LA RUPTURA DEL REGIMEN POLITICO

 El régimen político es el conjunto de normas, instituciones y procesos sociales, mediante el cual se tiende un puente entre la sociedad y el Estado, para efecto de establecer los mecanismos que permitan a la base social, acceder a los organismos de toma de decisiones u organismos de poder. En la forma más elemental, la palabra política significa tomar decisiones, que, para el caso del conjunto social, se refieren a las decisiones sobre asuntos de interés general que competen a todos los individuos, es decir a los asuntos públicos. Es a través del régimen político, como el conglomerado accede al organismo que rige los procesos sociales, económicos e institucionales, con los cuales se logra la convivencia de la especie y la satisfacción de bien común.

     Se supone que, si el régimen político es un puente entre la sociedad y el Estado, su configuración y operación es neutral o inerte, si se quiere, por cuanto se limita a facilitar la transmisión de proposiciones, posturas e ideales de la sociedad, con base en las cuales se sustentan las decisiones que toma el organismo de poder. Así que, de la fluidez y transparencia del régimen, depende que las iniciativas de la comunidad se traduzcan en acciones del organismo de poder. Igualmente, dado su carácter de transmisor de iniciativas ciudadanas, el régimen debe tener condiciones de continuidad y trazabilidad, para que los requerimientos de la comunidad lleguen de manera precisa a su destino en los órganos de decisión.

     El régimen democrático, que se implantó en el siglo XVIII acompañando al Estado Moderno edificado por la burguesía de la época, se diseñó con inspiración en la democracia griega de la antigüedad AC. Tiene algunas modificaciones con relación a la fuente, pero conserva el propósito de la etimología de la palabra, aunque, históricamente, el contenido de su significado (demos y cratos) no se ha aplicado rigurosamente. Sin embargo, hasta lo conocido en la actualidad, con imperfecciones y todo, parece que este es el más conveniente para la organización social. Hoy se ha introducido otra variante al inicialmente creado hace más de dos siglos, la Democracia Representativa, introduciendo lo que se llama la Democracia Participativa o Democracia Semidirecta, por su acercamiento al concepto de los griegos de la antigüedad donde se llamaba Democracia Directa.

     La operación o funcionamiento del régimen, está altamente influenciada por los patrones ideológicos que rigen la conducta individual en el seno de la vida social, por lo cual se habla de la “cultura política”, que significa la existencia de normas de comportamiento de los individuos frente a los asuntos públicos, en los aspectos relacionados con el contacto entre ellos y los órganos de poder. Es una formación mental que viene desde la primera edad, de factores provenientes de la familia y el aparato educativo, con los cuales el ciudadano fija sus posturas frente a los temas inherentes al régimen político. Así que la organización social puede tener una cultura política más o menos adecuada a las conveniencias y necesidades públicas, la cual se manifiesta a través de las expresiones de la conciencia ciudadana.

     Dentro de los procesos sociales incluidos en el régimen político, se destacan dos principales: la organización de los ciudadanos y la participación en la designación de los miembros de los órganos de poder. En el primer caso, se supone que la organización se construye en torno un conjunto de posturas sobre los diferentes temas públicos, común a todos los miembros y constituyen el factor de homogeneidad que le otorga la cohesión al grupo. En el segundo caso, se supone que la participación es el mecanismo mediante el cual se difunden las posturas o plataforma política de la organización, para efecto de atraer simpatizantes y aglutinar ciudadanos que apoyen la elección de los aspirantes a los órganos de poder, con el propósito de que estos órganos adopten las propuestas programáticas de la organización. En consecuencia, el régimen político debe permitir la continuidad y transparencia de los contenidos a lo largo de todo el proceso, desde el origen en las necesidades y problemas de la comunidad, hasta la decisión de los organismo de poder, pasando por las etapas de conocimiento y análisis de los problemas, definición de alternativas de solución, formulación de propuestas políticas, difusión y adhesión masiva de ciudadanos, elección de agentes portadores de las propuestas e introducción y defensa de las propuestas en los órganos de decisión.

     No obstante, en la realidad colombiana no se observa la continuidad y encadenamiento de los eslabones del flujo que muestra el anterior esquema hipotético. El Régimen Democrático tiene sus propias particularidades, que han arraigado costumbres políticas y desvíos de los procesos respecto a la misión sociológica del conjunto. Tanto, que las características reales de los sistemas políticos que circulan en el régimen, se alejan substancialmente de la etimología de la palabra que lleva por título; lo cual se ha visto agravado con los acontecimientos ocurridos en las campañas electorales del año 2026, donde la presencia de los avances tecnológicos, ha permitido la introducción de prácticas contrarias a los principios sociológicos del proceso político, obligando a la reflexión profunda sobre sus implicaciones en el manejo del Estado y sus fines esenciales.

     Lo que se observó en el debate electoral del presente año, se aparta notoriamente de las costumbres y tradiciones y, por supuesto, de las normas jurídicas que sustentan el régimen, como es el caso del voto programático, que, si bien es cierto no es requisito legal para presidente, el programa es la base política para publicitar la campaña. Desde tiempo atrás se observaba que en los eventos electorales prevalecían factores diferentes a los programáticos, como por ejemplo el clientelismo, el constreñimiento electoral y la compra/venta de votos; pero en la elección del presidente en este año, lo que se aprecia es una ruptura total del régimen político. La cadena secular que sustenta conceptualmente el régimen y que le otorga legitimidad a la arquitectura del Estado, se ha fracturado separando claramente el proceso electoral, del proceso social con identidad política. Así, quedan dos escenarios de acción política, sin que haya sustento del uno con el otro. El pensamiento público de la ciudadanía y la plataforma programática de la organización, quedan por un lado y el escenario electoral donde actúa el ciudadano para elegir sus representantes, queda en otro lado; dejando en el medio, conductas electorales motivadas por el impulso y la reacción emocional, derivada de factores psicológicos, diferentes al raciocinio y el grado de conciencia frente a los asuntos públicos.

     Ahora, el proceso electoral circula en un escenario similar al del mercado. Un espacio donde se confrontan empresas electorales que compiten por el voto de los ciudadanos, cuya oferta no se basa en la propuesta política, sino en técnicas de marketing convencional: promoción, publicidad, penetración de mercados, manipulación de cerebros, posicionamiento mental del producto y la venta final que es el voto, el cual también conlleva gastos de transacción, a través de refrigerios, transporte y apoyo logístico en general. Es la mercantilización de la acción cívica del régimen político. 

     La principal causa de la ruptura en la cadena de valor público en el proceso electoral, es, sin duda, de carácter cultural. Antes de 1958 la ciudadanía acudía a las urnas motivada, al menos, por los colores rojo y azul; pero el Frente Nacional sembró el patrón mental de que la política es ocupar puestos en la burocracia y que los recursos del Estado son para satisfacer los intereses de los partidos que ocupan los cargos. De ahí en adelante, todo ha sido la evolución de la descomposición mental del deber ciudadano, hasta llegar a la situación en que está hoy, donde se presenta la ruptura total. Con ello surge el reto para las organizaciones políticas, de tomar medidas y aplicar correctivos que permitan ajustar los procesos a las nuevas condiciones electorales, adoptando mecanismos y procedimientos para enderezar el rumbo del régimen político y evitando que se distorsione más la misión del Estado, de tal manera que se logre enmendar la ruptura del régimen político.