ALGUNOS ALCANCES DEL PROGRAMA DE TEMISTOCLES ORTEGA

El programa inscrito por el candidato Temístocles Ortega no es un extenso libro que incluye infinidad de detalles, constituyendo más un instrumento de marketing electoral, que una propuesta seria y viable para el período de gobierno. Este programa se concreta en definir las pautas y criterios para tomar decisiones cuando se ejerza el poder, por lo cual se constituye en un “Proyecto Político”, a la luz de la técnica de la planificación.

CRITERIOS DE GOBERNABILIDAD

“Gobernar el Cauca con un criterio democracia participativa en el real sentido de la palabra. Partiendo de un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales sin excepción para impulsar proyectos de desarrollo, local y regional, dentro de parámetros sustentables y sostenibles…”

“Diseñar políticas públicas trabajadas de manera participativa y decisoria con todos los sectores y estamentos del departamento.”

Desde 1991 ha sido propósito colombiano transformar el régimen político desde la Democracia Representativa hacia la Democracia Participativa o “Democracia Directa. Esto significa que el gobernante no debe ejercer el cargo mediante políticas gubernamentales sino mediante políticas públicas, es decir, asumiendo los asuntos del desarrollo mediante esquemas de co-gestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad, donde las políticas se conciban, se planifiquen, se ejecuten y se controlen a través de procesos conjuntos con prevalencia del consenso entre entidades del gobierno y organizaciones sociales.

“la Gobernación no será la ejecutora acrítica de las políticas nacionales sino que buscará que las propuestas de la región sean tenidas en cuenta de manera seria y con incidencia y que las políticas nacionales que se apliquen en nuestro ámbito territorial, sean el resultado de compromisos bilaterales con la gobernación y las alcaldías.”

Se acomoda plenamente al espíritu del PND “Prosperidad para todos”, lo cual es muy importante y conveniente porque ningún territorio en Colombia podrá salir adelante sin el apoyo de la Nación. El PND asignará recursos a los territorios en la medida en que se concierten entre las dos partes los objetivos y sólo apoyará las iniciativas que sean originadas e iniciadas en los mismos territorios.

En este sentido, la propuesta del programa implica dos aspectos que son vitales en la actual coyuntura institucional, ambas armónicas con el gobierno nacional y por lo tanto con posibilidad de acceder a los recursos de la Nación, pero consecuentes con las necesidades territoriales. Por un lado, la generación de procesos endógenos debidamente promovidos, liderados y orientados por la gobernación en concordancia con las nuevas teorías del desarrollo y el querer del PND; y por otro lado la aplicación de mecanismos de negociación bilaterales entre Nación y Territorio, tal como lo señala la política nacional.

“Las acciones del Gobierno y las políticas públicas se realizarán y construirán con visión de largo plazo y no solo pensando en los 4 años de ejercicio de la gobernabilidad. Una propuesta de largo alcance con una fuerza y una decisión capaz de construir desde una visión caracterizada por vivir todos y todas de manera digna, equitativa y justa, disfrutando y conservando la diversidad que tenemos como departamento”.

Desde la esfera académica siempre se ha rechazado el cortoplacismo reinante en los procesos institucionales colombianos, lo cual no permite alcanzar objetivos de fondo, los que requieren de períodos más prolongados. Cualquier territorio o región, necesita definir una Visión de largo plazo para disponer de un norte hacia donde se orienten los procesos de desarrollo regionales. De otro lado, el PND, para reiterar la conveniente armonía con el gobierno nacional, se propone impulsar a los territorios para que definan visiones de largo plazo dentro de la autonomía territorial.

1. EJE ESTRATEGICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

“Promoveremos y trabajaremos mancomunadamente con los departamentos vecinos para construir la Región Pacifico y la Región Suroccidental de Colombia, buscando que a mediano plazo haya una recomposición del país que permita que el Estado centralista de pie a un país de regiones, en el que la inversión y los enfoques sobre el desarrollo sean decididos desde las localidades en su relacionamiento regional y no desde un centro que desconoce nuestras realidades.”

“En cumplimiento de las funciones y competencias legales, el Departamento definirá los lineamientos para el ordenamiento territorial, como insumo para que los municipios formulen adecuadamente sus planes de ordenamiento territorial. Así mismo de manera concertada se definirán políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos previniendo situaciones de riesgo.”

“El Departamento realizará los estudios y promoverá las acciones pertinentes, para crear al interior del territorio los Esquemas Asociativos entre entidades territoriales de que trata la Ley 1454 de 2011, que sean pertinentes y consecuentes con las necesidades de desarrollo regional.”

“Desde un concepto integral de gerencia pública impulsaremos la adecuación de la infraestructura del Cauca para que responda a nuestras necesidades de de desarrollo humano, económico y social. Se promoverán los estudios, diseños, construcción, modernización, fortalecimiento o mantenimiento, de las obras de infraestructura básica o infraestructura especializada, que sea necesaria para lograr los objetivos del desarrollo territorial como solución de espacio y territorio en la ejecución de las estrategias de desarrollo económico y social.”

El PND “Prosperidad para todos” incluye la construcción de la región Sur-Occidente como una de sus acciones previendo recursos que permitan alcanzar los fines. Pero sin el concurso de los gobernadores de estos territorios donde están Cauca, Nariño y Valle, no será posible lograr el objetivo nacional. De otro lado, la heterogeneidad geográfica del territorio departamental ha propiciado y mantenido históricamente la desarticulación de las zonas centro, sur, norte, oriente, pacífica y bota caucana, creando dificultades para la gobernabilidad y para lograr procesos económicos y sociales que redunden en el desarrollo departamental. Por eso es acertado el propósito de aprovechar las ventajas que aporta la nueva Ley 1454 de 2011 o LOOT.

Igualmente, si se tiene en cuenta que uno de los fracasos de la Ley 388 de 1997 fue porque los departamentos fueron débiles para orientar el ordenamiento territorial, la gobernación tiene una obligación seria en esta materia, teniendo en cuenta que la mayoría de procesos económicos, sociales y ambientales son de cobertura supramunicipal por lo cual las directrices de ordenamiento territorial deben partir desde la gobernación.

El desarrollo territorial incluye la realización de las obras de infraestructura y de las acciones institucionales, tanto estatales como civiles, necesarias para lograr el ordenamiento territorial. Si bien la mayor parte de los recursos para financiar obras físicas están en manos de la nación y los municipios, el liderazgo en los procesos de planificación debe estar en el departamento, por lo cual el programa, con sentido pragmático, acierta en este papel agregando además el sentido gerencial que le impondrá.

2. EJE ESTRATEGICO ECONOMICO

“Se diseñará una estrategia integral para promover el emprendimiento empresarial, que incluya la creatividad y la innovación, que se complemente con procesos de formación empresarial, se acompañe con capacitación y se apoye con promoción de la infraestructura especializada adecuada además de los mecanismos de financiamiento acordes con las especificidades de la empresa naciente e informal.”

El eje central y estratégico para los procesos endógenos, que constituyen la “columna vertebral” del desarrollo regional, es el emprendimiento empresarial. Pero los empresarios no se hacen de la noche a la mañana, sino previos los requisitos de cultura y formación empresarial, de los que Cauca tiene poco. Es necesario comenzar por el principio para evitar que se sigan perdiendo esfuerzos y recursos pensando que se pueden crear empresas competitivas y sostenibles de manera súbita. De la misma manera, los mecanismos de financiamiento de estos proyectos no pueden ser los tradicionales sistemas de crédito convencional, sino otros novedosos y apropiados. El PND contempla el instrumento los “Ángeles Inversionistas” como un mecanismo novedoso de financiamiento empresarial que se debe aprovechar por iniciativa del gobierno departamental.

“bajo el principio de la innovación generalizada para la productividad y la competitividad, el desarrollo de la biotecnología que aproveche la riqueza natural regional será prioritario en los enlaces estratégicos entre el aparato universitario y la administración municipal, bajo las consignas de la sociedad del conocimiento.”

Un aspecto fundamental en los procesos endógenos es la innovación y la creatividad, que para ser generalizada, no se debe limitar a la creación de nuevos productos simplemente, sino también para la organización empresarial y el mercadeo, además de la ingeniería social que se aplica para la resolución de problemas de las comunidades. Uno de los medios apropiados para la inserción del Cauca en la economía mundial, es la biotecnología, que puede desarrollarse aprovechando la riqueza natural de la zona pacífica y las cuencas de los ríos Micay y Caquetá. Las universidades locales tienen importantes instrumentos para la formación del Capital Conocimiento, de modo que la alianza entre la gobernación y las universidades para desarrollar la biotecnología es una alternativa prominente para el desarrollo regional.

3. EJE ESTRATEGICO SOCIAL

“nos proponemos como objetivo de la política social promover el desarrollo humano integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los caucanos y caucanas, bajo el entendido que los derechos y demandas sociales, exigen tener como norte al sujeto social, sus requerimientos y necesidades vitales, si de verdad queremos avanzar en la consolidación de un modelo de sociedad equitativa e incluyente.”

Significa que el gobierno departamental promoverá mecanismos de gestión pertinentes con las condiciones específicas de la realidad colombiana, donde uno de los factores que impiden mayor impacto de los programas sociales, es el carácter sectorialista con que se realiza la gestión. Si el ser humano es integral y por lo tanto presenta una demanda de satisfactores conjunta y sistémica, es impertinente que se le siga llevando una oferta sectorial. Así, la integralidad humana solo se puede resolver mediante la gestión suprasectorial, que en las condiciones actuales colombianas, sólo se puede lograr con una potenciación del Consejo Departamental de Política Social, que también contempla el programa cuando dice que “orientaremos desde el Consejo de Política Social, acciones de coordinación interinstitucional que se traduzcan en estrategias y programas viables que garanticen la existencia, el desarrollo, la ciudadanía y protección de los derechos de nuestros menores, conforme a las disposiciones de la Ley de Infancia y adolescencia.”

“se promoverán desde el gobierno departamental estrategias de apoyo serio y responsable para que dichas organizaciones, dentro de la órbita de sus competencias legales, se conviertan en las principales aliadas para desarrollar la política social así como para fortalecer la participación en la gestión de las políticas sociales bajo el concepto de política pública.”

La única manera de resolver la problemática social es mediante políticas públicas, por cuanto las políticas gubernamentales son limitadas y los temas sociales exigen una participación y compromiso profundo de las organizaciones sociales ya sea de la sociedad comunal, sociedad gremial, sociedad civil, sociedad solidaria, por supuesto de la sociedad familiar que es la célula del organismo social y hasta de la sociedad mercantil. Pero el fortalecimiento de las organizaciones sociales no se logra si el gobierno directamente no asume su papel de rector de los procesos sociales, toma la iniciativa, hace la convocatoria, lidera los procesos y apoya con los recursos necesarios.

“el gobierno no se limitará simplemente a ser un administrador de los recursos sectoriales, sino que ejercerá su competencia de direccionar, supervisar y controlar el proceso social educativo en su conjunto”

La educación privada no existe. La única educación que existe es de carácter público independientemente de que los prestadores del servicio sean de propiedad privada o de propiedad del Estado. Así, el gobierno tiene la obligación de intervenir en el proceso social educativo, que inicia en el vientre materno y termina con la muerte, ejerciendo su competencia de regir los procesos sociales superando el papel que actualmente realizan las secretarias de educación que se han limitando a administrar los recursos del sector institucional que ofrece el SGP, abandonando su obligación que va más de la simple administración de los recursos sectoriales.

“Se suscribirá convenios con la Nación para la identificación, formulación y ejecución de Macroproyectos Urbanos de Vivienda de conformidad con la política nacional, apoyando a los municipios de mayor concentración de población en este propósito.”

La vivienda es más un compromiso pertinente a las competencias municipales pero los recursos tienen origen en la nación. El PND “Prosperidad para Todos”, incluye el mecanismo de celebrar convenios con los departamentos para desarrollar macroproyectos urbanos de vivienda, de modo que la inclusión en el programa de esta acción es pertinente y oportuna.

4. GERENCIA PÚBLICA

“La administración departamental será objeto de organización de todos sus procesos y procedimientos administrativos de conformidad con las normas legales vigentes sobre modernización y transformación del Estado de manera que se tenga un desempeño que redunde en mejores servicios para los ciudadanos desde el concepto de Gerencia pública y dentro de los principios de eficiencia y eficacia, efectividad, legalidad y responsabilidad.”

Desde 1991 Colombia viene desarrollando un proceso de transformación del Estado, que se conoce como la modernización, el que consiste en abandonar el Modelo Burocrático que existía para implementar el Modelo Gerencial. Para el efecto, ha creado tres sistemas de obligatoria aplicación en todos los organismos, como son el sistema operativo (NTCGP 1000:2009), el sistema de control (MECI 1000:2005) y el administrativo (SISTEDA). Esto implica la adopción de un nuevo modelo de operación que se basa en los procesos y en la adopción de procedimientos que conllevan ellos mismos el autocontrol. Con ello se busca eficiencia, eficacia y efectividad, que traen como efectos, directo el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y colateralmente la erradicación de la inmoralidad y la corrupción.

EL REGRESO DE LA CRISIS ECONOMICA

Hace algunos días un columnista dominical de un diario bogotano decía que Keynes había vuelto a morir, porque cuando se presentó la crisis en el sector financiero de hace tres años, los gobiernos habían incrementado el gasto público para evitar la recesión y reactivar la economía y ahora nuevamente, comenzando por Estado Unidos, varios de los países del llamado “primer mundo” como Italia, Portugal, España y otros de la antigua “cortina de hierro”, están haciendo cola detrás de Grecia para caer en la grave situación de estrangulamiento fiscal por la imposibilidad de pagar la deuda.

En esta columna lo dijimos en el 2008: las medidas de intervención para salvar el sector financiero y especialmente a los especuladores internacionales del dinero, que los gobiernos adoptaron para aliviar el impacto, lo único que lograrían era posponer el anunciado y fijo fracaso del modelo de globalización financiera que ha impuesto en el mundo el Capitalismo Rentista, bajo el amparo de la Reserva Federal de Estados Unidos. No es tanto por Keynes, sino porque no se debe desconocer el papel y la importancia del Estado como ente rector de los procesos económicos y sociales.

El gasto público no se debe mirar simplemente así, a rajatabla; una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía el filósofo del cuento. Depende del destino y del objetivo del gasto para evaluar el efecto deseado en la economía. Era de esperar que el incremento del gasto fiscal para salvar al sector parásito de la economía y a los especuladores del dinero, no traería beneficio en materia de reactivación y sostenibilidad de los procesos en el largo plazo. Esto sólo se logra, si dicho aumento se destina para recuperar y fortalecer el aparato productivo.

Los neoliberales, como el columnista de marras, se obstinan en defender un modelo económico que tarde o temprano caerá, arrasando todos esos capitales especulativos que tanto daño le han hecho a la especie humana. La caída de las bolsas no perjudica a los pobres; estos ya están perjudicados desde hace un cuarto de siglo, precisamente, porque los grandes capitales han logrado ganancias y la acumulación excesiva concentrando la riqueza sólo en algunos pocos individuos de la especie, mientras la gran mayoría de la población mundial se ahogan en el desempleo y la consecuencial pobreza. No es que el daño a los ricos produzca alegría; pero, si bien es cierto que para que los Estados endeudados puedan cumplirles a los especuladores con los pagos, ellos acuden al sacrificio de los pobres, sí se siente un fresquito por el acercamiento del derrumbe del modelo que trae el regreso de la crisis económica.

PERFIL DEL GOBERNANTE

Mirando el extenso listado de precandidatos a la gobernación y la alcandía de la capital, el observador desprevenido debe opinar que hay de todo, como en botica. Pero sorprende algunos nombres que seguramente se lanzan, movidos por la vanidad narcisista de ver su foto en un afiche, porque frente a las condiciones que circundan los gobiernos territoriales para el próximo período, su osadía pareciera un mal chiste. El departamento y su capital, no están para juegos. La crisis territorial está a punto de tocar fondo, pero los tradicionales caciques propietarios de los votos cautivos parece que no se dieran cuenta; como siempre, se preocupan más por su interés personal que por el interés general y el bien público, que ni siquiera lo consideran.

El Estado postmoderno que se instaura en Colombia desde hace veinte años, cuya penetración no ha avanzado lo suficiente, requiere en el gobernante territorial un perfil gerencial que como tal, implica ciertas dotes innatas y la formación intelectual pertinente, la que no se consigue en universidades, porque en la realidad colombiana, lo más eficaz es el método heurístico, que exige gran experiencia, pero no vivida porque una palanca política le recomendó en los cargos como cuota burocrática, sino como constructor de virtudes a partir de sus propios méritos.

Además de lo anterior, el PND “Prosperidad para Todos”, dice que su propio éxito depende de la convergencia regional basada en los procesos endógenos que puedan surgir en los territorios sobre la base de sus potencialidades, las cuales por sí solas no son suficientes, si no se destacan los gerentes públicos ejerciendo su función de liderazgo colectivo y construyendo el capital social necesario para alcanzar los fines. El gobierno Santos rescata la descentralización que Uribe había reversado y recupera el papel del departamento como el administrador territorial intermedio, idóneo para resolver las necesidades supramunicipales que en las esferas ambiental, económica y social, son la mayoría. Adicionalmente la mal llamada ley de ordenamiento territorial, crea mecanismos importantes, que si los territorios aprovechan adecuadamente, pueden ser instrumentos para lograr de verdad, cerrar la brecha entre las regiones avanzadas y las atrasadas, tal como quiere el plan.

También hay que tener en cuenta que los jóvenes son excelentes para momentos de normalidad, por su activismo e iniciativa; pero la historia muestra que en épocas de crisis, más vale la sabiduría, experticia, experiencia, frialdad y serenidad de los maduros, para manejar situaciones complejas y atípicas, propias de realidades como las que afronta el territorio caucano. Ojalá cuando ya definan las candidaturas se depure el listado, para ver si a nivel de candidatos definitivos aparece un personaje que tenga el necesario perfil del gobernante.

EL TIRO POR LA CULATA

Cuando los inventores de la privatización de lo público, con el argumento de que el Estado es ineficiente ocultando que la verdadera causa de la ineficiencia radica en el régimen político y no en el Estado, lo hicieron para sustentar medidas favorables al capitalismo rentista, contando con que de esta manera, los recursos fiscales provenientes de los impuestos, se podrían destinar prioritariamente y en mayor proporción, a atender el servicio de la deuda para beneficio de los especuladores internacionales del dinero y los agiotistas del mundo, que la prensa bogotana llama inversionistas y que les defiende a capa y espada. Desconocieron la voracidad de quienes realizan, esa sí, inversión en empresas para explotar lo público y la inmoralidad y falta de ética que reina en la cultura colombiana. Creyeron que de esta manera el fisco se libraría de hacer gasto social y que los recursos tributarios no tendrían riesgos para los fondos de inversión y demás tenedores de papeles valores del gobierno.

Con lo que no contaban los alumnos de la Universidad de Harvard y demás doctrinarios del Neoliberalismo, es que en este país reina la corrupción y que las agallas de los mercaderes de lo público están muy por encima de los modelos organizacionales y financieros. Con ello el saqueo de los recursos destinados a financiar los bienes públicos está llevando los sistemas operativos a la crisis y poniendo nuevamente en jaque al Estado, quien no puede, por razones sociológicas y filosóficas, abandonar lo público dejando tirados a los más pobres para que la voracidad del mercado los aniquile. Al fisco le toca intervenir y salvar de la crisis a los prestadores de servicio, que por razones de las implacables leyes del mercado han caído en la grave situación de iliquidez y paro.

El Ministro de Protección Social ha anunciado que el país acudirá a un préstamo de la banca multilateral para aliviar la crisis de las ESE que hoy están así, porque los mercaderes de la muerte, llamados EPS, no les han pagado por los servicios, mientras que estos, los traficantes de vidas humanas, sí han cobrado por anticipado a los afiliados las cotizaciones que fija la ley. Entonces, de qué sirvió la privatización para aliviarle la carga al fisco, si al Estado le toca meterse la mano al bolsillo para salvar las empresas que el mercado de lo público quiebra? La doctrina parecía viable para el capitalismo financiero internacional, pero la historia que encierra realidades como la colombiana, dice que de eso tan bueno no dan tanto y a los modelos neoliberales parece que se les está saliendo el tiro por la culata.

LA HORA DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Constitución Política que nos rige estableció el modelo de Estado Gerencial que poco a poco se viene implementando en el país. Con ello, las necesidades socioeconómicas y en general los asuntos del desarrollo, se deben atender con políticas públicas en lugar de las políticas gubernamentales con las operaba el Estado antes de 1991, para así de aplicar ciertamente, la Democracia Directa en concordancia con el espíritu de la Carta. Para el efecto, se han expedido las leyes necesarias, de modo que hoy se cuenta con el piso jurídico suficiente para alcanzar la legalidad y legitimidad necesarias en los procesos participativos.

El modo de participación social en los términos de la Democracia Directa, no es otro que el de la co-gestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad, para lo cual el fortalecimiento de las organizaciones sociales es un requisito indispensable; pero a los gobiernos poco les ha interesado que la contraparte se fortalezca para compartir la gestión de las políticas de desarrollo bajo los principios de la concertación, por lo cual no han propiciado la construcción de una sociedad civil adecuada a los requerimientos de las políticas públicas y en estas condiciones, los politiqueros y las mafias que controlan la rama administrativa del poder público, han hecho fiestas de interés particular, por encima de los intereses del bien común. Para la próxima elección de gobernantes territoriales, ya se alistan para continuar el festín con los recursos públicos, según se deduce de los candidatos que hoy están en el ruedo electoral.

Pero hasta cuándo? Acaso no es suficiente con lo que ha ocurrido en estos 20 años? Será posible que la sociedad esté anestesiada y no sienta el dolor de la descomposición social que viene ocurriendo?

Como se vislumbra, para los años venideros no se debe esperar nada bueno de los gobiernos territoriales. De los candidatos que hay para gobernador y alcalde no hay dónde escoger, así que la tendencia se mantendrá y el proceso descendente continuará hacia el abismo profundo, si la sociedad se queda de brazos cruzados, simplemente rajando del gobernante y en total pasividad.

O será posible que por aparte de las entidades gubernamentales se conforme una organización social fuerte que paralelamente al gobierno territorial impulse y direccione procesos de cambio aprovechando las oportunidades que brindan la políticas del Presidente Santos, que en su plan de desarrollo contribuye a profundizar la participación social abriendo puertas para que la iniciativa civil tenga acceso a los mecanismos de financiamiento. Desde ya la comunidad territorial debe prepararse para que, si el gobernador y el alcalde no dan la talla, a través del PND se puedan concretar proyectos trascendentales propiciando ahora sí la hora de la sociedad civil.

VEINTE AÑOS DESPUES

Hace dos decenios por esta época, se promulgó la constitución política colombiana que hoy rige. En aquella fecha se nos dijo que a partir de ese momento, por el país correrían ríos de leche y miel; que no nos preocupáramos, que le había llegado el futuro a Colombia porque la nueva carta política era la panacea. Todavía estamos esperando los ríos de leche y miel por cuanto, como les consta a los mayores de 45 años, los cambios ocurridos en este lapso no son los anunciados en esa época por la gran prensa bogotana.

Los muchachos de la séptima papeleta eran como héroes; nadie contó las papeletas, pero se dijo que eran más de dos millones. Extrañamente la Corte Suprema de Justicia tumbó la propuesta gubernamental de limitar la competencia de la Asamblea Constituyente y le abrió paso para cambiar totalmente la de 1886. La opinión pública aplaudía. Se cambió la Constitución de 1886 violándola a ella misma y todo se aceptó. El país estaba tan cansado de lo que ocurría con la politiquería de los años ochenta, cuya situación no era tan funesta comparándola con la de hoy, por lo que todos los atropellos al ordenamiento jurídico nacional se aceptaban, con tal de que cambiara.

Pero con el tiempo han surgido una serie de interrogantes aun sin resolver. Por ejemplo: de dónde salió el dinero para financiar la séptima papeleta?; por qué las coincidencias con lo ocurrido un siglo antes, cuando se cambió la constitución colombiana de 1863 para acomodar el país a los intereses de los industriales ingleses, en plena era victoriana del imperio, y se trasladó el discurso del político Disraeli al espíritu de la carta de 1886?. Por qué en la carta del 91 se trasluce el discurso del movimiento que se le conoce como “la nueva derecha norteamericana” y la doctrina de Hayeck, Friedman y Bernstein aparece en el trasfondo?; qué papel desempeñó el Instituto para la Economía Internacional de Washington (IIE) y el señor John Williamson?; por qué el mismo proceso se repitió en otros países subdesarrollados acondicionando el ordenamiento jurídico a las necesidades del Consenso de Washington?; por qué tanta armonía de las normas constitucionales con los intereses del Capitalismo Rentista donde los más beneficiados son los especuladores internacionales del dinero?; por qué se le arrebató el Banco de la República al jefe del Estado para ponerlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional?

Muchos más interrogantes surgen hoy después de observar los impactos del cambio en las relaciones Estado-Sociedad que trajo la nueva carta, cuando la Asamblea Constituyente derogó de un plumazo el Estado Formal de Derecho, para implantar el Estado Social Neoliberal. La evidencia muestra que las expectativas creadas no resultaron y que las condiciones del pueblo colombiano son peores veinte años después.

FALACIA DE LA CERTIFICACION EN CALIDAD

Desde cuando se viene transformando el modelo de Estado en Colombia, abandonando el Estado burocrático para implantar el modelo gerencial, uno de los instrumentos esenciales ha sido el cambio en el sistema de operación, donde se debe aplicar la norma técnica NTCGP 1000:2009, lo cual no es reprochable ni cuestionable, sino todo lo contrario, es loable. Muchas entidades se han empeñado en implementar la norma, que no es un fin en sí misma como en muchas partes lo han creído, sino un medio para alcanzar la finalidad más profunda, la del todavía nuevo modelo de Estado gerencial.

Una vez implantada la norma, el paso siguiente que trasnocha a los gerentes y directores, es lograr la certificación, para lo cual acuden a Bureau Veritas, a Icontec o a cualquier otra certificadora, con el propósito de obtener el documento que deja constancia que en dicha entidad se aplica la norma técnica de gestión de la calidad. Cumplido todos los requisitos, la certificadora del caso expide el correspondiente diploma y con ello parece que los gerentes han alcanzado la meta. Hasta ahí todo normal.

Lo aburridor del asunto es que las entidades así calificadas aprovechan la certificación para convertirla en tema de su propaganda y publicidad, la cual deja traslucir su mala intensión de engaño a la opinión pública. Sus mensajes publicitarios con métodos subliminales crean la idea en las mentes de la gente, que la entidad certificada ofrece a sus clientes la máxima satisfacción de sus requerimientos, tal como reza el concepto de calidad. Pero si examinamos lo que ocurre en la realidad, encontramos que es más fácil ver satisfacción del cliente en las entidades no certificadas que en las que han obtenido la bendición de las certificadoras.

La certificación en calidad no es garantía de que el servicio que suministra la entidad certificada deja plenamente satisfecho al cliente. Ella se refiere a que la empresa cumple todos los requisitos de la norma técnica en cuanto a la gestión de la actividad operativa, de modo que hacer creer que la aplicación de los requisitos de la norma en la gestión u operación de la empresa automáticamente satisface al cliente es un engaño. Una cosa es cumplir las disposiciones de la norma técnica en la gestión y otra bien distinta, es dejar satisfecho al cliente. La realidad muestra que las entidades certificadas, por el contrario, dedican la energía, el talento y el tiempo de su personal, más a llenar registros y papeles que exige la gestión, que a satisfacer los requisitos del cliente externo. Tanto que los servidores públicos de estas empresas se mantienen aburridos por tanto desgaste que produce la cantidad de trámites y papeles que conlleva la inadecuada interpretación de la norma; y más que asegurar la satisfacción del cliente, a lo que llevan es a acumular argumentos para demostrar la falacia de la certificación en calidad.