DEFENSA DEL MODELO ECONOMICO

Antaño, una parte del Excedente Económico o ahorro social del país, que es hijo de esa masa de valor que la Economía Política llama “plusvalor”, iba principalmente para los bancos; de ahí pasaba a través de préstamos a manos de los empresarios y estos lo convertían en empresas creadoras de empleo y promotoras del desarrollo. Pero desde hace algo así como tres decenios, la tendencia o la línea gruesa del sistema económico, es que dicho ahorro en su mayoría, va para los Fondos de todo tipo como ahora existen, donde están los de inversión, los mutuales, los de pensiones y en general los del capital de especulación, y estos trasladan los recursos al Estado en calidad de préstamo comprando sus títulos valores, para luego mandar a los recaudadores a meterle la mano al bolsillo de los contribuyentes con el único fin de cumplir con los pagos a los especuladores. Si a los Fondos no les hubiera dado por coger al Estado como objeto de su negocio, la realidad económica mundial sería otra y la especie humana no estaría en el proceso de extinción que ahora se encuentra. El Estado era la única alternativa para salvarse pero ahora este ente es simplemente un instrumento para recaudar impuestos que se destinan a pagar los intereses y el principal de sus deudas con los Fondos y demás especuladores, sin interesarle las necesidades de sus asociados para quienes se limita simplemente a garantizarles derechos. Los especuladores que tenían la experiencia de 1930 sobre los riesgos de colocar su capital en manos de la empresa privada, creyeron que el Estado nunca quiebra porque sus ingresos no dependen del éxito en el mercado sino de los recaudos tributarios, considerando que así estaban asegurados; pero desconocieron que los ingresos tributarios dependen justamente de la base gravable y que ella está condicionada a la situación general de la economía. Hoy está en crisis el esquema. Ya el paradigma de que colocando los recursos en manos del Estado se aseguran las inversiones, está en duda y por mucho que el FMI realice labores de monitoreo y presión para disminuir el gasto público con miras a salvar los ingresos tributarios para bajar el riesgo de los títulos, las mismas leyes del mercado están por otro lado creando y acumulando la energía social que impulsada por el instinto de conservación de la especie, propiciará en el futuro no muy lejano la crisis social complementaria a la crisis económica que ya muestra sus primeros síntomas y entonces veremos qué dicen los de la Universidad de Harvard y todos los doctrinarios que han tenido en sus manos la defensa del modelo económico.

LA HISTORIA SE REPITE

Otra vez, como en el año 2007, la prensa bogotana armó el escándalo para difundir la euforia del gobierno que sacaba pecho, el mes pasado cuando el DANE publicó las cifras sobre el comportamiento de la economía en 2011. La economía había crecido el 5.9 % y esto era la gran hazaña. Pero cuando miramos con calma las cifras del organismo oficial de estadística, encontramos la misma ocurrencia de hace cuatro años, cuando en los dos años siguientes la alegre tempestad se apagó. Al mirar las cifras ya no de la tendencia de año a año sino de la situación estática final, encontramos que la economía no crece sino que se infla. El PIB colombiano de 2011 sobrepasa los 221 billones de pesos. Si hubiera crecimiento, el aparato productivo debería contribuir por lo menos con 111 billones, pero así no ocurre. La economía colombiana sufre del fenómeno que Samir Amín llamó hace medio siglo “hipertrofia del sector terciario”, lo cual en lugar de ser factor de fortaleza, es una carga que debilita secularmente la economía. El aparato productivo escasamente contribuye con el 33 % del PIB y eso que en este año las cifras son atípicas en los sectores de minería y manufactura, por inversiones que se realizaron pero que no se repiten todos años. Quiere decir que sobre los hombros del 33 % se le monta una carga del 67 %. El sector agropecuario, que en un país como Colombia que no posee tecnología propia ni desarrollo industrial autónomo, constituye el principal soporte del aparato productivo, escasamente genera el 6 % del PIB, algo así como 14 de los 221 billones, mientras que los sectores parásitos de la economía, los que se chupan para los bolsillos privados el valor que toda la sociedad produce como son los financieros y los rentistas de la propiedad raíz, participan casi con la quinta parte del todo el producto (19.2 %). Y el sector terciario en su conjunto, sin la participación del gobierno, constituye el 57.3 % del PIB, un balance nada favorable para la solidez de la economía. Si la situación continúa con estas proporciones donde el aparato productivo no se fortalece sino que por el contrario, cada vez afronta más carga en sus espaldas y si el sector financiero sigue incrementando o por lo menos manteniendo la absorción de ahorro social, el futuro de la economía en el mediano plazo no tendrá opciones que le permitan afrontar la crisis que la globalización día tras día incrementa y que se agudiza en el mundo por el fracaso del modelo del capitalismo financiero internacional como está ocurriendo en Europa donde también como esta vez en Colombia, la historia se repite.

LA NOVEDAD DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Otra vez, como cada cuatro años, se vive el período de elaborar los planes de desarrollo territorial; pero esta vez, bajo condiciones diferentes que obligan a introducir elementos por fuera de la costumbre, tanto en su concepción como en el enfoque del plan.

Era común en el pasado ver a gobernantes territoriales formulando el plan de gobierno, que la Ley 152 del 94 llama equivocadamente “plan de desarrollo”, por cumplir el requisito legal y sin la connotación que el instrumento tiene como carta de navegación del período para el que fueron elegidos. Pero este año las cosas cambian porque por primera vez, los consejos de gobierno se encuentran con el modelo de Estado Gerencial completamente armado, lo que obliga a otorgar otra concepción al plan.

Si bien desde 1991 por la vía constitucional en el país se introdujo este tipo de Estado, fue hasta marzo de 2010 cuando ya se completó el conjunto de instrumentos para hacerlo realidad. La mayoría de leyes se expidieron entre el 93 y el 94 como fueron la 87 y 872 de 1993; luego en el 98 la ley 489 y en el 2004 la ley 909. Pero los decretos reglamentarios y los instrumentos con los cuales estas normas se podrían hacer realidad, fueron bastante posteriores como los decretos 1537 de 2001, 3286 de 2004, 1599 de 2005, 3622 de 2005, 4665 de 2007 y el 4485 de 2009, para completar el paquete con el documento Conpes 3649 en el 2010. Con esto, ya está el Estado Gerencial ensamblado y son los actuales gobiernos territoriales los primeros en ejercer su cargo bajo estas condiciones.

Ahora los planes de la ley 152 deben ser de carácter gerencial, donde lo primero es evitar los mamotréticos documentos rellenos de texto narrativo que algunos autores acostumbran, como si la calidad del trabajo dependiera del volumen, sin considerar la utilidad práctica. El enfoque gerencial significa que el plan es un medio para tomar decisiones por cuanto “gerencia es el arte de hacer que las cosas se hagan” y sin decisiones no se pueden hacer; por lo cual, los indicadores deben corresponder a este patrón de modo que los medidores fundamentales son los indicadores de eficiencia y eficacia. Los indicadores de impacto se acomodan a los propósitos del plan que se derivan de los efectos de los problemas del árbol del marco lógico, por lo tanto esa carga no le cae en los hombros de los alcaldes y por ello tampoco sirven para medir su calidad como gerente público.

Y así sucesivamente: este plan debe ser diferente a los anteriores, por lo que los equipo de gobierno que por lo general no le ponen interés sino que dejan solo al secretario de planeación, deben ser más conscientes de la situación para que comprendan la novedad de los planes de desarrollo.

LOS REMEDIOS DEL DNP

Para el PND “Prosperidad Para Todos” es muy importante lo que ocurra en los territorios, por cuando la estrategia central de la prosperidad consiste en cerrar la brecha entre regiones atrasadas y las que están mejor posicionadas; pero reconoce que uno de los retos para lograr este propósito es superar las debilidades administrativas, técnicas y operativas de las entidades territoriales, lo mismo que las deficiencias en los procesos de planificación que, a pesar de los 16 años de la Ley 152, aun persisten en los departamentos y municipios.

La Nación ha creado un programa de asistencia técnica para las entidades territoriales sobre la base de que éstas necesitan quién les enseñe a trabajar, lo cual merece reconocimiento por la buena voluntad y amabilidad de sus propósitos; pero, para lograr el objetivo que se propone, es necesario hacer otras consideraciones sobre la pertinencia de los procedimientos desplegados desde Bogotá.

No hay claridad si lo que busca es imponer los intereses nacionales sobre los territoriales acentuando más la pérdida de autonomía municipal que consagra la Constitución Política, como ocurrió durante la primera década del presente siglo, o si lo que prima es la política local; tampoco se precisa si lo que quiere la Nación es trasladar los problemas que se derivan de las políticas nacionales, para que las consecuencias las afronte el alcalde. Porque lo que se está viendo ahora en la elaboración de los mal llamados planes de desarrollo territorial, es que, sin reconocer que el Artículo 39 de la Ley 152 le concede facultades a los concejos y asambleas para determinar qué y cómo se hace el plan, el DNP viene supuestamente asesorando, pero realmente imponiendo una guía que deja muchas dudas sobre su contenido técnico.

Ya el país conoce que los productos del DNP no es que sean de mucha calidad que digamos, por no afirmar que por lo menos la mitad de esos productos, sobre todo en política social y desarrollo territorial, no se acomodan a las condiciones de la realidad territorial. Tampoco podemos afirmar que los servidores públicos vinculados a dichos programas son la flor y nata de la idoneidad, de modo que queda pendiente mirar los resultados del proceso para saber si realmente el gobierno nacional está acertando.

Lo que sí está claro es que los gobiernos municipales se encuentran entre la espada y la pared: por una parte las premuras del tiempo que impone la ley, los compromisos de campaña y la realidad del régimen político local y por otra parte la presión que sin tener competencia legal sobre contenido del plan, ejerce el DNP, lo cual en lugar de aliviar una preocupación, se ha convertido en un factor de estrés para los alcaldes dejando por supuesto la duda sobre si de verdad es más cara la enfermedad que los remedios del DNP.

LA LLAGA DE LOS CELULARES

El periodista Felipe Zuleta en su columna dominical de un diario bogotano, tocó el domingo pasado un tema que a más de la mitad de los colombianos le duele, pero que sólo se comenta en privado donde más que comentarios, se lanzan imprecaciones para desahogar la impotencia que las víctimas de los operadores de telefonía celular sufren cada mes, cuando les toca afrontar los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios que ellas llaman clientes.

La comunicación es un asunto público porque, como todo lo público, tiene origen en la ley natural que motiva el instinto de agruparse entre los individuos de la especie, para lo cual requiere de la comunicación. Pero siempre ha estado predominantemente privatizado, aunque se manifiestan fenómenos rarísimos en las características del sector institucional que regula el proceso social. Se ve un revuelto: por un lado, del papel del Estado, quien en ocasiones, asume la propiedad del medio a través del cual fluye la tecnología, o en otras, como propietario de instrumentos directos de comunicación; y por otro lado, la acción de los particulares quienes montan empresas con ánimo de lucro para sacar provecho individual de este asunto que por su naturaleza es colectivo. Dentro de esta sarta de rarezas se encuentra la supervisión de la telefonía celular que, como en todo lo público, el Estado debe ejercer a través de las superintendencias. A pesar de que existe una superintendencia de servicios públicos, a la telefonía celular la vigila la superintendencia de industria y comercio, que es más tolerante, más permisiva, más alcahueta y hasta cómplice, frente a los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios. Por lo general, ofrecen un servicio determinado a un precio y después incumplen lo prometido y elevan los cobros en las facturas mensuales. Ahora han inventado los funcionarios de la gerencia de fidelización de clientes, quienes desde el otro lado de la línea le ofrecen al usuario que se quiere retirar, esta vida y la otra para que no se vaya y después no cumplen.

No sé si antes algún periodista de la gran prensa bogotana había hecho referencia al tema; pero aprovechando la publicación de Zuleta Lleras, bien vale la pena poner sobre la mesa de la opinión pública el asunto porque los millones de usuarios de este servicio no pueden continuar sometidos a semejante perjuicio. Más cuando la atención es despersonalizada y los usuarios no tienen la oportunidad de dialogar con algún directivo responsable de las decisiones empresariales. La pasividad de los usuarios o víctimas de la telefonía celular debe ya actuar masivamente aprovechando alguno de los mecanismos que la ley permite para la defensa de los derechos tanto fundamentales del ciudadano, como los de consumidores que se consignan en el respectivo estatuto, ahora que desde un periódico capitalino el columnista metió el dedo en la llaga de los celulares.

DESASTRE DEL CAPITALISMO RENTISTA

Todas las especies vivas que existen sobre el globo terráqueo, movidas por la fuerza inercial de conservación de la vida, crean instintivamente los mecanismos e instrumentos para asegurar la supervivencia de la especie, bajo el principio de la ley natural. Por ello el homo sapiens movida por la ley de la naturaleza e impulsada por el instinto de conservación, ha creado los medios con los cuales se pretende conservar la especie.

Uno de esos instrumentos creados instintivamente por la ley natural, de la misma manera que otras especies animales como las hormigas o las abejas, es el sistema económico el cual, por motivos de que esta especie tienen cerebro, supuestamente razonable, ha sido interferido por el pensamiento, distorsionando los fines impuestos por los principios biológicos e imponiendo los intereses de la racionalidad humana. La economía durante los varios miles de años que tiene la especie, ha sido modificada en relación con la génesis del sistema sustentado en los principios de la naturaleza. Así, el sistema no garantiza la permanencia de la especie biológica suministrando los medios de subsistencia a todos y cada uno de los individuos, sino que a unos les entrega abundancia y a otros no les garantiza nada. Hoy sabemos por los medios de comunicación, que las cien familias más ricas del mundo poseen una fortuna superior a la sumatoria del PIB de los cincuenta países más pobres que albergan una población cercana a los setecientos millones de personas.

Pero también hoy vemos que, una vez más, la naturaleza presenta cuenta de cobro cuando se violan sus leyes. El Capitalismo Postindustrial, que ha desviado la esencia del sistema económico consistente en producir los medios de subsistencia haciendo de los valores monetarios un objeto de negocio y enriquecimiento sin producir ningún satisfactor de necesidades humanas, está propiciando su propia destrucción de manera catastrófica. Ha convertido al Estado en el marrano de engorde volviéndolo el cliente predilecto de los capitalistas especuladores y alejando esta entidad de su misión social, y así está llevando a la crisis a países del continente otrora rico y atractivo como Europa. La zona euro comienza el nuevo año con las mismas preocupaciones o más de las que tenían el año pasado, porque los especuladores del dinero han creído que basta con comprar títulos valores del Estado o de convertir a este en su deudor, para que sus capitales estén salvados, como si la capacidad de tributación de las comunidades fuera infinita.

Con ello, lo que está propiciando es el derrumbe financiero del Estado, a quien no les queda otra alternativa que recortar el gasto social y llevar hasta la miseria a las capas más pobres de la población. Se reducido el sistema económico a la compra-venta de papeles de valor sin contenido de satisfactores de necesidades y se ha convertido la situación de la economía en simple observación al riesgo que corren las inversiones de los especuladores y agiotistas; hay crisis económica si los tenedores de papeles están en riesgo y hay éxito, si ellos tienen asegurada su renta fija, haciendo de esto el mayor desastre del Capitalismo Rentista.

LOS DOS MORIBUNDOS POLITICOS DEL AÑO

Desde hace un siglo, en la teoría de la revolución socialista se decía que la toma del poder para implantar la dictadura del proletariado, sólo se podía realizar mediante la guerra armada por cuanto las clases dominantes se opondrían a esta toma, de manera que por la vía pacífica eso no era posible. Pero también se afirmaba que el primer requisito, indispensable para la toma del poder, era que el movimiento revolucionario tuviera amplio respaldo de las masas populares ya que de otra manera la insurgencia no podría conquistar el poder. Así, las fuerzas revolucionarias requerían de la simpatía y el afecto generalizado de la comunidad, además de la credibilidad en la fuerza revolucionaria y la confianza de que esa era la verdadera solución de las necesidades sociales.

Cuando en septiembre del año 2000, el Partido Liberal aprobó en su Asamblea Constituyente la plataforma política, muchos colombianos conscientes de que la opción del socialismo había fracasado porque este tipo de economía no permite el crecimiento económico, se ilusionó con que, por fin, había surgido en el país un partido que ofreciera la alternativa adecuada a los cambios de las estructura sociales y con propuestas consecuentes frente a la realidad socioeconómica. Horacio Serpa dijo en su discurso que esa organización había asumido el compromiso de abogar por los fundamentos socialdemócratas y complementó diciendo “Claro, somos socialistas modernos”. En el punto 12 de los principios doctrinarios dice que “La afiliación a la Internacional Socialista compromete al Partido Liberal a poner en práctica un proceso de democratización interna…”.

Lo anterior es la carreta y la palabrería. En Colombia, después de medio siglo de terca insistencia que va en contravía de la realidad histórica, jamás las masas populares y la comunidad ha respaldado, ha simpatizado, ha creído o ha tenido confianza en los movimientos insurgentes, de modo que nunca le han brindado el apoyo necesario para su triunfo. Por el contrario; si algún fenómeno político genera repulsión colectiva, es la guerrilla. Pero sus dirigentes son ciegos, tercos o irracionales, mejor dicho locos. No entienden la realidad histórica ni la cultura política nacional. De manera obstinada persisten en mantener una acción violenta que cada día desciende hacia el fracaso total no sólo por la acción de la fuerza pública, sino porque sus propias tropas están desertando en concordancia con la realidad del país.

De otro lado, ya a punto de terminar el año, el Partido liberal demostró que las ilusiones del año 2000 no pasaban de ser eso: mera ilusión. En uno de los actos más bochornosos y vergonzosos para quien presume ser la vanguardia de la política social, de manera amañada elige como director de la organización al hijo del “Padre del Neoliberalismo en Colombia”, quien lideró el abandono de las propuestas socialdemócratas eliminando así la única opción que tenían los colombianos de enfrentar políticamente a la derecha neoliberal. Simón Gaviria, un muchacho cuyo único mérito es ser hijo de su papá, quien seguirá en las mismas convirtiendo al Partido Liberal en uno de los dos moribundo políticos del año.