CONFLICTO EN LA ESAP

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que fue creada en 1958 en época en que se pretendía introducir el modelo de industrialización recomendado por la CEPAL para abrir el mercado colombiano a los intereses de las multinacionales, está afrontando una coyuntura de conflicto, que parece ser la primera, por lo menos en lo que va corrido del presente siglo, ocasionada por el descontento de los estudiantes y las organizaciones gremiales que agrupan a los distintos servidores de la entidad, donde se destacan los docentes. 

Como ha sido costumbre desde el siglo pasado, el movimiento estudiantil se concentra en temas de carácter economicista, haciendo requerimientos en materia de edificaciones, instalaciones, servicios complementarios, apoyos didácticos, materiales, tecnología, principalmente, y los docentes, como es costumbre, en asuntos salariales. Pero, la situación de la escuela es más profunda que estos temas, los que se resuelven con recursos presupuestales y voluntad del director. En el fondo, algunos puntos se pueden tener en cuenta. 

El primer punto, es si este establecimiento público, que no es una institución universitaria, de verdad es una Escuela; es decir, si crea y genera paradigmas y modelos para abordar el tema de la administración pública; o si se limita a repetir las directrices del CLAD y los autores europeos y norteamericanos, en el marco del colonialismo intelectual que impera en el país y que no concuerda con los retos de las ciencias sociales. En opinión de algunos docentes, dicen que el nombre de “escuela” le ha quedado grande a la entidad. 

El segundo punto se refiere a la preocupación por la participación de los administradores públicos en el mercado institucional de profesionales. Gran cantidad de cargos en las entidades del Estado, para desempeñar funciones de administración pública, son desempeñados por administradores privados, ingenieros industriales, abogados y otras disciplinas y en una muy baja proporción, participan los administradores públicos. Casi que la microgestión está en manos de disciplinas diferentes a la administración pública. 

El tercer punto que genera interrogantes, se refiere al perfil de los egresados de la ESAP. No existe claridad si la formación profesional se orienta a la preparación de administradores públicos burocráticos o si se orienta a la preparación de administradores públicos científicos. Partiendo de la base de que la administración pública es una ciencia que está en proceso de construcción y aunque todas las ciencias están sin terminar, inclusive las naturales, esta disciplina tiene especial relevancia por las condiciones imperantes en la esfera institucional, donde la administración pública presenta debilidades y deficiencias que impiden el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en cuanto a la solución de problemas y necesidades públicas. El ejercicio profesional, en el mundo institucional está limitado al conjunto de leyes o normas y a las funciones y competencias asignadas a los agentes del servicio civil, los cuales se cumplen de cualquier manera, la mayoría de las veces atropelladamente con criterios subjetivos, sin que se erijan sobre esas normas y competencias, los procesos de gestión requeridos para alcanzar los objetivos de calidad con impacto en la ciudadanía. El ejercicio científico de cualquier disciplina de las ciencias sociales, requiere métodos y procedimientos ampliamente reconocidos por la epistemología, los cuales en la rama administrativa del poder público no se aprecian en la realidad de la operación institucional, principalmente de los niveles territoriales. 

Punto complementario al anterior, se refiere a la calidad institucional, principalmente en el proceso misional de formación profesional. Los comentaristas destacan dos tipos de calidad y consideran que en la ESAP no hay la suficiente claridad en cada uno de ellos. Una es la calidad del proceso de formación profesional y otra la calidad del producto o sea de los egresados, que se relaciona con el punto anterior. Dependiendo del perfil profesional que se pretende, el pensum y los patrones de calidad en la formación, son diferentes; pues un administrador público burócrata es simplemente un operador mecánico de normas y funciones, que no requiere mayores exigencias en la calidad académica; mientras que un administrador público científico requiere, entre otros, un componente de investigación, tanto básica como aplicada, el fortalecimiento de sus competencias para la interpretación y comprensión de los fenómenos públicos reales, el abordaje de la complejidad y la dotación de pragmatismo y flexibilidad para intervenir en los procesos públicos existentes. Son interrogantes que aún no están resueltos y que están en manos de los directivos. 

Aportes de investigadores reconocidos y de docentes de la misma entidad, destacan la importancia de distinguir el marco de la administración pública en dos campos: el de la macrogestión y el de la microgestión, lo cual, en el caso colombiano, se reviste de especial relevancia, hoy, cuando el debate político destaca con importancia el papel del Estado en la rectoría de los procesos económicos, sociales, ambientales e institucionales. La pregunta es, cómo se prepara científicamente al administrador público para abordar la macrogestión y cómo se forma académicamente para desempeñarse en la microgestión. En el debate político actual, más que discutir sobre las especificidades del sistema económico, se discute sobre las alternativas de política pública, donde el papel del Estado ocupa un lugar especial. Las posturas se ubican, no tanto en la confrontación de sistemas económicos, sino en la contraposición de modelos sobre la administración del Estado y las políticas públicas que de este organismo se generen. 

Las anteriores apreciaciones son algunas reflexiones que crean interrogantes que están por discutir y resolver, y que se inscriben en el conflicto de la ESAP, por lo cual este va mucho más allá de los temas que se han colocado sobre la mesa de negociación y que requieren un análisis profundo, siendo relevante el examen sobre la pertinencia, frente a la realidad nacional, del manejo que tiene la entidad, comenzando por definir si debe continuar como establecimiento público o si debe constituirse como institución universitaria. 

DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA ECONOMÍA

Los críticos del actual gobierno, todos miembros de la élite de poder que manejó el Estado colombiano durante más de dos siglos, le imputan al presidente Petro que quiere destruir la democracia y la economía, cargos cuyo significado genera interrogantes que se alejan de toda lógica histórica. 

El gobierno actual, desde la campaña electoral, luego en la ley 2294 de 2023 de iniciativa gubernamental y además en los discursos ante la comunidad internacional en el escenario de la ONU, ha dicho entre líneas y también en forma concreta, que el espíritu de sus políticas es el de revivir los fundamentos del estado Moderno y los de la economía clásica. El primero, mediante el cual occidente retomó los principios de la democracia griega de la antigüedad y el segundo, al que se le debe la acumulación capitalista que hoy existe. 

Lo que se aprecia en el plan de gobierno consignado en la correspondiente ley, es el propósito de fortalecer la democracia participativa, esa que ha sido tan esquiva en Colombia, a pesar que se deriva de la carta constitucional vigente. Por eso no se entiende de qué manera es que el gobierno quiere destruir la democracia, cuando hay una ley vigente cuyo espíritu significa todo lo contrario y cuando el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite. La crítica, parece que no tiene claro qué es el Estado de derecho y tampoco el concepto de dictadura, este que impone decisiones sin acatar la ley. 

Dicen los críticos que con las políticas del gobierno se va a aumentar el desempleo y la pobreza; pero justamente, el capitalismo clásico, que durante gran parte del siglo XX se sustentó en los conceptos keynesianos del Estado Interventor-Benefactor, precisamente, tenían como eje de la política macroeconómica el pleno empleo. 

Las evidencias históricas nos muestran que el desempleo y la pobreza se han incrementado es en el capitalismo neoliberal, que se tomó el poder de Estado en los años ochenta, según los señalan los indicadores como el coeficiente de Gini y las estadísticas de empleo, a pesar de que ocultan el desempleo disfrazado y el subempleo, características relevantes en el período del capitalismo rentista cuyo poder se concentra en los grandes fondos como Black Rock y Vanguard, entre otros. 

Recuperar los fundamentos del Estado Interventor-Benefactor, porque aplicarlo al pie de la letra no es posible, genera un efecto todo lo contrario al que le endilgan los críticos, que ahora han trasladado sus argumentos al debate electoral de Argentina, país que también ha sido fuertemente azotado por el flagelo neoliberal.

Las políticas de rescate del aparato productivo, lo que traerán es fortalecimiento de la base económica para permitir procesos de crecimiento sostenido en el largo plazo. Y fortalecer la democracia participativa en el marco de la descentralización política, es el medio para revitalizar el régimen político que ha estado en manos de la politiquería y la corrupción por tanto tiempo.

Entonces lo que vemos en los ataques de la oposición a las políticas del actual gobierno, no tiene argumentos sólidos para desconocer lo que fue el país durante el siglo XX, cuando se presentó el crecimiento empresarial gracias a las políticas de pleno empleo y logró soportar el régimen democrático, a pesar de los vientos de dictadura militar que soplaron en toda Suramérica. Es una postura absurda esa de afirma que regresar al capitalismo clásico como el que existía en Colombia antes de 1980, es propiciar la destrucción de la democracia y la economía. 

REVIVIR A KEYNES

 Dijo un presidente en su discurso de la ONU este año, que hay que revivir a Keynes globalmente después de su olvido, una frase que tiene significado trascendental debido a la coyuntura que vive hoy el mundo en su totalidad, cuando, después de 40 años de dominio del capitalismo rentista con su soporte neoliberal y mentalidad posmoderna, las condiciones de vida y la situación social están bastante deterioradas en casi todo el mundo. 

En el siglo XIX, época en que no se vivía la calamidad de hoy, las preocupaciones del pensamiento giraban en torno al cambio de ese mecanismo, del que habló dicho presidente, que constituye la fuerza que hace funcionar el sistema, con el argumento de que ese mecanismo, además de hacer funcionar el sistema económico, también es la causa principal de las desigualdades sociales y la inequidad humana; pero  en el siglo XX se ensayó la formula del cambio de mecanismo y también fracaso, presentándose el caso de que resultó peor el remedio que la enfermedad. En conclusión, hay que seguir con el mecanismo de mercado. 

Keynes, el Estado y lo público, que citó el presidente Petro en su discurso, tienen un significado más profundo que lo que se cree a simple escucha. En primer término, quiere decir que ya no se debe hablar de socialismo ni de economías con el mecanismo de la planificación, como se dijo en el siglo anterior; los fracasos de las economías planificadas así lo demuestran. Quiere decir que cualquier opción para combatir la desigualdad, la inequidad y hacer la defensa de la vida, tiene que ser bajo el mecanismo del mercado, como operador del sistema económico. Pero también quiere decir, que las fuerzas del mercado por sí solas, no podrán disminuir la injusticia social y el deterioro de las condiciones de vida. Se necesita que el Estado meta la mano ahí y seguramente con los principios de Keynes intervenga para evitar la catástrofe ambiental y humana.  

Por supuesto, la historia no tiene reversa y la teoría keynesiana tal cual no tiene vigencia en este siglo, cuando existe otro tipo de capitalismo, otro tipo de Estado, otras son las relaciones internacionales y otros son los núcleos del poder económico mundial, todos diferentes al medio siglo anterior cuando la teoría del citado autor tuvo vigencia. Pero, los fundamentos o principios que sustentan esa teoría, son totalmente pertinente y oportunos en la actual realidad económica y cuando se acerca el derrumbe total del modelo neoliberal. 

Principalmente, hay que destacar del discurso de marras, el llamado que hace a al trato de lo público, porque una de las causas, de las más fuertes, que ha propiciado la concentración de la riqueza y la extensión generalizada de la pobreza en el actual modelo neoliberal, además del desempleo es la de privatización de los bienes públicos, que se han convertido en instrumentos para propiciar el enriquecimiento desmedido de unos pocos con su explotación y han deteriorado la capacidad adquisitiva del ingreso familiar. Los fundamentos keynesianos nos invitan a la recuperación del manejo de los bienes públicos por parte del Estado, para que en estos prime el bienestar general y el servicio a la comunidad, más que los resultados financieros de las empresas privatizadoras. 

El debate hoy, entonces, no gira en torno al sistema económico que tiene ya una aceptación universal, sino sobre la forma de manejar el Estado de modo que se aplique una administración pública orientada a la eficiencia, eficacia y efectividad, pero con el horizonte de cumplir los fines esenciales del organismo, en el marco de la solución de las necesidades humanas y las condiciones de vida. Está la vida humana por encima de los intereses políticos nacionales e internacionales y por ello es pertinente pensar en revivir a Keynes. 

LOS FRUTOS DE LA POSTMODERNIDAD

Surgió en los años 60 del siglo anterior, pero cogió fuerza en los años 80, una corriente filosófica basada en los postulados del pensador francés Jean Francois Lyotard, que hoy, cuarenta años después, nos permite hacer un balance y sacar conclusiones sobre los efectos de la ideología de la postmodernidad en la organización social y la vida en general de la especie humana en el mundo.

Justo, ese ideario le cae como anillo al dedo a la modalidad del capitalismo rentista que hoy impera y que, aunque es muy antiguo, se consolidó también en los años 80 del Siglo XX. Ese capitalismo, salvaje que llaman, que logró sus propósitos en 1980 con la toma del control del Estado en el mundo occidental, desde donde ha impuesto su dominación para llenar las arcas de sus protagonistas, que encontró su soporte doctrinario económico en la escuela neo-neoclásica del austriaco Von Hayeck y en el campo político se amparó en el Estado Social de Derecho creado por los alemanes en los años 30, el cual fue distorsionado para proteger sus intereses agiotísticos y especulativos. Por supuesto, en la instancia ideológica necesitaba también un soporte concordante, para completar el esquema total en el andamiaje social. 

La modalidad de capitalismo, que hoy conocemos como el neoliberalismo, requiere de un conjunto de patrones mentales que regulen la conducta humana en el seno de la vida social, los cuales deben ser concordantes con los intereses económico de las élites de poder dominante, en este caso el capital financiero y el negocio de la especulación monetaria, para lo cual los fundamentos de la posmodernidad son totalmente concordantes y por ello merecen el estímulo a través de los medio de comunicación social, que esos mismos grupos de poder poseen y manejan a su antojo. La postmodernidad se divorcia totalmente de la ley natural, que sustentó la modernidad, y se entrega de rodillas a la ley del mercado, que constituye el determinante mental de todo el raciocinio y de la conducta del individuo, que, en este caso, es un simple consumidor de cuanto el mercado ofrezca, independientemente de los efectos sobre la ley de la naturaleza.

Así, rompiendo con la ley natural, se desbocó la pérdida de valores que durante siglos gobernaron la moral y la ética; se degeneró el comportamiento ciudadano y los patrones del civismo; cambió de rumbo la juventud que se llenó la mente de nuevos móviles de conducta; se trastornó el arte y estableció nuevas expresiones, se legitimó la desintegración familiar, se atomizó la especie humana y se ha llegado a un grado de descomposición social que hoy está haciendo invivible el conglomerado humano, por lo cual preocupa a todo el mundo, por el rumbo que están tomando los frutos de la postmodernidad. 

TERRORISMO CON EL DESEMPLEO

 Uno de las mayores vergüenzas que padecen los neoliberales, después de la pobreza extrema, es el desempleo del factor trabajo, porque en un país subdesarrollado, sin capital ni tecnología, las políticas macroeconómicas de estabilidad monetaria o freno a la inflación, por lo general generan desempleo principalmente de la fuerza de trabajo, política ésta, que ellos propician para efecto de no arriesgar la colocación del capital especulativo, que casi siempre lo hacen en papeles de renta fija, por lo que la inflación afecta la rentabilidad de su portafolio. 

De la misma manera, siempre están a la defensiva sobre este tema, porque el empleo de mano de obra, es el puente entre el componente económico de una sociedad y su componente social, así que por esta vía es por donde se transmite la pobreza que afecta a las familias y con ello, sumado a la ideología de la postmodernidad que sustenta el capitalismo postindustrial, se disemina en el conglomerado humano la descomposición social y la desintegración familiar.  

Por ello, la defensa del capitalismo rentista, organizado alrededor de los fondos de inversión y en el corazón del sistema bancario, se realiza siempre utilizando la amenaza del desempleo para proteger sus intereses y que no les vayan a tocar su establecimiento. En concordancia, han inventado unos argumentos conceptuales falsos sobre el tema del empleo, llegando siempre a la conclusión de que cualquier intento por desmontar sus privilegios produce desempleo, como el caso presente, cuando la propuesta de reforma laboral favorece a los intereses de la clase trabajadora y que obliga a remunerar más equitativamente el factor trabajo.  

El Banco de la República, que es un agente protector del sistema bancario global, que obedece al Banco de Pagos Internacional (BPI) y opera mediante las reglas de los acuerdos de Basilea, publicó un artículo, que no es un estudio científico, sino un escrito especulativo, donde anuncia, con sentido amenazante y tratando de crear pánico, que la reforma laboral ocasionará la pérdida de 450 mil puestos de trabajo. 

El banco central colombiano, igual que otros 60 bancos similares del mundo, que no responde a los intereses de la economía nacional, sino que, bajo una supuesta y falsa autonomía, sirve de rodillas a los intereses del capitalismo financiero internacional, en su calidad de agente de los intereses financieros globales utiliza el paradigma neoliberal en sus conceptos y su doctrina sobre el empleo, que no corresponden con fidelidad a los hechos demostrados en la historia económica mundial. Según los neoliberales, el empleo o desempleo, depende de la oferta y no de la demanda, como se ha demostrado históricamente. Cuando se produce el desempleo, es porque la demanda agregada se ha contraído, independientemente de la situación de la oferta. 

Los puestos de trabajo se crean independientemente de los costos que debe cubrir el empresario. Si éste tiene ventas, para atender los pedidos de sus clientes engancha personal a cualquier costo; pero si no, así se le reduzcan todos sus costos, no crea puestos de trabajo porque no tienen a quien vender. Esa es la realidad del mercado. Pero los neoliberales han creado una teoría de que el empleo se crea si los costos del empresario bajan y no han logrado demostrar con hechos la veracidad de ese postulado.

Lo que ocurre es que la preocupación de los capitalistas especuladores es el aumento de la cantidad de dinero en manos de la gente para hacer compras, porque, como la oferta no responde al mismo ritmo, les da temor que suban los precios y para ellos la inflación es su peor enemigo.  Pero su teoría sobre el empleo no ha sido posible demostrarla por lo cual el documento publicado en contra de la reforma laboral no es otra cosa que el ya consabido y tradicional terrorismo con el desempleo.

SE ENREDÓ MÁS LA MADEJA

 Desde 1991 se viene diciendo que el Estado se está transformando y que se sale del modelo burocrático para meterse en el modelo gerencial, destacando que dicho cambio se hace para cumplir el espíritu de la Constitución Política. Efectivamente, en estos treinta años el Congreso ha expedido varias leyes en ese sentido, es decir, creando el piso jurídico para construir la transformación, ya que, en un Estado de derecho, solo se puede hacer lo que la ley permite. 

Sin embargo, otros fenómenos se observan en la vida real, por cuanto existen factores estructurales que impiden o retardan la transformación, que llaman modernización, pero que, realmente, es una postmodernización del Estado. Entre esas barreras está el régimen político con sus sistemas imperantes, que impone limitaciones al logro de la viabilidad real del modelo de Estado Gerencial. Los reductos del modelo burocrático son más pesados que los propósitos de cambio y con ello se crea una confusión donde confluyen los conceptos de gerencia pública, las normas jurídicas, la operación del servicio civil, la actitud del funcionariado y las acciones cotidianas de la administración pública. 

De acuerdo a conceptos de carácter gerencial, las organizaciones deben soportarse en un sistema de procesos que están clasificados según el papel de cada uno en el engranaje de la organización y en este complejo, el todo en su conjunto, requiere del direccionamiento estratégico que señala la ruta por donde debe marchar la totalidad de la organización, hacia el horizonte definido con base en los fines organizacionales. Entonces se deduce que, si el Estado es de carácter gerencial, el organismo debe adoptar los patrones operativos que recomienda el marco conceptual. 

Pero en la vida real no es así. Los fundamentos, algunos con antigüedad mayor a dos mil años, los intereses creados por las élites para su beneficio, la baja efectividad de los procesos institucionales y la resistencia al cambio que predomina en la ideología, son fuertes factores para complejizar más el conjunto y generar todo tipo de interpretaciones, posturas y planteamientos que en lugar de converger, propician la divergencia y con ello un escenario de conflicto. 

La separación de poderes públicos tiene origen en la antigua democracia griega, cuando la clase explotada, los esclavos, no se consideraban parte de la sociedad y la ciudadanía se preocupaba por la concentración del poder en un solo órgano y la necesidad de realizar la vigilancia mutua de unos con otros, para evitar el desborde en el ejercicio del poder, en lo que hoy se llama control político. Todos se vigilaban entre todos. Pero más adelante en la historia se crea el Estado Moderno que adopta por similitud el esquema de la división de poderes y mantiene el control político entre el legislativo y el ejecutivo; pero parece, según lo vemos hoy, que el poder judicial pretende ser omnímodo, como en la época del absolutismo, yendo en contravía de los fundamentos históricos de la democracia y de los principios de la organización gerencial que se pretende para el Estado contemporáneo.

Se complica con ello el entendimiento sobre qué es lo que debe existir en la realidad; o es que existe un vacío constitucional que no permite examinar con claridad el ordenamiento institucional y el direccionamiento jurídico. Así, se afecta la intención de que el Estado sea una respuesta pertinente a la realidad histórica y lo que está ocurriendo es que se enredó más la madeja.

EL DESDÉN SOBRE EL BANCO CENTRAL

En estos años de turbulencia del tercer decenio del siglo XXI, se ha hablado de todo un poco, principalmente por la preocupación que genera la situación económica, sociopolítica e institucional, donde las deterioradas condiciones de vida de la mayoría de colombianos ha sido preocupante; pero muy poco se ha dicho acerca del Banco de la República, que ha pasado de agache, hasta ahora que la organización sindical ANEBRE ha puesto el dedo en la llaga sobre el papel de dicho organismo en materia de desarrollo económico y, por supuesto, del desarrollo social que se deriva del anterior. 

Recordemos que en 1991, por la presión del Instituto para la Economía Internacional (IIE), hoy Instituto Peterson, y bajo el liderazgo del señor John Williamson, la Asamblea Constituyente resolvió arrebatar el banco de las manos del presidente para colocarlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional, con la finalidad de facilitar la aplicación en Colombia de los diez puntos del Consenso de Washington, que por esa época, constituía la nueva política económica para Latinoamérica. 

El artículo120 de la Constitución de 1886 en su numeral 17, decía que era función del presidente de la república “organizar el banco nacional, y ejercer la inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes”. En 1991 la Carta establece a través del artículo 371, que el Banco de la República estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio; y a través del artículo 373, la norma protege los intereses del capitalismo financiero internacional de carácter rentista, cambiando la política macroeconómica que existía anteriormente orientada al pleno empleo, para instaurar la política de estabilidad monetaria que satisface los requerimientos de los especuladores internacionales del dinero que ahora les llaman inversores. Con ello y con base en la teoría del británico William Philips, queda instaurado el desempleo por la vía constitucional, ya que las políticas fiscal y monetaria se deben someter únicamente a frenar la inflación, en lugar de promover el crecimiento de la demanda agregada y con ello la generación de empleo, como era antes.    

Paso el banco central, de ser un instrumento obediente de la política de desarrollo fijada por la autoridad económica en concordancia con los propósitos del gobierno, a ser una autoridad en sí mismo, y a obedecer las orientaciones que imparte el Banco de Pagos Internacionales (BPI) desde Basilea Suiza, a través de los llamados Acuerdos de Basilea, y todo camuflado dentro de una supuesta autonomía institucional, que lo somete a ser un agente al servicio de la protección y cuidado del sistema bancario mundial.   

Ya lo decía Hernando Agudelo Villa en la Plataforma Ideológica del Partido Liberal aprobada por la Constituyente Liberal a comienzos de este siglo, que “En el ejercicio de la nueva autonomía, el Banco, a lo largo de los años 90, incurrió en graves errores que contribuyeron decididamente a que el país cayera en la recesión que lo agobia” y por eso el ideólogo de ese partido recomendaba que “ se impone devolver al Banco de la República su fisonomía de instrumento básico para dirigir la política monetaria, crediticia y cambiaria y coadyuvar en el desarrollo económico general, que va mucho más allá del propósito único de control de la inflación que le asignó la Constitución de 1991”. Señala también dicho soporte ideológico del Partido Liberal, que esa autonomía es bastante imprecisa en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones “en coordinación con la política económica general”.

Por esas circunstancias, son procedentes las inquietudes de ANEBRE, que aunque son de mucho riesgo y peligro por los antecedentes que hay en el mundo sobre asuntos monetarios y bancarios, ahora que el modelo neoliberal se está derrumbando globalmente junto con el capitalismo rentista que ha dominado desde 1980, pensando en el futuro no muy lejano, cuando se desplome el neoliberalismo totalmente, es oportuno y procedente dejar ya de lado el desdén sobre el Banco Central.