REVENTÓ LA CAMORRA

El jueves 25 de diciembre de 2008, se publicó en esta misma columna del Diario EL LIBERAL un artículo titulado “Mejor que se quede Uribe”, donde se leía que “Los efectos e impactos de las políticas del gobierno casi siempre se manifiestan y se sienten después de tres años desde cuando se comienzan a aplicar. Por eso, la situación que vive el país hoy durante el segundo período de Uribe es consecuencia de las políticas que él aplicó en el primer período; y al Presidente del período 2010-2014, le tocará afrontar las consecuencias de las políticas que Uribe está aplicando hoy. Así, al próximo presidente le tocará asumir problemas sociales y económicos aun más graves de los que se están viviendo hoy. La opinión pública dirá entonces, que la culpa es de él y que el Uribe de hoy era mejor gobernante.”

El artículo perece premonitorio, si se tienen en cuenta los eventos de la última semana, cuando los uribistas están atribuyendo al gobierno de Santos, la culpa de la situación que hoy vive el país en materia de convivencia y seguridad, como efecto de las políticas que aplicó su antecesor y que han agudizado los conflictos sociopolíticos de la historia nacional. Lo justo sería que Uribe comiera de su propio cocinado afrontando hoy la agudización de la crisis que él mismo cultivó con sus cacareadas políticas de seguridad democrática, confianza inversionista y la descomposición social que llamó cohesión social. Pero por las razones que la opinión pública ya conoce, ahora le toca al Presidente Santos afrontar las consecuencias y en tal razón, recibir la crítica por la situación presente cuyos orígenes datan de varios años atrás pero que la visión popular no percibe.

A diferencias de Uribe, quien en su filosofía de gobierno mostraba los fundamentos más recalcitrantes de la derecha fascista, Santos que hizo la campaña bajo la sombra del Partido de la U, hoy demuestra con suficientes evidencias, que en su sentir político tiene muy arraigado los principios liberales de sus ancestros familiares, donde el respeto por las ideas opuestas, prima sobre el sentimiento narcisista. Por eso, a pesar de que Uribe boicotea su gobierno, el Presidente con nobleza reafirma públicamente su respeto y agradecimiento a quien le abrió la puerta para ascender al poder.

Colombia tiene que valorar y tomar posición frente a la confrontación que los uribistas está promoviendo, como siempre, por debajo de la mesa con métodos soterrados y turbios, hoy cuando el país ha recuperado la confianza y se vislumbra que nuevas rutas definirán el futuro; porque como se ven las cosas, ya reventó la camorra.

LA TAPA DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Ya es de público conocimiento, con suficientes evidencias descubiertas por los medios de comunicación en unos casos y por las autoridades en otros, que los ocho años del gobierno anterior dejaron como herencia la consolidación y entronización de la cultura de la corrupción en Colombia, siendo los bienes públicos la presa preferida de los corruptos. Pero lo ocurrido con los vehículos decomisados por la autoridad de tránsito en Manizales, es ya un caso aberrante.

Se sabe que el sector institucional de tránsito y transporte durante los ocho años de marras, ocurrieron las más perversas modalidades de aprovechamiento de lo público para beneficio de unos pocos avivatos. Porque es común que las ratas le echen mano al fisco de dónde sacan los recursos a través de tajadas o coimas de contratos que llaman, como en el caso del carrusel de Bogotá. Pero en este sector institucional ha hecho carrera que, sin afectar el presupuesto oficial, utilizan la privatización de lo público para explotar a los usuarios y canalizar las tarifas hacia el bolsillo del concesionario y del funcionario que otorga la concesión.

Se inventaron el requisito del examen médico para licencia de conducción y le entregaron la concesión, con carácter monopolista, a una empresa que llevaba menos de un mes de constituida, de tal manera que si alguien quiere establecer un centro de reconocimiento de conductores, debe pagar la franquicia a la firma concesionaria la que a la vez, fija las tarifas y costos; crearon el SIMIT y el RUNT para operar por manos privadas, así como los centros de diagnóstico automotriz para la revisión técnica; y eso, sin contar la concesión de vías con tarifas de peaje más costosas que la gasolina de un viaje.

Para fomentar la descentralización de la corrupción, privatizaron las grúas y los patios de las secretarías de tránsito municipal, convirtiéndose esto en el más salvaje mecanismo para extorsionar a los propietarios de vehículos. En la mayoría de ciudades del país, los guardas de tránsito en lugar de hacer la tarea de regular los flujos vehiculares para mejorar la movilidad urbana, se dedican a poner comparendos, muchas veces por supuestas infracciones inventadas por ellos mismos, para tener pretexto de subir el vehículo a la grúa y enviarlo a los patios, donde se cobran unas tarifas escandalosas por ambos servicios. La vox populi dice que en muchas de las ciudades de Colombia, un porcentaje de lo que la víctima paga en la escalofriante tarifa del servicio de grúa y de parqueadero, va para el bolsillo del guarda que generó la inmovilización. Si pasan dos días del vehículo en los patios, ya está perdido; pues retirarlo después de este tiempo cuesta más que el vehículo mismo. Pero lo ocurrido en la capital de Caldas cuando se robaron cerca de 200 vehículos del parqueadero oficial del tránsito, sí es la tapa de la corrupción institucional.

LE TURNO A LA EDUCACION SUPERIOR

Cuando teníamos el Estado Social Benefactor antes de 1991, a cada necesidad humana el Estado le respondía con la oferta directa de los satisfactores necesarios, que brindaban principalmente los institutos descentralizados con cargo al presupuesto. Pero después de 1991, el Estado Social Neoliberal que tenemos, a cada necesidad humana le responde con un derecho, que es algo así como un saludo a la bandera que permite al Estado eludir su responsabilidad sobre las necesidades humanas y se convierte en una falacia para la comunidad, cuando es el mismo Estado, el primero en violar el derecho.

En la avalancha privatizadora de lo público, la educación tampoco se ha salvado y con la fachada del derecho a la educación, este servicio público se privatizó desde la ley 115 de 1994 para el nivel básico, utilizando el mismo mecanismo de la capitación, como en la salud, sólo que aplicado de manera diferente porque, como dijo el gobierno de Pastrana en 1998, el país no está preparado para juntar en un mismo salón durante once años, a un niño de estrato 1 con otro de estrato 6. En salud no importa que en la misma cama de la clínica donde acuestan a un rico también lo hacen con un pobre, porque sólo es por unos días y no se hace simultáneamente; pero en educación, esto sería salvaje. Por eso la capitación opera diferente pero el mecanismo es el mismo.

Ahora la legislación da un paso adelante para llevar la educación superior a las garras de los mercaderes del saber, como ocurre en salud con los mercaderes de la muerte y los traficantes de vidas humanas que les llaman EPS. Ahora queda abierta la puerta para que los mercachifes de la educación conviertan este bien público en objeto de inversión con ánimo de lucro.

Como siempre ha ocurrido con la privatización de lo público, la voracidad de los inescrupulosos empresarios capitalistas no desaprovecharán la oportunidad de sacar jugosas ganancias con empresas de educación superior, con la complicidad del gobierno que siempre se arrodilla ante los intereses de los inversionistas expidiendo los decretos y resoluciones que brindan el piso jurídico para que ellos dentro de la legalidad, cometan los atropellos contra los usuarios. Ahora se acentúa el disfraz de la dicotomía entre educación privada y educación pública, como si fueran dos campos diferentes, para permitir que los privados cometan toda clase de abusos, como si esta dicotomía existiera: una cosa es la propiedad del establecimiento que brinda el servicio y otra muy diferente es el servicio mismo, que en todos los casos es público, independientemente de quién es el propietario de la entidad. Como proceso social, no existe la educación privada; esta siempre es pública y los particulares deben someterse a la ética pública cuando se meten a montar negocio con el servicio educativo, así lo hagan a través de las universidades, ahora que en la privatización de lo público, le tocó el turno a la educación superior.

LA BASURA DE LA BASURA

Otro de los asuntos públicos que ha sido víctima de la ola privatizadora que viene ocurriendo en Colombia desde que se estableció el Estado Social Neoliberal en 1991, ha sido los servicios básicos domiciliarios, como la recolección y manejo de los residuos sólidos urbanos. Como en todos los casos de la privatización de lo público, el fenómeno le abre la voracidad a los agalludos empresarios que ven la posibilidad de llenarse los bolsillos convirtiendo en negocio lo público, dadas las ventajas de mercado que tienen estos bienes por su inelasticidad-precio de la demanda y por que cuentan con una demanda cautiva que exige poco esfuerzo para enganchar clientes.

Lo ampliamente conocido en el país, que lo sabe tanto la opinión pública como los organismos de control pero que no se puede comprobar, es que el procedimiento para adjudicar la concesión a la empresa privada por lo general es obscuro y cargado de intereses parcializados. Lo común, es que abren una licitación o concurso, con unos términos de referencia que sólo los cumple un proponente, el que ya previamente ha negociado con el adjudicador, a cambio de un porcentaje, comisión o coima que llaman.

También la realidad histórica nacional de los últimos quince años, muestra que estos procesos por lo general se presentan durante el último año del período del gobernante y así mismo, que las empresas que ganan la adjudicación casi siempre son las mismas, las que andan por varios o muchos de los municipios adelantando el lobby para que el mecanismo rompa los principios de transparencia, economía y responsabilidad de que trata la ley 80 de 1993, una ley que se ha hecho expresamente, para favorecer la corrupción en el país. Pues las normas que contiene esta ley se utilizan, precisamente, para excluir a los proponentes que deben quedar por fuera y para defender la adjudicación amañada con base en el cumplimiento estricto de la normatividad vigente. En la celebración indebida de contratos, jamás se viola una norma y jamás se dejan pruebas. Por eso los Nule perderán la pelea contra los Moreno.

Pero como la conducta del consumidor de lo público es diferente a la conducta del consumidor de lo privado en razón a la relación con la ley natural que lo público tiene, más temprano que tarde le aparecen los problemas a los empresarios de marras. Cuando esto llega, ponen el grito en el cielo y acuden a papá gobierno para que les salve su negocio. Las superintendencias y las comisiones reguladoras proceden a dictar las medidas pertinentes y al pobre pueblo le toca asumir las cargas financieras de los empresarios mediante la elevación de las tarifas. No permite el gobierno que la ambición de los capitalistas, coma de su propio cocinado; porque cuando se meten en el negocio de lo público como la recolección, tratamiento y disposición de los residuos sólidos, lo único que ven es el lucro del negocio, sin considerar que también lo público trae problemas empresariales, a pesar de que en el proceso de adjudicación se haya evidenciado la basura de la basura.

EL TRASFONDO DE LAS PENSIONES

De las cosas más públicas entre todo lo público son las pensiones. Las normas jurídicas dicen que lo público es lo de interés general, que es así, porque nos compete a todos; y si hay algo que nos compete a todos es la vejez; pues para allá vamos todos.

En la época del Capitalismo Empresarial cuando teníamos el Estado Formal de Derecho, el mecanismo mal o bien funcionó durante muchos años sin mayores traumatismos: mediante el régimen de prima media, los jóvenes pagaban la cotización y con este mismo dinero, se les cancelaba la pensión a los viejos. Cuando los primeros se volvían viejos y entraban a recibir pensión, nuevos jóvenes llegaban a pagar y así sucesivamente. Pero cuando llegó el Capitalismo Rentista con su aliado el Estado Social Neoliberal de 1991, el Estado dejó de ser el monopolista en el manejo de lo público. Lo público se privatizó y con ello se privatizaron las pensiones. Las agallas y voracidad del capitalismo financiero vieron en los fondos de pensiones un buen negocio y con la complicidad del Gobierno, se llevaron a los jóvenes para recaudar de ellos, de los jóvenes, el dinero de los aportes, el cual colocan en el mercado de capitales con fines de especulación monetaria y logro de altas utilidades. Mientras tanto, le dejaron los viejos y el sistema de prima media al Estado, quien debe pagar las pensiones, pero no cuenta con los ingresos de los cotizantes jóvenes.

El resultado era previsible y absolutamente perverso. Para poder pagar las pensiones a los viejos sin el ingreso que aportan los jóvenes, la carga pensional recae sobre el presupuesto nacional. Este año, el peso contra el fisco asciende a los 24 billones de pesos, lo cual no es censurable porque para eso, para pagar los costos de lo público, es el dinero de los impuestos de los colombianos que este año se aproxima a los 75 billones de pesos. Pero al capitalismo financiero internacional, debidamente protegido por el FMI, el Banco Mundial y el BID, le preocupa que se ponga el riesgo el pago del servicio de la deuda, o sea el negocio de los especuladores internacionales del dinero y los agiotistas del mundo, por lo cual presiona al gobierno, para que se baje la presión de las pensiones contra el presupuesto nacional.

Lo natural y socialmente lógico es que los jóvenes regresen al sistema de prima media y que coticen al Estado para que este nuevamente tenga flujo de fondos con qué pagar las pensiones; pero los neoliberales que manejan este país proponen que se suba la edad de jubilación, como si fuera fácil conseguir trabajo después de 60 años, para no poner en riesgo el servicio de la deuda en el futuro y no se le afecte el negocio a los fondos privados de pensiones, que simplemente acumulan durante toda la vida laboral la misma suma que, cuando sus afiliado están viejos, reciben como pensión. No es ninguna pensión; es su propio ahorro que durante 20 años han entregado para que los fondos privados se llenen los bolsillos, engañando así a toda la comunidad que no conoce la realidad en el trasfondo de las pensiones.

LAS PISADAS DE ANGELINO

Luis Carlos Villegas, el parlante de los empresarios del gran capital, que líder no parece, pero que cuando la prensa bogotana le pone el micrófono en la boca, vocifera de todo y por todo pontificando sobre lo divino y lo humano, las más de las veces diciendo babosadas, pero siempre en concordancia con las posiciones políticas de la extrema derecha, que se caracterizan por la defensa del gran capital, ahora está disgustado por culpa de Angelino Garzón. De la manera más irrespetuosa trató la institucionalidad que encarna la Vicepresidencia y afirmó que había que aclarar si Angelino es llanta de repuesto o freno de mano del Gobierno, sin precisar si freno de mano es defender los intereses populares.

Angelino fue un gobernador bastante regulimbis en Valle y como dirigente sindical dejó ver posiciones ambiguas; pero en el seno del gobierno no ha sido convidado de piedra frente a situaciones y temas de gran trascendencia para el país. Estábamos acostumbrados a que el Vicepresidente era figura decorativa y el de Uribe un pintoresco personaje tropical de corte macondiano más que un servidor público de alta jerarquía, por lo cual ahora que Garzón está metiendo la cuchara, al país le causa extrañeza.

El Presidente Santos ha demostrado que es sensato, conciliador y pragmático e igualmente que tiene ideales liberales. Por eso acepta correcciones sin la rígida terquedad de su antecesor. Santos es un destacado miembro de la oligarquía bogotana de quien los empresarios esperaban que fuera su títere y que, como Uribe, siempre acomodara sus decisiones para darles gusto; pero se han encontrado un hombre diferente, que privilegia la sensatez antes de la defensa de clase.

Desde antaño, Angelino ha sido piedra en el zapato de los empresarios. Le tocó confrontar con ellos cuando se trataba de asuntos laborales y era dirigente de lo que para los capitalistas es el demonio, como ven el sindicalismo. Ahora está en alta dignidad del gobierno y para ellos es un dolor de cabeza. Se han alejado de Santos y siguen añorando a Uribe que fue su marioneta incondicional. Pero atacar a Santos es nada más y nada menos que ir en contra de un representante de la oligarquía bogotana que durante dos siglos ha manejado este país a su antojo.

Es cierto que el vicepresidente debe acomodarse mejor al ordenamiento institucional del país, pero también es cierto que los intereses populares necesitan de un abogado que manifieste sus intereses, aunque el gran capital se incomode con las pisadas de Angelino.

LOS CAMIONEROS Y LOS BIENES PUBLICOS

El conflicto que actualmente se vive en el país, que tiene confrontando a los camioneros y al gobierno, es otra manifestación más de las irracionales consecuencias cuando lo público es manejado por empresarios privados. Las interrelaciones entre los individuos de la especie humana que se realizan a través de las comunicaciones y el transporte, son de interés general porque nos competen a todos; y nos competen a todos porque no se originan en el capricho de la mente humana, sino en las leyes de la naturaleza que han establecido la necesidad de que los individuos del conglomerado se agrupen e interactúen con fines de subsistencia de la especie.

Pero tanto el transporte como las comunicaciones, se han convertido en objeto de negocio de los empresarios privados, lo cual no es censurable per se, sino por dos factores que crean las inconsistencias sociales: por un lado, porque el Estado no asume un adecuado papel de regulación cuando lo público es manejado por empresas privadas; y por otro lado, porque los empresarios privados no miden las consecuencias cuando se meten en el negocio de lo público creyendo que esto se trata sólo de utilidades financieras, sin considerar las implicaciones de carácter social que el negocio tiene. Si un empresario se mete a hacer negocios con lo público, pues que coma de su cocinado. La relación con la ley natural que tienen los bienes públicos ocasiona condiciones de mercado que los empresarios no miden y después les toca crear el coro de plañideras para que el gobierno les proteja y sacrifique el interés general para favorecer sus intereses particulares. Por lo general, o por lo menos durante los últimos ocho años se vio, el gobierno favorece los intereses privados de los empresarios perjudicando el interés general y bien común de los asuntos públicos.

Los camioneros proclaman sus derechos, pero desconocen los derechos de toda la comunidad; tanto al servicio de transporte como a la libre movilidad por los espacios públicos. El gobierno trata de rescatar el bien común pero la propiedad privada de los medios de transporte y de la prestación del servicio, terminarán imponiendo sus condiciones y el gobierno tendrá que ceder a sus pretensiones porque tampoco les puede obligar a operar contra su voluntad. Esas son las reglas de juego en nuestra sociedad y siempre será sacrificado el bien público para satisfacer las necesidades de los particulares.