LOS FRUTOS DE LA POSTMODERNIDAD

Surgió en los años 60 del siglo anterior, pero cogió fuerza en los años 80, una corriente filosófica basada en los postulados del pensador francés Jean Francois Lyotard, que hoy, cuarenta años después, nos permite hacer un balance y sacar conclusiones sobre los efectos de la ideología de la postmodernidad en la organización social y la vida en general de la especie humana en el mundo.

Justo, ese ideario le cae como anillo al dedo a la modalidad del capitalismo rentista que hoy impera y que, aunque es muy antiguo, se consolidó también en los años 80 del Siglo XX. Ese capitalismo, salvaje que llaman, que logró sus propósitos en 1980 con la toma del control del Estado en el mundo occidental, desde donde ha impuesto su dominación para llenar las arcas de sus protagonistas, que encontró su soporte doctrinario económico en la escuela neo-neoclásica del austriaco Von Hayeck y en el campo político se amparó en el Estado Social de Derecho creado por los alemanes en los años 30, el cual fue distorsionado para proteger sus intereses agiotísticos y especulativos. Por supuesto, en la instancia ideológica necesitaba también un soporte concordante, para completar el esquema total en el andamiaje social. 

La modalidad de capitalismo, que hoy conocemos como el neoliberalismo, requiere de un conjunto de patrones mentales que regulen la conducta humana en el seno de la vida social, los cuales deben ser concordantes con los intereses económico de las élites de poder dominante, en este caso el capital financiero y el negocio de la especulación monetaria, para lo cual los fundamentos de la posmodernidad son totalmente concordantes y por ello merecen el estímulo a través de los medio de comunicación social, que esos mismos grupos de poder poseen y manejan a su antojo. La postmodernidad se divorcia totalmente de la ley natural, que sustentó la modernidad, y se entrega de rodillas a la ley del mercado, que constituye el determinante mental de todo el raciocinio y de la conducta del individuo, que, en este caso, es un simple consumidor de cuanto el mercado ofrezca, independientemente de los efectos sobre la ley de la naturaleza.

Así, rompiendo con la ley natural, se desbocó la pérdida de valores que durante siglos gobernaron la moral y la ética; se degeneró el comportamiento ciudadano y los patrones del civismo; cambió de rumbo la juventud que se llenó la mente de nuevos móviles de conducta; se trastornó el arte y estableció nuevas expresiones, se legitimó la desintegración familiar, se atomizó la especie humana y se ha llegado a un grado de descomposición social que hoy está haciendo invivible el conglomerado humano, por lo cual preocupa a todo el mundo, por el rumbo que están tomando los frutos de la postmodernidad. 

TERRORISMO CON EL DESEMPLEO

 Uno de las mayores vergüenzas que padecen los neoliberales, después de la pobreza extrema, es el desempleo del factor trabajo, porque en un país subdesarrollado, sin capital ni tecnología, las políticas macroeconómicas de estabilidad monetaria o freno a la inflación, por lo general generan desempleo principalmente de la fuerza de trabajo, política ésta, que ellos propician para efecto de no arriesgar la colocación del capital especulativo, que casi siempre lo hacen en papeles de renta fija, por lo que la inflación afecta la rentabilidad de su portafolio. 

De la misma manera, siempre están a la defensiva sobre este tema, porque el empleo de mano de obra, es el puente entre el componente económico de una sociedad y su componente social, así que por esta vía es por donde se transmite la pobreza que afecta a las familias y con ello, sumado a la ideología de la postmodernidad que sustenta el capitalismo postindustrial, se disemina en el conglomerado humano la descomposición social y la desintegración familiar.  

Por ello, la defensa del capitalismo rentista, organizado alrededor de los fondos de inversión y en el corazón del sistema bancario, se realiza siempre utilizando la amenaza del desempleo para proteger sus intereses y que no les vayan a tocar su establecimiento. En concordancia, han inventado unos argumentos conceptuales falsos sobre el tema del empleo, llegando siempre a la conclusión de que cualquier intento por desmontar sus privilegios produce desempleo, como el caso presente, cuando la propuesta de reforma laboral favorece a los intereses de la clase trabajadora y que obliga a remunerar más equitativamente el factor trabajo.  

El Banco de la República, que es un agente protector del sistema bancario global, que obedece al Banco de Pagos Internacional (BPI) y opera mediante las reglas de los acuerdos de Basilea, publicó un artículo, que no es un estudio científico, sino un escrito especulativo, donde anuncia, con sentido amenazante y tratando de crear pánico, que la reforma laboral ocasionará la pérdida de 450 mil puestos de trabajo. 

El banco central colombiano, igual que otros 60 bancos similares del mundo, que no responde a los intereses de la economía nacional, sino que, bajo una supuesta y falsa autonomía, sirve de rodillas a los intereses del capitalismo financiero internacional, en su calidad de agente de los intereses financieros globales utiliza el paradigma neoliberal en sus conceptos y su doctrina sobre el empleo, que no corresponden con fidelidad a los hechos demostrados en la historia económica mundial. Según los neoliberales, el empleo o desempleo, depende de la oferta y no de la demanda, como se ha demostrado históricamente. Cuando se produce el desempleo, es porque la demanda agregada se ha contraído, independientemente de la situación de la oferta. 

Los puestos de trabajo se crean independientemente de los costos que debe cubrir el empresario. Si éste tiene ventas, para atender los pedidos de sus clientes engancha personal a cualquier costo; pero si no, así se le reduzcan todos sus costos, no crea puestos de trabajo porque no tienen a quien vender. Esa es la realidad del mercado. Pero los neoliberales han creado una teoría de que el empleo se crea si los costos del empresario bajan y no han logrado demostrar con hechos la veracidad de ese postulado.

Lo que ocurre es que la preocupación de los capitalistas especuladores es el aumento de la cantidad de dinero en manos de la gente para hacer compras, porque, como la oferta no responde al mismo ritmo, les da temor que suban los precios y para ellos la inflación es su peor enemigo.  Pero su teoría sobre el empleo no ha sido posible demostrarla por lo cual el documento publicado en contra de la reforma laboral no es otra cosa que el ya consabido y tradicional terrorismo con el desempleo.

SE ENREDÓ MÁS LA MADEJA

 Desde 1991 se viene diciendo que el Estado se está transformando y que se sale del modelo burocrático para meterse en el modelo gerencial, destacando que dicho cambio se hace para cumplir el espíritu de la Constitución Política. Efectivamente, en estos treinta años el Congreso ha expedido varias leyes en ese sentido, es decir, creando el piso jurídico para construir la transformación, ya que, en un Estado de derecho, solo se puede hacer lo que la ley permite. 

Sin embargo, otros fenómenos se observan en la vida real, por cuanto existen factores estructurales que impiden o retardan la transformación, que llaman modernización, pero que, realmente, es una postmodernización del Estado. Entre esas barreras está el régimen político con sus sistemas imperantes, que impone limitaciones al logro de la viabilidad real del modelo de Estado Gerencial. Los reductos del modelo burocrático son más pesados que los propósitos de cambio y con ello se crea una confusión donde confluyen los conceptos de gerencia pública, las normas jurídicas, la operación del servicio civil, la actitud del funcionariado y las acciones cotidianas de la administración pública. 

De acuerdo a conceptos de carácter gerencial, las organizaciones deben soportarse en un sistema de procesos que están clasificados según el papel de cada uno en el engranaje de la organización y en este complejo, el todo en su conjunto, requiere del direccionamiento estratégico que señala la ruta por donde debe marchar la totalidad de la organización, hacia el horizonte definido con base en los fines organizacionales. Entonces se deduce que, si el Estado es de carácter gerencial, el organismo debe adoptar los patrones operativos que recomienda el marco conceptual. 

Pero en la vida real no es así. Los fundamentos, algunos con antigüedad mayor a dos mil años, los intereses creados por las élites para su beneficio, la baja efectividad de los procesos institucionales y la resistencia al cambio que predomina en la ideología, son fuertes factores para complejizar más el conjunto y generar todo tipo de interpretaciones, posturas y planteamientos que en lugar de converger, propician la divergencia y con ello un escenario de conflicto. 

La separación de poderes públicos tiene origen en la antigua democracia griega, cuando la clase explotada, los esclavos, no se consideraban parte de la sociedad y la ciudadanía se preocupaba por la concentración del poder en un solo órgano y la necesidad de realizar la vigilancia mutua de unos con otros, para evitar el desborde en el ejercicio del poder, en lo que hoy se llama control político. Todos se vigilaban entre todos. Pero más adelante en la historia se crea el Estado Moderno que adopta por similitud el esquema de la división de poderes y mantiene el control político entre el legislativo y el ejecutivo; pero parece, según lo vemos hoy, que el poder judicial pretende ser omnímodo, como en la época del absolutismo, yendo en contravía de los fundamentos históricos de la democracia y de los principios de la organización gerencial que se pretende para el Estado contemporáneo.

Se complica con ello el entendimiento sobre qué es lo que debe existir en la realidad; o es que existe un vacío constitucional que no permite examinar con claridad el ordenamiento institucional y el direccionamiento jurídico. Así, se afecta la intención de que el Estado sea una respuesta pertinente a la realidad histórica y lo que está ocurriendo es que se enredó más la madeja.

EL DESDÉN SOBRE EL BANCO CENTRAL

En estos años de turbulencia del tercer decenio del siglo XXI, se ha hablado de todo un poco, principalmente por la preocupación que genera la situación económica, sociopolítica e institucional, donde las deterioradas condiciones de vida de la mayoría de colombianos ha sido preocupante; pero muy poco se ha dicho acerca del Banco de la República, que ha pasado de agache, hasta ahora que la organización sindical ANEBRE ha puesto el dedo en la llaga sobre el papel de dicho organismo en materia de desarrollo económico y, por supuesto, del desarrollo social que se deriva del anterior. 

Recordemos que en 1991, por la presión del Instituto para la Economía Internacional (IIE), hoy Instituto Peterson, y bajo el liderazgo del señor John Williamson, la Asamblea Constituyente resolvió arrebatar el banco de las manos del presidente para colocarlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional, con la finalidad de facilitar la aplicación en Colombia de los diez puntos del Consenso de Washington, que por esa época, constituía la nueva política económica para Latinoamérica. 

El artículo120 de la Constitución de 1886 en su numeral 17, decía que era función del presidente de la república “organizar el banco nacional, y ejercer la inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes”. En 1991 la Carta establece a través del artículo 371, que el Banco de la República estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio; y a través del artículo 373, la norma protege los intereses del capitalismo financiero internacional de carácter rentista, cambiando la política macroeconómica que existía anteriormente orientada al pleno empleo, para instaurar la política de estabilidad monetaria que satisface los requerimientos de los especuladores internacionales del dinero que ahora les llaman inversores. Con ello y con base en la teoría del británico William Philips, queda instaurado el desempleo por la vía constitucional, ya que las políticas fiscal y monetaria se deben someter únicamente a frenar la inflación, en lugar de promover el crecimiento de la demanda agregada y con ello la generación de empleo, como era antes.    

Paso el banco central, de ser un instrumento obediente de la política de desarrollo fijada por la autoridad económica en concordancia con los propósitos del gobierno, a ser una autoridad en sí mismo, y a obedecer las orientaciones que imparte el Banco de Pagos Internacionales (BPI) desde Basilea Suiza, a través de los llamados Acuerdos de Basilea, y todo camuflado dentro de una supuesta autonomía institucional, que lo somete a ser un agente al servicio de la protección y cuidado del sistema bancario mundial.   

Ya lo decía Hernando Agudelo Villa en la Plataforma Ideológica del Partido Liberal aprobada por la Constituyente Liberal a comienzos de este siglo, que “En el ejercicio de la nueva autonomía, el Banco, a lo largo de los años 90, incurrió en graves errores que contribuyeron decididamente a que el país cayera en la recesión que lo agobia” y por eso el ideólogo de ese partido recomendaba que “ se impone devolver al Banco de la República su fisonomía de instrumento básico para dirigir la política monetaria, crediticia y cambiaria y coadyuvar en el desarrollo económico general, que va mucho más allá del propósito único de control de la inflación que le asignó la Constitución de 1991”. Señala también dicho soporte ideológico del Partido Liberal, que esa autonomía es bastante imprecisa en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones “en coordinación con la política económica general”.

Por esas circunstancias, son procedentes las inquietudes de ANEBRE, que aunque son de mucho riesgo y peligro por los antecedentes que hay en el mundo sobre asuntos monetarios y bancarios, ahora que el modelo neoliberal se está derrumbando globalmente junto con el capitalismo rentista que ha dominado desde 1980, pensando en el futuro no muy lejano, cuando se desplome el neoliberalismo totalmente, es oportuno y procedente dejar ya de lado el desdén sobre el Banco Central.

EL PODER DE LAS JUNTAS COMUNALES

Tremenda alharaca se ha armado por la iniciativa del gobierno de asignar funciones a las JAC en el marco de la gestión pública, incluyendo a periodistas de grandes medios nacionales, de esos que hacen comentarios sin el conocimiento a fondo de los temas, que han criticado la propuesta gubernamental porque rompe los cánones de la costumbre, la de desconocer el significado de la norma constitucional sobre democracia participativa. 

En el país desde 1987 se viene hablando de descentralización administrativa y pasados ya más de tres decenios, aun no se han visto los resultados ofrecidos desde cuando se comenzó a hablar de este tema, de tal manera que ya se puede hacer un balance de los hechos y sacar algunas conclusiones a partir de las experiencias. 

Son varios factores los que han incidido en el poco beneficio de la descentralización al interior de la Rama Administrativa del Poder Público, la cual pudo haber traídos réditos al enfoque neoliberal de reducir el tamaño del Estado en el nivel central, pero en materia de impacto a las comunidades municipales, aun queda por demostrarlo. Uno de esos factores citados, se refiere a la falta de acompañamiento del proceso, con la descentralización política, para así poder afianzar el esquema de la democracia participativa que se pretende en el mundo posmoderno. 

De acuerdo a las experiencias en varios países y según la misma teoría, para lograr la democracia participativa se requiere de mucha fuerza y capacidad en las sociedades civiles, esas que se rigen por el código civil, pero que en Colombia presentan una debilidad palpable. Por ello se hace necesario, como se viene realizando desde la Ley 743 de 2002, recurrir a la sociedad comunal para llenar el vacío de organización social y poder vincular a la comunidad en la gestión de las políticas públicas, mediante procesos de cogestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. 

Por supuesto que la organización comunal, cuyo origen proviene de otros fines, aun no se encuentra suficientemente preparada para asumir este rol, pero la salida conveniente es comenzar y propiciar la madurez en la capacidad institucional de la organización comunal, más que castrar la posibilidad de implantar mecanismos para hacer realidad la democracia participativa, que no puede avanzar sin la suficiente descentralización política. 

También se debe considerar, que asignarle funciones a las JAC, no significa eximir el cumplimiento de las demás normas que rigen el ordenamiento jurídico del país, como es el caso de la ley de contratación administrativa o las normas fiscales establecidas por la DIAN; esto lo que significa es que las organizaciones de base deben mejorar su capacidad operativa y alejarse del espíritu patrimonialista con el que nacieron por allá en los años cincuenta del siglo pasado. 

La descentralización política conlleva el empoderamiento de las organizaciones primarias de la comunidad y el establecimiento de mecanismos para propiciar la toma de decisiones públicas por parte de ellas. Por supuesto, esto es una medida que no se logra de la noche a la mañana, sino a través de un proceso de duración incierta, pero que Colombia necesita y que es necesario comenzar lo más pronto posible, ahora que hay un gobierno dispuesto a construir democracia, por cuanto los anteriores solo acentuaban el centralismo bogotano y la concentración de la toma de decisiones para amarrar el manejo de los recursos públicos a su antojo, restringiendo así el poder de las juntas comunales.

LA PRUEBA DE LO DICHO

En varias ocasiones y por distintos medios se ha señalado, que la erradicación de cultivos de uso ilícito había sido un fracaso porque utilizaban medidas de política gubernamental para solucionar un problema cuya causa es de mercado; y por lo tanto, solo se podía solucionar si se aplicaban medidas de mercado, tal como se está palpando ahora en las zonas de economía campesina tradicionalmente ocupadas en este tipo de cultivos. 

El gobierno actual, a diferencia de los anteriores, está aplicando medidas dirigidas, no contra los cultivadores campesinos, sino contra los agentes del mercado, como son los acopiadores, transportistas, mayoristas, distribuidores y principalmente exportadores, a quienes les han incautado muchos cargamentos de la mercancía. Entonces, fue sin querer queriendo. Pero al impedir que los canales de comercialización operen libremente en el escenario del mercado, donde, según lo dicen algunas investigaciones, contaban con protección de organismos del Estado, se produjo una contracción de la demanda en zonas productoras y, en consecuencia, ya se está viendo la sustitución de cultivos por otros cuyo uso es lícito, ante la imposibilidad de vender la mercancía que ya tenían en inventario.

Por supuesto, el golpe a las finanzas campesinas en dichos territorios es fuerte y los perjuicios sociales son lamentables; pero es una situación transitoria mientras se estabiliza la economía rural en actividad de producción y mercadeo sin efectos de ilegalidad. No obstante, en casos como estos, la presencia del Estado es indispensable, con apoyos de financiamiento, asistencia técnica y soluciones de comercialización para los nuevos productos lícitos, porque sino las mismas leyes de mercado se encargan de golpear a las familias con efectos sociales de impredecibles consecuencias.

De esa forma, el caso trae aspectos favorables y desfavorables cuyas consecuencias, como siempre, afectan a las familias rurales, pero es un fenómeno que se debe conocer y estudiar detenidamente por los organismos gubernamentales; y, sobre todo, es un hecho que muestra los caminos correctos de solución y ante todo que permite observar con evidencias que es la prueba de lo dicho. 

PRAGMATISMO DE LAS REFORMAS

Después de tres decenios de políticas neoliberales y la acumulación del descontento social por los efectos inhumanos de este modelo global, la ciudadanía cambió mediante proceso democrático, las élites que durante todo ese período manejaron el Estado, con la expectativa de que se realizaran los cambios pertinentes en las políticas, para alcanzar un sistema económico más humano, al estilo del que existía en el mundo occidental antes de 1980.   

Por supuesto, con ese compromiso el gobierno actual asumió la conducción del Poder Ejecutivo y con ello, ha formulado propuestas de reformas que debe tramitar ante el Congreso, donde no cuenta con mayorías y necesita el apoyo de otros partidos que también tienen asiento en el organismo, por lo cual los debates no se dejan esperar, algunos bastante acalorados.  

La situación es que la concepción y diseño de las reformas requiere un tejido de filigrana, porque no se debe tener como referencia, al pie de la letra y a raja tabla,  las normas que rigieron en el siglo pasado, cuando en Colombia existía el capitalismo clásico con predominio del sector industrial, la economía cerrada en el marco del neocolonialismo cuyo eje era el desarrollo exógeno con presencia relevante de las multinacionales, la economía protegida y cerrada, y el Estado Interventor-Benefactor que utilizaba políticas macroeconómicas basadas en el pleno empleo y la universalidad de los servicios sociales. 

Hoy la realidad es diferente después de la imposición del modelo neoliberal derivado del capitalismo rentista y el poder de los fondos que agrupan a los especuladores del dinero, modalidad preferida por los capitalistas actuales. Hoy tenemos una economía abierta globalizada, predominio del sector financiero, políticas macroeconómicas basadas en la estabilidad monetaria, servicios sociales privatizados, teoría del desarrollo endógeno y un Estado neoliberal con finalidad de bajar el gasto público y frenar la inflación. 

La historia no tiene reversa; es dialéctica. Es como un río. Así que no es sensato pensar que las reformas como la de salud, la de protección social, la reforma laboral y demás, deben retroceder y volver a imponer las normas del siglo pasado. Se necesita creatividad e innovación para ablandar o neutralizar los efectos sociales dañinos del capitalismo salvaje, pero en concordancia con la nueva realidad histórica, para encontrar la viabilidad real de las propuestas. 

Principalmente dos aspectos claman a gritos para tener en cuenta en las reformas: por una parte, la complejidad, heterogeneidad y diversidad de la realidad del subdesarrollo colombiano sobre una geografía también diversa; y por otra parte las políticas del plan nacional de desarrollo que se discute en el Congreso y que hace énfasis en la economía popular, social y solidaria. 

Los sistemas fiscales, parafiscales, y de protección social, no deben tener un sistema tarifario uniforme y rígido, desconociendo la diversidad sectorial, institucional y geográfica, si se quiere evitar que las reformas ocasionen un bumerán donde el remedio resulta peor que la enfermedad. El subdesarrollo incluye dualidad en muchos sectores de la economía, de modo que a todos no se les debe tratar con el mismo rasero. La economía popular no cuenta con la fortaleza suficiente como para asumir la carga fiscal y parafiscal propia de una gran empresa, y, peor aún, como una multinacional similar a las del siglo pasado, cuando la época del modelo cepalino de sustitución de importaciones; de tal manera que el éxito de las propuestas del gobierno, en gran medida, depende del pragmatismo de las reformas.