LOS TUMBOS DE LA DEMOCRACIA

Por allá en los siglos 17 y 18, los ricos europeos (manufactureros, financistas y comerciantes) todos plebeyos, inventaron un régimen político de su conveniencia, para lo cual desempolvaros la palabra “democracia” que había sido utilizada por los griegos como sistema de gobierno varios siglos antes de Cristo, en época de Pericles. Por supuesto, el régimen de ahora, para el Estado Moderno, se diferencia substancialmente del de los griegos por lo cual le colocaron el apellido “representativa”. Desde entonces y como ahora, la democracia ha sido el gobierno de los ricos para beneficio de los ricos, pero, por supuesto, con el voto de los pobres.

La inepta y corrupta oligarquía colombiana siempre se ha ufanado de la democracia de este país. Vociferan a los cuatro vientos que es necesario proteger el régimen y ahora, utilizan el caso de Venezuela para argumentar su defensa. Pero no dicen nada cuando en el siglo pasado los dos partidos tradicionales cerraron las opciones de participar a otras organizaciones políticas, ni dicen nada ahora, cuando los aspirantes más cercanos a la presidencia y quienes controlan los órganos de poder, son hijos o nietos de los mismos que hoy están con las mismas. Las corporaciones legislativas y las administrativas territoriales, integradas supuestamente por representantes legítimos del pueblo, operan viciadas en las decisiones que condicionan a prebendas y beneficios personales: casi ninguno vota gratis, por lo cual el gobierno solo puede adoptar políticas, siempre que reparta mermelada.

Ahora la oligarquía, aun dividida, firmó un acuerdo con el grupo guerrillero Farc, que pidió entre los compromisos, apertura democrática para participar en procesos que durante más de medio siglo les cerraron a ellos y a otros grupos que han estado por fuera de las élites de poder como la UP y, hoy Gustavo Petro, a quien, por todos los medios, tratan de frenar para que no avance en la conquista del gobierno. Henry Acosta Patiño, el facilitador del diálogo con las Farc, distribuyó por las llamadas redes sociales un mensaje quejándose por el incumplimiento del gobierno en los compromisos del acuerdo sobre la participación de dicha organización en la actividad política, en razón a la telaraña de instancias que enredan las decisiones.

Y lo más preocupante es que, en el concierto Latinoamericano, el régimen político colombiano está mal posicionado, según se aprecia en la lectura del Índice de Desarrollo Democrático que publica la organización Polilat de Argentina con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. En 2016, Colombia ocupó el puesto 13 entre 18 países con un puntaje de 2,98 sobre 10,00 posibles. Entre los cinco países que superó, están Venezuela y Nicaragua.  En dicho informe se aprecia también, que en materia de derechos político y libertades civiles, Colombia sólo tiene debilidades y ninguna fortaleza, lo mismo que en el campo de la calidad institucional y la eficiencia políticas, concluyendo que “pasa a calificar como país con mínimo desarrollo democrático” y en el análisis del período 2002-2016, solo se ven los tumbos de la democracia. 

EL ALCANCE DE LAS COOPERATIVAS

En época del capitalismo empresarial con el enfoque de desarrolló exógeno, soporte keynesiano y economía cerrada, hace más de medio siglo, las cooperativas tuvieron más difusión y recibieron más apoyo de parte del gobierno, que ahora, cuanto tenemos el capitalismo rentista con enfoque de desarrollo endógeno, soporte neoliberal y economía abierta. Justo, cuando las bondades del pensamiento cooperativo ofrecen más utilidad y beneficios, no sólo para las clases populares, sino para la economía nacional en general, que las reglas operativas de la globalización han llevado a la situación que hoy afronta, con alto nivel de desempleo y recesión.

Pero todo depende del gobierno, quien debe adoptar una adecuada política pública para este sector, que incluya instrumentos de políticas fiscal, monetaria y cambiaria, medios de fomento, estímulo y apoyo, y en general los recursos de fortalecimiento que sean apropiados bajo las condiciones sociales colombianas, con su cultura y su economía.

En materia de desarrollo endógeno, desde hace un cuarto de siglo se viene agitando el discurso de los emprendimientos como medio para generar empleo y fortalecer la base económica; pero varios estudios hechos por universidades muestran que sólo el 10 % de las microempresas creadas con la dinámica del emprendimiento, han superado los primeros cinco años y se han consolidado como verdaderas empresas. El restante 90 % ha sido pérdida de esfuerzos y recursos de capital desperdiciados. La razón principal, entre otras, es que, en una economía abierta y globalizada, la competitividad solo se logra con grandes capitales acumulados que permitan la fuerza suficiente para navegar en la turbulencia del mercado, además de otros factores de política que, justamente, el gobierno no les ha aportado a las microempresas resultantes del emprendimiento.

Las cooperativas permiten, en el marco de la democratización económica, aglutinar grandes capitales en un solo esfuerzo empresarial, que suma grandes volúmenes de energía social convirtiéndose en una fábrica de capital social, donde la persona está por encima del capital y con ello, la fortaleza necesaria para afrontar la lucha en el mercado que en este caso no solo es contra las grandes empresas nacionales sino contra las multinacionales y transnacionales que dominan el mercado global.

El Acuerdo de Paz incluye un compromiso con el cooperativismo, que ojalá el gobierno cumpla, para crear y fortalecer principalmente las cooperativas de producción y de comercialización; pues las de crédito se han fortalecido solas. Pero si el centralismo bogotano no formula e implementa una política pública dentro del contexto del desarrollo endógeno, que obligue la contribución de los gobiernos territoriales, no será posible avanzar en este campo de la economía y organización social, tan pertinente en la actual coyuntura económica y entonces, Colombia terminará desaprovechando de manera irracional el alcance de las cooperativas.

FIRMAS CONTRA LAS EPS

Desde hace un cuarto de siglo existe el instrumento, pero sólo ahora ha tomado fuerza el mecanismo de las firmas para el ejercicio de la democracia participativa, que se viene utilizando con diversos propósitos, siendo un síntoma que demuestra la desconfianza en las instituciones colombianas. Ya ni en los partidos políticos se puede confiar, según se deduce del hecho que muchos aspirantes a presidente recurren a los grupos significativos de ciudadanos para sustentar su candidatura, tal vez, por la mercantilización que han tomado los avales de los partidos.

Ahora surge en Manizales un comité promotor de la recolección de firmas para exigir a los órganos estatales competentes, la eliminación de los mercaderes de la muerte y traficantes de vidas humanas, alias las EPS, esas empresas creadas para hacer de la salud del pueblo un negocio rentable, cuyas utilidades o ganancias dependen de la vida humana. Si salvan a los pacientes, la empresa quiebra.

Las EPS nacieron con la filosofía del aseguramiento. Pero con el tiempo se han convertido en un parafiscal que opera como un impuesto cuya base gravable son los ingresos de la víctima, que llaman paciente y en algunos casos cliente. Son la principal causa de la crisis institucional del sector salud, por lo cual su desaparición se ha planteado varias veces, pero ellas luchan como fiera herida para defenderse y conservar su lucrativo negocio. Recurren a la corrupción de los congresistas, a quienes les dan aportes en la campaña electoral y luego coimas para que voten a su favor en las cámaras. Esto es de conocimiento general y suficientemente difundido en la opinión pública.

El recurso de las firmas es procedente, ya que la iniciativa gubernamental no pasa en el Congreso. Aunque el gobierno presente el proyecto de ley respectivo, los congresistas lo modifican o no lo aprueban y las EPS permanecen vivas. El comité de Manizales debe extenderse por toda la Nación, porque el país ya no aguanta más los atropellos de estas entidades y su contribución al deterioro de este servicio social. Desde varios actores han presentado fórmulas para la organización institucional del sistema de salud sin la existencia de las EPS, lo cual es perfectamente viable y evidencia que no son necesarias. Se trata de seguir con un esquema de corte neoliberal como el actual, conservando la capitación y los pagos mensuales, pero sin la presencia de este parásito que se come la mayor parte de los recursos de financiamiento. Por supuesto, significa reformar el Fosyga, modificar la administración de las IPS, cambiar el rol de las secretarías de salud territorial y ajustar la superintendencia. Pero es fácil. Sólo falta voluntad política.

Por supuesto en el largo plazo es necesario adoptar el mecanismo de universalización de la salud con un esquema de financiamiento apropiado, para sacar este bien público de las garras del neoliberalismo y, sin regresar al Estado asistencialista, aplicar fundamentos alejados de las leyes del mercado que permitan brindar soluciones de corte social a la comunidad y al derecho a la vida, por lo cual es conveniente apoyar la iniciativa de Manizales de recoger firmas contra las EPS.

NUEVA PAPAYA DEL PARTIDO LIBERAL

Con el nacimiento del partido político Farc se modifica substancialmente el escenario político nacional y las condiciones de la confrontación electoral. Aunque a muchos no les gusta, es un partido que surge con los atributos apropiados para ser uno de los actores protagonistas del debate político que, por las circunstancias nacionales e internacionales, tiende a polarizarse en los dos bandos de los extremos del espectro ideológico.

Lo que estamos viendo en Colombia es que, en la confrontación política, más allá de las pugnas electorales y centrándose en las puras ideas y propuestas, las dos tendencias demarcarán con claridad sus linderos: por una parte el nuevo partido sustentado en la anacrónica propuesta socialista de la economía planificada con manejo estatal de los medios de producción y por la otra la postura neoliberal del capitalismo salvaje con pleno dominio del mercado como autoridad económica, alta concentración de la riqueza en manos de unos pocos, pobreza generalizada en todas las capas sociales restantes y entrega del Estado a las directrices del capitalismo financiero internacional, tal como hoy está ocurriendo.

Pero en Colombia ya no caben ni el uno ni el otro. Los dos extremos son impertinentes frente a la realidad del país que, gústenos o no, está metido en la ejecución y cumplimiento del Acuerdo de Paz, cuyo Punto Uno sobre la zona rural, abre las puertas para la construcción de un modelo económico diferente, con soportes autóctonos para el recate del aparato productivo. En este país no cabe el socialismo clásico de la economía planificada sin propiedad privada de los medios de producción ni el socialismo del Siglo XXI; pero, igualmente, ya la comunidad nacional no aguanta más el modelo económico de libertad extrema para las leyes del mercado y sometimiento de las políticas de Estado a los intereses de los Fondos de Inversión.

Es ahí donde está la nueva oportunidad. Ni tanto que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre. Se necesita un modelo dentro del Capitalismo, con propiedad de los medios de producción tanto del Estado como de los particulares, con el mercado como mecanismo de funcionamiento de la economía, pero suficientemente intervenido por el Estado para evitar la injusticia social y permitir la concentración de riqueza, pero en justas proporciones. Un esquema socialdemócrata que facilite el crecimiento económico con equidad social.

No estamos hablando de un modelo similar a Suecia o a otro país extranjero. Se trata de una socialdemocracia a la colombiana que se construya a partir de las propias especificidades culturales, sociales y económicas, con la creatividad y el ingenio de los propios actores sociales y con un partido político que lidere el proceso e imponga la debida trayectoria en el rumbo del Estado. Lamentablemente, el partido político que en su plataforma ideológica y en sus estatutos se autoproclama socialdemócrata, es el Partido Liberal.

Cuando en el año 2002, ese partido se entronizó en los lineamientos socialdemócratas, muchos creímos que había surgido una alternativa política consecuente con la realidad histórica. Pero después esa organización cayó en las garras del decano del neoliberalismo en Colombia, Cesar Gaviria, quien, con su séquito a bordo, destruyó lo que Hernando Agudelo y Eduardo Verano, entre otros, habían sembrado a comienzos del siglo. Pero ahora, ante la coyuntura política que se avecina y la necesidad de presentar la tercera alternativa ideológica en el escenario político, queda abierta la oportunidad de rescatar el mérito histórico que ese partido ha tenido desde la época de Rafael Uribe y Jorge Gaitán. Lamentablemente, como anotamos antes, esa organización no cuenta con un líder o dirigente a escala nacional que convoque, aglutine y oriente las masas del trapo rojo para que aproveche la nueva papaya del Partido Liberal.

LA OTRA DIMENSIÓN DEL PAPA

Con la próxima visita del Papa Francisco a Colombia han surgido diversos comentarios a favor y en contra, como quienes, impulsados por algunas sectas cristianas, reprochan los gastos en que incurrirá el gobierno para el efecto, argumentando que dicho evento no es trascendental como para justificar el costo. No obstante, además del carácter espiritual y religioso que tiene el personaje, hoy, en época de la globalización, otros aspectos también hay que tener en cuenta en el significado del Estado Vaticano y particularmente del Papa Francisco.

Con la Encíclica Laudato Sí quedó todo bien claro. El texto de dicho documento papal, que es más un documento sociopolítico que religioso, quedó demostrado que el Papa es un actor relevante en la geopolítica mundial quien, en el actual mundo globalizado, se reviste de especial significado. Los creadores de la globalización que hoy promueven la implantación del Nuevo Orden Mundial, fueron sacudidos por la encíclica. Tanto que posteriormente a la expedición, tres de los más connotados líderes del Club Bilderberg fueron a Roma, no se sabe a qué, pero es de suponer que fue con el propósito de regañar al Papa. Ese club, que concentra el centenar de multimillonarios más ricos del mundo, pretende establecer un orden mundial donde ellos gobiernen a su antojo y para sus propios intereses.  

Rusia y China se oponen al Nuevo Orden Mundial concebido tal como lo promueve Bilderberg; pero el enfrentamiento de estos países sería fatal para la humanidad porque estos también tienen intereses de dominación internacional y sus argumentos se basan en la tenencia de armas nucleares. Mientras que el Papa es un líder universal espiritual cuya arma radica en la palabra. Son cerca de 1.200 millones de personas en el mundo que siguen el liderazgo del Papa. Es decir, el único líder global que está en condiciones de enfrentar las propuestas del Nuevo Orden Mundial promovidas por Rockefeller, Rothschil y Kissinger, los que visitaron al Papa, y hora Soros que reemplaza al fallecido Rockefeller, es el Papa.

Por supuesto, el Papa Francisco nunca lo ha dicho ni lo dirá; pero de la lectura del texto de la encíclica se puede sacar la conclusión. El cuestionamiento al capitalismo salvaje de la globalización financiera con su soporte doctrinario del pensamiento neoliberal, es claro, por lo que la geopolítica mundial no puede hoy dejar de lado la postura del Vaticano frente a los sucesos de la aldea global, donde fuerzas ocultas muy poderosas y multimillonarias, se erigen como la autoridad que rige los destinos del mundo y define el rumbo de la humanidad, por lo cual Francisco, o el antipapa como lo califican los de extrema derecha tipo José Galat, además de ser el líder espiritual de gran parte de la humanidad, también deja ver en el escenario geopolítico la otra dimensión del Papa. 

EL RESTO DE MUNICIPIOS

Es cierto que el Punto 1.2.2 del Acuerdo de Paz dice que “se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo”, pero también dice que “el proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país”, lo cual es completamente sensato para evitar acciones discriminatorias contra algunos territorios igualmente necesitados como casi la totalidad de las zonas rurales.

El Decreto 893 de mayo de 2017 selecciona 170 municipios entre los cuales hay 17 de Cauca y 2 de Valle del Cauca dentro de lo que denomina Subregión Alto Patía y Norte del Cauca, que incluye también 5 de Nariño. Adicionalmente en la Subregión Pacífico-Medio, incluye 3 de Cauca y 1 de Valle, para un total de 20 del departamento del Cauca y 3 del Valle, que a criterio del gobierno nacional se ajustan a los factores de priorización. Pero, independientemente de lo que diga el acuerdo, la pregunta es, si los demás municipios no necesitan una política pública rural o la construcción del clima de convivencia pacífica.

En las bondades del Acuerdo lo más destacable es la oportunidad de formular, por primera vez, una política pública rural que se instrumente con el Enfoque Territorial, el cual, aunque es de esencia neoliberal, implica el cambio en los procesos de gestión pública territorial y eso de por sí, ya es una ganancia. Puede ser que recursos de financiamiento e inversiones no haya por la crisis fiscal; pero el cambio en los procesos de planificación, ejecución y control en las actividades para el desarrollo, es beneficioso para las comunidades rurales. Hasta ahora se piensa que el Enfoque Territorial solo va para los 170 municipios priorizados; pero no es procedente implantar otra vez, una dualidad entre los que aplican el enfoque territorial y los que continúen usando el tradicional y caduco enfoque sectorial.

Aun con los mismos escasos recursos existentes, el cambio de enfoque en la gestión pública traería beneficios para las zonas rurales. Por eso el cumplimiento del Acuerdo en esta materia no debe limitarse solamente a los municipios priorizados, sino que los procesos de gestión deben transformarse en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, conlleva las correcciones al actual ordenamiento territorial, lo que de por sí es un valor agregado para los municipios que, a pesar de los dos decenios de la ley 388, todavía presentar irracionalidades e inconsistencia en la relación del espacio con los procesos de desarrollo económico y social. Por eso, y porque la convivencia pacífica no es exclusiva para algunos territorios sino para todos, independientemente de la programación de la ART y por iniciativa local, es conveniente aprovechar las oportunidades que brinda el Acuerdo para enderezar procesos cuya tendencia es desorientada con relación a las condiciones de vida de las comunidades y al cumplimiento de los fines sociales del Estado, que aunque sea víctima del régimen político imperante, no puede abandonar su misión social y dejar por fuera el resto de municipios.

EL ROL DEL DEPARTAMENTO

El departamento es un administrador territorial creado en 1886 para sustituir a los Estados soberanos y con ello poner el país al servicio de los intereses de los industriales ingleses. Pero en 1991, fue discutido y algunos propusieron acabarlo porque la Carta de la fecha consagraba al municipio como célula básica del Estado. Al final, la Constitución le asignó la función básica de ser intermediario entre la nación y el municipio.

Pero en cumplimiento de esa tarea, su papel se diluye y el gobernador queda siendo un mandadero del presidente, porque los principios de la descentralización van de arriba hacia abajo. En cambio, sí se vuelve un municipio grandote, por el principio de subsidiariedad, como ocurre en los sectores de salud y educación, donde el administrador intermedio se baja a cumplir las funciones del municipio. Sin embargo, el nivel regional es muy importante en la administración territorial porque en la realidad existen procesos supramunicipales, como los de infraestructura, los económicos y los ambientales, por lo cual la existencia de este administrador es necesaria, pero claro, con linderos diferentes, asociados al ordenamiento territorial.

Hoy, en la coyuntura histórica que vive el país, cuando, gústenos o no, hay que cumplir el Acuerdo de Paz que tiene a la ONU supervisando; el Punto Uno del acuerdo, el que crea una gran oportunidad para la reconstrucción del país rural con una verdadera política agraria, al departamento se le presenta la ocasión para su reivindicación histórica, asumiendo tareas que, por ahora, no hay quien las recoja. El gobierno, siguiendo la columna vertebral de la Rama Administrativa del Poder Público, está montando el eje institucional para el cumplimiento del Punto Uno del acuerdo en la línea ART-Gobernación-Municipio-Comunidad.

Pero hay una opinión generalizada de que las administraciones municipales no están preparadas para cumplir esa misión, por lo que necesitan que alguien les de la mano y en este caso le corresponde al departamento. No solamente por las limitaciones en la capacidad operativa y por el vaivén politiquero en que se mecen los municipios, sino, y principalmente, porque la administración del Estado está concebida, diseñada, organizada y estructurada, para la gestión pública sectorial y el Acuerdo de Paz en el punto uno exige que se realice la gestión con enfoque territorial que es suprasectorial y holístico, por lo cual se necesita hacer la respectiva conversión.

Alguien debe ayudar a los municipios a realizar esta conversión de lo sectorial a lo territorial, sobre todo a los de nivel 5 y 6, que es donde ha estado mayormente concentrado el conflicto. Se necesita un mecanismo convertidor que opere como un puente entre el municipio y las comunidades y que se encargue de la conversión del enfoque sectorial existente al enfoque territorial requerido; pues la estructura actual no se puede cambiar de la noche a la mañana y mientras eso ocurre, se ha terminado del plazo de los 10 años de los PDET. Por eso por ahora debe existir ese mecanismo de conversión y esto crea un campo para la acción de la administración regional que puede intervenir en apoyo a los municipios para suplir de alguna manera, el vacío existente en la gestión pública y a la vez aportando un agregado en el rol del departamento.