domingo, 27 de julio de 2025

LA OTRA CARA DEL VALOR PÚBLICO

INTRODUCCION 

El valor público es un concepto que fue introducido en 1995 y durante los últimos quince años ha tomado relevancia en las esferas académica e institucional, cuando se trata de considerar la gestión pública, entendida esta como la actividad que realizan los organismos del Estado, principalmente de la Rama Administrativa. La propuesta surge en Estados Unidos, como la mayor parte de temas que se aplican en Latinoamérica, y, por supuesto, se refiere a las realidades que existen en ese país.

El presente artículo pretende mostrar otra alternativa sobre el concepto, respondiendo a las inquietudes epistemológicas surgidas a finales del siglo pasado con relación a la ciencia de la administración pública, las cuales fueron expuestas por diversos autores al referirse a los efectos de la ola privatizadora que se extendió con el establecimiento del modelo neoliberal.

Este es un documento de reflexión que propone una concepción objetiva sobre el valor público y lo asocia con los bienes públicos tomando estos, como el objeto de conocimiento de la ciencia en cuestión.

El artículo pretende hacer una contribución al debate, exponiendo algunos elementos de juicio, que puede ser aceptados o no, pero que de cualquier forma enriquecen el necesario debate que se debe realizar en una disciplina de conocimiento que, como esta, se encuentra en construcción todavía.

1.   SURGIMIENTO DEL VALOR PUBLICO

Finalizando el siglo pasado y en el marco del conjunto de elucubraciones que surgieron a raíz del traslado de los bienes públicos al mercado, menguando así el monopolio que este organismo tenía en el manejo de lo público, todas con referencia a los ajustes y novedades en la disciplina de la administración pública, tomó fuerza el concepto de valor público, a raíz del planteamiento de profesor de Harvard Mark Moore (1995) y a partir de ahí, la proliferación de escritos sobre la materia ha sido copiosa, convirtiendo ese el tema en aspecto relevante de la gestión pública durante lo que va corrido del siglo XXI, principalmente después de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, país donde surgen los paradigmas y conceptos en el marco de lo que se le ha denominado la escuela norteamericana y que luego se extienden a otros países principalmente de Latinoamérica. El enfoque parte del concepto de gobernanza, ya tratado anteriormente desde finales del siglo anterior, y dentro de este marco se introduce el concepto de valor público como instrumento útil para medir políticas, programas y servicios a cargo del Estado.

La gobernanza, si bien es cierto había sido contemplada desde el siglo XV en Francia, toma fuerza es en los años ochenta, paralelamente al establecimiento del modelo neoliberal y todos los cambios que introdujo en la administración pública, de modo que se convirtió en un nuevo paradigma, que considera una forma diferente de gobernar que destaca la cooperación, donde intervienen entidades estatales, organismos civiles, empresas privadas y en general, los actores sociales que convergen para formular e implementar políticas públicas. En este marco se inscribe el caso del valor público.

Entendiendo la propuesta de Moore (1998), el valor público consiste en que, los recursos del Estado deber ser utilizados para incrementa el valor, de la misma forma en que se crea valor en el sector privado; el cual debe ir más allá de medir los impactos monetarios y debe incluir beneficios sociales percibidos por los ciudadanos. En esa forma, se destacan tres aspectos a saber: i) la prestación de servicios, ii) los impactos sociales reales y iii) la conservación de la confianza y legitimidad de la entidad. Como se puede ver, la esencia de la propuesta es completamente coherente con la tradición de la escuela norteamericana desde comienzos del siglo XX, la de desarrollar las ideas y modelos de administración pública, alimentándose en las fuentes del paradigma privado, con la asimilación del manejo del Estado a las empresas privadas.

La idea de valor público encierra un aspecto a destacar, en lo que se refiere a la percepción del ciudadano sobre los beneficios, lo cual conlleva mayor profundidad en el análisis para precisar lo que se considera beneficio y lo que significa percepción, debido a la complejidad del conglomerado humano y a la diversidad de expectativas que existen en la ciudadanía, debido a la heterogeneidad de su conformación. Pero abre un campo de mucha importancia para la profundización del concepto de valor.

Lo cierto es que varios autores destacan que, el eje de la nueva gestión pública debe ser la creación del valor público, lo cual les corresponde a todos los gobiernos, como dice Walter Zegarra[i] y otros (2021) señalando que:

“Para crear valor público, a todos los gobiernos de turno les corresponde suministrar servicios públicos acorde a sus posibilidades, con beneficios y niveles de agrado para el poblador, es preciso conocer las insuficiencias de los protagonistas favorecidos para conseguir valorar los horizontes de agrado con la eficacia de los productos y servicios compensados que influya directa y positivamente en el valor público generado por los servicios dependientes de dichos entes públicos y según la nueva gestión pública, a todas las personas se les debe tratar como clientes, tal como lo realizan la mayoría de empresas con sus usuarios, existe una oferta y una demanda por satisfacer si hablamos de servicios públicos, con los recursos existentes, se facilitan esos servicios y prestaciones; caso contrario, se definirán otros con limitaciones, siempre al servicio de la población”(pág. 28)

También se han hecho aportes relacionados con los mecanismos de creación de valor público y ahí se ha señalado, la importancia del papel de quienes manejan los organismos del Estado; y concluyen que: cuatro flujos influyen en el surgimiento y desarrollo del valor público social. “Estos cuatro mecanismos se basan en (1) la utilidad prevista del servicio para los usuarios, (2) la práctica del liderazgo público en el contexto de los servicios públicos, (3) las prácticas de codiseño y cocreación centradas en el ser humano, y (4) la perspectiva del valor en uso desde la perspectiva del observador, es decir, en relación con los usuarios”. (Petri Virtanen & Harri Jalonen)[ii]

La creación de valor público se ha considerado como eje estratégico del fortalecimiento institucional y la innovación, según el planteamiento de Norberto Velásquez y Graciela Silva (2022), quienes han asegurado que “El Enfoque de Calidad Estatal propone una conceptualización de Calidad Estatal en relación con el impacto o resultado que una política o acción del Estado pueda generar, en términos de valor público” (pág.43) e igualmente han asegurado que:

“A su vez, el requerimiento de generación de valor público como resultado esperado en acciones estatales conceptualizadas como de calidad, implica una ampliación de la propia noción de acción estatal que ya no queda restringida a la producción de bienes y servicios, sino que abarca, además, las inversiones públicas realizadas, las regulaciones generadas y las transferencias dinerarias que provee el Estado”. (pág. 44)


Al valor público le atribuyen ser la característica fundamental de la gestión pública en el presente siglo, en tanto constituye la razón de ser de las políticas públicas, las cuales requieren de la participación social en el ciclo de las mismas, que incluye la formulación, la implementación y la ejecución, destacando que, en ambos casos, la participación es parte esencial del proceso. La participación se señala como aspecto fundamental para lograr la aceptación de los resultados de la política y la valoración por parte de los beneficiarios.  Dulfary Calderón (2020)[iii] señala que:

las políticas públicas no son la única herramienta con la cual el Estado hace visibles su gestión, pero es una de las pocas que permiten un constante monitoreo y seguimiento de los resultados, que parten de un reconocimiento de la participación ciudadana como elemento integrador y sinérgico de espacios, actores e instancias para una óptima administración” (pág. 75)

Por su parte, Jorge Isaac Torres[iv] anota que

“En ese orden de ideas, se tiene que el valor público no solo se constituye en un derecho, si no una obligación con quienes están a cargo de gestión pública, porque los mismos laboran con fondos públicos, los mismos que le pertenecen a la población y por ende deben estar orientados hacia ella en general y específicamente a los sectores más deprimidos y no a otros fines, menos aún, cuando los referidos “otros fines”, postergan y desnaturalizan la finalidad que abraza la función pública”.

Después de Moore son muchos los autores que han considerado el tema del valor público dentro de la esfera de la gestión pública, como lo anotaban Wilson Cifuentes y Crispiniano Duarte (2023)[v] resaltando que “no hay suficiente evidencia teórica y empírica sobre el tema y los vacíos permanecen”.

Para Cifuentes y Duarte Martínez,

“la creación de valor público ha recibido escasa atención en el campo académico, con limitados desarrollos teóricos y empíricos que permitan dar cuenta de los factores favorecedores de la creación de valor, su puesta en marcha de las diferentes corrientes de la gestión pública y la situación actual de este tema” (pág.4)

Ellos realizan una investigación bajo la metodología de revisión sistemática de literatura, sintetizando los hallazgos de la creación de valor público desde la perspectiva de los stakeholders y entre sus conclusiones consideran que los autores revisados en su investigación,

“reconocen la creación de valor público como un objetivo crítico para las administraciones que debe superar el enfoque tradicional de la gestión pública hacia el reconocimiento de elementos principales como los provistos por el NPM y el PNPM.[1] Asuntos como la colaboración, compromiso de los stakeholders, innovación, gobernanza e interacción emergen como factores fundamentales para la creación de valor público” (pág. 13)

La investigación introduce el enfoque de los stakeholders, que es un concepto esencialmente de la empresa privada, el cual hace referencia a las personas, grupos u organizaciones que afectan o son afectadas por las actividades de una organización, de modo que se asimila al nombre de partes interesadas. En las empresas, estos se relacionan con clientes, proveedores, gobierno, comunidad local, organizaciones civiles competidores, medios de comunicación, entre otros. Según el estudio citado, para el caso de los organismos del Estado, el valor público involucra “gobiernos, organizaciones públicas, organizaciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales, clientes, proveedores, gremios, asociaciones, ciudadanos y la sociedad en general” (pág.13), no obstante que según el enfoque sociológico y según la norma constitucional, los fines esenciales del Estado se refieren a la formación social en su conjunto, como una sola masa homogénea, a pesar de la heterogeneidad y diversidad que su interior encierra.

Pero lo que aquí queremos resaltar del artículo, más que el tema de los stakeholders, son las conclusiones sobre el valor público como las que señala que:

“existe una vasta aproximación a los conceptos de valor público que no provee claridad suficiente para entender el concepto en la administración pública por no contar con una conceptualización uniforme que plantee además la imposibilidad de separar el concepto de valor público del proceso requerido para su creación”. (pág. 15)

Lo mismo la afirmación de que “el valor público no tiene unificado un criterio en torno a su definición, y a pesar de existir una vasta literatura del concepto, esta no capta la esencia y amplitud de la gestión pública” (pág. 15).

Del examen superficial considerado en este aparte, sobre el tema de valor público se pueden sacar algunas conclusiones importantes:

§  Su origen en Estados Unidos lo enmarca dentro de lo que se le conoce como la Escuela Norteamericana de la administración pública, cuya característica principal es la asimilación con el paradigma privado. Toma como referencia el mercado y sus leyes, escenario donde operan las empresas privadas, y trata de incorporar al Estado los mismos patrones de análisis. Sin embargo, es necesario considerar que las condiciones de los bienes públicos en el seno del mercado no son idénticas a las de los bienes privados, debido a la alta dependencia, en los públicos, respecto a la ley de la naturaleza.

§  Para realizar el análisis en Colombia, es necesario considerar que los principales autores disponibles en la literatura sobre el tema, se refieren al país norteamericano, pero que en Colombia son diferentes: la constitución política, el régimen político, los sistemas políticos, la idiosincrasia, la arquitectura del Estado, las condiciones socioeconómicas, los rasgos culturales, la diversidad geográfica, las raíces históricas, el ordenamiento institucional, el servicio civil, la heterogeneidad social, el nivel de la organización social, la ética pública, la conciencia ciudadana, etc. De modo que no es razonable aplicar las pautas concebidas para la realidad del país del norte, al pie de la letra en Colombia, sin que se realicen los ajustes pertinentes a las condiciones específicas de este país del sur global.  

§  El tema está inscrito dentro de la disciplina de la Administración Pública, cuyas características epistemológicas se refieren al Estado como objeto de Estudio; lo cual, considerando que desde el siglo XVIII y hasta finales del siglo XX, este organismo era el único administrador de los bienes públicos; pero que ya en siglo XXI, estos están ubicados en el mercado y la administración de los mismos puede ser realizada indistintamente por entes estatales, privados o civiles.

§  No hay precisión en el concepto, entre, el proceso de construcción del valor público y el valor público ya creado. Cuando se refiere a las actividades de los funcionarios y a la cadena de valor que incluye insumos, procesos y producto, está haciendo referencia a la microgestión, que ocurre al interior de la organización operadora. Pero cuando se refiere a la aceptación, satisfacción y confianza de los beneficiarios, está haciendo referencia a la macrogestión y como tal, a los impactos que generan los procesos, ya en la comunidad.

§  El valor público se concentra en sujetos, ya sean dentro de entidades o fuera de ellas. Es un enfoque de examinar los actores como sujetos, que intervienen en la generación de valor o que intervienen en la recepción del mismo. Pero no existe un mecanismo de medición que permita unificar la forma de cuantificar la magnitud en cualquier lugar que esté, porque los factores contemplados, tanto en el proceso como en el impacto, son diversos.

§  La medición del valor público no cuenta con un método universal ni con las metodologías que permitan la cuantificación, ya sea del proceso de construcción de valor público en la esfera de microgestión, o de la magnitud del mismo en el impacto generado en las comunidades receptoras de este valor. Se podría hacer analogía con diversas técnicas existentes, pero no se percibe una concepción precisa y adecuada a los conceptos que se tratan en la aplicación de las ideas.

§  El enfoque del valor público se ha considerado como una fase superior a la propuesta de la Nueva Gestión Pública (NGP) y a la Post Nueva Gestión Pública, pero aún no se ha aclarado si de esta manera se resuelven los interrogantes y críticas surgida a finales del siglo anterior, a raíz del traslado de los bienes públicos al mercado, cuando desde la Universidad de Arizona se acuño el término del Estado Hueco. No es claro si de esta manera se supera la situación que fue considerada como de crisis de la ciencia de la administración pública.   

§  El caso del valor público sigue estando bajo la influencia del eurocentrismo y en el marco del colonialismo intelectual que impera en Colombia. Si bien es cierto que su origen lo inscribimos en la escuela norteamericana, esta es derivada de la cultura inglesa y su construcción fue elaborada sobre los principios del pensamiento europeo. Por otro lado, la idiosincrasia colombiana, derivada de sus raíces históricas de dependencia, está imbuida en la globalización cultural y sometida a los dictámenes del pensamiento extranjero, castrando así la posibilidad de crear un pensamiento autóctono.

2.   GENESIS DEL VALOR

Si bien es cierto que el tema del valor se ha revestido de novedosas connotaciones en el mundo contemporáneo, como ocurre con el valor público que entra en escena en el siglo XXI, o la axiología como rama de la filosofía que irrumpió a comienzos del siglo XX, la inquietud humana que encierra el concepto de valor, ha estado presente desde el origen mismo de la especie.  La conducta instintiva del humano, desde el comienzo, se vio en la necesidad de tomar decisiones sobre selección o escogencia de formas o medios para atender sus requerimientos, en esa época, los derivados de la ley de la naturaleza simplemente. Dice Miguel Bueno (1978) que “puede afirmarse que los primeros asomos de vida se ven acompañados por numerosos aspectos que en forma directa o indirecta conllevan la generaci6n del valor”[vi]

Desde que el individuo de la especie humana comenzó a utilizar la razón, previo a la toma de decisiones sobre actos o acciones, el objeto de su comportamiento ha estado impregnado con el criterio del valor, como argumento o juicio, que determina la selección o escogencia: se realiza un acto, siempre que el resultado del mismo tenga valor para el sujeto. La mente humana toma una decisión, a partir de la valoración de las alternativas sobre la acción a realizar, respecto a la situación o el objeto al que se le debe aplicar dicha acción.

Con el transcurrir del tiempo y paralelamente a la evolución de la especie, la actitud del individuo frente al valor, o sea el uso de la valoración frente a cada caso, también fue evolucionando, según las condiciones del entorno y el marco situacional que rodea al individuo. Pero siempre conservando las raíces del origen que se remite al “origen filogenético el cual coincide con el origen de la especie; en tal sentido indica el momento de mayor antigüedad donde entroncan las situaciones rudimentarias concomitantes al despunte prehistórico del género humano”. (Bueno 1978 pág. 28)

Bueno también nos indica que:

La noción más generalizada, la primera que sale al paso cuando se trata de esclarecer el significado filogenético del valor, es la que induce a señalarlo como algo necesario, mientras el sentido ontogenético, mucho más evolucionado que el anterior, lo exhibe como algo apetecible; de ahí parte el distingo establecido entre necesidades y deseos como hemisferios concomitantes de los intereses humanos. La comprensión integral del valor gira de este modo en la órbita de intereses cuyos dos poles son las necesidades y los deseos, apuntando a su resolución en los satisfactores respectivos.” (pág. 41)

Entra en juego entonces, el tema de los satisfactores, que la misma especie comenzó a producir y a desarrollar con el transcurrir del tiempo; los cuales superan la simple solución de la subsistencia, para ir diversificando las necesidades y deseos, que van requiriendo nuevos y más complejos satisfactores, todo según el tipo de formación social donde el individuo se desenvuelve. Al respecto señala el autor que:

“La infinita capacidad de invención que el ser humano desenvuelve a través del tiempo origina el progreso mediante el constante impulso que recorre desde las etapas rudimentarias del homo faber, hacia la madurez que apunta en el homo sapiens, para culminar en el superior estado que señalamos en el homo ludens; este es, para nosotros, el rey de la civilización, el triunfador en la vida, el hombre que trasciende la satisfacción de necesidades y deseos para jugar con ellos en calidad de elementos complementarios y suplementarios que le confieren el más amplio sentido de creación y delectación a la existencia”. (pág. 42)

Con el tiempo, el individuo superó la primera fase del “yo necesito”, para pasar a la fase del “yo quiero” y terminar, como en el presente, en la fase del “yo puedo”. Así que el juicio sobre las situaciones u objetos, que nació sobre el instinto de la pura ley natural, fue complementándose con factores de la misma producción mental, determinados por las condiciones del medio circundante o el entorno de vida del sujeto. Del comenzar a pensar, se pasa al comenzar a valorar, para sopesar las alternativas posibles y disponibles, de realizar la acción para dar gusto a su necesidad o su deseo.

Examinando la vida contemporánea a la luz de la axiología, se puede apreciar que es propósito convertir las necesidades en satisfacciones y los deseos en plenitudes, tratando de que la plenitud, sea la forma de lograr cabalmente la aspiración, ante lo cual dice que Bueno que:

“Requerir plenitud en la vida equivale a entenderla y sentirla como saturada de intereses, deseos y satisfacciones de toda índole. Para ello entran en juego los más diversificados elementos que inventa o descubre el ser humano, incluyendo los que percibe tal como son dados en la naturaleza y los que el mismo concibe en aras de la imaginación” (pág. 44)

Es un fenómeno subjetivo donde los satisfactores, como oferta, operan como producto de la capacidad de creación; aunque la demanda, derivada de la necesidad y el deseo, es de carácter universal e inherente a la especie biológica. Así que la valoración se concentra sobre los satisfactores, o sea en los medios con los cuales se colma la necesidad o el deseo, de modo que el valor está asociado al satisfactor y con ello las diferencias en los distintos grupos poblacionales ya sea geográficos, étnicos o socioeconómicos. No se podría entonces, medir el valor en un país de la misma manera como se mide en otro e igualmente, el valor en una generación y una época histórica, sería diferente al de otra. De la misma manera, habría que pensar que, lo que en momento contiene valor, en otro momento ya no lo tiene. Es decir, el valor es histórico.

3.   EL VALOR EN LA ECONOMÍA

El valor toma la forma más sobresaliente en materia económica, debido a que la economía, como proceso social, es el instrumento creado por la ley de la naturaleza, que empujó al instinto, para satisfacer las necesidades de la vida humana. Es decir, es en la economía donde se plasma con más certeza el tema del valor, ya que el papel asignado a la economía, por parte de la ley de la naturaleza, es el de crear y proveer de valores a todos y cada uno de los individuos de la especie humana. La razón de ser de la economía es la de generar y suministrar valores para conservar la especie viva sobre el globo terráqueo.

Segú lo señalan los escritos históricos realizados con base en las obras de Platón, fue en las ciudades Estado y por motivo de la especialización de los individuos en las diferentes labores para la vida en común, lo que ocasionó la necesidad del cambio, con lo cual se introdujo la esencia de la economía, vista como conjunto social, que es el cambio, más allá de la subsistencia individual realizada por el simple instituto natural. El cambio motivó a incluir el pensamiento humano, en la operación de subsistencia que antes era solo instintiva, lo cual impuso una dimensión más amplia a la ley natural llevando el fenómeno al conjunto social y con ello a la necesidad de establecer parámetros de cambio basados en la comparación de los valores o satisfactores que entran en juego en dicha operación. Lo que ocasionó el nacimiento de la economía, como sistema conjunto de la especie, y la introducción del pensamiento en la subsistencia, fue el cambio; y la esencia del cambio, fue la comparación de valores. Por eso el valor, donde más se destaca, es en la economía.

Según se deduce de los escritos de la antigua Grecia, la economía, como base de la formación social, que sobrepasa los alcances de la tribu inicialmente establecida, se funda sobre la división del trabajo y el cambio, por lo cual es ahí donde se introduce el valor como un elemento esencialmente económico, que sobrepasa el instituto y se rodea de factores derivados del pensamiento humano. De tal manera, que, desde entonces, el concepto de valor está ligado a los fenómenos económicos. Por eso es también en ese escenario, donde se complementan las ideas básicas a partir del pensamiento de Aristóteles, quien introdujo los conceptos de valor de uso y valor de cambio.

Varios siglos después en la historia económica, ya en época en que se volvió laico el pensamiento económico posterior a la dominación del pensamiento religioso, el tema del valor económico se reviste de importancia mayor, al entrar en el campo de las reflexiones, el tema de la acumulación de riqueza, cuya explicación ya no era suficiente a partir de los argumentos cristianos de la presencia de Dios. La acumulación de riqueza debería tener una explicación mundana; y su razón de ser debería estar en las realidades económicas.

Superada la idea de que la riqueza se deriva del comercio y el mecanismo se sustenta en comprar a menor precio para vender a un precio superior, el pensamiento económico se concentra en la creación del valor a partir de la producción. Es cuando llega William Petty (1623-1687) a quien le llamaron el fundador de la Economía Política y de quien dice Roll (1993)[vii] que el análisis de los impuestos y su incidencia por parte de Petty, cesa en su trabajo y “conduce a una teoría del valor” (pág. 106), la cual se encuentra, al decir de Roll, “en una breve digresión sobre la renta (de la tierra), que sigue a su teoría del impuesto sobre la misma, en un estudio del precio real y del precio político de las mercancías al final de su Treatise y en algunas observaciones sobre los salarios contenidas en su Political Anatomy of Ireland” (pág. 106). Petty decía que el promedio de los alimentos que un hombre adulto consume en un día y no lo que trabaja en un día, es la medida común del valor y deja sentada las bases de lo que más adelante constituyó la teoría del valor trabajo.


3.1.      Teoría objetiva del valor

Ya en vía de consolidación del modo de producción capitalista, cuya esencia es la producción industrial, con unas relaciones de producción basadas en la propiedad privada del factor capital y la compra de del factor trabajo a cambio de un salario, se destaca la Teoría del Valor-Trabajo, montada sobre las bases de Petty, pero profundizadas, en primer término, por Adams Smith, avanzadas por David Ricardo y complementadas por Carlos Marx, principalmente, o sea quienes hicieron los aportes más relevantes.

Según esta teoría, el valor reposa en el objeto mismo, que, para fines económicos, le denomina mercancía, en razón a su papel en el seno del mercado. Es decir, independientemente de su necesidad o uso, el valor está inmerso en la mercancía misma y depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. En tal sentido, la fuente de valor es el trabajo humano y es a partir de este, que se crea el valor, de modo que el valor del objeto depende de la cantidad de horas de trabajo incorporadas en su proceso de producción.

La Teoría del Valor-Trabajo es el producto más representativo del período clásico en la historia de la economía, que surge en una época donde el conocimiento hacía un esfuerzo por consolidar el método científico apartado del conocimiento ideológico, que durante varios siglos había estado concentrado bajo el amparo de la iglesia católica. El pensamiento laico había comenzado en las ciencias naturales, que luego se traslada a las ciencias sociales y, en el caso de la economía, propugnando por explicar la fuente de la riqueza y los factores que permiten la acumulación. En esa época, se destacan conceptos como el de “valor de uso” y “valor de cambio”; el concepto de trabajo productivo y trabajo improductivo; el de división del trabajo y especialización; el de renta, salario y precio, entre otros. Es relevante el concepto de plusvalía expuesto por Marx, que permite explicar la diferencia entre valor y precio y el proceso de acumulación de capital; el cual, más delante, es utilizado por otros autores como Paul Baran[viii] para desarrollar el concepto de Excedente Económico, muy utilizado para el análisis de la acumulación y el desarrollo capitalista.

En el enfoque marxista, se considera que el precio de una mercancía, está compuesto por el valor, que depende de las horas de trabajo incorporadas al producto, más un plusvalor, que también son horas de trabajo, pero que, según el autor, son trabajo no pagado. De ahí que el marxismo original considera que la descomposición de una mercancía, contiene el capital fijo, compuesto por los elementos físicos y materiales utilizados en la producción y que contienen trabajo acumulado, el capital variable, compuesto por los salarios, y la plusvalía cuya apropiación va directamente al propietario de medios de producción y que se realiza una vez el producto llegue al mercado para su consumo final y el comprador haya pagado el precio por el bien, para aprovechar el valor de uso del mismo. 


3.2.      Teoría subjetiva del valor

Por esa época, la separación entre sujeto y objeto era común en el pensamiento filosófico y, por supuesto, en el lenguaje corriente de la gente. De ahí que se le denominó teoría subjetiva, a la propuesta de que, el valor de un objeto, no estaba incrustado en objeto mismo, sino que dependía de la postura del sujeto y su apreciación frente al objeto, cuya valoración dependía esencialmente, de la cantidad disponible del objeto y de la magnitud de la necesidad, que el sujeto tuviera del mismo. El valor no es una medida absoluta sino relativa, según la capacidad para satisfacer el requerimiento de quien lo necesita.

El caso de la relación entre la necesidad sentida y la disponibilidad del satisfactor, ya había sido advertido desde la antigüedad; pero fue en el siglo XIX cuando este enfoque se formuló como teoría, siendo acuñada por los economistas Carl Menger, William Jevons y León Walras durante la mitad del siglo XIX y que constituye la esencia de la línea de doctrina económica que se le conoce como Escuela Austriaca. La utilidad y la escasez, son en este caso, los términos claves para determinar el valor económico, por lo cual se relieva la importancia de la última unidad disponible; pues si la necesidad ya ha sido satisfecha por otras unidades anteriores, la utilidad de la siguiente unidad es menor, por efecto de la complacencia, hasta que, al llegar a la saturación, la utilidad desaparece. De modo que lo importante es la última unidad que está a la mano. Y en cuanto a la disponibilidad, si hay escasez, la utilidad es mayor; y si hay abundancia, la utilidad es menor. Por ello, este paradigma también se le conoce como la teoría marginalista, porque concentra el análisis del valor en el caso de la unidad que está al margen o sea la última unidad. El análisis del valor en esta teoría es impreciso y totalmente relativo, por lo cual existen otros factores asociados al sujeto, que intervienen en la valoración de objeto, como es el caso de la cultura y demás aspectos ideológicos.

Para fines de la economía, la teoría subjetiva del valor está estrechamente asociada a la teoría del mercado, ya que es en ese escenario donde mayormente se requiere el análisis del valor y, principalmente, la construcción de los precios. En materia de teoría del mercado lo más importante no es el valor sino el precio, el cual permite la manifestación monetaria y con ello la medición requerida para el manejo y control de los procesos económicos. Por eso, el concepto dice que, el precio de un producto, se forma según la igualdad entre el costo marginal y la utilidad marginal, cuyas mediciones son abstractas y escazas de herramientas metodológicas que permitan el uso común de los conceptos. Así que el valor del objeto no está en el objeto mismo, sino que depende de la situación del sujeto que lo va a utilizar.


3.3.      OTROS ENFOQUES DE LA TEORIA DEL VALOR

§  Teoría intrínseca del valor

No se refiere exactamente al valor económico sino al valor filosófico contemplado en la axiología. Este enfoque trata de reconocer lo que el objeto tiene "en sí mismo", o "por sí mismo" o "por derecho propio". Es un concepto que no se refiere a lo físico sino al uso que tiene o su finalidad. Este valor no es físico y por lo tanto no depende de las características fácticas del objeto sino de las propiedades del mismo.

En este enfoque, el valor se crea a través de la actitud de los evaluadores o de juicios que son esencialmente morales y totalmente subjetivos porque dependen del parecer del sujeto, aunque para su determinación se requiere de factores reales que están disponibles en el medio o entorno donde opera. Se asocia a la formación de los precios hedónicos de los objetos y a la valoración intangible de la economía.

§  Teoría monetaria del valor

El economista John Milios (2003) defiende una teoría monetaria del valor, donde

"El dinero es la forma necesaria de aparición del valor (y del capital) en el sentido de que los precios constituyen la única forma de aparición del valor de los productos básicos Según este análisis, cuando el dinero incorpora la producción en su circulación, funciona como el capital que implementa la relación capitalista y la explotación de la fuerza de trabajo constituye el presupuesto real para esta incorporación”. (Wikipedia)

§  Teoría del valor del poder

Los economistas institucionales radicales Jonathan Nitzan y Shimshon Bichler (2009) argumentan que nunca fue posible separar la economía de la política.

“Esta separación es necesaria para permitir que la economía neoclásica base su teoría en el valor de la utilidad y para que los marxistas basen la teoría del valor en el trabajo abstracto cuantificado. En lugar de una teoría del valor de utilidad (como la economía neoclásica) o una teoría del valor de la mano de obra (como se encuentra en la economía marxista), Nitzan y Bichler proponen una teoría del valor del poder. La estructura de los precios tiene poco que ver con la llamada esfera "material" de la producción y el consumo. La cuantificación del poder en los precios no es la consecuencia de leyes externas, ya sean naturales o históricas, sino completamente de mecanismos internos a la sociedad”. (Wikipedia)

4.   EL VALOR EN EL CAMPO ESPIRITUAL

La espiritualidad es un concepto amplio y complejo que va más allá de lo físico y material y hace referencia a los aspectos profundos de la vida en conexión con la mente humana y los factores psicológicos que intervienen en el comportamiento cotidiano del ser humano. 

En este campo se destaca el enfoque de la filosofía, donde tiene relevancia los planteamientos de Aristóteles, quien, a pesar de la antigüedad, ha sido citado por muchos autores y la psicología tiene en cuenta esos fundamentos en el desarrollo de varios de sus postulados. Citando la fuente de actualidad en la IA, se toma la referencia de este personaje para examinar de manera suscinta las apreciaciones sobre el valor en el campo espiritual.

Parafraseando la fuente, se encuentra que el concepto de valor está intrínsecamente ligado a la idea de felicidad (eudaimonia) y virtud (areté). Para Aristóteles, el valor de algo reside en su capacidad para contribuir al logro de la felicidad, que considera el fin último de la vida humana, es decir, va más allá de las necesidades y deseo y entra en al caso de los estados emocionales, agregando que las virtudes, tanto éticas (relacionadas con la conducta) como dianoéticas (relacionadas con el intelecto), son los caminos para alcanzar esa felicidad.

Aristóteles considera algunos puntos clave cuando hace referencia al valor como vemos en los siguientes:

Felicidad como fin último: Aristóteles concebía la felicidad no como un estado pasajero, sino como una actividad continua y virtuosa a lo largo de la vida.

Virtud como camino: La virtud, tanto ética como intelectual, es esencial para la felicidad. La virtud ética implica el dominio de las pasiones y la búsqueda del punto medio entre los extremos (por ejemplo, la valentía entre la temeridad y la cobardía).

Importancia de la prudencia: La prudencia (phronesis) es una virtud dianoética clave que permite a la razón guiar la acción virtuosa. Es la capacidad de discernir el curso de acción correcto en cada situación.

Valor de las acciones: Las acciones humanas, para Aristóteles, tienen valor en la medida en que contribuyen a la felicidad. Las acciones virtuosas son valiosas porque nos acercan a ese fin.

Valor de las cosas: Las cosas tienen valor en la medida en que nos ayudan a vivir una vida virtuosa y, por lo tanto, feliz. Esto puede incluir bienes materiales, relaciones sociales, y conocimientos.

Valor intrínseco: Aristóteles también consideraba que algunas cosas tenían un valor intrínseco, como la amistad y la contemplación, que son valiosas en sí mismas y no solo por sus consecuencias.

Según este filósofo, el valor asociado a la felicidad, tendría una medida en términos de las sensaciones y los estados emocionales, siendo por ello un elemento psicológico ligado a la condición mental. Es decir, el valor sería un elemento subjetivo pero involuntario; pues estaría localizado en la mente humana, pero se escapa de la razón y el pensamiento voluntario del sujeto. Serían otros factores, probablemente derivados del entorno, los que determinarían la medida del valor.

5.   OBJETIVIZACIÓN DEL VALOR PÚBLICO

5.1.      El concepto de valor público

La situación descrita en el punto 1 de este artículo, referente a las imprecisiones del concepto de valor público y los vacíos que deja el enfoque tradicional basado en la propuesta de Moore (1995) y analizado por Cifuentes y Duarte, donde falta claridad sobre la ubicación en la microgestión o la macrogestión, confusión entre el procesos de construcción y el resultado del mismo que se traduce en impactos; poca claridad en si se refiere a los servidores públicos o los medios con los cuales se realiza el servicio; o si se trata de los escenarios de la relación Estado-sociedad, nos evoca los planteamientos de José Juan Sánchez (2001)[ix] cuando en el capítulo VII trata los “nudos históricos de la administración pública”, donde dice que:

“En este doble proceso de conformación -estudio del objeto (materia) y objeto de estudio (disciplina)- en el que la Administración Pública se ha desarrollado históricamente, existen por lo menos seis "nudos históricos" -el epistemológico, el científico, el interdisciplinario, el jurídico, el político y el administrativo- que al mismo tiempo que la nutren y la revitalizan con aportaciones a su campo de estudio, le han impedido constituirse como una ciencia plena, autónoma e independiente. La Administración Pública en su

desarrollo teórico y conceptual se encuentra enredada con estos nudos. En la medida que los "nudos históricos" puedan ser destrabados y superados con investigaciones creativas e innovadoras, nuestra disciplina de estudio podrá consolidarse como ciencia en el nuevo milenio.” (pág. 253)

En este artículo, se destaca que el concepto de valor público se inspira en el sector privado y se asemeja a los procesos empresariales de este sector; y no precisamente, en los bienes públicos, que es lo que se trata de examinar. Sánchez en su obra destaca que los nudos críticos se presentan en los dos campos identificados donde está, por un lado, el objeto de estudio y por el otro, el estudio del objeto. Sánchez considera que los nudos: epistemológico, científico e interdisciplinario, hacen parte del estudio del objeto; y que los nudos: jurídico, político y administrativo, hacen parte del objeto de estudio (pág. 255). Y en las partes finales de su obra, Sánchez señala que:

“La Administración Pública requiere de un nuevo paradigma que recupere la verdadera naturaleza y dimensión teórica de la disciplina. Los falsos paradigmas no pueden continuar prevaleciendo en el campo de estudio; ya fueron causantes del retraso en la construcción de una teoría central de la administración pública y en la búsqueda de su carácter científico”. (pág. 288)

Acogiendo la recomendación de Sánchez, Cerón (2025)[x] presenta una propuesta donde plantea resolver los nudos, principalmente el epistemológico, haciendo un cambio en el objeto de estudio y reubicando el papel del Estado en el proceso. Para Cerón, el objeto de estudio de esa ciencia debe ser “los bienes públicos” y el Estado debe ser un “sujeto de conocimiento”. Los bienes en el objeto, retomando el concepto de “bien” de la teoría del mercado, que agrupa los tangibles (bienes) y los intangibles (servicios), sobre la base del traslado de lo público, desde el Estado hasta el mercado, como producto del capitalismo neoliberal.

La inquietud sobre si es arte o es ciencia, que estuvo en el debate de aquella época por motivo de la confrontación entre el saber y el hacer, que en administración pública es muy importante porque en esta ciencia, no es suficiente con el conocer, sino que se requiere la intervención sobre la realidad conocida, debido a la importancia para la humanidad de los problemas y necesidades públicas, se resuelve, la inquietud, con la asignación al Estado, del papel de sujeto, con la mayor responsabilidad para intervenir, o sea de aplicar el hacer, sobre la realidad de los bienes públicos; donde, además del Estado, también son sujetos las empresas privadas y las sociedades civiles, quienes también pueden intervenir es el manejo de los bienes públicos. En este enfoque, la preocupación que se presenta en la dualidad del conocer y el hacer, es porque el hacer o realizar, está a cargo del gobierno; y este, está amarrado el régimen político, que pone las condiciones para la intervención sobre los bienes públicos.

En este caso, donde el objeto de conocimiento y de acción son los bienes públicos, el valor público se refiere a este objeto. Es decidir, el valor público está en los bienes públicos y no en el Estado; ni en los servidores públicos, ni en los escenarios que permiten la relación Estado-sociedad. Igualmente, cuando se trata de procesos de producción privada o civil de bienes públicos, el valor público está en los objetos y no en los sujetos productores o prestadores de los servicios, que en este caso serían personas del mundo particular. Para el autor, los bienes públicos con los objetos tangibles o intangibles que transportan en su interior satisfactores de las necesidades humanas creadas por la ley de la naturaleza.

Retomando esta apreciación, es decir que el objeto de estudio e intervención son los bienes públicos así definidos, el valor público se refiere a estos bienes, donde la magnitud del valor está asociada a la capacidad de satisfacer la necesidad humana. Hay mayor valor público donde se presenta mayor grado de satisfacción de la necesidad humana. En este caso solo hay una alternativa concreta y precisa, sobre el lugar donde se ubica el valor público; resolviendo así, el interrogante: si está en el proceso, o está en el producto. Aquí el valor público está en el producto con el cual se genera el impacto, que se mide por la satisfacción de la necesidad humana.

Con ello queda claro qué el valor público, se refiere a la cantidad y cualidad de los bienes públicos producidos mediante los procesos operativos de las organizaciones, ya sean estatales, privadas o civiles. No solamente los organismos del Estado producen valor público, sino también las empresas privadas y las organizaciones civiles, siempre que, cualquiera de ellas, entregue al mercado bienes públicos. Al mercado, porque los bienes públicos están ubicados en el escenario del mercado desde que se estableció el capitalismo neoliberal. Inclusive, los que ofrece directamente el Estado, lo hace mediante subsidios a la demanda, es decir los estratos de ingresos más bajos que no disponen de recursos para adquirir los bienes públicos, reciben el apoyo del Estado, que les adjudica un subsidio, con el cual el beneficiario adquiere el bien en el mercado, utilizando el subsidio como parte del pago.

En el caso de esta propuesta, que contiene un cambio de paradigma, la disciplina de conocimiento se denomina Ciencia de Administración de lo Público; y la disciplina tradicional, que desde hace dos siglos se dedica a estudiar el Estado en su interior, se denomina Ciencia de la Administración del Estado, que tendría parentesco cercano con la “Administración Científica” creada para las empresas privadas a comienzos del siglo XX y en general, con la teoría de las organizaciones donde se destacan varios autores.

Hablar sobre la obligación de crear valor público significa generar productos y servicios en cantidad y calidad apropiada a las necesidades y problemas de la comunidad. Los bienes públicos son los de interés general que competen a todos los individuos de la especie, de modo que el valor público está asociado a estos bienes y no a los actores ni a los medios que intervienen en su producción; por lo tanto, el mérito del valor público está inmerso en los satisfactores intrínsecos a los bienes, es decir en el objeto, independientemente de los atributos y cualidades del sujeto. Por supuesto, la cantidad y calidad de valor intrínseco a los bienes públicos, depende de las especificidades y condiciones con que se realice el proceso de producción, el cual conlleva talento humano y recursos físico, materiales y tecnológicos de cuya combinación depende la magnitud y calidad del producto o sea del valor público incorporado.

Los organismos y empresas cuentan con el sistema operativo, diseñado con base en procesos, dentro del cual se ejecuta la cadena de valor integrada por insumos, actividades, resultado y productos; cuya aplicación en la población objetivo (target), genera un impacto que significa satisfacción de necesidades y solución de problemas públicos. Es decir, problemas que son sociales, pero que también son públicos, porque también hay problemas sociales de gran magnitud, pero que son de carácter privado.

En síntesis, el valor público es la magnitud de la capacidad de los bienes públicos disponibles, para satisfacer necesidades humanas y solucionar problemas comunes a toda la población. Los bienes públicos son los productos y servicios que transportan en su interior satisfactores de necesidades humanas creadas por la ley de la naturaleza.

5.2. La medición del valor público

El componente cuantitativo es muy importante y necesario en el método de conocimiento, por lo cual la medición del valor público se convierte en asunto de especial significado. Pero, como lo han señalado varios autores en diferentes escritos, el desarrollo de las matemáticas como herramienta para abordar el tema, todavía se encuentra en niveles incipientes.

Hay que reconocer la necesidad de realizar investigaciones más detalladas, que permitan fortalecer la aritmética necesaria para acompañar el componente conceptual y facilitar el conocimiento debidamente cuantificado, de modo que se permitan las comparaciones y la valoración adecuada para sacar conclusiones y establecer la veracidad sobre la realidad del valor público. Pero, por ahora, es conveniente iniciar el intento de adoptar un enfoque de medición, que debe ir avanzando con el tiempo, hasta lograr la construcción de las herramientas apropiadas al propósito.

No es fácil adoptar una métrica para el valor público, que en términos absolutos precise la unidad de medida, como existe en la física para los cuerpos y fenómenos. No se ha establecido la unidad que permita calcular la magnitud del valor público. Pero recurriendo a la teoría económica, que utiliza la medición con fines de cambio y para ello ha establecido la unidad monetaria, con la cual se sacan las equivalencias para la diversidad de bienes, se puede utilizar también la unidad monetaria para precisar la magnitud del valor; ello permitiría, además, realizar comparaciones para tomar decisiones en la fase del hacer o la intervención sobre los bienes públicos. Quiere decir que, para efecto de introducir la medición del valor público, los términos monetarios presentan conveniencias importantes.

Si se coloca la medición del valor público en términos económicos, quiere decir que el asunto debe ubicarse en el seno del mercado, en razón a que este es el mecanismo con el cual funciona el sistema económico y lugar donde, de paso, se encuentran ubicados los bienes públicos, por designio del modelo neoliberal que hoy impera en el mundo occidental en el marco del globalismo. Aquí, en la teoría económica, se encuentra definido el concepto de los bienes públicos, los cuales están caracterizados por dos propiedades fundamentales de las cuales dice Azqueta (1994)[xi]

No exclusión: lo que quiere decir que cuando el bien en cuestión se ofrece a una persona, se ofrece a todas. En otras palabras, no puede excluirse a nadie de su disfrute, aunque no pague por ello: lo que indica que el coste marginal de ofrecérselo a una persona adicional es cero. Los bienes públicos no pueden ser relacionados, por tanto, a través del sistema de precios.

No rivalidad en el consumo: cuando alguien consume el bien, lo disfruta o lo sufre, no reduce el consumo potencial de los demás. En otras palabras, el hecho de consumir el bien no reduce su disponibilidad” (pág. 5)

De acuerdo al enfoque planteado en este artículo, igualmente, el valor público se refiere a este tipo de bienes o sea a los que cumplen las dos propiedades anotadas; y la valoración, igualmente, se refiere a la medición de la magnitud de ellos, que, como se acaba de anotar, se realiza con la unidad monetaria como factor de medida. El caso, por lo tanto, se enmarca dentro de la dicotomía valor-precio, en tanto los bienes públicos tienen valor, pero muchos de ellos, los que no están privatizados, no tienen precio. Pero la unidad monetaria siempre se refiere a la teoría de los precios, que es más común en la teoría subjetiva del valor económico. Es decir, es necesario establecer las equivalencias en términos de precios para efecto de precisar la magnitud del valor; lo que facilita la comparación con los bienes privados los cuales tienen precio, porque circulan en el mercado tradicional.

En la teoría económica ortodoxa, la que gira en torno a la teoría de los precios y por ende en los conceptos asociados al mercado, el tema se trata dentro de la llamada “economía del bienestar”, donde, este, se asimila a la utilidad que el bien ofrece y que se mide con el consumo. Esta teoría no se puede tomar al pie de la letra, porque ella fue creada pensando en los bienes privados, los que históricamente, han circulado en el mercado. Los bienes públicos entran al mercado, pero ya después de 1980, cuando se instauró el modelo neoliberal. No obstante, considerando la carencia de un paradigma propio sobre medición de los bienes públicos, la analogía es un inicio que puede ir abriendo caminos hacia la construcción del método más adecuado.  

Dadas estas consideraciones, la analogía entre bienes públicos y bienes ambientales es procedente, ya que estos últimos son públicos y pueden asimilarse a los bienes públicos que no están dentro de lo ambientales. Esto, como se anotó, mientras se construye un método propio de valoración de los bienes públicos.

Recurriendo a las alternativas disponibles en la literatura existente y en los usos institucionales de la técnica, se encuentra bajo el título de “economía ambiental”, un recurso metodológico, que bien puede extenderse y generalizarse para el valor público, en razón del carácter público que tienen los fenómenos ambientales, comenzando por los recursos naturales que, por su misma esencia, son públicos, aunque algunos se hayan privatizado. La génesis de lo público se ubica en la ley de la naturaleza y por fundamento, los bienes de origen natural contienen satisfactores de necesidades creadas por la misma naturaleza, lo que constituye la definición de lo público (Cerón 2023). Las tres alternativas que se contemplan en esta reflexión, son los métodos: de los costos inducidos o evitados, de los precios hedónicos y de la valoración contingente. 

a)    El método de los costos evitados o costos inducidos

Para la comprensión de este método, dice Azqueta (1994) que, para el efecto, “se hace necesario, en primer lugar, conocer cómo afecta el cambio en la calidad del bien público, al rendimiento de los demás factores en la producción del bien privado” (pág. 76) ya que los bienes públicos no tienen mercado, si no están privatizados; pero “el hecho de carecer de mercado no impide que los bienes ambientales estén relacionados con bienes que sí lo tienen” (pág.75), lo cual se puede similar para todos los bienes públicos. Es decir, el método se basa en considerar las equivalencias de un bien que no tiene mercado, respecto a otro bien que, si lo tiene, como es el caso de los bienes privados. Los bienes privados y públicos, no se refieren a la propiedad del mismo, sino a su carácter, derivado del origen de la necesidad a la que le apunta el satisfactor que contine.

La valoración comparativa se refiere a: considerar el beneficio que genera el bien público, medido en términos relativos, respecto a otro bien privado, cuya valoración se realiza utilizando el precio. Es decir, calcular el beneficio en cifras monetarias, utilizando los precios de otro bien equivalente. El argumento se basa en que, siempre, la creación de un bien público, ocasiona aumento de ingresos a otro bien privado; o, alternativamente, ocasiona disminución de costos a otro bien privado; o ambas cosas a privados diferentes.

El procedimiento consiste en medir el aumento de ingresos o disminución de costo en el bien ya conocido, el que sí tiene mercado, como consecuencia de haber generado el bien público, para efecto de atribuir dicha variación, al surgimiento del bien público. Es decir, si no se hubiera creado el bien público, no se hubiera producido el cambio de ingreso o costo, en el otro bien. Es una medición indirecta equivalente, pero con lazos en la relación causa-efecto, derivados de que es por causa del bien público, que se produce la alteración de los ingresos o costos del bien privado. Es medir los beneficios del bien público, en términos de los efectos ocurridos en el bien privado.

Por supuesto que, como este es un método para medir la calidad ambiental, no es posible aplicarlo de manera exacta en la medición del valor público; pero es un método sustentado en la teoría económica que puede ser adaptado en el caso que nos atañe. La base filosófica de la medición es procedente; y más aún, cuando se trata de bienes ambientales que, como se dijo, son bienes públicos. Se trata de realizar los ajustes y validaciones pertinentes, para adoptar una metodología de medición del valor público, basada en el método de los costos evitados o costos inducidos.

b)   El método de los precios hedónicos

Otro de los métodos presentados por Azqueta (1994) se refiere los precios hedónicos, los cuales se ajustan más claramente, al tema del valor espiritual, tratado en punto 4 de este artículo; y que, en el campo económico, se refiere a la descomposición de un bien en los atributos que lo conforman, para examinar el valor de cada uno de ellos, de modo que todos en conjunto contribuyen a la fijación del precio del bien.

Es un análisis que parte de la idea de que los bienes y servicios contienen un conjunto de atributos que satisfacen necesidades de los consumidores, y por lo tanto cada atributo tiene un precio, de modo que, al sumarlos, determinan el precio total del bien. En lugar de analizar el precio de un bien en su totalidad, se descompone para identificar el valor de cada uno de sus atributos. Esa sumatoria de precios de los atributos constituye el precio hedónico.

El precio hedónico no es igual al precio de mercado, porque los factores determinantes del mismo son diferentes: en el mercado opera el sistema de precios mientras que en el precio hedónico operan factores subjetivos. Dice Azqueta (1994), refiriéndose al valor de uso de la escuela clásica, que “muchos bienes no tienen un único valor de uso, no satisfacen una única necesidad humana, sino que son bienes multiatributo: satisfacen varias necesidades al mismo tiempo” (pág. 131). Continua el autor señalando que:

“los llamados precios hedónicos intentan, precisamente, descubrir todos los atributos del bien que explican su precio, y discriminar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. Atribuir, en otras palabras, a cada característica del bien, su precio implícito: la disposición marginal a pagar de la persona por una unidad adicional de la misma” (pág. 132)

Este método, como es evidente, tiene su grado de complejidad y las metodologías para su aplicación son diversas, además que requieren de cierto ingenio en su aplicación, en razón a las particularidades de cada caso. La dificultad está en la valoración en términos monetarios de cada uno de los atributos incorporados al bien y reconocidos por el usuario, en este caso, del bien público. Es de suponer que los bienes públicos cuentan con atributos diversos, múltiples valores de uso, de modo que se trataría de estimar el valor en cada uno de ellos; y, además, expresar dicho valor en términos monetarios o sea en términos de precio. Según el autor, este sería un análisis marginal, lo que implica tener en cuenta la disponibilidad del bien y el grado de satisfacción del usuario ya recibido en las unidades anteriores. Por lo tanto, entra en juego la teoría de la utilidad marginal, por una parte y la oferta marginal por la otra.

La aplicación de este método significa realizar un estudio particular en cada caso y con base en la población objetivo del bien público; porque cada población tiene sus propios criterios para valorar cuantitativamente cada atributo del bien y convertir esta magnitud en cifras monetarias. Se requiere disponer de referentes que suministren cifras monetarias, para hacer las comparaciones y sacar las equivalencias a partir de las apreciaciones de los propios beneficiarios del bien público.

Lógicamente, no es un método creado para medir el valor público, sino que es un método que tienen un trasfondo utilizable, por lo cual requiere realizar los ajustes y adaptaciones pertinentes, pero, como ya se anotó, es una alternativa útil mientras existe la aritmética propia de medición del valor público.

c)    El método de la valoración contingente

Este es un método directo de valoración ambiental que, como se ha dicho, puede aplicarse en lo fundamental, para calcular el valor público, en razón a la similitud de los bienes ambientales con los bienes públicos.

Dice Azqueta (1994) que:

“los métodos englobados bajo la denominación de valoración contingente, intentan, como decimos, averiguar la valoración que otorgan las personas a los cambios en el bienestar que les produce la modificación en las condiciones de la oferta de un bien ambiental, a través de la pregunta directa. El hecho de que la valoración finalmente obtenida dependa de la opinión expresada por la persona, a partir de la información recibida, es lo que explica el nombre que se le da a estos métodos” (pág. 158).

Sobre el procedimiento que conlleva la metodología, dice el autor que:

“El mecanismo más simple para averiguar cómo valora la persona el cambio en el bienestar que se necesita conocer es, sencillamente, preguntándoselo. De ahí que el vehículo normal en todos estos métodos sean las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios, etc.” (pág. 159)

En este método, igualmente, también es necesario disponer de un referente para hacer la comparación y poder hacer la conversión de valor a precio. Si bien es cierto, es el mismo beneficiario quien determina el monto de la valoración, este necesita contar con una cifra con la cual compara el monto sobre el que se le está indagando. En todos los casos y como en los anteriores, este es un esquema que puede ser útil para construir un método apropiado a la medición del valor público lo cual implica tratar cada caso concreto con los instrumentos metodológicos adecuados.

En resumen, con base en los métodos de valoración que presenta la teoría de la economía ambiental, se puede asimilar una forma de medir el valor público considerando la similitud de los bienes públicos con los bienes ambientales, que son esencialmente públicos. La primera consideración es que el valor público, se ubica en el objeto de conocimiento y no en el sujeto, en este caso, en los bienes públicos; cuya medición se puede realizar de tres maneras:

§  Cuantificando en términos monetarios o de precios, la magnitud del beneficio que genera el bien público, la cual se manifiesta mediante el aumento de ingresos o disminución de costos en la producción de otro bien de carácter privado; o sea, en uno que sí tiene mercado. (costos inducidos o sustituidos)

§  Descomponiendo el bien público en sus atributos parciales que lo integran y aplicando la valoración subjetiva, en comparación con otros bienes cuyos precios son conocidos y que son representativos de los satisfactores que genera el bien público. (precios hedónicos)

§  Consultando a la población objetivo sobre su disposición a pagar por el bien público en términos monetarios, considerando alternativas de satisfactores que ya tengan precios en el mercado. (valoración contingente)

6.   ALCANCES DEL VALOR PÚBLICO

Partiendo de la base de que el valor público está ubicado en el objeto y concretamente en los bienes públicos, el uso de este concepto puede ser diverso en el campo de la gestión pública. Aquí se contemplan como ejemplo, dos casos donde, utilizando los métodos de valoración ya señalados, se realiza la aplicación del valor público. Uno es en la evaluación exante socioeconómica de proyectos y la otra en el sistema de valorización como mecanismo para financiar obras de infraestructura pública.


6.1.            La Evaluación socioeconómica de proyectos

En la evaluación exante se busca identificar el resultado esperado con la ejecución del proyecto, medido este en términos de la diferencia entre los egresos o costos del proyecto y los ingresos generados por el mismo. Comúnmente, para el efecto se utilizan indicadores de carácter financiero con los cuales se comparan los ingresos con los egresos para conocer el saldo, el cual, para que el proyecto sea viable, debe ser positivo o favorable.

§  Tres (3) indicadores son comunes con este fin:

-          Valor presente neto

-          Tasa interna de retorno

-          Relación costo beneficio

§  En los tres indicadores es necesario introducir dos (2) variables: ingreso y egresos

§  En los tres indicadores es necesario elaborar la proyección de ingresos y egresos con el horizonte de la vida útil del proyecto, o hasta un tiempo determinado, a discreción del proyectista, para lo cual se actualizan las cifras al precio equivalente de un mismo año con el fin de homogeneizar la unidad monetaria

§  Los ingresos se estiman considerando las ventas según cantidades y precios proyectadas para cada año.

§  Los ingresos o entradas, se calculan multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario.

§  La evaluación exante del proyecto, que se basa en la teoría del bienestar, considera el consumo como un sinónimo de bienestar y de ahí se desprende el beneficio económico o social del proyecto para fines de establecer la viabilidad del mismo.

§  La metodología fue diseñada para proyectos privados, cuya decisión de realización depende de la voluntad de los inversionistas, que a la vez está condicionada a las expectativas sobre resultados financieros.

El método de evaluación se trasladó a los proyectos públicos, la mayoría de carácter social, aunque también se encuentran los ambientales y los institucionales. Pero en cualquier carácter, estos proyectos no están concebidos para realizar ventas en el mercado sino para producir beneficios a la comunidad.

Los proyectos públicos también deben ser evaluados exante, con fines de racionalidad fiscal, pero no se dispone de técnicas de evaluación diferentes a las que existen para los proyectos privados, de modo que es necesario reemplazar la variable de ingresos (ventas) con la variable de beneficios, derivada del volumen de satisfactores que genera el proyecto y que se orienta a la satisfacción de necesidades humanas o a irrigar la inversión dentro del conjunto total de la economía.

Se supone que el proyecto público produce valor público; y que este, encierra un conjunto de satisfactores de necesidades humanas existentes en la comunidad, donde llegan los productos tangibles o intangibles del proyecto público.

La medición del valor público generado por el proyecto se refiere al beneficio producido que no se mide a través de precios del mercado sino con el bienestar producido. Entonces, los métodos de valoración del beneficio señalado en el punto 5 se constituyen en las fuentes para estimar los ingresos o entradas de proyecto y con ello aplicar las fórmulas de los indicadores anotados. Es decir, el valor público reemplaza a los precios de los productos y la aplicación de las fórmulas de cálculo es similar a la evaluación privada. El resultado sería:

§  Valor Presente Neto (VPN) utilizando en la variable de ingreso, los beneficios del valor público cuantificado.

§   Tasa Interna de Retorno (TIR) utilizando en la variable de ingreso, los beneficios del valor público cuantificado.

§  Relación Costo/Beneficio (C/B) utilizando en la variable de beneficio, los beneficios del valor público cuantificado


6.2.            El sistema de valorización

El sistema de valorización surge en época del Estado Interventor-Benefactor, cuando los bienes públicos eran monopolio exclusivo del Estado y entre estos, las obras públicas, por lo cual la única fuente de financiación era el presupuesto público. Pero, ante necesidades existentes y las limitaciones financieras del Estado para crear las soluciones esperadas, se abre la posibilidad de canalizar recursos privados para financiar las obras mediante lo que se le ha denominado el sistema de valorización, que conlleva una imprecisión en cuanto al carácter del aporte privado ya que, se le denominado “impuesto”, pero no cumple rigurosamente las condiciones para ser una tasa tributaria. Así que también se le ha denominado “contribución”.

Al legar el Estado neoliberal donde todos los bienes públicos, excepto los bienes de mérito, son privatizables, la justificación del sistema de valorización pierde su esencia, porque su origen tenía un carácter excepcional y ahora la intervención de los recursos privados en proyectos públicos, no es excepción sino es común. No obstante, como alternativa de financiamiento sigue siendo válida y por ello sigue vigente entre las opciones de financiamiento de proyectos públicos, principalmente de infraestructura.

Para efecto de analizar el caso es necesario tener en cuenta que el gravamen tributario requiere de: i) un hecho generador, ii) un sujeto activo, iii) un sujeto pasivo, iv) una base gravable y v) una tarifa. Los impuestos se fijan de forma abierta, para todas las personas en general, siempre que incurran en el hecho generador. Los impuestos son parte de los ingresos corrientes del Estado que entran al fisco y con ello se financia el gasto a través de asignaciones presupuestales que realiza órgano competente.

En el caso de la valorización, no es un gravamen abierto para todas las personas sino, únicamente, las beneficiadas con las obras respectiva y la asignación no es con base en los criterios presupuestales sino con destino específico del financiamiento de la obra. En el impuesto, se grava a la persona por realizar el hecho generador; mientras que, en este caso, el motivo del gravamen no es la persona sino el predio o bien inmueble. No obstante, el sujeto pasivo del tributo es el propietario del predio, aunque él no haya sido el causante del hecho generador. Por todas estas circunstancias, la norma finalmente le denomina contribución.

Los otros aspectos a considerar son: la tasa y la base gravable. En los impuestos la tasa es generalmente una fracción porcentual de la base gravable, pero acá está asociada al costo de la obra que financia, la cual determina la cuantía. Un monto que se reparte entre todos los beneficiarios de la obra, propietarios de los predios que supuestamente reciben el beneficio de la misma. Comúnmente se utiliza las medidas del predio como área, medida del frente e igualmente, la distancia del predio a la obra. Pero aquí es donde se presentan algunos interrogantes que en la realidad institucional aún no está resueltos con plena satisfacción de quien paga.

Existen interrogantes sobre el método para definir la zona de influencia de la obra, influencia directa e influencia refleja. Interrogantes sobre la combinación de las variables utilizadas para calcular el valor de la contribución a cada predio. Interrogantes sobre el método para hallar los equivalentes entre el costo de la obra y el beneficio que recibe el predio y con ello para realizar la evaluación exante del proyecto.

Se recurre a la norma jurídica que marca las pautas y criterios para aplicar los cobros, pero no están claros los criterios para definir tarifas, salvo el costo total de la obra que, por lo general, se incrementa en un 30 % para definir la cuantía total del gravamen.

Aquí es donde está la opción del valor público. Si se mide el valor público que ocasiona la obra, el primer lugar, es posible realizar la evaluación socioeconómica exante del proyecto para establecer su viabilidad; y, en segundo lugar, se adoptan criterios y métodos de asignación de la contribución a cada predio con argumentos técnicos que acercan a la justeza del cobro.

Los métodos para realizar la medición del valor público son los señalados en el punto 5 de este artículo. Por supuesto, como en todos los casos, la metodología requiere un análisis pertinente, que permita diseñar las técnicas y procedimientos que más se adapten a las necesidades del ejercicio.


REFERENCIAS:



[1] Nueva Gestión Pública y Pos Nueva Gestión Pública



[i] Revista Pakamuros, Volumen 9, Número 1, enero-marzo, 2021, páginas 21-30

[ii] Petri Virtanen & Harri Jalonen. Mecanismos de creación de valor público en el contexto de la lógica del servicio público: un marco conceptual integrado. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2268111 Cross Mark.

[iii] Calderón Sánchez, Dulfary. Las políticas públicas: una construcción del valor público en la gobernabilidad. https://bibliotecadigital.oducal.com/

[iv] Torres, Jorge Isaac. Reflexiones sobre la importancia del valor público. www.Gestiopolis.com

[v] Cifuentes, Wilson y Duarte, Cripiniano. 2023. Creación de valor público desde la perspectiva de los stakeholders. Una revisión semisistemática de literatura. Revista Administración y Desarrollo Vol. 53 # 1. ESAP, Bogotá.

[vi] Bueno, Miguel. Origen y Evolución del Valor. Revista Diánoia. Vol. 24 No. 24, 1978.

[vii] Roll, Eric. 1993. Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica. Bogotá.

[viii] Baran, Paul. 1975. La Economía Política del Crecimiento. Fondo de Cultura Económica. México.

[ix] Sánchez, José Juan. 2002. La Administración Pública como ciencia. Su objeto y su estudio. Plaza y Valdez S.A. México

[x] Cerón Hurtado, Miguel. 2025. La Ciencia del Estado Hueco. Cuellar Editores, Bogotá.

[xi] Azqueta Oyarzun, Diego. 1994. Valoración Económica de la calidad ambiental. McGraw Hill. Madrid

martes, 15 de julio de 2025

EL VACÍO EN EL SISTEMA DE SALUD

Ya no son años sino décadas que el país lleva hablando sobre el sistema de salud, que está a cargo del sector institucional que lleva su nombre, pero que se debía llamar sector de la enfermedad, porque en esto se concentra la discusión, más que en la salud. El asunto del sector no es tema técnico ni científico, el cual lo resuelven las facultades de medicina y ya lo tienen resuelto; el asunto es un tema de gestión pública, que no han podido resolver desde 1993, fecha en que se echó de lado el enfoque universal para adoptar el enfoque de aseguramiento, que siempre ha caminado cojo.  

Lo que se aprecia según los informes institucionales y los periodísticos, es que el concepto de gestión no se ha aplicado completamente y por tanto se produce un faltante que afecta sustancialmente el logro de los objetivos. En materia de gestión pública, los procesos son tres, donde el que garantiza el logro de los objetivos es el proceso de control, justo, el que no se estableció en el pasado y parece que tampoco se está considerando para el futuro.  

El proceso de control contempla un mecanismo que asegura el logro de los objetivos, de tal manera que cuando estos no se alcanzan, es porque el control está fallando, como se ha podido observar en el funcionamiento del sistema de la ley 100; y si en el nuevo diseño no se adopta un mecanismo adecuando de control, es decir eficiente, eficaz y efectivo, dentro de 20 años o menos, nuevamente estará el país lamentando lo ocurrido en el manejo de la salud.  

En el modelo de gestión pública que se adoptó en Colombia desde 1991, las modalidades de control son: fiscal, disciplinario, político, social, institucional y de gestión; estos dos últimos, decisivos para el logro de los objetivos. El control de gestión, que es interno y sujeto a la calidad total, y el control institucional a cargo de la superintendencia del ramo, que según se observa, carece de las herramientas adecuadas para realizar su función y se limita solo a tramitar las PQR de los usuarios.  

Así que, si se quiere un nuevo sistema de salud capaz de satisfacer a la comunidad y que evite incurrir en los mismos vicios del actual, independientemente de que sea universal o aseguramiento, además de pensar en la planificación y la ejecución, se debe pensar en el diseño de un mecanismo holístico de control que llene el vacío en el sistema de salud.

lunes, 7 de julio de 2025

ACTUALIZACION DE LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EPOCA DEL POSTGLOBALISMO

Desde tiempos inmemoriales, se viene hablando de la ciencia de la administración pública, cuando se trata de los aspectos relacionado con la autoridad y el manejo de los asuntos de interés general, los cuales, como es fácil comprender, son tan antiguos como la misma especie humana, ya que, desde los primeros estadios de la civilización, cuando existía la organización social rudimentaria, siempre ha estado presente el ejercicio de la autoridad y la atención de las necesidades y problemas de interés para todos. Los sumerios, los hititas, asirios, caldeos y persas; y en América los aztecas, los mayas y los incas, ya trataban los temas que hoy llamamos de administración pública; y sin nombrar al extremo oriente y otras comunidades e imperios de las primeras civilizaciones.

Pero es a partir de los cameralistas en el siglo XVI, que es posible estudiar la Ciencia de la Administración, cuando se establecen las bases para la enseñanza de esta disciplina como ciencia autónoma. Luego, en el Siglo XVIII y complementario a la Revolución Francesa, surge Carlos Bonnin del que se dice que, junto con Von Stein en Alemania, son los fundadores de la Ciencia de la Administración Pública. Fueron quienes transformaron la ciencia de la Policía y las Ciencias Camerales, en lo que, desde entonces, conocemos como la ciencia de la administración pública, tema sobre el cual se han producido muchos comentarios, debates y enfoques, con planteamientos diversos sobre el papel del Estado y su relación con la sociedad, lo mismo que sobre el funcionamiento interno de este organismo, que, a partir del Estado Moderno, se divide en tres ramas donde el gobierno, junto con la administración pública, se convierten en el eje central de la operación del organismo, que también tiene las ramas legislativa y judicial.

En ese conjunto de posturas de pensadores, la diversidad muestra opiniones diferentes sobre qué es la administración pública, entre las que se encuentra que, para algunos, es una ciencia; para otros es un arte; para otros es una filosofía; para otros es una profesión o simplemente una técnica y hubo también quienes dijeron que esta disciplina no es una ciencia ni podía serlo. Pero en todos los casos, se refieren a un instrumento en manos del gobierno. En ese ejercicio conceptual se destaca inicialmente, los aportes de los europeos y más adelante, también los de Norteamérica a partir de la formación independiente de la república en Estados Unidos. José Juan Sánchez (2001)[1] hace una detallada narración de lo que fue el proceso histórico de la construcción del concepto acerca de esta ciencia, y destaca la conveniencia de considerar dos campos para examinar: por un lado, el objeto de estudio y por otro lado el estudio del objeto. Lo que se podría comparar con la separación del objeto de conocimiento y el proceso de conocimiento, en el que se inserta el método, a la luz de la epistemología de la era de la modernidad. Así mismo, el debate llevó a considerar el interrogante de si la administración pública es una disciplina de conocimiento, o es una actividad que encierra un conjunto de herramientas para resolver las necesidades de funcionamiento del gobierno. Simon (1979)[2] habló de analizar, si se trata de una ciencia aplicada o una ciencia pura.

Mientras permaneció el Estado Absolutista, como cuando estuvo presente el Cameralismo, el tema central estaba ubicado totalmente en el interior del gobierno, es decir, la administración pública se refería a los asuntos inherentes al manejo de los recursos necesarios para sostener al gobernante y financiar sus operaciones en el ejercicio del poder.  Pero cuando nació el Estado Moderno, que se acompañó con un régimen político diferente, en este caso el régimen democrático, el manejo de los asuntos del gobierno se complementó con otro campo adicional dentro de todo el tema de la administración pública. Con ello también surgen otras disciplinas relacionadas, las cuales convergen en el manejo de los temas de beneficio común e interés general y que por lo tanto también corresponden al gobierno, como son el derecho, la ciencia política, la economía, la sociología, la historia y la psicología.

La Administración Pública en este caso, no solo se refiere a los aspectos internos del funcionamiento del Estado, sino que se ubica en la relación de éste con la sociedad, o sea aspectos externos al organismo. José Sánchez (2001) nos muestra una síntesis de las diferentes posturas de varios autores que concuerdan haciendo referencias a las relaciones Estado-Sociedad como eje de la Administración Pública. Entre ellos, destaca a Charles Debbasch, de quien dice que “encuentra una relación entre la administración pública y el campo de los asuntos públicos, como son los servicios que presta el aparato gubernamental a la sociedad” y lo cita señalando que:

La administración pública es el aparato de gestión de los asuntos públicos. Está constituida por el conjunto de servicios públicos, cuya buena marcha permite la realización de objetivos definidos por el poder político. Constituye la organización que se otorga todo grupo social evolucionado. Es el instrumento de cohesión y de coordinación indispensable, sin el cual la sociedad se desmorona. La administración, por naturaleza, está subordinada a fines que le son externos. El papel de la administración, sus estructuras y sus métodos dependen de la sociedad en que se encuentra inserta, de su medio ambiente[3].

También señala a Otto Mayer, Carlos Marx, Lorenzo Von Stein, Leonard White, Woodrow Wilson, Charles Debbasch, Charles Merrian y el latinoamericano Raimundo Amaro Guzmán entre otros, todos quienes de una u otra forma, hacen referencia a los temas que están por fuera del organismo y por lo tanto se ubican en la relación del Estado con la sociedad.

Se aprecia que los factores históricos han influido en la concepción de la administración pública y en los esfuerzos por examinar los requisitos epistemológicos para catalogarla como una disciplina científica. Aunque hubo consideraciones que negaron de manera tajante, que esta materia fuera una ciencia, como lo dijera R.S. Parker (1973) citado por Sánchez.

El tema se reviste de gran relevancia después de 1980, cuando llegó la ola de privatización de los bienes y servicios públicos y que puso en jaque el pensamiento que, históricamente, había sido el eje de la Administración Pública, o sea el manejo de los escenarios públicos. Cuando llegó la privatización, los pensadores se vieron envueltos en una compleja situación donde cambió el paradigma que durante siglos se había mantenido en la Administración Pública y la disciplina cayó en lo que llamaron la “crisis de identidad”.

Para entrar en el detalle del objeto de estudio, que debe tener esta disciplina como cualquier ciencia, es conveniente realizar un examen al significado etimológico de su nombre, el cual es similar en varios idiomas, como español, francés, italiano, portugués e inglés, y que se refiere al uso histórico del concepto que desde el imperio romano se utilizaba, por cuanto el origen proviene del latín. Según fuentes enciclopédicas, el término proviene del latín administratio, que a su vez se compone de las palabras ad y ministrare. Ad significa a, hacia, en movimiento; ministrare proviene de manus y trahere, donde manus, significa mano y trahere, es trae o utilizamos. Según Sánchez (2001), “Para los romanos la administratio, voz compuesta de ad (a, hacia) y ministrare (servir, cuidar) era la función de prestar un servicio a los miembros de la comunidad”. El elemento sustancial de la palabra lo constituye la voz ministrare, derivada del sustantivo minister y que se refiere a la persona que aporta el servicio. Para Mosher y Cimmino, citados por Sánchez, “administrar quiere decir dirigir, coordinar; al menos es la manifestación más aparente de esta actividad humana. Sin embargo, administrar encuentra su verdadero significado en la colaboración entre diversos individuos para la consecución de un fin común." 

Por su parte, el término público tiene también su raíz histórica, que en la antigüedad se refería a la función, que se hacía en representación del Estado, para “regular y responder a las demandas y los intereses de la sociedad en su conjunto”(pág.104). Y remata Sánchez (2001) diciendo “El sentido etimológico de la palabra administración pública significa prestar el servicio al pueblo, es decir, al público. La idea se encuentra asociada con la satisfacción de necesidades de carácter público, por lo que tiene un sentido colectivo” (pág. 104)

De ahí en adelante, los autores han hecho referencia al funcionamiento del Estado, su responsabilidad o su relación con la comunidad; pero en todos los casos se refieren a escenarios, ámbitos, campos de acción, acciones o relaciones entre las partes; pero, no entran a considerar, propiamente, algún elemento u objeto que está dentro del escenario o ámbito donde se realiza la relación. Es decir, no precisa el objeto o el insumo de la acción, cuya esencia le imprime el carácter público a la actividad. Es público porque corresponde al Estado; pero no se precisa la especificidad de los productos, tangibles o intangibles, que llegan a la sociedad como resultado de la acción estatal. Es público porque es del Estado y hasta ahí, tal como se contempló desde la antigüedad, sin detenerse a definir las especificidades, el carácter o la esencia de los bienes y servicios que llegan a la sociedad como resultado de la administración pública.

Cuando llegó la privatización en la segunda mitad del siglo XX, el paradigma se tambaleó, tanto que en los años setenta se estuvo hablando de la crisis de identidad de la disciplina. Desde mucho tiempo atrás, el conjunto de propuestas y enfoques era diverso y variado; pero cuando la situación se agudizó, se comenzó a hablar de “crisis de identidad” y más fuerte aun, cuando se introdujo el término de “Estado hueco”. Dice José Sánchez (2001) que “La formación, explicación y resolución de la crisis no ha sido resuelta. Durante las dos últimas décadas, esta crisis intelectual se ha agravado en la administración pública por la propagación de las ideas de la privatización. El movimiento global de la privatización, la reciente glorificación del mercado y la demonización de la burocracia pública propiciaron un considerable cambio en la credibilidad intelectual, normas e integridad de la administración pública como campo de estudio”. (pág. 223)

Con la consolidación del Neoliberalismo como modelo económico, paralelo a la globalización que ha ocurrido ya en el siglo XXI pero que comenzó en el último quinto del siglo anterior, nuevos cambios ocurrieron en la ciencia de la administración pública, como consecuencia de la ola privatizadora de los bienes públicos. Después de Minnowbrook II (1997), nuevos elementos se introdujeron a la conceptualización de la disciplina, conservando los fundamentos existentes desde el comienzo del siglo XIX, pero ajustados a las condiciones del entorno económico y social, no solo a nivel nacional sino en el ámbito global. Entra en escena la Nueva Gestión Pública (NGP) con variantes como el Modelo Westminster en países como Reino Unido y el modelo de la reinvención del gobierno en Estados Unidos.

Como ya se dijo, los ajustes en el enfoque de la administración pública se dan según los cambios en el entorno económico, como ocurrió cuando se abandonó el Cameralismo y la ciencia de la policía a favor de la administración pública, en época que inició el Estado Moderno y el régimen democrático, superando el Estado Absolutista; ahora cuando se produce otra variante en la economía, pasando del capitalismo clásico, con predominio del sector industrial, al capitalismo rentista, con predominio del sector financiero y relevancia de los fondos de inversión como mecanismo de acumulación de capital, nuevamente se producen las modificaciones en la administración pública y surgen: la gobernanza, como instrumento supuesto para concretar la democracia participativa y la descentralización; e igualmente, el enfoque del Nuevo Servicio Público (NSP), diferente a la NGP que también le llaman Nueva Gerencia Pública. Antes, y después de Minnowbrook I, ya iniciado el ataque contra el Estado del Bienestar, se había introducido el tema de las Políticas Públicas, como eje de la administración del Estado y paso intermedio para llegar al Estado neoliberal.

El enfoque de la NGP se alimenta con el paradigma privado. Dice José Sánchez (2001) citando a Shamsul Haque que la administración Pública entró en una crisis de confianza donde “Uno de los indicadores en la declinación de confianza entre la administración pública es la reciente tendencia a remplazar las normas públicas de administración pública por las normas del mercado respaldadas por la privatización. En las décadas de los ochentas y noventas el lenguaje de eficiencia y economía de los negocios de administración dominan el discurso en la administración pública”. No obstante, el mercado nació y está concebido para la operación de empresas privadas y tienen su propio paradigma desde la época de la corriente Marginalista de la teoría económica.

Con la introducción del paradigma privado basado en la teoría del mercado, para abordar la administración pública, toma fuerza el enfoque de la Gerencia Pública, que ha dado pie a varios cuestionamientos, donde se destacan quienes afirman la improcedencia de utilizar los conceptos de la teoría del mercado al pie de la letra, cuando se trata de los bienes y servicios públicos, porque esta teoría se refiere a la demanda y los consumidores, refiriéndose a los bienes privados; mientras que el comportamiento de los mismos consumidores en el mismo escenario, es diferente cuando se trata de bienes públicos; y califica con el nombre de “Gerencialismo”, al enfoque que copia el paradigma privado a “rajatabla”, sin hacer los ajustes pertinentes para aplicar los patrones de mercado en la producción y distribución de bienes y servicios públicos.[4]

Sin embargo, la realidad, es que la privatización es un fenómeno masivo y creciente, que debe tenerse en cuenta para examinar los ajustes a la teoría de la administración pública, que ha sido construida durante siglos, contemplando el manejo de los asuntos de interés general y bien común desde el seno del Estado; siempre, como ya se anotó, en concordancia con las particularidades históricas en materia de economía y diseño del Estado, pero siempre, considerando que lo público es lo que está dentro del Estado. Cuando era la época del mercantilismo y el Estado absolutista, fue un enfoque; cuando llegó el capitalismo clásico de carácter industrial y el Estado Moderno fue otro enfoque; y por supuesto, hoy, cuando ha llegado el capitalismo neoliberal con el Estado de Derecho, debe ser otro enfoque.

La privatización generalizada, con soporte en la doctrina que algunos han llamado “Neo-neoclásica”, posterior al Marginalismo, cuyo exponente más connotado es el austriaco Friedrich Von Hayek y que el alemán Wilhelm Röpke denominó “neoliberalismo”, no es algo diferente al hecho de que lo público se trasladó al mercado; lo público se sacó del seno del Estado y se ubicó en el escenario del mercado. Se trata de que durante varios siglos los bienes y servicios públicos estuvieron a cargo del organismo y que, después de 1980, se han trasladado el mercado, donde se permite que los agentes privados  y las organizaciones civiles, puedan intervenir para la producción y distribución de este tipo de bienes. Con ello, surge la separación entre lo público y el Estado y se rompe el acople o identidad que durante tanto tiempo se mantuvo, cuando se consideraba que lo público y el Estado eran una misma cosa.

Para esta época, grandes cambios ocurren en la economía y el Estado: el sector industrial deja de ser el más relevante, la inversión directa de riesgo deja de ser la modalidad preferida de los capitalistas y la red de empresas multinacionales deja de ser la columna vertebral del ordenamiento económico mundial, para llegar a otras condiciones donde se convierte el sector financiero en el más relevante, la inversión en el mercado de capitales a través de papeles de renta fija, la modalidad preferida del capitalista; y la globalización financiera con alta injerencia de los fondos de inversión, pasa a ser la columna vertebral del ordenamiento económico mundial, con libertad monetaria y alta movilidad de los flujos de capital. Ahora se les denomina “inversores” a los agentes del capital, que anteriormente Keynes les había llamado especuladores.

Con ello, el tipo de Estado, que a mediados de siglo se había concentrado en el enfoque keynesiano del Estado del Bienestar, con oferta directa de bienes y servicios a la comunidad, constituyendo un organismo rector de las políticas públicas en el marco de una política macroeconómica basada en el pleno empleo, con control directo del gobierno usando el Banco de la República como instrumento para tal fin, se transforma, ajustándose a las nuevas condiciones económicas.

El Estado, deja de ser oferente directo de bienes públicos y se concentra principalmente en garantizar derechos, según conceptos del antiguo Estado Social de Derecho, que había sido creado por los alemanes en los años treinta del siglo veinte; la política macroeconómica se orienta a la estabilidad monetaria con los correspondientes ajustes en la política respectiva, donde el gobierno deja de ser el rector y la autoridad, la cual se traslada al Banco de la República, que, supuestamente goza de autonomía, pero que por acuerdos internacionales debe someterse a las reglas del juego de la economía global.

La estructura de financiamiento del Estado se modificó; y con ello, la principal fuente ingresos hoy, es la deuda adquirida en los mercados de capitales, mediante la colocación de papeles de deuda que compran los inversores, por lo cual la política fiscal se concentra principalmente en el manejo de la deuda. El servicio de la deuda copa la mayor proporción de los ingresos tributarios, de modo que la situación financiera del organismo no le permite asumir gastos para brindar directamente bienes y servicios públicos, como trataba la administración pública en épocas de antaño.

En estas condiciones, el paradigma de la administración pública, que había transitado durante dos siglos, se debe modificar. Durante todo ese tiempo, incluida la fase de las privatizaciones, el concepto de lo público había tenido una misma connotación, que se refiere a la actividad o acción del Estado y al escenario o campo donde se realiza esta actividad. Así, la administración se refiere al manejo de los escenarios a través de los cuales se materializa la relación Estado-Sociedad, con fines de beneficio al conglomerado humano.

Según la epistemología, disciplina que se encarga de fijar los requisitos para establecer el conocimiento científico, toda ciencia tiene un objeto de conocimiento. Si bien la epistemología actualmente cuenta con dos enfoques: i) por un lado, el denominado “epistemología de la modernidad”, que señala las características del método científico desde la época en que esta teoría se desprendió de la filosofía, en momento que se estaban construyendo las ciencias naturales por allá en el siglo XVIII, y que algunos le llaman epistemología clásica; ii) y por el otro lado, la denominada “epistemología de la postmodernidad”, que se monta sobre la crítica y los cuestionamientos a la primera, y propone algunas modificaciones principalmente en el método. Ambos enfoques aceptan la existencia de un “objeto de conocimiento” o sea una realidad que se pretende conocer con la ciencia, y la obligación de ésta, es la de llegar a la verdad del mismo. Así que en este artículo, el principal motivo para la reflexión y el análisis, ha sido y es, el “objeto de conocimiento de la ciencia de la administración pública”.

Si revisamos la investigación de José Juan Sánchez (2001) en la obra citada, lo mismo que la investigación de Luis Humberto Fernández (2016)[5], vemos que todos los analistas que se refieren al objeto de conocimiento y a las confrontaciones basadas en la realidad del país que examinan, tratan de variantes o aspectos diversos, pero en todos los casos están hablando del objeto de conocimiento. Por ello, cuando llegaron las privatizaciones, se generó una crisis de identidad en la administración pública, que se profundiza con la introducción del paradigma privado y los conceptos asociados a la teoría del mercado. Dice Sánchez (2001) que “Debe revalorarse en el concepto de administración pública, lo público, para iniciar su análisis crítico y su reconstrucción, con relación a distintos significados que no le pertenecen” (pág. 225) y más adelante destaca la necesidad de revitalizar esta disciplina para afrontar el nuevo milenio.

Retomando la anterior frase de Sánchez, de que en el concepto de administración pública debe revalorarse lo público, este escrito considera que es ahí, precisamente, donde está el meollo de la definición del objeto de conocimiento. Si se examinan los términos del debate y las confrontaciones que se han dado durante dos siglos, podemos concluir que: si el objeto de la ciencia se ubica en el concepto de lo público, en lugar de estar en la acción del gobierno y el escenario donde se realiza esta acción, se aprecia con más claridad cuál es el alcance de esta disciplina y se puede precisar con más facilidad el cumplimiento de las reglas epistemológicas para alcanzar la categoría de ciencia. Además, se resuelve la confusión que llegó cuando se generó la privatización. En este caso, es más preciso decir que se trata de la “Administración de lo Público”, en lugar de decir “Administración Pública”; y a la anterior disciplina llamarle “Administración del Estado”, de modo que nos quedaría, por un lado, la Administración de lo Público y, por otro lado, la Administración del Estado. Así, no sería procedente llamarle administración pública, a la Rama Administrativa del Poder Público, o sea a lo que hace el gobierno.

Si consideramos “lo público” como objeto de conocimiento de esta ciencia, teniendo en cuenta los bienes públicos en general debido su localización en el mercado, encontramos lo que señala Ornar Guerrero citado por José Sánchez (2001): “Entre los pueblos indoeuropeos de la antigüedad era de empleo común en sus lenguajes la raíz pul (multiplicidad, amplitud); en Grecia de ella derivó la palabra polis, misma que dio origen a la palabra política; en Roma la raíz pul inspiró la palabra populus (pueblo), adjetivado en publicus (público). Ambas palabras, política y pública, entonces, ostentan una significación de identidad por cuanto que tienen ambas una referencia a lo colectivo, común o conjunto.” (pág. 103).

En el libro de Cerón (2023)[6] se encuentra el siguiente texto:

El término viene del vocablo latino publicus la cual a la vez proviene del término populicus que significa lo perteneciente al populus, este último que se refiere a pueblo. En el lenguaje contemporáneo, el término puede ser sustantivo o adjetivo, según la connotación que se le imponga.  Los objetos a los que se refiere el tema de lo público han existido en la humanidad desde el origen mismo de la especie, pero la connotación que hoy tiene el concepto, apareció más recientemente como resultado de dos procesos históricos: Por una parte, el proceso que llevó la concentración de lo público al seno del Estado y por otra parte el proceso histórico que incluyó en la política a los “nuevos ricos” de esa época, es decir, aquellas personas sujetos cuya riqueza no provenía de la renta de la tierra, como la de la aristocracia feudal, sino de la actividad empresarial, en ese entonces, la actividad manufacturera. Fue el paso de la sociedad feudal hacia la sociedad capitalista, lo que relevó el concepto y le dio la dimensión con la que lo conocemos hoy; por cuanto ubicó la dimensión de lo público en el conjunto de la sociedad, haciendo de este tema un asunto de conocimiento amplio, como por ejemplo el interés público, las libertades públicas, la seguridad pública o la opinión pública. Si bien decimos que lo que llamamos “público” estuvo presente desde tiempos inmemoriales, a lo que hoy se hace referencia es a su separación del otro campo, el privado, que emerge en la esfera del pensamiento, cuando surgen capitalismo y liberalismo, después de la ruptura histórica con los lazos feudales…. En las opiniones callejeras se escucha pronunciar el término “público” con diversidad de intenciones. Algunas veces, cuando se hace referencia a un sujeto; otras cuando se trata de un objeto; y también cuando se hace referencia a un proceso de contacto entre sujeto y objeto. Se le denomina público cuando se cita a una entidad como sujeto; también cuando se refiere a un espacio como objeto; y también cuando se trata de un servicio que un sujeto le brinda a un objeto. Se le llama público a un asunto donde todos pueden intervenir porque es abierto y a vista de toda la gente, diferenciándolos con los que son reservados a la privacidad de la persona y que se tratan en la intimidad o en lugares privados”. (pág.63)

Citando a Modesto Saavedra, Cerón (2023) señala que:

“Ya lo decía Modesto Saavedra de la Universidad de Granada España en un artículo publicado en la Revista “Derechos y Libertades” editada por el Instituto Bartolomé de las Casas: “persona pública, actividad o prestación pública, asociación pública, interés público, etc., son expresiones en las que el adjetivo público puede tener en cada caso significados diferentes. Tales significados dependen de aquellas connotaciones referentes al espacio (y, por tanto, a la visibilidad y accesibilidad), o bien a la naturaleza de los intereses en juego. Una persona o personaje público puede merecer tal calificación por el hecho de ser generalmente conocido o famoso, pero también por tener alguna relación con intereses generales, como es el caso de la persona que ocupa un cargo en la Administración del Estado. Una actividad, una prestación o un negocio realizado por una persona puede ser público por el hecho de estar abierto a todos, pero también por estar al servicio de intereses generales especialmente cualificados, adquiriendo entonces la categoría de servicio público. Una asociación puede estar abierta al público en general, es decir, puede no restringir la afiliación de sus miembros a un número limitado de personas, y no ser una asociación de carácter público por no estar vinculada, al menos oficialmente, a interés general de ningún tipo. Un asunto puede ser de interés público por el hecho de suscitar la atención de la gente en general, o bien por afectar a un interés general objetivo y especialmente relevante.”  También se hace referencia a lo público cuando un objeto es apto para satisfacer el interés público, cuando cumple una finalidad pública, cuando pertenece a un sujeto público, cuando sirve para uso o disfrute colectivo, cuando se utiliza en un servicio público, cuando es de alguna rama del Estado, cuando es necesario para cumplir una función pública o cuando la propiedad es pública”. (pág. 70).

Como se puede ver, la palabra público tiene varias aplicaciones y en una mirada desprevenida, hasta se produce confusión porque al escucharla, no se sabe a ciencia cierta de qué se está hablando. En todos los casos la referencia es de tipo empírico, descriptivo, superficial, aparente o externo; pero siempre queda el interrogante sobre ¿qué hay detrás de ese objeto que se percibe o se ve por fuera? ¿Cuál es el alma de ese elemento que le imprime el carácter público?

En resumen, acercándose a la mitad de este siglo XXI, la reforma a la ciencia de la administración pública en la postmodernidad, debe referirse al cambio del objeto de conocimiento. Se propone que este objeto sea “el manejo de los bienes públicos”, lo cual implica que se deben realizar otros análisis y reflexiones, para identificar y definir en términos científicos, exactamente, cuáles son los bienes públicos que constituyen el objeto de conocimiento y manejo de la ciencia de la administración. Se sabe que son públicos los bienes de interés general que nos competen a todos, pero aún queda pendiente por caracterizar la esencia de estos bienes. ¿Por qué un elemento, tangible o intangible, es de interés general y compete a todos? ¿Cuál es la esencia o el alma de ese bien que le permite alcanzar esa categoría? Es necesario establecer con precisión, por qué un objeto tangible o intangible, es de interés general y por qué les compete a todos los individuos de la especie, por lo cual se debe administrar científicamente; y así, tendremos claridad sobre la reforma a la ciencia de la administración pública en el postglobalismo, dejando claro que el objeto de estudio de esta ciencia no debe ser siendo el Estado o su campo de acción.



[1] SANCHEZ, José Juan. (2001). La administración pública como ciencia. Su objeto y estudio. Editorial Plaza y Valdés. México.

[2] SIMON, Herbert, (1979). "Un Comentario a 'La Ciencia de la administración Pública'", RAP, núm. 40 octubre-diciembre de 1979, México. INAP

[3] SÁNCHEZ, José. Ibidem. Página 111

[4] Lo preocupante es que en Colomba existen organismos del gobierno que promueven y fomentan la aplicación del enfoque gerencialista en las entidades del Estado.

[5] FERNANDEZ, Luis Humberto. (2016). Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el Siglo XXI. INAP. Mexico.

[6] CERÓN, Miguel. (2023). Fundamentos de Gerencia Pública. Ediciones de la U. Bogotá

lunes, 30 de junio de 2025

EL FRACASO DE LA POLITICA DE PAZ

No se refiere sólo al fracaso de este gobierno, sino al fracaso de todas las políticas de paz, habidas y por haber, ya que este concepto es el contrario a la violencia, que existe en estas tierras desde antes de 1810, como ha existido también en todas las formaciones sociales desde la prehistoria. 

La violencia tiene causas objetivas y causas subjetivas, que se alimentan con factores estructurales y coyunturales, por lo cual el caso es muy complejo y por ello la intervención al mismo debe tener acciones de inmediato, corto, mediano y largo plazo, montadas sobre una columna vertebral con punto de mira en el objetivo de establecer un clima de convivencia adecuado para disminuir los fenómenos de violencia, ya que acabarla en su totalidad, no es posible; pero llegar a un nivel tolerable que permita la suficiente convivencia para que no lesione las condiciones de vida de la especie es ya un alivio. 

Examinando los temas tratados en las negociaciones del año noventa, cuando surgió el PNR, los temas de Maguncia Alemania, los de la Habana, que quedaron insertos en el acuerdo de Santos, y los que se estaban hablando al comienzo de 2025 con el ELN que la prensa divulgó, fácilmente se deduce que mientras no exista democracia participativa y descentralización política, no habrá posibilidades de crear un ámbito de convivencia que le baje el volumen al conflicto sociopolítico hasta niveles aceptables. Es decir, los hechos muestran que, sin democracia participativa ni descentralización política, cualquier política de paz está condenada al fracaso. 

Pero en Colombia, si bien es cierto el piso normativo contiene los soportes jurídicos para implantar la democracia participativa y la descentralización política, no ha existido la voluntad, ni de los dirigentes, ni de los legisladores y mucho menos del gobierno, para adoptar los mecanismos de gestión pública apropiados al funcionamiento de estos dos procesos. Al contrario, cada vez se le cierran más las puertas a la cogestión de políticas públicas con responsabilidad compartida entre organismos del Estado y la sociedad civil, que es el eje de la democracia participativa; y cada vez más, se concentra el centralismo bogotano en la toma de decisiones para la construcción del futuro de país. 

La costumbre es hacer negociaciones con los dirigentes de grupos armados, quienes, ya estando viejos, acuerdan su propia jubilación, acompañada de algunas prebendas para la tropa de combatientes; pero las causas objetivas se dejan intactas y con ello continúa la retroalimentación de tropas, con el reclutamiento de jóvenes que establecen el feedback con el cual, pasada la tormenta de “la paz”, continúan los factores estructurales alimentando a la diversidad de grupos que protagonizan los diversos tipos de violencia. Parece que al gobierno de turno le interesa es mostrar resultados que alaben su propia vanidad, más que la solución de fondo del problema social y público. 

La democracia participativa no significa que la gente participe el día de elecciones para elegir representantes, sino que participe en la toma de las decisiones mediante la construcción de políticas públicas bottom up, que implica, obligatoriamente, el establecimiento de la descentralización política, que conlleva el empoderamiento de las comunidades para participar en el diseño y construcción de su propia historia. Mientras estos aspectos de la gestión pública, los cuales se deben articular en un mecanismo sistémico que permita la aplicación del método científico de la ciencia de la administración pública, no existan en Colombia, no será posible tener las condiciones apropiadas para crear un ambiente de convivencia que nos permita vivir en armonía humana. Pero aplicar el método científico en la administración pública no es posible, mientras el gobierno siga secuestrado por el régimen político, que no le permite la objetividad y la técnica en las decisiones, razón por la cual siempre estaremos hablando del fracaso de la política de paz.

viernes, 27 de junio de 2025

REALIDAD DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

 En la esfera política nacional se escuchan comentarios y críticas contra el gobierno actual, lo cual es común en épocas prelectorales, sobre todo en un país como este, donde la cultura está alejada de lo que debe ser la praxis política en el marco de la teoría sociológica. Ahí, se utiliza todo tipo de juicios e imprecaciones contra el gobierno, que pueden hacer o no, daños a la imagen y traer cosechas electorales.

Pero la esfera de la economía, cuyos impactos afectan a la totalidad de la población, la situación no debe abordarse con la pasión del escenario político y conviene más examinar las cifras e indicadores, para ver si es cierto que el país está afrontando una crisis lamentable o un desastre como algunos lo califican. Por supuesto, hay que tener claro que el país lleva más de 30 años recibiendo el azote del modelo neoliberal, que graves consecuencias ha traído en el mundo occidental, como se está observando en Estados Unidos y Europa, que han sido víctimas del globalismo y que hoy están afrontando graves problemas económicos con repercusiones en el campo social. 

Sin embargo, a pesar de que el globalismo financiero está en decadencia y que Colombia no se puede sustraer de la economía mundial, al mirar las cifras de la realidad colombiana a mediados del año 2025 y en comparación con los guarismos de 2022, las conclusiones que se pueden sacar no justifican el alarmismo de los críticos y, por el contrario, muestran que, a pesar de la crisis global, Colombia está en una posición satisfactoria. 

El Producto Interno Bruto (PIB) no es el mejor indicador para evaluar la economía en cuanto a la función social de la misma y la racionalidad de la naturaleza, porque este no distingue fenómenos reales para establecer diferencias, como cuando la economía de verdad crece, o se está inflando. Si la economía se infla, el PIB aumenta, pero es una cifra engañosa que no refleja la situación del componente real. Y así como este, hay otros aspectos de la contabilidad económica que no muestran la realidad social de la vida de la especie dentro de la formación social respectiva, como sí lo hace el Coeficiente de Gini, un indicador que permite ver la desigualdad social o la inequidad en la distribución del ingreso. Como se puede observar, en el periodo neoliberal se incrementó la inequidad social, ya que Gini en 1990, era de 0.47 y en 2023 fue de 0.55. Pero el PIB es lo que tenemos; y es la costumbre institucional en el mundo, examinar la economía a la luz del PIB, por lo cual se debe dar una mirada. 

Las cifras oficiales muestran que, en el primer trimestre de 2022, o sea antes de comenzar el presente gobierno, el PIB fue de 229.497 miles de millones de pesos y en el primer trimestre de 2025 fue de 242.511 miles de millones de pesos, valorados a precios constantes, o sea que se puede comparar, y ver que este año ha estado en el 5.67 % por encima del año 2022, o sea que, según este enfoque, ha habido crecimiento de la economía. 

Pero, para determinar si de verdad la economía creció y no fue que se infló, es necesario observar el aparato productivo; porque cuando la economía se infla es como cuando el cuerpo se engorda, pero está mal nutrido. En 2022, el aparato productivo, sin la construcción, participo en el PIB con el 20.69 % mientras que, en 2025, el mismo participó con el 21.11 %, lo que significa un fortalecimiento real de la economía. Si se le agrega la construcción (que también es renglón productivo), en 2022 la participación del componente productivo en el PIB fue del 25.22 % y en 2025 fue de 25.37 %. Es más razonable mirar el aparato productivo sin la construcción, porque este renglón tiene externalidades derivadas de los subsidios de vivienda que aporta el Estado y con ello se produce una inducción a las cifras derivada de factores diferentes al mercado. De todos modos, se aprecia un incremento de la participación del 0.6 %, o sea no hay desmejora. Pero sin la construcción, es decir el aparato productivo craso, incrementó su participación en el PIB en un 2.02 %, o sea que hubo verdadero crecimiento y no inflación macroeconómica. 

Si se observa el sector externo de la economía examinando las cifras de la balanza comercial, se observa que, en 2021, el año anterior al inicio del presente gobierno, las exportaciones fueron de 41.390 millones de dólares (FOB) y en 2024 fueron de 49.557 millones de dólares o se que ha habido un incremento de exportaciones del 19.73 %. Esta balanza es estructuralmente deficitaria, por la elevada dependencia frente a países extranjeros en materia de tecnología e inversión directa de riesgo; pero si se mira el comportamiento del déficit de la cuenta corriente en el mismo período, se observa que en 2021 el déficit fue del 36.86 % mientras que en 2024 fue de 21.18 % o sea que el déficit disminuyo favorablemente a Colombia. En 2021 las importaciones fueron de 56.649 millones de dólares y en 2024, las importaciones fueron de 60.363 millones de dólares, o sea que hubo un crecimiento del 6.55 % que significa que la economía estuvo activa, ya que aproximadamente el 70 % de las materias primas que utiliza el aparato productivo nacional, son importadas, en razón a la dependencia ya anotada. Las reservas internacionales, o sea la capacidad de pago del país para las operaciones con otros países, pasaron de 59.030 millones de dólares al cierre de 2021, a 62.481 millones de dólares al cierre de 2024, lo que reporta un incremento del 5.84 % que significa mayor capacidad de negociación frente a otras economías del mundo.

En cuanto a la situación interna de la economía, se puede sacar conclusiones examinando la inflación de precios, el desempleo y los resultados de las empresas. 

Mirando los precios medidos por el índice de precios al consumidor (IPC), se observa que en 2021 la tasa fue del 5.62 y en el 2024 fue de 3.78 % y en lo primeros cinco meses de 2025, la tasa es de 3.63 %. Es decir, el comportamiento de los precios al consumidor tiende a la baja, o disminuye la inflación de precios; lo cual es coherente con el comportamiento de aparato productivo; pues si hay mayor oferta de bienes, los precios no se incrementan desmesuradamente. 

El comportamiento del índice de desempleo muestra las siguientes cifras: en mayo de 2022, la cifra de desempleo fue de 10.6 % mientras que en mayo de 2025 este indicador es del 9.0 %. Es decir, el desempleo está bajando, lo cual también es coherente con el comportamiento del aparato productivo, que, al incrementarse, genera más oportunidades de empleo. 

Como se puede apreciar, los consumidores y la clase trabajadora han tenido beneficios durante este período como señalan las cifras; ahora, mirando la clase empresarial, los estados de resultado de las empresas muestran también cifras favorables para este estamento. Los ingresos de las 1000 empresas más grandes del país durante el año 2024, fueron de 1.183 billones de pesos, mientras que las utilidades de estas mismas fueron de 90 billones de pesos, lo cual significa que aun no se aprecia en Colombia los visos de recesión, como los que se presentan en Estados Unidos y Europa. Los resultados de las empresas muestran que la economía tiene buena salud y que los inversionistas recibirán dividendos satisfactorios, porque los empresarios son los agentes del crecimiento económico, sobre todo si hacen arte del aparato productivo. 

En conclusión, podemos apreciar que los comentarios y voces publicitarias que se difunden, son más recursos políticos que realidades objetivas. Lo más importante es la reactivación de aparato productivo donde se destaca la actividad agropecuaria, que se incrementó en 12.3 % y explica el comportamiento favorable del IPC. Eso significa que se está sembrando un mecanismo de sostenibilidad, que puede ser muy importante cuando llegue el desplome total del modelo neoliberal, que se vislumbra en USA y que tardará unos 2 o 3 años en llegar a Colombia.

Siendo una economía subdesarrollada y dependiente, con un clima de conflicto sociopolítico de gran magnitud y en la coyuntura que atraviesa la economía global, este país se encuentra es buenas condiciones, lo que significa que las medidas del gobierno no han sido tan desastrosas como pretenden hacer creer los políticos de la oposición. Queda pendiente analizar el componente del Estado derivado de la situación fiscal, pero ese es otro tema. Por ahora se trata solo de la economía de mercado.