LOS TUMBOS DEL AÑO ELECTORAL

 Iniciando en forma el 2022, se comienza a observar, ahora sí en serio, los movimientos de candidatos tanto a la presidencia como a las corporaciones legislativas, este año con particularidades inéditas por motivo de los antecedentes cercanos al proceso, ocurridos durante los dos años anteriores incluido el covid. Lo primero, es la desesperación que muestran los agentes tradicionales de la política, quienes están temerosos de perder sus privilegios en razón a la magnitud del descontento social que de varias formas se ha venido expresando. 

Por supuesto, el debate principal es el de presidente, ya que, a pesar de que siendo este un país donde el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite y que estas las hace el congreso, la costumbre electoral es que se le atribuye el máximo poder al ejecutivo, por motivo del régimen presidencialista imperante; y aquí, se concentra el gran caudal de opinión, liderado por los grandes medios de comunicación, todos alejados de la objetividad periodística para intentar crear opinión a favor de los propietarios del medio. No obstante, los temas de discusión se refieren a muchos asuntos, pero no se concentran en lo que verdaderamente constituye la esencia de la gran problemática nacional; se dedican principalmente a escudriñar el pasado de los personajes, pero no a examinar las propuestas centrales de las políticas públicas que llevarán al ejercicio del poder. 

Como se evidenció en los dos años anteriores, existe un gran descontento acumulado que encierra un gigantesco paquete de energía social susceptible de canalizar políticamente pero siempre que surja el liderazgo apropiado, el cual es producto resultante de treinta años de políticas neoliberales que han generado alto desempleo con la consecuencial pobreza generalizada, descomposición social y desintegración familiar con graves impactos en la dignidad humana. Por lo tanto, si la causa estructural del problema sociopolítico es el modelo neoliberal, el cambio para mejorar las condiciones de vida de la comunidad debe ser el desmonte de dichas políticas, para implementar otras acciones con carácter humanista, que corrijan el enfoque financierista del neoliberalismo y ataquen a fondo las causas del problema. 

Pero en el debate no se aprecia esta discusión; los temas que tratan son importantes y responden a los que la gente quiere escuchar, pero no van al fondo de la situación donde está la raíz del problema. La matriz del modelo económico son las políticas económicas, donde están la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria; pero no se escucha propuestas profundas sobre estos temas, lo que significa que un nuevo gobierno seguirá con las misma política de factura neoliberal y por lo tanto la situación socioeconómica continuará igual y la tendencia hacia el futuro no enderezará su rumbo, aunque se tengan propósitos diferentes en materia de las políticas sectoriales y políticas territoriales.

Claro, las fuerzas de poder internacional, las que se benefician del modelo y aprovechan los frutos de las actuales políticas, estarán atentos a defender y proteger sus intereses para evitar que se les rebaje su beneficio y ellos también mantendrán su expectativa sobre los tumbos del año electoral.

QUE COMAN DE SU PROPIO COCINADO

Desde que se promulgó la constitución política neoliberal en 1991, se crearon condiciones para la privatización de los bienes públicos y con ello, se le abrieron las agallas a los empresarios ambiciosos e inescrupulosos, que vieron en este campo grandes negocios lucrativos, que podían dejar jugosas utilidades, en razón a las especificidades del mercado de este tipo de bienes que ofrece importantes ventajas: los bienes públicos tienen una curva de demanda con elasticidad-precio inelástica o rígida, que crea condiciones favorables al mercadeo y con ello, a la simplicidad de las estrategias de penetración de mercado, de fidelización de clientes y en general de aseguramiento de las ventas. A los clientes no hay que capturarlos, sino que ellos hacen fila para comprar y llevarle el dinero a la empresa vendedora. Con estas ventajas de mercado cautivo, los inversionistas no dudaron en entrar en el juego de las privatizaciones y muchas veces, recurriendo a los métodos corruptos, lograron la concesión o adjudicación del negocio que, en la mayoría de los casos, tiene condiciones monopolistas u oligopolistas que mejoran el negocio. 

Pero otro aspecto de las condiciones de mercado, además de la elasticidad de demanda, no vieron los empresarios privatizadores. Los economistas llaman “función demanda” a una relación de variables que también inciden en la cantidad de producto o servicio que se concreta en ventas. Una de estas variables es la conducta del consumidor, que actúa con su propia lógica y su comportamiento en el mercado juega un papel importante en la relación con el vendedor y, por supuesto, con las estrategias de marketing que se debe aplicar. La racionalidad del consumidor que determina su conducta, es diferente para los bienes públicos que, para los bienes privados, porque en los bienes públicos hay un factor innato derivado de la ley natural, que modifica la racionalidad acostumbrada en el consumo de los bienes privados. Así, el marketing y las relaciones con los clientes se revisten de situaciones difíciles, muchas veces conflictivas o de confrontación, que la empresa privatizadora tiene que asumir. 

Y claro, cuando llegan los conflictos con los consumidores, vienen las lamentaciones y lloriqueos, quejándose por las dificultades en la operación de la empresa, que, a pesar de la complicidad y apoyo de la superintendencia respectiva, le crea problemas que se vuelven intolerables y con alto riesgo para la situación financiera. Le lloran a papá gobierno, para que les brinde auxilio, logrando en la mayoría de las veces, que el gobierno alcahueta les saque del apuro, sacrificando el bienestar general y el bien común.  

El interrogante que surge inmediatamente es: ¿para que se metieron en esa empresa, si saben lo que implica el negocio con bienes públicos? 

Pero en todos los casos acuden al Estado para que les tienda la mano, so pena de que le pongan una demanda en contra, la cual tiene una alta probabilidad de que la gane el privado, porque los corruptos que firman la privatización, elaboran minutas leoninas que, por lo general perjudican al organismo, de modo que a los jueces les queda fácil fallar.    

Es una historia de nunca acabar. Los empresarios que se meten en negocios sobre bienes públicos, deberían asumir las consecuencias de esta operación, porque es por su propia iniciativa que lo hacen. Al final siempre ganan, pero después de larga trayectoria de conflicto donde hay dolor de cabeza para muchos actores, por lo cual, en los casos de privatización de los bienes públicos, lo más indicado para el bienestar general, donde a los empresarios privados no se les ha llamado, sino que entran por su propia iniciativa, ante el surgimiento de los problemas y conflictos, que coman de su propio cocinado.

LOS 30 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

Hace treinta años, por esta misma época, desde las altas esferas del Estado nos dijeron que Colombia había llegado al paraíso terrenal; que pronto correrían ríos de leche y miel por toda la geografía nacional gracias a que se había promulgado la nueva Constitución Política. Todavía estamos esperando tanta belleza y, en cambio, podemos ver: que las finanzas públicas están arruinadas, que la deuda pública se ha multiplicado por cinco, que el aparato productivo criollo se ha secado, que el desempleo se ha incrementado al doble, que la inequidad social se ha agudizado como se puede ver en el coeficiente de Gini el cual hoy es de 0,54, cuando en esa época, era de 0,47 lo que significa que se ha aumentado la concentración de riqueza en unos pocos aumentando la cantidad de personas en pobreza; que la población en situación de miseria sobrepasa el 16 % del total nacional según el DANE, que la descomposición social y la desintegración familiar ya llegan a niveles espeluznantes y que, como se puede ver en las calles, el descontento social y la protesta tiene manifestaciones nunca antes vistas, lo que permite concluir que engañaron a los colombianos cuando Gaviria Dijo en su discurso de posesión que “bienvenidos al futuro”. 

Hoy, después de treinta años, aún quedan interrogantes que resolver y que, quienes conocieron la situación como Cesar Gaviria y Rudolf Hommes, no le han explicado al país. Por ejemplo: no han dicho quienes financiaron el movimiento de la séptima papeleta; qué papel desempeño el Instituto para la Economía Internacional (IIE) de Washington que hoy se llama Instituto Peterson; cuál fue la participación del señor John Williamson quien, según la página web de ese organismo, manejó un presupuesto de 18 millones de dólares; no se ha informado que movimientos oscuros se realizaron por debajo de la mesa, cuando Alfonso López dijo que no se podía hacer asamblea constituyente y la Corte Suprema emitió un concepto con argumentos triviales diciendo que sí, que porque el Congreso estaba deslegitimado en razón  a la corrupción, cuando lo cierto es que ese organismo comparado con el Congreso de hoy, era un claustro de monjitas de la caridad; y más delante la misma Corte Suprema, también como respuesta al expresidente López que habló sobre los alcances de la Asamblea, que había sido elegida para reformar la Constitución de 1886, la Corte dijo que sí podía hacer una constitución nueva y diferente a la existente; no se ha explicado qué ocurrió cuando la prensa informó que se había borrado el archivo del computador de la secretaría con los registros sobre lo aprobado; tampoco por qué Jacobo Pérez Escobar, como secretario general, dijo que él no había certificado el texto de la nueva carta. Igualmente, no conoce la opinión pública por qué arrebataron el Banco de la Republica de las manos del gobierno nacional para ponerlo de rodillas al servicio del Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Suiza, con un supuesto y falaz argumento de la autonomía del organismo.

Lo que sí está claro es que la caracterización del Estado, consagrada en el primer artículo de la Carta, no se ha cumplido a cabalidad, tal como lo propusieron sus fundadores. Los alemanes, encabezados por Hermann Heller, en 1930 crearon el Estado Social de Derecho para elevar a la categoría de derechos las necesidades humanas con el fin de que el Estado les brindara la atención requerida; pero en Colombia torcieron este concepto y han utilizado este tipo de Estado solo para disminuir el gasto público al mejor estilo neoliberal, reemplazando la responsabilidad del organismo en materia de suministro de bienes públicos, por la garantía de los derechos que no es exactamente lo que encierra el espíritu del estado creado en los años treinta. El balance entonces es desfavorable y no es, como dicen algunos, que la Constitución no se ha cumplido; al contrario, se ha cumplido al pie de la letra porque ha permitido expedir las leyes necesarias para brindar piso jurídico a las políticas neoliberales que las élites de poder han impuesto durante los 30 años de la Constitución. 

MISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Interpretando las cifras oficiales del DANE, presenciando las noticias de los medios de comunicación y observando los hechos cotidianos, se concluye que Colombia necesita cambios de fondo en las estructuras económica, social y política, lo cual se corrobora con la explosión social que desde hace dos meses ha ocupado la preocupación general. Es innegable que la situación que afronta el país, ha llegado a una crisis que no permite esperar el regreso a la normalidad, esa normalidad que desembocó en la triste realidad de miseria generalizada y conflicto sociopolítico que hoy vivimos.  

Revisando la historia se aprecia que, por lo general, esos cambios estructurales en los sistemas económico, social y político, cuando son bruscos, van acompañados con fenómenos de violencia, que ya en nuestro medio, no son deseables por la saturación que la comunidad tiene frente al conflicto y al agotamiento de la capacidad de aguante que tiene a la sociedad en su conjunto, exasperada por tanta violencia ocurrida en la historia nacional. Hoy es necesario reflexionar sobre otras alternativas para introducir los cambios estructurales minimizando al máximo los factores de violencia, los cuales no se pueden eludir en su totalidad, porque la historia universal nos enseña que cuando se proponen cambios de esta magnitud, surgen fuerzas de oposición que reaccionan a los cambios porque, en la situación presente, hay grupos de individuos que se están beneficiando, los que tienen privilegios, y que por supuesto, no los quieren perder por lo cual entran en choque contra las nuevas propuestas.  

Hoy, ya no tiene sentido hablar del cambio en el sistema económico como en el siglo pasado, sino en la necesidad de modificar la forma como se maneja el Estado, que actualmente está al servicio de algunas élites económicas, sociales y políticas, quienes usufructúan las mieles del poder y explotan el organismo solo para su propio beneficio, dejando a las mayorías excluidas del bienestar público que debe propiciar el Estado, y con ello alejándose del principio universal de que esta institución debe dar respuesta pertinente y consecuente a los requerimientos y expectativas que los asociados tienen frente al Estado, que tiene el deber, al menos, de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de la totalidad de los súbditos, sin exclusión ni privilegiados.  

La respuesta que el Estado brinda a la sociedad, la realiza mediante el mecanismo de la administración, razón por la cual la calidad de los servicios que el organismo brinda, depende de las características de la administración pública que, además está condicionada al régimen político existente.  

En Colombia la administración pública está en crisis. A pesar de que existen bases conceptuales que soportan métodos apropiados para administrar el Estado con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y moralidad, en los procesos inherentes a la administración imperan la ignorancia, el subjetivismo, los vicios y desvíos frente al bienestar general y el bien común, por lo cual, es a partir de los cambios en la forma de administrar el Estado, utilizando modelos adecuados al cumplimiento de los supuestos fines que están en el papel pero que no se cumplen, como se puede avanzar en la superación de los problemas actuales, introduciendo los cambios estructurales, inicialmente en la administración del Estado, para luego sí y desde este organismo, introducir los cambios de fondo en las estructuras económica y social. 

Para el efecto, se requieren actos legislativos que hagan ajustes constitucionales y leyes que sustenten políticas públicas, por lo cual surge la necesidad, urgente, de transformar el Congreso de la República, comenzando con la elección en ese órgano, de otras personas diferentes a las que hoy ocupan las curules; y para ello, la necesidad de que la ciudadanía no venda su voto electoral sino que tome conciencia de votar por los agentes del cambio, que permitan facilitar el cumplimiento de la misión de la administración pública. 

NECESIDAD DE NUEVAS OPCIONES POLÍTICAS

El gobierno de Duque, como siempre, anda perdido sobre los asuntos económicos, sociales y políticos y en estos últimos, tal vez por ignorancia, confunde lo político con lo electoral, siendo que todo lo electoral es político, pero todo lo político no es únicamente electoral. Claro que para el uribismo política es solamente comprar votos y ejercer presión al elector a través de grupos paramilitares, que es su manera de hacerse elegir.  

Según la Real Academia de la Lengua, la política es un “Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado” y según Wikipedia, “La política​ es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos”. Como se puede ver, ni en una ni en otra fuente, concentran la definición en los procesos electorales, de modo que podríamos decir que toda acción o postura de un individuo frente a un asunto público, es política. Por lo tanto, las protestas y los paros, todos, son actos esencialmente políticos, para que Duque no se aterre. 

Pero la política, desde la óptica sociológica, tiene sentido en la medida en que se enmarque dentro de procesos relacionados con el ejercicio del poder, de manera que los actos y posturas no deben ser sucesos aislados o puntuales, sino eslabones de una cadena estratégica que conduzca a los cambios que la sociedad requiere, los cuales solo se pueden hacer desde el poder de Estado y, en el caso colombiano, mediante la expedición de leyes por parte del Congreso, no obstante de que este organismo corrupto está vendido y entregado a los intereses de la élite de poder. Pero eso no quiere decir que sea mala la institución del Estado de Derecho, sino que el régimen político ha llevado a ocupar las curules a mercenarios de la politiquería, por lo cual basta con cambiar a quienes ocupan los cargos de congresistas y así rescatar la institución.  

Entonces, las protestas y los paros, en sí mismos, no producen los cambios sin que medie una ley; pero en el caso del paro que ocurre desde el 28 de abril, el evento ha generado importantes situaciones que hoy caracterizan la coyuntura política presente y que pueden facilitar el cambio desde los organismos del Estado. El paro ha despertado una gran motivación, sensibilización y concientización, sobre la realidad social y económica que afronta el país como consecuencia de las políticas neoliberales reinantes, cuyos efectos se han acumulado durante treinta años con graves perjuicios en la dignidad humana, la integridad familiar y la vida social. 

El paro ha despertado el interés por los asuntos políticos del país, mermando la apatía sobre estos temas que tradicionalmente ha existido y que ha llevado al abstencionismo electoral de la mitad de la ciudadanía. Ahora hay más interés en la opinión pública y probablemente habrá mayor participación automotivada en los procesos electorales que se avecinan para el próximo año. Es una novedad que en años anteriores no se observaba, por lo cual el paro se convierte en un paso estratégico de la ruta que debe culminar el día de las elecciones. 

Está demostrada la existencia de una gran energía social y de una inquietud generalizada por los asuntos y problemas públicos, lo cual significa la necesidad de implantar mecanismos organizacionales para convertir esta fuerza en un proyecto político que conduzca al manejo de las ramas del poder público, principalmente la legislativa y la ejecutiva. Pero la opinión generalizada de la gente, es que hay saturación de los antiguos y viejos esquemas organizacionales inscritos en el seno del régimen político vigente. Se nota que la opinión general quiere cambio, pero se percibe un agotamiento emocional que abre la puerta a espacios diferentes, con ideas novedosas y dirigentes frescos. 

La puerta está abierta y la oportunidad creada para el nacimiento de nuevas organizaciones políticas, que canalicen la energía social emanada del paro, pero con líderes nuevos que no necesariamente deben ser jóvenes en edad, sino jóvenes en ideas y conductas honestas que, aunque sean mayores, nunca hayan estado activos en los partidos políticos tradicionales. Se necesita una propuesta política que propugne por el desmonte de las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho a la comunidad, y que responda de manera consecuente a la necesidad de nuevas opciones políticas. 

OTRO ATAQUE A LAS PENSIONES

Otra vez, uno de los lacayos colombianos de los especuladores internacionales del dinero a quien lo tienen ubicado como presidente de Asofondos para que defienda los intereses del capitalismo financiero, se viene lanza en ristre contra el único sistema de pensiones que existe en Colombia, el de Colpensiones, esta vez con argumentos falaces basados en unas cifras cuya interpretación tienen un trasfondo que el sujeto no aclara. Señala también comparaciones con otros países que son igualmente neoliberales y donde así mismo, predomina el enfoque financierista de los servicios sociales y no el enfoque humanista que la comunidad reclama. 

La pensión de vejez es un bien público que encierra el satisfactor de la necesidad humana de protección, requerido por todos los humanos cuando han superado la edad de retiro laboral; y por el hecho de ser de interés general que compete a todos los individuos de la especie, dicho satisfactor tiene carácter es público, razón por la cual, es al Estado a quien le corresponde asumir el manejo de este satisfactor, o lo que es lo mismo, el nicho sociológicamente obligado para las pensiones, igual que para todos los bienes públicos, es el Estado, como lo fue desde el siglo XVII y hasta los años ochenta del siglo XX.  

Las empresas afiliadas a Asofondos no son fondos de pensiones sino fondos de ahorro privado, por lo cual no constituyen un bien público y no son satisfactores de la necesidad de protección que requieren los mayores. Es decir, los fondos privados de pensiones no existen puesto que la única pensión de vejez que tiene carácter de bien público, solo la presta el Estado.  

Argumenta Montenegro que el presupuesto nacional deben asignar una suma de 20 billones para cubrir el faltante de recaudo originado en las cotizaciones de los jóvenes; pero es que los jóvenes que cotizan están en manos de los fondos privados de ahorro, mientras que los de mayor edad que reciben la pensión y no cotizan, están en el sistema público. Además, ¿cuál es el problema si el presupuesto público debe ser prioritariamente para la atención de las necesidades sociales y no para atender el negocio de los agiotistas del mundo que son los gota-gota internacionales?? Por eso la solución estructural del problema fiscal, es acabar con los fondos de ahorro privado y que todos los cotizantes jóvenes se afilien al sistema público. 

La comparación que el directivo gremial de marras hace con otros países igualmente neoliberales, que conciben los servicios sociales con el criterio financierista y no con el enfoque humanista que aplicaba el Estado del Bienestar antes de 1980, no tiene sentido; porque ven el ahorro financiero, pero no el carácter público del satisfactor que no debe condicionarse al monto ahorrado, sino a la satisfacción de la necesidad humana independientemente de las sumas cotizadas durante la vida laboral, algo parecido a lo que llaman el régimen de prima media.

Claro, para los neoliberales, esto constituye una bomba de tiempo, porque lo único que les preocupa, no son las condiciones de vida de la gente, sino el pago cumplido del servicio de la deuda bajo el esquema del capitalismo rentista que impera en el mundo occidental desde los años ochenta. La explosión de que hablan es de caráter fiscal, pero no les importa la explosión de carácter social como la que se está viviendo ahora en Colombia como efecto de los treinta años de descontento acumulado consecuencial de las políticas neoliberales y por eso, una vez más y como lo hacen cada cierto tiempo, lanzan otro ataque a las pensiones.

EL BUMERAN DE LA REACTIVACIÓN

Esta semana el gobierno expidió un nuevo paquete de medidas, supuestamente, tendientes a la reactivación de la economía, para lo cual pretende beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas agrupadas en el conjunto de mipymes, con el argumento de que el 96% de las empresas de este grupo se encuentran afectadas por la situación socioeconómica general que vive el país por el acumulado de tres décadas del modelo neoliberal, agravado durante el último año por efecto de la pandemia. El gobierno anunció un conjunto de medidas con seis aspectos principales, que pretende apoyar estas empresas para ayudarlas a salir de la encrucijada.  

El problema es que, una vez más, en gobierno insiste en medidas de corte neoliberal, que recaen en la oferta y que ponen en duda su eficacia. Nos recuerda que la historia nos habla de las discusiones realizadas en 1930, cuando el mundo capitalista afrontaba también una seria crisis en los mercados que tenía decaído el aparato productivo de la época. 

Las acciones propuestas más relevantes son referentes al crédito, como los cupos a las líneas existentes, el otorgamiento de garantías para créditos de capital de trabajo, ampliación de las líneas de Bancóldex, crédito para los productores rurales, líneas especiales de crédito subsidiado; y otras dos medidas que no son crédito pero que también van aplicadas a la oferta como son el plazo para pagar los impuestos que, se corre en el tiempo, y la feria virtual llamada ‘Reactivatech’, con la cual el Gobierno pretende beneficiar 100.000 empresarios para que fortalezcan digitalmente sus negocios y diversifiquen su portafolio de clientes. 

Probablemente estas medidas les aporten alguna liquidez inmediata a los empresarios en el corto plazo; pero el interrogante que surge es entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar más adelante esos créditos? Porque los recursos no son regalados sino prestados y tarde o temprano tendrán que pagarlos. ¿Cómo van a hacer los empresarios para vender la producción que financien con esos créditos si no hay en la calle gente con plata en la mano que les compre? 

Si la demanda agregada sigue contraída por insuficiencia de ingresos familiares, que es el principal destino de las micro y mipymes, los empresarios se van a ver a gatas a la hora de pagar los créditos, cuando tengan las oficinas de abogados de cobranza llamando todos los días a las cinco de la mañana para recordar las cuotas del préstamo. Por eso una vez más, también hay que recordar que la reactivación económica por la vía de la oferta tiene a serias limitantes, que conducen a la ineficacia de las medidas, situación que se ha demostrado históricamente muchas veces y que se ha sustentado en conceptos económicos repetidamente; pero el enfoque neoliberal todavía cree que funciona la Ley de Say de hace dos siglos.  Ese fenómeno podría tener sentido, si el aumento de la producción se realizara con utilización intensa de mano de obra cuyos salarios se orientan al consumo de la propia producción; pero en Colombia eso no existe por la altísima dependencia de las importaciones de materias primas e insumos.

Así, las llamadas medidas para la reactivación que propone el gobierno, es muy probable que sean un caso más de esos donde el remedio sale peor que la enfermedad y el plan anunciado esta semana se convierta en el bumerán de la reactivación.