LA PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA

En época del neocolonialismo, cuando las empresas multinacionales principalmente industriales controlaban el Estado y el mundo durante el siglo pasado, al instalarse una empresa subsidiaria en un país del tercer mundo, exigía que el Estado le protegiera el mercado para efecto de asegurar sus ventas. La protección consistía en que el gobierno fijaba impuestos a la importación de productos que le hacían competencia y colocaba mil trabas a los bienes rivales extranjeros. Pero cuando cambió la modalidad del sistema y se impuso el capitalismo rentistas, es decir cuando los especuladores internacionales del dinero tomaron el control del Estado y la economía a través de los fondos de inversión, se estableció el libre comercio y el gobierno eliminó los aranceles como mecanismo de protección del mercado nacional. Ahora en este siglo, cobrar aranceles es un pecado mortal que sanciona la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque lo que prevalece es la globalización, supuestamente con un solo mercado mundial, donde predomina la competitividad para tener éxito comercial. Claro, es pelea de tigre con burro amarrado, porque la competitividad más fuerte la poseen no más de veinte países y al resto le toca acarrear con las consecuencias negativas del dominio de los poderosos en el mercado global. 

En Colombia, este fenómeno global está agravado con la altísima propensión marginal al consumo de importados que tiene el país, de modo que tras de gordo, hinchado, ya que, además de tener baja competitividad, existe un factor mental o cultural que abre más las puertas a los productos extranjeros en contra de la producción nacional. 

Sin embargo y tal vez como resultado de la pandemia, se está viendo que los gobiernos territoriales pueden contribuir a la protección de la producción nacional, que el gobierno nacional ya no realiza vía aranceles por las imposiciones de la OMC. El cambio surge también, porque dicho mecanismo no se ubica en el precio, como una de las variables de la función demanda, sino en la variable conducta del consumidor que también influye en la cantidad demandada. Hemos visto como en Cali, acertadamente, y tal vez en otros municipios que no conozco, la administración municipal adelanta campañas para promover el consumo de productos nacionales, lo que se convierte en un mecanismo novedoso para propiciar la orientación de la demanda en el mercado, favoreciendo las empresas nacionales. 

Ya que el gobierno nacional no lo hace mediante los aranceles sino que por el contrario estimula más las importaciones por la presión de los grandes importadores que manipulan los mercados, los gobiernos territoriales disponen de herramientas para adelantar procesos de direccionamiento de la economía mediante campañas publicitarias y otro tipo de eventos comerciales que también podría organizar canalizando la demanda interna hacia el consumo de productos nacionales. Esta podría ser una alternativa viable para combatir esa maligna expresión ideológica de los consumidores colombianos, de valorar más los productos extranjeros aunque no demuestren la calidad suficiente, y de jactarse o alardear con el consumo de mercancía importada. Así, probablemente no se logre el impacto de los aranceles, pero sí es posible logar una magnitud suficiente para desestimular a los monopolistas importadores que influyen en las decisiones del gobierno y con ello establecer una modalidad diferente e innovadora en la protección de la economía. 

LOS ALCANCES DEL VIRTUALISMO

Es de lógica suponer que los más beneficiados con el caso de la pandemia han sido los granes fondos de inversión en negocios tecnológicos como Black Rock, Vanguard, State Street y Fidelity, que juntos manejan un patrimonio por encima de los 17 mil billones de dólares y que controlan las operaciones de internet como las redes sociales y las plataformas con las que hoy se están realizando las interacciones humanas para casi todos los asuntos que así lo permiten, como los trámites de las empresas tanto públicas como privadas y la prestación de un sinnúmero de servicios tanto institucionales como personales, que por supuesto, han valorizado tanto los ingresos de esas empresas y como las acciones del capital, debido al gran incremento de la demanda y uso de los activos tecnológicos por parte de toda la humanidad en todo el mundo. Esos son los verdaderos ricos. 

Pero también es procedente examinar el beneficio recibido por el resto de la humanidad a raíz del uso obligado de los métodos virtuales en una gran cantidad de actividades cotidianas y acciones necesarias para la vida comunal, que por motivo del distanciamiento ha sido necesario introducir en el funcionamiento socioeconómico, porque, así como ha traído algunas comodidades en razón a las actividades desde la misma residencia, también ha originado limitaciones para varias necesidades que por su carácter es obligatorio el contacto físico. 

Es indiscutible que la calidad en varios de los servicios que hoy se prestan en modalidad virtual se ha disminuido, como el servicio educativo y el de atención en salud; además de otros servicios institucionales. Se reconoce el esfuerzo de las empresas prestadoras por mantener la operación, pero no se pueden evadir de las diferencias surgidas por el cambio de modalidad. El país, y creo que el mundo, no estaban preparados para la virtualidad. Existía la modalidad virtual en educación superior desde tiempo atrás; pero en muchos de los campos de la vida ni siquiera era imaginable, como es el caso de las ferias de recreación y cultura. 

Están proliferando los eventos académicos e institucionales de difusión, capacitación, debate y conocimientos, con la ventaja de que los expositores lo hacen desde su residencia, sin viajes ni viáticos, pero con los inconvenientes del contacto y las condiciones ambientales de estar sentados durante mucho tiempo frente a una pantalla de computador y atentos a los mensaje de audio que se transmiten. 

En el balance se observan aspectos positivos de la carga de interacciones por las plataformas de internet, pero hasta ahora, que no se ha superado la fase de aprendizaje para unos y otros, también tiene mucho peso el deterioro de la calidad de la interrelación humana debido a la falta de costumbre y de experticia en el manejo de la tecnología, sin tener en cuenta los temas donde no es posible usar el medio virtual para la satisfacción de necesidades humanas debido a que los satisfactores solo son posibles mediante el contacto físico, como los  relacionados con la recreación y el esparcimiento tanto activa como pasiva.

No sabemos ahora si debemos acostumbrarnos a la vida dentro de un reducido campo de acción permitido por la modalidad virtual, o si debemos esperar hasta que se supere la pandemia y, aunque todo no volverá a la normalidad anterior, volver a tener condiciones que permitan ir más allá de los alcances del virtualismo.

LA PRIVATIZACIÓN DEL ESTADO MISMO

Desde los orígenes del Estado Moderno, por allá en el siglo XVII cuando se creó el primer banco central en 1668, la soberanía del Estado reposaba en dos pilares básicos: por un lado las fuerzas militares con las cuales ejercía la soberanía política y por el otro lado el banco central con el que ejercía la soberanía económica, mediante la cual el Estado era el rector de los procesos económicos que, defendiendo la propiedad privada, realizaba con el uso de las políticas macroeconómicas como son la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Para el efecto, desde siempre, inclusive cuando en Colombia se creó el Banco Nacional en 1880, las funciones principales de este organismo eran las de ser el banco de todos los bancos, el banco del gobierno, la autoridad monetaria y cambiaria y por supuesto, la de emitir el dinero con el cual circula la economía. 

Con el tiempo y ya en 1991, bajo la supuesta autonomía del banco, que no es otra cosa que el sometimiento del organismo a las conveniencias del capital financiero internacional, lo que se realizan mediante la influencia del BPI con sede en Suiza, los neoliberales le quitaron una pata a la soberanía del Estado y la dejaron chueca. La otrora magnificencia del organismo, que lo hacía gran autoridad, rector de los procesos económicos y el instrumento social más poderoso, quedó destruida. Ni la política fiscal, ni la política monetaria y ni la política cambiaria, son ahora herramientas para direccionar la economía hacia los fines de bienestar general y desarrollo nacional. Papá Estado era grandioso y podía amparar a su sociedad porque tenía banco e imprimía billetes que ahora le impiden, con el argumento de la inflación, lo cual es una falacia en momentos en que el aparato productivo tiene capacidad instalada ociosa como hoy. Además, la inflación, a los únicos que perjudica es a los inversores en papeles de renta fija; al resto del pueblo lo que le perjudica es el desempleo. 

El caso llegó al extremo cuando vimos por TV al gerente Juan José Echavarría diciendo, con palabras grotescas y macarrónicas, que el banco no prestaría dinero al gobierno para salir de la crisis fiscal derivada de la pandemia, porque el gobierno no le pagaba las deudas y mandó al gobierno a que fuera a conseguir dinero en el mercado de capitales de Nueva York, como cualquier perico de los palotes. 

Habrase visto?? A dónde ha llegado el extremo del modelo neoliberal colombiano que ya el banco no le sirve a su propio dueño para beneficio de toda la sociedad que lo gestó?? Claro que de eso se trataba cuando el IIE, hoy Instituto Peterson de Washington, infiltró en 1991 la Asamblea Constituyente para introducir en la Constitución Política la norma esa de la supuesta autonomía del banco. Precisamente se buscaba dejar al gobierno en la ruina para obligarlo a ir al mercado de capitales como cualquier particular, a buscar los recursos de financiamiento mediante deuda pública que los especuladores internacionales del dinero suministran a través del mecanismo creado por ellos deliberadamente para concentrar su negocio en el endeudamiento de los Estados.

El paralogismo del capitalismo rentista sustentado con las ideas neoliberales, fue precisamente ese: primero deteriorar la imagen del Estado del Bienestar a punta de mentiras y embustes, luego arruinar las finanzas del organismo para obligarlo a recurrir al endeudamiento en el mercado de capitales y así financiar las operaciones públicas; y finalmente sí, implantar la estrategia principal de arrebatar el banco central de las manos del gobierno, dejándolo sin la posibilidad de emitir dinero, herramienta idónea para el direccionamiento de la economía que, si bien es cierto había sido mal utilizada en muchos casos por el abuso de los políticos, era un tema subsanable con un adecuado manejo de la emisión. Así, con argumentos falaces, se dejó a la sociedad sometida a los intereses de los especuladores internacionales del dinero que navegan en las bolsas de capital, en un fenómeno que bien podemos llamar la privatización del Estado mismo. 

LO PERVERSO DEL CENTRALISMO

Desde 1886, cuando por la vía constitucional la élite política entregó el país a los intereses de los empresarios ingleses, se instauró el centralismo bogotano en época que era conveniente por la necesidad de construir un mercado nacional para el usufructo de las empresas extranjeras, que luego se ratificó en época del neocolonialismo después de la segunda guerra mundial, de conformidad con los intereses de las empresas multinacionales. Por esa época en el campo conceptual las teorías y enfoques del desarrollo justificaban plenamente las bondades del centralismo para el fortalecimiento del modelo de industrialización proveniente del exterior.

Pero una cosa son las conveniencias de los empresarios extranjeros y otra cosa es el interés nacional enmarcado en la necesidad de acondicionar los factores socioeconómicos para mejorar la calidad de vida de los nacionales y ahí, en ese escenario, es necesario reflexionar sobre las bondades del centralismo bogotano, que hoy está ahogando las posibilidades de cambio para avanzar en el progreso social, económico, político y cultural, que la comunidad nacional requiere debido a los escenarios presentes, algunos antiguos ya conocidos y otros surgidos por motivo de la pandemia.

Cabe recordar que uno de los factores que determinó el derrumbe de las economías socialistas, además de la falta de mercado y de gerentes como agentes dinamizadores de los procesos económicos, fue precisamente la concentración de las decisiones en una agencia estatal central. Igualmente, también es procedente recordar que en muchos países del mundo capitalista se dieron casos donde los fenómenos regionales propiciaron avances importantes de progreso económico y social motivados y dirigidos por instituciones propias y sin injerencia de los organismos centrales.

Luego vino en 1991, también por la vía constitucional, el acondicionamiento del país a los intereses del capitalismo rentistas sustentado con los argumentos neoliberales, que conlleva la instauración de un Estado “organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista…” cuyo trasfondo es la disminución del gasto público en el nivel central, pero que creó expectativas en las bases sociales sobre cambios favorables para realizar en este siglo.

Sin embargo, ya se van a completar los tres decenios desde la expedición de la Carta y lo que vemos es todo lo contrario. El centralismo bogotano ha instaurado sus métodos taimados para concentrar cada vez más el poder político en el nivel central y castrar con más potencia la posibilidad de las comunidades locales para diseñar y construir su propia historia, porque si bien la descentralización administrativa permite bajar el gasto público nacional, la conveniencia de los neoliberales es la  de mantener concentrado el dominio de las finanzas públicas para amparar el servicio de la deuda.

Con ello las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida para la totalidad del territorio se ven frustradas y el ejercicio de la cacareada democracia participativa se ha convertido en una falacia, que ahora tiene demasiados obstáculos para afrontar la crisis y luchar por la reactivación económica y la reconstrucción social; pues se requiere ingenio, creatividad e innovación de parte de los actores sociales y las instituciones locales, si se pretende abordar la complejidad del problema en un mundo globalizado que tiene impactos derivados de los procesos internacionales; de modo que la realidad presente y la del inmediato futuro, demostrarán de manera contundente y con evidencias históricas lo perverso del centralismo.

LA DEPRAVACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN

Desde los inicios del Estado Moderno por allá en el siglo XVII y durante más de tres siglos, los bienes públicos estuvieron asentados de manera exclusiva en el seno del Estado, por lo cual correspondía solo a este organismo producirlos, administrarlos y asignarlos a la sociedad. Pero cuando cambió la modalidad del sistema económico implantándose el capitalismo rentista, en el que los ricos no son empresarios sino que son haraganes que depositan su dinero en un fondo para vivir de los intereses, con su soporte teórico neoliberal se trasladó lo público al mercado, abriéndose las puertas para la privatización y así contribuir a uno de los dos propósitos del pensamiento neoliberal, el de disminuir el gasto público para no distraer los recursos fiscales que se deben canalizar con prioridad al pago de la deuda. 

Con ello, surgieron los empresarios inescrupulosos y agalludos que vieron en este campo una gran oportunidad de negocio, porque, sin duda, los bienes públicos son un buen objeto para realizar empresas y ganar mucho dinero, ya que este tipo de bienes tienen una demanda inelástica y no hay necesidad de hacer esfuerzos de penetración de mercado, porque los consumidores acuden a comprar sin necesidad de llamarlos. La gente hace fila para pagar de modo que el vendedor no tiene ni siquiera que hacer publicidad. 

El Estado creó las superintendencias, supuestamente, para ejercer la vigilancia y asegurar que las empresas privadas brinden un justo servicio a los consumidores. Supuestamente también, las empresas privadas tendrían que someterse a cumplir con los cánones de operación de los bienes y servicios públicos, de modo que la necesidad humana estuviera por encima de cualquier otro interés particular, por lo cual los productos se llevarían al mercado con precios razonables. 

No obstante, la corrupción se impuso por encima del interés general y el bien común. Los privatizadores, donde también se han incrustado empresas multinacionales que operan con procedimientos mafiosos, por un lado compran las decisiones del Congreso para aprobar normas que solo benefician al privatizador en contra de los intereses de la comunidad; y por otra parte compran a los funcionarios encargados de la vigilancia y defensa del consumidor de modo que siempre hay fallos que benefician al prestador del servicio sin consideraciones para el pobre consumidor. 

Con todo aquello, lo que vemos y sufrimos es un constante atropello de las empresas privadas que manejan los bienes públicos, que la comunidad tienen que aceptar resignada porque este tipo de bienes son imprescindibles para la vida humana y ante la orfandad de protección por parte del Estado, no queda de otra que aceptar resignado el atropello y el abuso que los privados brindan.

 

Hoy hay varias modalidades con las cuales los privatizadores operan para sacar la mejor tajada en contra del bienestar general; desde la expedición de normas creando nuevas obligaciones con nuevos instrumentos sobre servicios que ellos prestan con tarifas escandalosas, hasta los reglamentos de los servicios esenciales que siempre han existido como los servicios básicos domiciliarios, que en manos privadas no importa la necesidad humana sino las ganancias de la empresa prestadora. Los empresarios ya saben, desde que se meten en el negocio, lo que significa vender bienes públicos y los efectos sociales de este negocio; pero luego cuando revientan los problemas, lloran ante el Estado para que falle a su favor lo cual logran la mayoría de las veces recurriendo a la corrupción de los funcionarios que toman las decisiones. Es un calvario que el modelo neoliberal ha traído al país que mucho ha golpeado a la comunidad nacional y que se debe modificar por vía de las leyes para no seguir siendo víctimas de la depravación de la privatización. 

LA ENCRUCIJADA DEL FMI

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los organismos multilaterales que ha patrocinado la modalidad del Capitalismo Rentista y como tal, ha sido promotor de las políticas neoliberales que, como ya se sabe, concentran su punto de mira en bajar el gasto público y frenar la inflación, ambas acciones para favorecer a los grandes capitalistas especuladores internacionales del dinero. En sus consabidos monitoreos que hacen a los países, siempre recomiendan bajar el gasto público y medir con gotero el gasto social apoyando el desprestigio deliberado de este tipo de gasto, al que peyorativamente los neoliberales llaman populismo. 

Por eso sorprende las declaraciones de este organismo multilateral en los últimos días, que a raíz de la crisis generalizada en la economía consecuencial de la pandemia, ha salido a decir que el gobierno debe aumentar el gasto. Sorprendente porque la fórmula de aumentar el gasto para ensanchar la demanda agregada y de esta forma reactivar la economía es típicamente keynesiana, al que los neoliberales consideran como el demonio porque huele a comunismo en razón al mérito que Keynes le otorgaba al Estado y ellos asocian este mérito con el papel del organismo en las economías planificadas. 

Claro que el FMI tiene razón porque la historia ha demostrado que la forma de aumentar el empleo y dinamizar la economía es por la vía de la demanda agregada, donde el gasto del gobierno tiene un importante papel; pero en el enfoque convencional la fuente de este incremento del gasto es el cobro de los impuestos a los ricos, que hoy son los especuladores del dinero que se alimentan con la renta que les produce los papeles del mercado de capitales, y por otro lado la emisión de dinero, que hoy no se puede realizar porque el banco central ya no lo maneja el gobierno sino que está al servicio del BPI. Ambas medidas que le causan escozor a los neoliberales y por supuesto al FMI. 

Así las cosas, se produce un fresquito por el reconocimiento que hace el organismo multilateral al importante papel del gasto público; pero también se crea una gran preocupación cuando vemos el complemento de la recomendación del Fondo, ya que dice que la fuente de ese aumento del gasto del gobierno, debe ser un mayor endeudamieto por la vía de la colocación de papeles en el mercado de capitales, y ahí sí, tras de gordo hinchado; pues bien alto que está el saldo de la deuda pública y harto que se está comiendo el servicio de la deuda que ya para el 2021 se llevará el 38 % del presupuesto nacional, para seguir incrementando este concepto en las finanzas públicas que ya tienen saturada la base tributaria. 

El otro aspecto que se percibe, es la preocupación del organismo por la situación que afrontan sus protegidos que tienen tanto capital acumulado y ya no saben qué hacer con ello debido al estancamiento de la economía, generándoles lucro cesante y disminución de la tasa de interés que afecta sus ingresos. Entonces el Fondo quiere tirar al agua a los Estados endeudándose más para salvar el negocio a los especuladores del dinero; pero con ello y debido al alto nivel de endeudamieto presente de los estados, lo que hace es agilizar el camino al desastre total cuando los gobiernos se vean imposibilitados para pagar la deuda y entonces los agiotistas terminan matando la gallina de los huevos de oro y para ellos, el remedio sale peor que la enfermedad, viéndose con ello que la situación de hoy se ha convertido en la encrucijada del FMI.  

CONFRONTACIÓN CAPITALISMO-SOCIALISMO

En Colombia, nadie, ningún caudillo ni movimiento político significativo, está proponiendo la implantación del socialismo en este país; ni siquiera el Partido Farc que durante medio siglo lucho dizque para cambiar el sistema vigente. Pero los defensores del actual establecimiento, quienes están sacando tajada del régimen actual, sin considerar el daño que el modelo neoliberal de la globalización hace al conjunto total de la sociedad colombiana, utilizan este argumento para atacar a quienes están en su contra, aprovechando el desprestigio internacional que el socialismo tiene y su falta de vigencia histórica; utilizan publicidad engañosa, sarcasmos, mentiras y todo tipo de mecanismos que distorsionan la realidad, con el propósito de restarle corriente electoral a sus opositores con el único fin de mantenerse en el poder. 

Lo cierto es que el capitalismo y el socialismo son sistemas, conformados por los tres componentes de producción-distribución-consumo y por lo tanto su característica básica es que no son estáticos sino dinámicos, por lo cual cuentan, como todo sistema, con un mecanismo interior que garantice el dinamismo y por supuesto el movimiento, de tal manera que es ahí, en el mecanismo que hace funcionar el sistema, donde se encuentra la diferencia entre el sistema capitalista y el sistema socialista. 

El mecanismo que hace funcionar el capitalismo es el mercado, o sea el juego de la oferta y la demanda y como tal, las decisiones sobre: qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce y para quién se produce, las toma el mercado para lo cual se utiliza el argumento de la rentabilidad. El mercado es la autoridad económica. Mientras que en el socialismo el mecanismo que hace funcionar el sistema es la planeación y las decisiones sobre las variables de la economía las toma el Estado a través de su oficina central del plan, con enfoque centralista e imperativo. En el capitalismo las unidades económicas y los agentes de la economía toman las decisiones dependiendo de las condiciones del mercado y la rentabilidad que este produce, para lo cual intervienen los gerentes que imprimen el dinamismo y la iniciativa que conduce al crecimiento y los cambios cualitativos; en el socialismo las unidades económicas deben hacer lo que ordena el plan, para lo cual tienen directores burocratizados sin iniciativa ni dinamismo y los propietarios de los medios de producción tienen que someterse a realizar lo que el plan ordena o de lo contrario los medios serán nacionalizados; claro, si se someten al plan, pueden conservar la propiedad privada del medio de producción. 

Por supuesto, el dinamismo y el impulso que generan los gerentes, cada uno por su cuenta, es lo que produce los cambios cuantitativos y cualitativos que se encierran en el desarrollo económico y es la falta de estos gerentes lo que conduce al decaimiento del aparato productivo y toda la economía en las economías planificadas, por lo cual hay un consenso generalizado en el mundo que el mercado es necesario y que los sistemas planificados no tienen vigencia histórica. Por eso el socialismo no cabe en Colombia y es una falacia decir que se debe frenar a los socialistas los cuales no existen. Pero a la vez, una de las leyes del mercado es que crean la desigualdad en todos los niveles: entre regiones, entre sectores de la economía, entre ramas empresariales, entre unidades económicas, entre clases sociales, entre sectores urbanos, entre todo. Por ello, es necesario que intervenga el Estado con mecanismos de política económica para que neutralice o alivie las desigualdades que produce el mercado, pero sin cambiar el sistema.

 

Entonces, es absurdo y de mala fe, el argumento del socialismo para crear mala imagen a quienes se oponen al actual establecimiento neoliberal que está siendo manejado con enfoque fascista, que, además, requiere una idiosincrasia o cultura especial que, precisamente, en Colombia no existe y que nunca permitiría el establecimiento de dicho sistema, por lo cual es torcido y  maquiavélico plantear en el debate político la confrontación capitalismo-socialismo.