NO ES SOLO EL RIO MOLINO

Claro que las preocupaciones por el estado de la cuenca del río Molino son bien justificadas. Las amenazas de deslizamientos y remociones en masa que se observan a simple vista en la zona de Santa Bárbara son de gran magnitud y de solo observarlas se presume que sus efectos pueden ser catastróficos. Por ello, tanto las instituciones como la comunidad en general está comentando el caso y la zozobra está en el orden del día.

Como dice el refrán que los dedos sólo se levantan cuando se siente el tropezón, que sea este un motivo para pensar y preocuparse por otros fenómenos y situaciones ambientales que también existen en el municipio de Popayán, pero que no han sido factor de inquietud  colectiva y por ello no se les ha puesto interés, a pesar de que desde hace muchas décadas, se tiene conocimiento de ellas. Lo cierto es que las condiciones de los recursos naturales y los ecosistemas municipales en la actualidad no es que sean un dechado de virtudes. Parece que los organismos del Estado y la conciencia ciudadana de varias generaciones no han sido suficientemente consecuentes en su comportamiento, con los requerimientos del ambiente en concordancia con las necesidades humanas.

Ahora que se está realizando por parte de la Alcaldía Municipal el estudio de la Estructura Ecológica Municipal de Popayán, se puede evidenciar que durante tantos años, la presión antrópica descontrolada y la ausencia de mecanismos eficaces de gestión han sido inferiores a las exigencias de la conservación para la sostenibilidad de los ecosistemas. La cuenda del río Piedras, por ejemplo, y a pesar de los esfuerzos de la Fundación que desde tiempo atrás viene luchando por el manejo adecuado, no está a la altura de la importancia del servicio que presta como proveedora del agua que alimenta a Popayán, sin contar con otros procesos sociales y económicos que se nutren con los bienes que suministra la cuenca.

Por lo tanto, qué decir de otros ecosistemas como los de los ríos Ejido, Negro, Pubús, Quitacalzón, los cerros tutelares, los parches de bosque  entre los ríos Ejido y Molino, los del peniplano en el occidente de la ciudad, que han estado a merced de los procesos espontáneos de las comunidades.  Y lo más preocupante, los ecosistemas urbanos que parecen no tener dolientes en el seno de la comunidad.

Los alrededores de la ciudad ya no brindan lo que vivimos en la infancia cuando hacíamos paseos de olla a Los Dos Brazos, Las Dos Agüitas, Saté o Pisojé. Los efectos de la expansión urbana sin la adecuada regulación territorial, en su mayoría como consecuencia del terremoto de 1983, hoy muestra una situación que deja muy pocas satisfacciones, por lo que es hora de pensar y actuar sobre la base de que en materia de gerencia pública ambiental lo que debe estar en la agenda no es sólo el río Molino.

LA LLEGADA DEL DÍA D

Domingo comienza con D y esto permite parodiar el desembarque de los aliados para dar el golpe final a las fuerzas fascistas en la segunda guerra mundial, porque dentro de cuatro días llega el domingo, día de las elecciones al Congreso, este año que como nunca antes, existen situaciones que han creado muchas expectativas.

A los candidatos hay que admirarles. Definitivamente son muy valientes. De las cosas difíciles que hay en Colombia está la de conseguir votos. Sobre todo lo costoso. Antes bastaba con las arengas de cualquiera de los partidos tradicionales y lo de más trabajo era, de pronto, un discurso veintejuliero. Pero ahora, con el degeneramiento que ha sufrido la cultura política colombiana, alimentada con la necesidad de los pobres, el facilismo de los políticos y la corrupción del régimen, el negocio electoral se ha convertido en un verdadero mercado persa, donde quien se impone es el que mejor cotiza.

El próximo domingo es un día de elecciones sin precedentes: En primer lugar, porque por primera vez la extrema derecha se presenta de manera abierta y no camuflada, como era antes; en segundo lugar porque los suplentes de las mafias, porque los titulares están en la cárcel, se presentan ensayando el esquema del endoso de los votos comprados; en tercer lugar porque nunca antes el Congreso había estado tan desprestigiado que ahora, después de que esta cochada que está terminando periodo, cometió cualquier cantidad de desafueros corruptos que ya la opinión pública no tolera; en cuarto lugar, y esto es lo más novedoso, porque en el período preelectoral las mal llamadas redes sociales o cadenas virtuales del internet, tuvieron una participación sin precedentes que no se sabe que consecuencia tendrán. Por este conducto, que bien puede ser un eficaz medio de comunicación social masiva, se difundieron denuncias sobre corrupción, se promovió el voto en blanco, se promulgaron mensajes de contenido político, se puso a pensar a la gente. El domingo veremos el real impacto del medio.

De la misma manera, la pugna interna de la oligarquía colombiana que hoy está dividida entre las élites de la aristocracia bogotana y las mafias antioqueñas, el próximo domingo comenzará a dilucidarse, según el número de congresistas que saque cada uno; aunque se espera, por la lógica del régimen político clientelista y corrupto que impera en Colombia, propio de la democracia burguesa, que no de la democracia griega, que sea la aristocracia bogotana, hoy enroscada en los clanes Lleras y Santos, quien triunfe en la contienda, lo cual es más conveniente para el país y entonces ahí ya sabremos lo que nos trae la llegada del día D.

UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DE ENERGÍA

A propósito de la nota escrita por Santiago Zambrano en este diario, en la invoca al Procurador para asuntos de servicios públicos domiciliarios en Popayán, bien vale hacer público un caso de la Compañía Energética de Occidente que según la columna de Zambrano, tuvo utilidades cuantiosas en este departamento, columna en la que también resalta que  “la población que ha sido más atropellada, vejada, utilizada y esquilmada ha sido la del Cauca”. Es un caso, de los que deben haber por miles en este departamento, dónde  una víctima de la compañía de energía hizo su contribución a las utilidades de la empresa.

Una señora mayor de setenta años, viuda y sin hijos, para más detalles, tiene un pequeño apartamento arrendado a través de una agencia inmobiliaria, ubicado precisamente cerca de la oficina de la empresa. Ella sólo va cada mes a la inmobiliaria a recibir su renta y nunca se asoma por el inmueble. Algún bandido tomó de manera ilegal la corriente eléctrica de la red externa, justamente frente al apartamento de marras. Durante algún tiempo utilizó esa energía fraudulenta en un lugar diferente al apartamento de la señora. Es decir el contrabando de energía no se consumió en el predio afectado.

Un día cualquiera, la empresa de energía le adelantó un proceso a la propietaria del predio cobrándole dizque la energía no pagada y consumida. No valió presentar documentos probatorios para mostrar, primero, que la toma de la corriente era en una vía pública donde cualquier persona tiene acceso y segundo, que dicha energía ilegal no se había consumido dentro del apartamento. Ningún recurso sirvió. Todavía le están cobrando a la señora una suma cercana a los dos millones de pesos; o sea aplicándole un castigo por una falta que ella no cometió, sin pruebas contundentes sobre la supuesta falta, pero eso sí, amparando el procedimiento en normas que le dan facultades a los inescrupulosos capitalistas que han tomado lo público como medio para llenar sus bolsillos y justificar los atropellos contra la ciudadanía, en otro caso más de lo que viene ocurriendo en Colombia desde cuando se está privatizando lo público.

Y lo peor es lo que dice Zambrano: que tenemos “una Superintendencia de Servicios Públicos tradicionalmente corrupta”, lo cual deja sin medios de protección a las víctimas de la privatización de lo público, que no tienen dónde acudir; porque ese organismo se dedica más a legitimar las acciones de los prestadores del servicio, que a defender los derechos de los usuarios, que hoy les llaman clientes como si se tratara de un bien privado que llevan al mercado, esos clientes que constituyen la fuente de las utilidades de la compañía de energía.

EL SOCIALISMO DE VENEZUELA

El 25 de enero de 2007 se publicó en el diario El Liberal una columna titulada “El socialismo de Chaves”, en la cual el columnista proponía esperar el tiempo para ver eso en qué consistía, porque en el discurso de posesión del presidente de aquella época, no quedaba claro en qué estaba pensando el gobernante.

Hoy siete años después, vemos que los aspectos planteados en ese artículo, que dejaban temores al autor, están resultando por el lado desfavorable. No hizo referencia el artículo a los riesgos de saboteo propiciados por las fuerzas internacionales del poder capitalista; pero resaltó la confusión ideológica para sustentar el modelo. Dijo el autor que si se trataba del socialismo tradicional, es decir con implantación de un sistema económico planificado, la economía venezolana estaba condenada a fracasar, según las deducciones que se sacan de las experiencias históricas donde ese ejercicio se ha realizado.

Hoy, una vez más se comprueba que la solución de las necesidades humanas, la atención de los problemas sociales y la erradicación de la desigualdad y la inequidad, no se logran con ensayos de tipo socialista, es decir con nacionalización de los medios de producción y planificación de la economía. No sólo por las operaciones encubiertas de desestabilización que las agencias de poder capitalista internacional realizan y que hacen sucumbir el intento; sino y con más razón, porque está demostrado que es el mercado y la competencia empresarial con carácter gerencial, lo que produce la innovación, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. La historia nos muestra que lo necesario no es cambiar el sistema económico, sino, y como lo demostró recientemente el estudio de Oxfam, es a través de la política fiscal conjuntamente con el cambio en el Estilo de Desarrollo, como se logran los objetivos de alcance social y humano, para lo cual se requiere los ajustes en el tipo de Estado que permitan aplicar las políticas adecuadas y un régimen político que facilite la democracia participativa en el verdadero sentido de la palabra.

Ahora Venezuela está metida en la debacle por la magnitud del problema y bases importantes de organización social que se habían construido y pudieron haber sido útiles para el desarrollo de un modelo económico de gran alcance social están en riesgo. No se sabe cómo hará Maduro para darle salida al conflicto, pero sin duda significará un retroceso en el empeño inicial de Chaves; pues tendrá que aplicar medidas correctivas del rumbo desviado y equivocado que traía, para enrutar nuevamente el país hacia fines de alcance social pero que necesariamente no podrá ser similar al que habían trazado inicialmente cuando su promotor hablaba con ahínco sobre el socialismo de Venezuela.

TEMORES AL PROCESO DE LA HABANA

El proceso de La Habana no es propiamente un proceso de paz, por cuanto la paz, entendida como la convivencia pacífica de toda la sociedad, es mucho más que la suspensión de las acciones armadas por parte de uno de los grupos ilegales; pero como sea, es un evento que mucho contribuye a la construcción del clima de paz en Colombia, en razón a que el grupo negociador es el más antiguo y más grande de los actores armados, que nació con ímpetus insurgentes, pero que luego se criminalizó, siendo hoy, entre todos los actores armados, el de mayor magnitud por lo que la terminación de sus acciones violentas, traerá grandes beneficios al país.

Puede ser que lo que se negocia sea simplemente la jubilación de los guerrilleros veteranos, pero esto no es motivo para oponerse al proceso porque de todas maneras, los beneficios son incalculables. Por eso no se explica uno, por qué existen grupos de la extrema derecha fascista que sabotean el evento de Cuba,  tratan de dañarle la imagen y buscan la manera de que fracase. Al principio se pensaba que era por detener políticamente a Santos, Juan Manuel; pero si la oligarquía que gobierna este país es la misma, sea Santos o sea cualquier otro, las mismas élites de poder seguirán manejando el Estado a su amaño. Entonces, qué les preocupa?

Examinando los documentos conocidos sobre los acuerdos de la Habana, de los que escasamente se conocen dos puntos a través de los comunicados oficiales, se nota que lo acordado hasta ahora no incluye puntos concretos ni compromisos precisos. Lo conocido hasta ahora se muestra gaseoso, genérico y sobre todo, son manifiestos de voluntad futura de las partes y ahí es donde está el problema.

Tanto en el punto agrario como en el de participación política, los acuerdos hablan sobre propósitos futuros acerca de lo que se debería hacer en el país, lo cual abre las puertas para realizar, ahora sí en concreto, procesos sociopolíticos que conduzcan a cambios de fondo en la realidad colombiana. El establecimiento se compromete a crear condiciones para propiciar la democracia económica y política y con ello el riesgo de que en el futuro, las actuales élites de poder pierdan el control tanto de la economía como del Estado que hoy ejercen para su particular y privado beneficio. Miedo les da, de que otros apellidos pasen a ocupar los puestos que hoy detentan ellos.

En ese sentido, es fácil deducir que lo que les duele a los grupos fascistas, no es tanto el miedo a la impunidad, sino los riesgos que al cumplir los compromisos se crean en materia sociopolítica donde, si bien no serán los actuales grupos armados quienes vayan a dominar, sí es la posibilidad de que nuevas organizaciones sociales con arraigo democrático entren a liderar los procesos sociales y a controlar el Estado y por eso se han creado los temores al proceso de La Habana.

UN MITO SOBRE LOS POSGRADOS

Ahora que el tema de la reforma a la educación y que el tema de la calidad educativa siguen siendo objeto de debate, transcurridos ya dos décadas de vigencia de la Ley 30 se dispone de evidencias para evaluar los resultados de dicha norma y examinar los elementos que han arrojado productos favorables y los que aun dejan dudas sobre sus alcances.

Dicha ley contempla una correlación positiva y cercana al valor uno, entre los diplomas que poseen los docentes y la calidad educativa, por lo cual considera que para elevar el nivel de calidad, los profesores universitarios deben tener títulos de maestría y doctorado. Hoy, transcurridos veinte años, en el campo de las ciencias sociales lo que ha surgido son dudas al respecto. Puede ser que en el terreno de las ciencias naturales y la ingeniería dicha hipótesis sea cierta; pero en las disciplinas académicas relacionadas con las ciencias sociales hoy se aprecia que ello permite algunas reflexiones.

La tenencia de una maestría o doctorado por parte de un profesor es prueba contundente de que el docente tuvo el dinero para pagar las matrículas, pero es dudosa la contundencia de la prueba acerca  de que esa persona tenga la sabiduría sobre la materia que el título supone y mucho más dubitativo es ese indicador sobre la capacidad para transmitir sus conocimientos, o sea si es buen profesor. No necesariamente tener título de posgrado garantiza la aplicación de las pedagogías y didácticas apropiadas en un eficaz proceso enseñanza-aprendizaje. Menos en la actualidad, cuando el enfoque que predomina es el de la Formación por Competencias, donde lo que se requiere en el profesor son ciertos atributos y cualidades personales que, independientemente de sus estudios, permitan fortalecer las habilidades y destrezas del estudiante en materia del ser, del saber y del saber hacer.

Como cuando Vicente va para dónde va la gente, el paradigma se ha venido repitiendo mecánicamente durante veinte años, sin detenerse a pensar la veracidad del mismo; tanto que hasta se ha trasladado al campo administrativo y hoy se ven casos de adjudicación de contratos de consultoría, basados en los diplomas del proponente, más que en la sabiduría del mismo y sin tener en cuenta la calidad y pertinencia del producto que ofrece, en un procedimiento totalmente alejado de los cánones de la gestión pública eficaz. Conviene por lo tanto, hacer un alto en el camino y aprovechar el estudio de la reforma de la educación superior para evaluar este y otros supuestos que en 1994 parecían ser dogmas de fe. Más cuando en disciplinas de las ciencias sociales se observan casos de estudiantes que por no disponer de tiempo pero tener dinero para pagar, contratan quién les elabore la monografía, el ensayo o el proyecto de investigación. Por supuesto, quienes poseen estos títulos retroalimentan la institución y hasta inclusive, se ven episodios en debates donde ellos sacan a relucir sus diplomas cuando no tienen argumentos objetivos para defender su postura; o casos también de universidades que han mercantilizado los programas de posgrado, dándole más relevancia a los pagos del estudiante que al grado de exigencia académica, lo cual significa que hoy tenemos una realidad donde se corre el riesgo de estar inmersos en el caso de creación de un mito sobre los posgrados.

GRAVÍSIMO RIESGO PARA LO PÚBLICO

Sobre el caso de Petro, ya no se sabe que pensar ni que opinar en lo que respecta al lio jurídico, evidenciándose una vez más, los problemas, más que las soluciones, que trajo al país la cacareada Constitución del 91, cuando por presiones del Capitalismo Financiero Internacional, Colombia cambió el viejo modelo de Estado burocrático por el de social de derecho que ya los alemanes habían inventado en los años treinta.

Como producto de la independencia del Ministerio Público se instauró la facultad del procurador sobre todos los servidores del Estado, lo cual es loable por cuanto todos se deben vigilar, pero no se colocaron los linderos a esa facultad para mantener la coherencia del organismo y ahora ya está el país metido en ese enredo, donde lo grave son los principios y criterios con que la entidad opera en el ejercicio de su competencia, como está ocurriendo con uno de los tres argumentos que el procurador utiliza para sancionar al alcalde.

Dice Ordoñez que una de las faltas gravísimas que cometió Petro fue la de poner en riego la libertad de empresa. Pero ese argumento es absurdo, por no decir estúpido. La libertad de empresa, desde hace más de dos siglos, desde Adam Smith, rige, se aplica y tiene validez, únicamente para los bienes y servicios privados. Pero para los bienes y servicios públicos ese argumento no es procedente.

Lo público es lo de interés general que nos compete a todos por motivo de sus lazos de dependencia directa o indirecta con la ley de la naturaleza y este aspecto obliga a que sea el Estado el órgano social obligado a su administración; pues no se puede dejar la ley natural a merced de los intereses privados con el riesgo de que el ánimo de lucro termine destrozando factores vitales de la especie humana.

Si bien es cierto en este modelo de Estado que tenemos, amparándose en la doctrina neoliberal, todo es privatizable exceptuando los bienes de mérito, no por esa libertad normativa se obliga a aplicar el paradigma privado a los asuntos públicos, como para que se califique de falta gravísima al tenor del código disciplinario, cuando el Estado se reserva el manejo de un bien público. De llegar a hacer carrera este argumento, tengámonos duro, porque si se aplica a sectores como la salud y la educación, entonces el futuro social estaría en grave peligro; y así otros bienes públicos donde el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar que caigan en manos de los inescrupulosos capitalistas como el caso del medio ambiente. El paradigma privado debe mantenerse para los bienes privados, cuya diferencia con los bienes públicos es  abismal y los altos directivos del Estado deben capacitarse sobre esta materia; porque las palabras del Procurador son muestra de una ignorancia total sobre la gestión de lo público, lo cual es muy grave por las consecuencias que esto puede tener por el, eso sí, gravísimo riesgo para lo público.