio de todos los individuos de la especie propiciando el mejoramiento de las condiciones de vida, reconociendo en la economía su esencia fundacional y utilizando la racionalidad de la naturaleza como criterio para definir las políticas derivadas de la administración del Estado. La Izquierda considera que el régimen político, el que encierra las organizaciones y los procesos eleccionarios, es el puente a través del cual las bases sociales acceden al Estado para intervenir en los órganos de toma de decisiones públicas, por lo cual considera que este régimen debe montarse sobre el esquema de la democracia participativa con descentralización política.   

3. PROPUESTA DE TEMAS PARA LA DISCUSIÓN INTERNA

a)     Tema de la lucha de clases

El tema de lucha de clases obedece a un enfoque de la teoría sociológica, la cual no es universal porque también existen otros enfoques. Hay que mirar que era pertinente en época del capitalismo clásico del siglo XIX, antes de la segunda revolución científico-técnica y cuando aún no ocurrían las guerras mundiales imperialistas. Pero, las condiciones históricas se transformaron, a una realidad económica y social diferente en el presente siglo. 

b)     Tema de la confrontación capitalismo/socialismo

La diferencia básica entre los dos sistemas económicos radica en el mecanismo de funcionamiento del mismo: el mecanismo del socialismo es la planificación central y el mecanismo del capitalismo es el mercado. Pero, históricamente se demostró que el mecanismo de la planificación es ineficiente e ineficaz, porque, si bien es cierto permite controlar la desigualdad social, también es cierto que frena el desarrollo del aparato productivo y la economía se letarga; mientras que el mercado, permite empujar con más celeridad los cambios cuantitativos y cualitativos, que requieren las fuerzas productivas para satisfacer los requerimientos que exige el crecimiento poblacional. Ya los países de economía planificada cambaron el mecanismo y adoptaron el mercado, por lo tanto, la confrontación capitalismo/socialismo no es procedente en el debate político. El interrogante es, entonces, ¿cómo se neutraliza la concentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad social que produce la ley del mercado, para evitar la inequidad extrema?? 

c)      Tema de las clases populares

En época del capitalismo clásico, las clases sociales eran la burguesía y el proletariado, de modo que las clases populares eran los obreros y campesinos. Pero los cambios históricos han generado otras manifestaciones de la desigualdad social y han surgido grupos poblacionales marginados y excluidos del beneficio de la economía, que han adoptado otras formas de organización social diferentes a las derivadas de la actividad económica. En época de la postmodernidad aparece el wokismo, por ejemplo, como una forma de ocultar la marginalidad y la exclusión y, a la vez, de facilitar el reconocimiento de grupos sociales agrupados con otros patrones de aglutinamiento. El interrogante es sobre la postura de la izquierda frente a estos fenómenos y la coherencia frente a la línea que sustenta la corriente política. ¿Cuáles son las clases populares a quiénes se orienta la praxis política?? 

d)     Tema de los fundamentos filosóficos

Según la más elemental definición, la filosofía es un conjunto de reflexiones que usa la razón para entender la existencia, el conocimiento y la moral; y su nombre, que viene del griego, significa «amor a la sabiduría». En tal sentido, toda acción colectiva de individuos humanos, como lo es la acción política, debe tener un trasfondo filosófico que sustenta los razonamientos y proposiciones que, frente al ejercicio del poder, se utilizan en esta actividad social. El punto de partida para la discusión, ha señalado a la vida humana, como eje sobre el cual gira la acción política, por lo cual la ley natural debe ser uno de los elementos en el cimiento sobre el que se construye la propuesta política. La palabra “política”, en su más elemental concepción, significa “tomar decisiones”; por lo cual, todas las organizaciones humanas adoptan un conjunto de pautas y criterios para sustentar las decisiones, dentro de lo que se denomina “las políticas de la organización”. Y, el régimen político, que es el motor impulsor de la actividad política, es el acceso o puente hacia los organismos del Estado que toman las decisiones. Para ello, se organizan los partidos y movimientos cuyo propósito final es llegar a dichos organizamos de toma de decisiones. En las formas primitivas del raciocinio humano, la ley natural fue la base que sustentó el matriarcado, como primera forma de autoridad, y el derecho natural como primera forma de establecer un código de convivencia del conglomerado. De ahí que Marx proponía que en el comunismo no habría Estado y que la regulación se haría con base en la ley natural. Hoy la confrontación filosófica que se observa está entre la ley del mercado y la ley natural. 

e)     Tema del modelo económico

Es necesario tener en cuenta tres (3) conceptos: el sistema económico, el estilo de desarrollo y el modelo económico. El Progresismo como corriente política, no tiene sentido sin que adopte un modelo económico bien definido y concreto. El sistema económico aceptado es el capitalismo y no se propone cambio como en la izquierda del siglo pasado. El estilo de desarrollo apropiado al conjunto de características de las corrientes de izquierda, es el Estilo Sostenible, que se contrapone al Estilo Ascendente el cual es la esencia del capitalismo tradicional, que se agudizó en el capitalismo neoliberal y que está llevando la especie humana a su propia destrucción, por deterioro de las condiciones de vida.

 

El modelo es un esquema sintético de la forma como se organizan los principales componentes del sistema económico, por lo cual debe contemplar unas variables mínimas que definan un molde con el cual se analice y aborde el manejo de la economía. Variables como las diferentes políticas que hacen parte del manejo económico por parte del Estado: políticas económicas, sociales, ambientales, territoriales, institucionales, externas, etc.     

 

f)       Tema de la arquitectura del Estado

El Estado está organizado en tres (3) ramas de poder (verticales) y en tres (3) niveles jerárquicos (horizontales), todos debajo de un solo núcleo de poder que es el Poder Público. Es necesario fijar posturas acerca de temas como:

-          El acceso al Poder Público (Poder Constituyente) por parte de las ramas del Estado (Poder Constituido)

-          Interacciones entre las tres ramas, diferentes a la autonomía administrativa, financiera y operativa, definiendo los términos de la autonomía política.

-          Interacciones de los tres niveles jerárquicos (nacional, departamental y municipal) en el sentido de doble vía (arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba)

-          Descentralización política.

-          Descentralización administrativa

-          Descentralización de la Rama Judicial

-          Régimen político y sistemas que lo conforman

g)      Tema de gestión pública

Los bienes públicos constituyen el escenario principal para la actividad humana colectiva, los cuales durante dos siglos estuvieron concentrados en el seno del Estado, pero que con la llegada del modelo neoliberal fueron trasladados al mercado, con lo cual se desbocó la ola privatizadora y sus lamentables efectos sociales. Por razones elementales, corresponde al gobierno realizar la administración de los bienes públicos; pero este se encuentra secuestrado por el régimen político y no aplica el método apropiado para el manejo de lo público. Es necesario rescatar la administración de los bienes públicos de las manos del régimen político, para que se realice la gestión pública aplicando el método científico de la disciplina de la Administración Pública, ya que esta, como toda ciencia, tiene el método con requisitos epistémicos apropiados, pero que el gobierno no aplica y sacrifica el manejo de los bienes públicos. Es necesario tener la frontera clara y bien definida, entre los bienes públicos y los bienes privados, para efecto de trazar de manera pertinente las políticas públicas requeridas. 

h)     Tema de la dependencia cultural

Por derivación histórica del eurocentrismo, agudizada en época neoliberal por la globalización cultural, el país adolece de alta dependencia en los patrones mentales que determinan la conducta individual en el marco de la vida social. A pesar de que existen los paradigmas de la decolonización y la epistemología del sur, el colonialismo cultural sigue reinando en nuestro medio, facilitando la dominación extranjera y limitando las posibilidades de construcción autóctona de procesos humanos.  

i)        Tema de la coherencia ideológica

Es conveniente evitar el eclecticismo y las contradicciones internas dentro del conjunto de propuestas que hacen parte del proyecto político, el cual es complejo y diverso. Considerando que las ciencias sociales y humanas contienen multiplicidad de enfoques, es conveniente utilizar corrientes de pensamiento que conserven la columna vertebral de la plataforma política, basada en los fundamentos filosóficos adoptados y consecuente con los objetivos generales del proyecto. 

3. HIPOTESIS DE TRABAJO 

Las siguientes pueden ser hipótesis de trabajo para la realización del debate, planteadas con carácter de interrogantes sobre los cuales gire la discusión para la construcción de una propuesta integral que le brinde soporte al proyecto político.

 a)      Políticas económicas

§  El requisito básico de las políticas macroeconómicas es el pleno empleo en lugar de la estabilidad monetaria.

§  La política fiscal debe ser expansiva con sistema tributario progresivo e impuestos directos, que sirva para propiciar la redistribución del ingreso nacional. La meta de la Izquierda debe contemplar la diminución del Coeficiente de Gini a una cifra menor de 0.20.

§  Es necesario revisar la estructura de financiamiento del Estado, contemplando un mecanismo unificado para los tres niveles de gobierno.

§  El financiamiento del Estado debe contemplar también la emisión de dinero, considerando parámetros de control de racionalidad fiscal.

§  El endeudamiento debe priorizar las fuentes internas, por encima del mercado global de capitales.

§  La política monetaria debe ser concertada entre el gobierno y el Banco de la República. Debe trascender la política de la inflación objetivo y concentrar la mirada hacia el aumento de la oferta de bienes y servicios, principalmente de la canasta básica.

§  La política cambiaria debe ampliarse a otras divisas diferentes al dólar, considerando los movimientos que ocurren en el ordenamiento económico global.

§  Debe existir una política conjunta entre el Banco de la República y el Gobierno, para regular el sistema bancario nacional.

§  Los sectores productivos (primarios y secundarios) son prioritarios y deben recibir el privilegio por encima de los sectores terciarios.

 b)     Políticas sociales

§  La base de las políticas sociales debe ser el carácter humanista, por encima del carácter financierista que prevalece en el modelo neoliberal.

§  Las políticas sociales se refieren a los bienes públicos y prioritariamente la oferta debe ser universal.

§  La familia es el núcleo de las políticas sociales para realizar la gestión social con sentido de integralidad humana.

§  El financiamiento de las políticas sociales debe tener armonía con la política fiscal para que se facilite la universalidad y se utilice la parafiscalidad con racionalidad económica.

§  La gestión social debe ser integral y la conversión entre la oferta sectorial y la demanda holística debe estar a cargo del nivel municipal

§  Las políticas sociales deben contemplar acciones separadas entre los aspectos sectoriales (oferta) y aspectos poblacionales (demanda)

§  La participación de empresas mercantiles y civiles en la gestión de políticas sociales debe ser debidamente regulada para no sacrificar el interés humano por debajo del interés rentístico.

 c)      Política ambiental

§  La política ambiental debe ser efecto del Estilo de Desarrollo. El estilo recomendado es el Estilo Sostenible según concepto de La CEPAL.

§  La política ambiental debe girar en torno al agua como eje del sistema de gestión.

§  El cambio climático es el escenario central de la política ambiental

§  La gestión ambiental debe estar enmarcada en el concepto de democracia participativa.

§  Las energías limpias son un propósito con horizonte de largo plazo y debe estar articulado con los fenómenos globales.

§  La biotecnología es un medio que canaliza la gestión ambiental sostenible.

§  La educación ambiental es un instrumento para crear cultura de sostenibilidad de la vida

§  Las condiciones de vida para la especie son el horizonte del sistema ambiental

 d)     Política exterior

§  Considerando que la hegemonía monopolar de USA se está terminando y que todavía no se resuelve el nuevo ordenamiento económico mundial, Colombia debe contemplar el multilateralismo en las relaciones internacionales.

§  Colombia debe vincularse a los BRICS

§  Colombia debe promover la integración suramericana con base en el aprovechamiento de los recursos propios de la región

 e)     Política territorial

§  La CP estableció que se expidiera la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y el gobierno tramitó la ley 1454 de 2011 llamada LOOT, que no es una ley de ordenamiento territorial sino una reforma a la administración territorial.

§  El ordenamiento territorial debe acompañar la descentralización política, ya que el alcance de la descentralización administrativa está limitado por falta de la descentralización política, la cual está frenada por el asfixiante centralismo bogotano.

§  Debe adoptarse un enfoque de ordenamiento territorial, entendido como la construcción colectiva de territorio, realizado por los propios actores locales, que responda a las dinámicas socioeconómicas y culturales de cada lugar.

§  El enfoque de ordenamiento territorial adoptado en la ley 388 de 1997 debe aplicarse rigurosamente, considerando la adecuación del espacio público a los requerimientos de las estrategias de desarrollo económico y social. Debe trascender la simple definición de usos del suelo.

§  Para abordar el tema de la descentralización política es conveniente comenzar reformando la Ley 152 de 1994, ya que la CP estableció la elaboración de un plan de desarrollo y el congreso expidió una ley del plan de gobierno, que obliga a superponer a una misma comunidad municipal, tres planes de gobierno, uno encima de otro.

 f) Política de seguridad pública

§  La seguridad pública se asocia con la convivencia armónica y pacífica del conglomerado humano, disminuyendo hasta el más bajo nivel posible, el conflicto social.

§  La violencia tiene causas objetivas y subjetivas, que se nutren con factores estructurales y coyunturales, por lo cual una política consecuente debe contemplar acciones para el inmediato, el corto, el mediano y el largo plazo.

§  Mientras en Colombia no exista democracia participativa con descentralización política, todas las políticas de paz serán un fracaso.

§  La democracia participativa tiene piso jurídico por cuanto existen las normas legales para aplicarla, pero no se aplica. La descentralización política no tiene piso jurídico por lo cual es necesario reformar las leyes pertinentes para facilitar su implementación.

§  En la zona rural es necesario aplicar la gestión pública con enfoque territorial, transformando el enfoque sectorial existente, de conformidad con el Punto 1 del Acuerdo de la Habana. 

 f)       Política de equidad de género

§  Es necesario replantear la política de equidad de género, considerando que existe una diversidad de enfoques, expuestos por la multiplicidad de corrientes antropológicas, filosóficas, psicológicas y sociológicas existentes.

§  La división biológica entre géneros, establecida por la ley natural, debe tenerse en cuenta, considerando los atributos y dotación que cada género posee y su potencial en los campos de la actividad pública.

§  Los roles de cada género en el escenario público, deben tener coherencia con la dotación natural de atributos de cada uno. 

g)      Política de cultivos de uso ilícito

§  La causa del problema de los cultivos de uso ilícito es un motivo de mercado, por lo cual la solución del mismo no se debe atacar con medidas de política, sino con medidas de mercado.

§  La solución de mercado para los cultivos de uso ilícito, debe estar amarrada a la comercialización de todos los productos de economía campesina (minifundio)

§  La solución de fondo de comercialización, debe contemplar un componente de infraestructura a cargo del Estado y un componente de superestructura a cargo de los actores económicos. 

h)     Política anticorrupción

§  Se contemplan tres factores básicos que causan la corrupción en el escenario público: uno es cultural, otro es la privatización neoliberal de los bienes públicos y el otro es la ausencia del método científico en la administración pública por parte de los gobiernos.

§  Mientras no se aplique el método científico de la administración pública por parte del gobierno, bajar los niveles de corrupción es muy difícil.

§  Deben adoptarse políticas de largo plazo para combatir los factores culturales de la corrupción.

§  Mientras exista el modelo neoliberal, debe aplicarse mecanismos jurídicos para establecer que los bienes públicos sean exclusivamente de manejo por parte del Estado para bajar la corrupción.

EL DRAMA DE LA IZQUIERDA COLOMBIANA

Desde varios años atrás, pero con agravamiento después del pasado 21 de junio, el tema de la izquierda política colombiana ha estado en la boca de muchos actores de la vida social, política e institucional del país, comenzando con el interrogante sobre la caracterización precisa del término en el escenario político nacional. La pregunta generalizada ha sido, ¿qué es la izquierda? Porque el simplismo de la prensa en el ejercicio de su misión informativa, ha recurrido a usar indiscriminadamente el término, sin profundizar en el análisis histórico del mismo. 

No se sabe si ese concepto se inscribe en el marco de la lucha de clases del siglo XIX, o se relaciona con la confrontación entre capitalismo y socialismo del siglo XX, ambos casos, ya abandonados por la historia, ante la realidad presente en el tercer decenio del siglo XXI, cuando existe otra modalidad de capitalismo con sus particularidades en las relaciones sociales de producción y en las fuerzas productivas, con otro tipo de Estado y expresiones diversas en el régimen político, además de otros patrones ideológicos, esta vez condicionados a la cultura de la postmodernidad.  

De la misma manera, otros fenómenos sociales hacen protagonismo en este decenio, con formas de organización social que ya no se ajustan a las tradicionales burguesía y proletariado; el tema de los derechos que ha cogido mucha fuerza en el presente siglo y que ha gestado procesos sociales en campos temáticos diversos como el wokismo, el ambientalismo, la ideología de género, el feminismo, los movimientos étnicos y en general, elementos de la formación social, diferentes a los que ocurrieron hasta el año 2000. 

En todo ese contexto, la izquierda tuvo la oportunidad histórica de introducir un esquema de gestión pública capaz de aliviar los efectos del modelo neoliberal, que durante tres decenios había sembrado el descontento social y acumulado la energía humana acompañada por la descomposición social que deterioró las condiciones de vida común. Pero no supo aprovecharla; pues caso contrario hubiera triunfado el candidato que prometía continuar las políticas de esta misma corriente. 

Si bien el gobierno del cambio, como se le decía, no resultó lo esperado en materia de eficacia contra el neoliberalismo, tal vez porque le toco pagar el costo del aprendizaje y la sorpresa del triunfo en 2022, pero, principalmente, porque le faltó aplicar el ya viejo y trajinado concepto de estrategia, cayendo en un cúmulo de acciones sin columna vertebral, que terminó creando un desgaste fácilmente aprovechable por las fuerzas rivales. 

Pero más grave que los factores de gobierno como parte del fracaso, aunque a nadie le gusta reconocer que ha fracasado y siempre se consuela afirmando que perder es ganar un poco, lo cierto es que la llamada Derecha regresó al gobierno, para completar en la Rama Ejecutiva el faltante en su estructura de poder de Estado, la que nunca perdió. Más grave, como anoté, fueron los errores, también estratégicos, en la campaña, que cometió el presidente Petro, la cúpula del Pacto Histórico, la dirigencia de la campaña y el mismo candidato Cepeda. Desde hace miles de años, los militares inventaron el concepto de estrategia, que a mediados del siglo pasado fue introducido en la organización empresarial para atender asuntos de competencia y rivalidad en el mercado, que ahora tiene vigencia cuando se trata de rivalizar y competir, no para aumentar las ventas en el mercado, sino para aumentar el caudal de votos a favor, navegando en un mar turbulento por los bajos niveles de la cultura política reinante, donde poco juega la conciencia y el bien común y pesa más el interés individual y el beneficio material. 

El dogmatismo, la rigidez, el sectarismo, el aislacionismo, y otros patrones basados en el subjetivismo y la fidelidad a los principios tradicionales, que ya son anacrónicos frente a la realidad histórica presente, son los principales enemigos del enfoque estratégico para rivalizar y competir en el mercado electoral. La fidelidad y autenticidad más importante no debe ser con la propia cimentación ideológica, sino con los patrones mentales que determinan la conducta del elector, cuya decisión electoral se mueve más por la emotividad y el sentimiento cotidiano, que por los ideales de un discurso que no pasa de ser imaginario. El diario vivir es el principal motivo del comportamiento electoral; no importa su posición de clase social, sino los problemas que envuelven su hábitat y los medios a su alcance para solucionarlos. El hecho de ser pobre, no asegura el voto para la izquierda. 

Ahora esta corriente política inicia una nueva etapa con miras a las elecciones territoriales de 2027 y a la presidencial de 2030 que, según el péndulo electoral latinoamericano, elegirá un gobierno de tendencia diferente al recién elegido; pero todo depende de que la oposición designe el candidato y realice la praxis aprovechando el DOFA del mercado electoral. En todo caso, esta nueva etapa tiene el gran reto histórico del alistamiento del país para afrontar el postglobalismo, que se vendrá después del desplome total del modelo neoliberal que ya está dando los últimos estertores en USA y Europa y que ocasionará el coletazo en el sur global pocos años después del golpe final, tal como ocurrió hace un siglo por esta misma época.

La lección debe quedar aprendida para todos los grupos y movimientos que no están alineados con el neoliberalismo, el tecnofeudalismo o el neofascismo. Es necesario una organización sólida y cohesionada con fundamentos democráticos de partido político, pero, principalmente, con dirigentes competentes y consecuentes con la realidad histórica, además de pragmáticos y flexibles frente al escenario electoral. La Izquierda requiere definir con precisión y claridad concreta, cual es su proyecto político y cuál es la ruta futura de largo plazo para lograr los objetivos bien definidos. El momento para los dirigentes debe ser el de asimilar el aprendizaje y corregir los errores, o el de hacerse a un lado para refrescar el liderazgo y que nuevos agentes del activismo político asuman la dirección del proyecto para que de esa manera se pueda resolver el drama de la izquierda colombiana.