LA AUSENCIA DEL PARTIDO LIBERAL

La actual coyuntura política que vive el país permite sacar conclusiones sobre la falta que hace el Partido Liberal. Claro, está ahí en el escenario político; pero eso que hay hoy es otra cosa, que no se identifica con la tradición y la identidad política nacional. Ese partido es parte de los ancestros y la cultura política nacional, identificado como la organización que representa los intereses del pueblo o las clases menos favorecidas. Pero hoy, después de que el padre del Neoliberalismo en Colombia, Cesar Gaviria, lo llevara a la destrucción, ha dejado un vacío político que hasta ahora, no ha sido posible llenar.

Ese nefasto personaje Cesar Gaviria, quien le debe mucha información al país sobre lo ocurrido entre 1988 y 1993, que la opinión pública no conoce porque han sido operaciones encubiertas, se tomó el Partido Liberal y arrasó los postulados doctrinarios aprobados por la Constituyente Liberal del año 2002, donde participó como uno de los ideólogos, Hernando Agudelo Villa (qepd). En ese evento, el partido se declaró Socialdemócrata y adoptó una plataforma consecuente con esta línea de pensamiento, que luego Gaviria tiró por la borda para ubicar la organización en la más vulgar y descarada línea del pensamiento neoliberal. Le tocó a Gustavo Petro en la campaña presidencial pasada, agitar propuestas programáticas concordantes con el pensamiento liberal, pero por sus antecedentes políticos en la vieja izquierda del siglo XX, dio la papaya para que la extrema derecha montara una campaña de mentiras y engaños al elector, que al final dio con el regreso al gobierno de la más extrema postura neoliberal, embadurnada con el ideario neonazi. Si esas mismas propuestas hubieran sido agitadas por el Partido Liberal, donde pertenecen, a los enemigos les habría quedado muy difícil utilizar para el ataque los mismos argumentos que utilizaron contra Petro.

Ahora surge un fenómeno al interior del Partido que nuevamente abre las esperanzas. Un grupo de 22 dirigentes reconocidos renunció a la organización y se propone rescatar las banderas consignadas en la plataforma doctrinaria, que son totalmente opuestas a las políticas neoliberales que están destruyendo a Colombia. Por supuesto quienes han usurpado el nombre del partido alrededor de Gaviria, han minimizado el hecho por el tamaño del grupo; pero no reconocen que en el nivel de líderes medios y populares existe una gran masa de agentes del verdadero pensamiento liberal que probablemente responderán al llamado de estos dirigentes. Muy pocos creen que en Colombia hay ocho millones de petristas; de ahí hay por lo menos la tercera parte que son liberales y otra tercera parte que son antiuribistas.

Gaviria está aferrado al Partido por el manejo de los cuantiosos recursos financieros de la organización y por mantener el tráfico de avales, con el que ha sostenido la adhesión de los mercaderes electorales que hoy son mayoría en la dirigencia del partido; y todo, para ver cómo coloca a su hijo Simón, por un lado, y le responde a los intereses de los grupos internacionales que lo tuvieron por varios años colocado en la OEA, por el otro. Pero a pesar de todo ese poder, se espera que el grupo de disidentes que acaba de nacer, retome la senda política correcta y direccione una estrategia que permita en el escenario político nacional acabar con la ausencia del Partido Liberal.

EL AÑO DEL MIPG

El 11 de este mes se cumplió un año de la expedición del Decreto 1499 de 2017 y por ello bien vale hacer unas reflexiones sobre esa norma, que, como se puede apreciar después de este tiempo, es otra de las pataleadas de ahogado del centralismo bogotano por armar un modelo de gerencia pública capaz de aplicar el espíritu de la Constitución Política en materia de transformación del Estado, para alejarlo de una vez por todas, del modelo burocrático que imperó en época del Estado del Bienestar que fue el propio en la fase del Capitalismo Industrial y que ahora le llaman populista.

Inicialmente fue la Ley 87 de 1993 y más adelante la Ley 489 de 1998, que fue complementada con la Ley 872 de 2003, que hace un año fue derogada mediante el decreto en referencia, que se expidió con la fuerza que le otorgó la Ley 1753 de 2015, mejor dicho un sancocho normativo que muestra el desorden del nivel central, que cada cierto tiempo cambia las disposiciones sobre el andamiaje del Estado en relación con la gestión pública.

Pasado este año, también se puede comprobar el desconocimiento que el nivel nacional tiene de la realidad administrativa en las entidades territoriales. Digamos que es válido el intento por unificar en un solo instrumento el marco de referencia para definir los patrones administrativos en los niveles territoriales; pero no es razonable inspirarse en fuentes extranjeras para abordar la problemática gerencial en realidades tan diversas y en muchos casos tan rudimentarias en que se realiza la administración pública de los municipios colombianos; y lo peor aún, atropellando principios elementales de la teoría que sustenta la gestión pública.

Es cierto que en Colombia rige el enfoque jurídico de la administración pública, heredado del viejo Estado de Derecho que los alemanes crearon en 1910. Pero tampoco para creer que a punta de leyes y decretos, de manera automática y como por encanto, se dinamizan los procesos institucionales y los sociales, sin que medie una acción deliberada y planificada de los actores para impulsar los procesos necesarios hacia el logro de los objetivos. Ellos, los bogotanos, creen que acá en los municipios de categoría seis, es como soplando y haciendo botellas y que basta con dictar la norma y acompañarla con una sofisticada y anti-estratégica guía, para que las administraciones municipales se ajusten a los deseos de quienes tienen la decisión en el nivel central. Por eso hoy vemos a la mayoría de municipios, por lo menos en el suroccidente del país, luchando atormentados por cumplir, sin que haya convencimiento de sus bondades, las consabidas políticas de arriba hacia abajo al cumplirse el año del MIPG.

LA ESENCIA DEL CAPITALISMO POSTINDUSTRIAL

Lo que hizo carrasquilla no tiene nada especial. Actuó, simplemente, siguiendo los patrones de la modalidad de capitalismo que hoy impera, cuyo origen se remonta a 1930, cuando los rentistas asimilaron la experiencia de la crisis de 1928 que a muchos llevó a la ruina. La causa de esa fatalidad fue que ellos habían colocado su capital de especulación en manos de los industriales y estos habían tenido pérdidas por los efectos en la economía causados por la guerra mundial del decenio anterior. El aprendizaje era sencillo: no colocar el capital en manos de los privados, que deben ir al mercado y tener éxito, para poder pagarles la deuda, sino, coger al Estado de marrano para colocar su dinero en manos de este organismo, bajo el supuesto de que el Estado nunca quiebra. 

Desde entonces los rentistas iniciaron un proceso de avance y conquistas jurídicas para proteger el negocio, que comenzó con la sustentación conceptual, para lo cual utilizaron los planteamientos del neoclasicismo; en los años cuarenta se constituyeron como secta en la reunión de Mont Pelerin; en los años cincuenta penetraron la institución académica con las teorías de Milton Friedman; en los años sesenta ingresaron a la política sustentándose en el “Manifiesto Capitalista”, hasta que coronaron con la toma del Poder de Estado en la elección de Thatcher y Reagan en RU y USA, respectivamente. Desde ahí y durante los años ochenta, cocinaron todo el paquete teórico y normativo que se cristalizó internacionalmente en el Consenso de Washington y en Colombia con la Ley 51 de 1990, la Constitución de 1991 y posteriormente, se extendió a los municipios con los “Bonos Carrasquilla”.

Primero estrangularon las finanzas del Estado arrebatándole el banco central y exonerando de impuestos a los ricos, de modo que el organismo se viera obligado a recurrir a ellos en busca de recursos, para lo cual expidieron las leyes respectivas. Así, la principal fuente de ingresos del Estado es la colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales, los cuales compran los especuladores internacionales del dinero a cambio de jugosos intereses. Luego, es enviar a la Dian a cobrar impuestos para que les paguen cumplidamente el vencimiento de los títulos.

Carrasquilla lo que hizo fue trasladar el perverso esquema a los municipios y en lugar de la Dian, que estos no tienen, recurrir a las transferencias de la Nación para asegurar el pago de los papeles. Pero, dentro de los postulados neoliberales, el mecanismo es totalmente sano y normal. Es mas bien, una inteligente jugada para realizar el misto negocio, pero no con el nivel central que ya está saturado, sino con entidades territoriales. Es crear una nueva alternativa para la colocación del capital en manos del Estado, y con ello negocio seguro, de importantes sumas de dinero provenientes de los elevadísimos montos de capital de especulación que tienen los Fondos de Inversión en sus manos y que ya no saben dónde colocarlo porque la acumulación es demasiadamente elevada y los riesgos son cada vez mayores. Carrasquilla simplemente, sin ética pública ni sentido humanista, propició la creación del piso legal para permitir una operación que en la actual modalidad del sistema económico salvaje es absolutamente normal y que constituye la esencia del capitalismo postindustrial.

EL CARTEL DE LA RESERVA FEDERAL

Durante casi toda la historia de la economía, la moneda o el dinero, siempre fue un medio de cambio, donde su uso era para pagar transacciones de compra-venta de cualquier mercancía, requerida por su utilidad o capacidad de satisfacer una necesidad humana. Pero ahora en época del Capitalismo Rentista, uno de los atributos de esta modalidad del sistema económico, es que han convertido el dinero en una mercancía en sí misma. Sin contener satisfactores de necesidades humanas, el dinero ahora es objeto de compra-venta para sacar ganancia, lo cual ejecutan mediante métodos especulativos.

En tales condiciones, son por supuesto, las autoridades monetarias las más importantes instituciones y por ello son presa de la rapacidad de los grupos de poder, en cuyo curubito se ubica la Reserva Federal de Estados Unidos, organismo privado que desde 1913, disfruta de la competencia de emitir o imprimir los dólares oficiales de todo el mundo. Es el único banco central privado que existe y son solo ocho los potentados apellidos que gozan de tan magno privilegio: Rothschilds, Moses Seif, Lazard, Warburg, Kuhn-Loeb, Goldman-Sachs, Lehman y Rockefeller, quienes siempre han defendido a capa y espada su imponente negocio, hasta asesinando, como lo hicieron con el Presidente Kennedy, cuando este trató de crear un sistema de emisión de dinero directamente desde el gobierno.

La FED, como se le conoce, ocasiona devaluaciones y revaluaciones y todo tipo de traumatismos en el sector monetario de las naciones emergentes cuando le da la gana. Sube su tasa de interés y propicia el flujo de dólares hacia Estados Unidos desde todos los países, produciendo aumento en el precio del dólar como ocurrió en Argentina recientemente y en Colombia hace algunos años. Es natural que los especuladores internacionales del dinero prefieran comprar papeles de USA que los de países subdesarrollados. También ha ocurrido que bajan la tasa de interés a cero y así los dólares se van para otros lugares fuera de USA, generando revaluación de las monedas nacionales.

Dos de los principales enemigos de la FED son la Banca Islámica y los narcotraficantes, ambos tenedores de los dólares que ellos imprimen, porque se salen de su control y dominio, el cual ejercen presionando los bancos centrales de todo el mundo occidental, con mucho poder desde el Acuerdo de Bretton Woods en 1944, en pleno Capitalismo Industrial, y mayor aún desde 1989 con el Consenso de Washington. Por eso las encarnizadas guerras en contra de los musulmanes y los traficantes. Hoy dominan los bancos centrales de la mayoría de países y desde su sede imponen las políticas monetarias de todos, originando traumatismos en las economías nacionales derivados de los fenómenos cambiarios que surgen por los flujos de dólares de un país a otro. Son propiamente los dueños del mundo, que operan con un poder extraordinario y utilizando métodos propios de una mafia, por lo que muchos analistas le han calificado como el Cartel de la Reserva Federal.

EL ENFOQUE DE POLÍTICA TRIBUTARIA

La reforma tributaria anunciada, que el gobierno argumenta con los consabidos engaños y mentiras como el que está diciendo de generar empleo cuando la verdad es el pago del cuantioso servicio de la deuda de los próximos años, es de enfoque neoliberal. Es decir, basada en impuestos indirectos, que gravan más a los pobres, y exenciones a los ricos. Por supuesto, para que la propuesta pase en el trámite del Congreso, el gobierno tendrá que repartir mermelada de puestos y contratos a los congresistas, pues es bien sabido que estos personajes nunca votan gratis favorablemente un proyecto de ley.

Pero ese no es el único enfoque de política que existe. Sabemos que también está el enfoque socialdemócrata cuyas propuestas para una reforma tributaria que incremente los ingresos corrientes de la nación, son diferentes. En el caso colombiano, se trataría de acciones como las siguientes: volver a establecer el impuesto sobre el patrimonio que existía el siglo pasado; acabar con el cuento chimbo de la doble tributación que libra de impuestos a los propietarios con el argumento de que las empresas ya pagaron; hacer que las empresas de minería paguen impuesto a la renta, que no tributan con el argumento de que pagan regalías, sin considerar que son dos cosas diferentes; eliminar los tratamientos privilegiados a las multinacionales extranjeras; cobrar impuestos justos y equitativos por la remesa de utilidades para el exterior; cobrar aranceles a la importación de productos elaborados en el país por empresas nacionales; pero sobre todo, cobrarle impuesto de renta a los verdaderos ricos, que hoy son los capitalistas rentistas de todo el mundo, agrupados en los fondos de inversión, los especuladores internacionales del dinero, que ahora les llaman inversionistas y que con el sometimiento que han hecho al Estado, son los verdaderos causantes de la crisis fiscal que viven casi todos los países del mundo occidental. Ah, y que Carrasquilla pague impuestos por el dinero que tiene clandestinamente en Panamá.

Es apenas lógico que, si el Estado quiere aumentar sus ingresos por la vía tributaria sin acudir a la fórmula de emisión de dinero, que fue la que le dio la magnitud al Poder de Estado durante dos siglos en época del Estado Moderno, debe acudir a quienes tienen plata; pues no habrá mucho que recoger buscando dinero donde no hay, como ocurrió con la reforma tributaria de Santos, que fue un fracaso porque no incrementó los ingresos corrientes del gobierno. Siempre se ha dicho que los negocios con pobres son malos, de modo que, además de los problemas sociales que ocasionará el enfoque neoliberal y los perjuicios en materia de reactivación económica derivados de la contracción de la demanda agregada por afectar el consumo final, no le proporcionará a las finanzas públicas, el aumento de ingresos esperado y la situación seguirá igual, mientras no cambie la estructura de financiamiento del Estado.

Por supuesto, para aplicar otro enfoque de política tributaria, tendría que haber ajustes en la estructura de financiamiento del Estado, que hoy es correspondiente al Consenso de Washington de 1989 y que se introdujo mediante la Ley 51 de 1990; lo cual significa, también, que debe haber cambios políticos que permitan orientar el funcionamiento del Estado con propósitos diferentes a los actuales, que consisten en colocar el organismo al servicio del capitalismo financiero internacional. Pero por ahora esto no será posible, por lo cual es perder el tiempo criticar la propuesta de Carrasquilla, que está en el cargo cumpliendo el cometido para el que fue nombrado y en concordancia con los intereses de quienes legalmente detentan el poder porque el pueblo colombiano así lo quiso y por lo tanto no hay forma de cambiar el enfoque de política tributaria.           

ORIGEN DE LA REFORMA TRIBUTARIA

El escándalo de los últimos días se generó por los anuncios del gobierno sobre la próxima reforma tributaria, que tendrá que llevar al Congreso y para su aprobación, aplicar los acostumbrados métodos de repartir mermelada mediante puestos, contratos y corrupción en general, reforma que es obligatoria por la imposición de los organismos multilaterales, en razón a las obligaciones derivadas del servicio de la deuda para los próximos años. El debate no está en que si se hace o no la reforma, sino en cuáles son las fuentes de ingreso que se utilizarán y los grupos sociales que se afectarán con las cargas tributarias.

La causa de fondo del problema fiscal es la estructura de financiamiento del Estado que desde 1990 es perversa, para favorecer el capitalismo rentista y que se instituyó radicalmente por la vía constitucional en 1991. Por ello la solución definitiva no es viable, por lo menos en el mediano plazo, y se tendrá que recurrir a las fórmulas ortodoxas de las reformas tributarias, que alivian la carga unos pocos años; y así se mantendrá la solución hasta que el modelo explote por su inviabilidad real. Por ahora simplemente se trata de hacer el debate si los recursos se le sacan a los pobres o se le cobran a los ricos.

Por aparte de la causa de fondo derivada de la estructura de financiamiento, está el principal motivo de la reforma originado en el servicio de la deuda pública. Para el año 2019, el gobierno tiene que pagar la bicoca de 51.8 billones de pesos para atender vencimientos de deuda que justamente, no las adquirió Santos sino Uribe, pues los títulos de Clase B se emiten, por lo general a más de ocho años de plazo. En 2020 la obligación será de 24.2 billones, en el 21 será de 30.9 billones y en el 22 será de 31.1 billones, según un informe publicado por el Ministerio de Hacienda sobre el Perfil de la Deuda Pública Colombiana.

Por otro lado, los ingresos susceptibles de canalizar para este pago tienen un comportamiento preocupante para los organismos multilaterales, que son los guardianes del servicio de la deuda y quienes desestabilizan presidentes cuando ellos no pagan cumplido, ya que en el año 2018 los ingresos corrientes, incluidas las privatizaciones, se estiman en 140 billones de pesos y para el 2019 se han presupuestado 144.7 billones. O sea que mientras las obligaciones por pagar se han de incrementar en 133 %, los ingresos disponibles para el pago solo se van a aumentar en 3.3 %. Según el informe del Ministerio, en 2018, las obligaciones por pagar eran de 22.3 billones.

Es el absurdo del mecanismo de financiamiento, de abrir un hueco para tapar otro, lo que hace que cada ministro se limite a colocar títulos de deuda en los mercados de capitales, con fecha de vencimiento de modo que le toque a futuros gobiernos pagar; y  por ello, estos deben recurrir a soluciones como la de reforma tributaria. Lo otro es el debate si para el efecto se les cobra impuestos a los ricos, o a los pobres como el caso que se anuncia para la próxima reforma, que no es sorprendente porque eso se advirtió suficientemente en época de la campaña electoral. Aquí solo se trata de ver con claridad el origen de la reforma tributaria.

EL ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO

La planificación es un tema que cogió fuerza en la segunda mitad del siglo pasado y durante ese período se han hecho diversos planteamientos y modificaciones en las esferas institucionales y académicas, los más fuertes, después de 1980, cuando el sistema económico mundial introdujo cambios profundos en sus estructuras y en la manera de relacionarse con el Estado. El tema del método ha sido aspecto importante y las reflexiones conceptuales orientadas a la construcción de una teoría de la planificación, han destacado la importancia de este factor en los ejercicios prácticos de la aplicación del instrumento para el diseño de rutas hacia objetivos de desarrollo. Por supuesto, Colombia no ha sido la excepción en el debate sobre el tema y también tiene experiencias destacadas iniciadas desde los años 20, cuando se definió un plan de obras de infraestructura principalmente de vías, y después de 1958 cuando vino la institucionalización con la creación del DNP (Departamento Nacional de Planeación) y con ello toda la historia que se conoce ampliamente.

En época del Presidente Belisario Betancur se lanzó el “Plan de desarrollo integral para la Costa Pacífica” (PLADEICOP) que se consideró como el primer esfuerzo institucional con el liderazgo de la CVC. En el gobierno de Cesar Gaviria se difundió el “Plan Pacífico” como “una nueva estrategia de desarrollo sostenible para la costa pacífica colombiana” según reza el Documento DNP-2589 de marzo de 1992. Mediante la ley del PND 2014-2018, la 1753 de 2015, se creó el fondo para el desarrollo del “Plan Todos Somos PAZcífico” administrado por el Ministerio de Hacienda, con el fin de financiar la atención de las necesidades más urgentes, el cual tenía como objetivo “Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la franja del Litoral Pacífico y disminuir las brechas existentes con respecto a la franja Andina del Pacífico colombiano y al resto del país.” Son tres esfuerzos institucionales de gran magnitud que se han realizado con el apoyo del Gobierno Nacional. Sin embargo, el estado general de la región sigue dejando insatisfacciones y no es atrevido afirmar que hoy la situación de descomposición social y de calidad de vida es igual o peor de la que se vivía en 1980, por lo cual es absolutamente necesario revivir la reflexión y el análisis sobre los procesos necesarios para mejorar las condiciones generales de vida que reinan en la región pacífica.

El primer punto que merece un examen es, si la franja del litoral se debe considerar como objeto de planificación de manera aislada del conjunto total de territorios que abarcan la territorialidad gubernativa, tal como se consideró en los ejercicios de planificación citados. Hoy, cuando pensamos en la zona pacífica, no solo nos referimos a la región homogénea del litoral, sino a los Departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño en su conjunto, con todas las interacciones económicas y sociales, que se realizan entre el litoral y la zona andina, aún en territorios donde no existe la comunicación carreteable como el departamento de Cauca. Si bien la delimitación político administrativa no coincide con los linderos regionales de homogeneidad natural, social y económica, los procesos institucionales y las relaciones de complementariedad según las especificidades de cada zona, justifican el tema de la reflexión, para que se tome el pacífico, desde el litoral marítimo hasta el cordón magistral de la cordillera central.

También es necesario pensar en cuál es el verdadero potencial franja pacífica. Si es únicamente el mar con sus riquezas y recursos, restándole importancia a los elementos continentales donde la biodiversidad y la riqueza turística ocupan lugar meritorio, o si también se consideran estos aspectos. Se piensa en la pesca y el transporte internacional, pero no se le brinda el justo valor a la fauna, la flora y el paisaje, que encierran factores de valioso aprovechamiento económico, ni tampoco a la potencialidad energética de las corrientes hídricas que drenan hacia el pacífico desde la cordillera occidental, ni a la dotación del subsuelo de esta cadena montañosa.

Otro tema que merece consideración se refiere al valor de la región en el contexto nacional, el cual ha constituido el principal argumento para justificar la intervención del Gobierno, según se deduce de los documentos institucionales de las políticas nacionales citadas anteriormente. La costumbre es destacar la importancia del litoral para el desarrollo nacional, lo que significa ubicar en primer lugar los intereses de los importadores y exportadores ubicados en la ciudad capital y de las empresas localizadas en el denominado Triángulo de Oro del viejo modelo industrialización del país, pasando a segundo plano, las verdaderas necesidades humanas de las comunidades asentadas a lo largo y ancho de la misma franja geográfica.

Hoy este aspecto se reviste de especial importancia si tenemos en cuenta el Punto 1 del acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ celebrado con el antiguo grupo guerrillero Farc, cuyo título es “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” y que se refiere, no a las prebendas y tratamientos que se le darán a los antiguos combatientes, sino a los procesos que el cumplimiento del acuerdo obliga para ejecutar en las zonas rurales del país y que probablemente servirán para sentar las bases de las condiciones favorables al clima de convivencia armónica y pacífica que tanto anhelamos los colombianos. En dicho acuerdo el gobierno se compromete a promover el cambio de enfoque en la gestión del desarrollo pasando del Enfoque Sectorial que tradicionalmente se ha aplicado en el país desde tiempos inmemoriales, a la introducción del Enfoque Territorial para el desarrollo rural, el cual ha tomado fuerza internacionalmente durante lo que va corrido del presente siglo.

Dice el documento de la CEPAL presentado en un evento realizado en Costa Rica en 2005, que “La persistencia de la pobreza rural y la necesidad de enfoques innovadores para su abordaje, cambios en la concepción del rol de la agricultura y de la agricultura familiar, la necesidad de un abordaje más holístico de los temas rurales, son algunos de los elementos que han marcado de manera importante este resurgimiento. Conceptos como agricultura ampliada, nueva ruralidad, territorialidad, servicios ambientales, cultura local, descentralización, gobernabilidad y cooperación local se han abierto paso en la literatura sobre desarrollo rural y están haciendo sentir su influencia en el pensamiento de muchos gobiernos y agencias de desarrollo.”

Por su parte, se anota en el acuerdo suscrito con el grupo insurgente colombiano “que la RRI (Reforma Rural Integral) concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural” y más a delante afirma que “la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, para terminar señalando que “los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios, de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de grupos en condiciones de vulnerabilidad , garantizando la sostenibilidad socio-ambiental”.

Entonces, en razón al citado acuerdo, el país se coloca a tono con los procesos que desde los años noventa se vienen considerando para abordar el desarrollo rural en Latinoamérica, como son los ejercicios realizados por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) con la cooperación de la GTZ (agencia de cooperación alemana) en Centroamérica, las iniciativas realizadas en quince Estados del nordeste y norte del Brasil, el trabajo en Colombia realizado con la colaboración de la Corporación Latinoamericana Misión Rural y el caso de desarrollo local en Ecuador, entre otros. Ahora, nos toca examinar las condiciones para aplicar dicho enfoque en el caso colombiano, aprovechando las enseñanzas resultantes de la experiencia del sur del departamento del Tolima cuyo informe final fue presentado en diciembre de 2009, y particularmente, examinar las condiciones para su aplicación en la zona pacífica, vista no solamente como el litoral, sino como los territorios que hacen parte de la región político-administrativa que ya se señaló.

Una mirada rápida efectuada con sentido académico por estudiantes de la Maestría en Administración Pública de la ESAP en el municipio de Jamundí durante los años 2016 y 2017, permite sacar algunas conclusiones de primera mano, que muestran aspectos interesantes para la aplicación del Enfoque Territorial, donde el papel del Concejo Municipal no debe dejarse de lado, pero ante todo, destaca la necesidad de introducir reformas legales para ajustar funciones y competencias de esta corporación administrativa, a los retos históricos que las circunstancias actuales le han impuesto al ordenamiento institucional del país.

Según las conclusiones de los estudiantes, cuatro objetos de análisis se deben considerar para la implementación del Enfoque Territorial, de modo que se trascienda y vaya más allá de lo que hasta ahora ha realizado el Gobierno a través de la Agencia de Renovación Territorial (ART), organismo creado para tal efecto. Dicha entidad, actuado con la premura del tiempo y seguramente afrontando las dificultades propias del despegue de un proceso, se concentró en la expedición de normas jurídicas, todas pertinentes y necesarias para establecer el piso legal, pero con alcances limitados en materia de gestión pública, cuyo enfoque contemporáneo recomienda ir más allá de la simple normatividad legal, considerando que la norma, por sí sola, no dinamiza los procesos sociales, económicos e institucionales necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

Uno de los aspectos a considerar, es el relacionado con el ordenamiento territorial. Se conoce que en el campo académico existen cerca de una decena de enfoques teóricos sobre esta materia pero, considerando el predominio de las leyes, la obligación es la de adoptar los conceptos asociados a la norma del artículo 5 de la Ley 388 de 1997, donde se aprecia que el ordenamiento territorial municipal se refiere al acondicionamiento del espacio, según los requerimientos que sobre la dimensión territorial, exigen las estrategias económica y social formuladas para lograr los objetivos de desarrollo y todo sometido a los limitantes que imponen las condiciones ambientales y características culturales de identidad y tradición. De ahí surge la pregunta de si al formular Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, se crean determinantes particulares en los procesos económicos y sociales que contienen requerimientos especiales en materia de espacio y territorio, para que el ordenamiento territorial brinde la respuesta pertinente y consecuente a dicho enfoque, el cual es integral y suprasectorial. Sería interesante considerar la propuesta de Orlando Fals Borda presentada en 1997, cuando dice que “En las circunstancias del conflicto armado y para llegar a su alivio o solución, la contribución principal del ordenamiento territorial es la de indicar cómo construir o reconstruir espacios sociogeográficos y administrativos bien determinados donde, como en los casos recientes de conversión de corregimientos en municipios, se siga expresando libremente la voluntad de la sociedad civil como poder autónomo o gobierno popular”.

Si el sentido del Enfoque Territorial es el de formular políticas de abajo hacia arriba (Bottom-Up) y si el propósito es el de propiciar el desarrollo humano integral, el punto de partida en el proceso, son las necesidades humanas de la misma población y la forma de satisfacerlas. Esto implica que los satisfactores de las necesidades, las acciones y medios para llegar a su satisfacción, deben responder a las aspiraciones de las mismas comunidades, y deben ser definidos con base en su propia cultura. Pero, el interrogante que surge después de examinar el trabajo de campo ya citado, es, si la disposición de los agentes comunitarios, o si las comunidades están acondicionadas para realizar este ejercicio. La costumbre del enfoque sectorial tradicional es que los programas se diseñan de arriba hacia abajo (Top-Down) y la población simplemente se limita a recibir lo que las entidades le brinden de manera unilateral. Por ello, es necesario adelantar una fase inicial de educación ciudadana, donde haya creatividad e iniciativa de parte de los actores sociales, para identificar las características que debe tener la oferta institucional y a partir de la tradición y la identidad territorial, definir mecanismos, acciones y canales de oferta para llegar a la población. Tal como están hoy las condiciones mentales de las comunidades, será muy difícil lograr la creatividad y el ingenio necesario para definir herramientas institucionales innovativas que correspondan de manera pertinente a su propia cultura.

Un tercer elemento de análisis se refiere al enfoque de la gestión pública, que en este caso es relevante en los niveles territoriales principalmente el municipal. Si bien es cierto que desde hace más de un cuarto de siglo Colombia adelanta la trasformación del Estado, pasando del Modelo Burocrático al Modelo Gerencial que es más pertinente para ajustarse a los cambios, de todas maneras, el ordenamiento institucional que hoy existe es de carácter sectorial y así mismo están concebidos los instrumentos fiscales. Dar un saldo intempestivo para realizar la gestión pública desde las administraciones municipales aplicando el Enfoque Territorial sin antes realizar los acondicionamientos estructurales y operativos, no es razonable. Por ello, se requiere identificar los aspectos inherentes a la administración municipal que sea necesario ajustar, para que la función administrativa sea más adecuada a la dinamización y rectoría de los procesos económicos y sociales con el nuevo enfoque que se pretende implementar, el cual es de carácter holístico y suprasectorial.

Finalmente, el tema que más interesa en este escenario donde están presente las corporaciones administrativas municipales, se refiere a la Democracia Participativa y a la Descentralización Política, dos conceptos estrechamente ligados, que se han discutido muchas veces en escenarios académicos e institucionales, pero que en la realidad de la organización social y las relaciones Estado-Sociedad, aún no alcanzan las características suficientes para lograr la finalidad consagrada en la Constitución Política y reconocida como indispensable para avanzar hacia los objetivos de desarrollo.

La Democracia Participativa va más allá de la simple concurrencia a las urnas para elegir gobernantes y legisladores. Esa era la pauta de la vieja Democracia Representativa, pero no es suficiente para aplicar el espíritu de la norma constitucional, el cual requiere que haya intervención de los actores sociales en los tres procesos de gestión pública, planificación, ejecución y control, de igual a igual con los organismos del Estado. La Democracia Participativa es un cambio en las relaciones Estado-Sociedad, donde las relaciones sean horizontales y de doble vía, mediante mecanismos de concertación donde se apliquen los patrones de la gobernanza para avanzar hacia los objetivos de desarrollo.

Surge entonces la pregunta de sí la comunidad está sensibilizada, motivada, capacitada, preparada, pero, sobre todo, organizada adecuadamente para entrar en la concertación de políticas públicas; y si hoy existen los escenarios y mecanismo adecuados para ejercer la gobernanza, los cuales cuentan, sí, con el piso jurídico necesario, pero, como se anotó anteriormente, la sola base legal no es suficiente para dinamizar procesos de gestión pública.

El otro interrogante es sobre los puentes o elementos de contacto entre el Estado y la Sociedad, para que la participación en los procesos de gestión no se convierta en una montonera anarquizada que rompa los principios técnicos de la Co-gestión con responsabilidad compartida entre estas dos fuerzas sociales. La pregunta es: por cuál conducto entre los dos actores, que exista hoy, se puede canalizar la comunicación de doble vía entre el Estado y la sociedad civil, si lo que vemos es una sociedad atomizada, dispersa y sufriendo un profundo grado de conflicto y confrontación, sin la cohesión necesaria para sentarse de igual a igual a concertar con el Estado. Igualmente, dónde está el liderazgo obligado para la conducción de los procesos sociales.

Y sobre la descentralización política también hay bastantes temas de reflexión. El país viene hablando ya hace tres decenios sobre la descentralización administrativa y varias normas jurídicas de alcance constitucional y legal se han implementado en esta materia, aunque, muchas de esas normas se han quedado en el papel; porque lo que vemos es que cada día más, el centralismo bogotano castra las iniciativas administrativas de las entidades territoriales, aunque también cada vez les traslada responsabilidades sin los correspondientes recursos de financiamiento que son necesarios.

Pero más que la descentralización administrativa, el enfoque territorial del que veníamos hablando, necesita la descentralización política, entendida esta como el empoderamiento de las comunidades locales para tomar las decisiones necesarias a la construcción de su propio futuro, en correspondencia con sus verdaderas necesidades y bajo el respeto de su propia cultura e identidad.

Aquí, el interrogante principal se refiere al cómo lograr el fortalecimiento de las comunidades para el ejercicio de la participación real y la democracia participativa en la gestión de su desarrollo, si, como lo anotamos arriba, la comunidad no está debidamente preparada. Es necesario adoptar un mecanismo que permita suplir las deficiencias organizacionales, operativas y técnicas de las comunidades, porque, de todas maneras, el propósito de la descentralización política es necesario para el país. Esto significa que es ahí, donde tenemos que fijar la mirada e indagar en la actual dotación institucional la viabilidad del instrumento.

La invitación, por lo tanto, es a la reflexión sobre el papel y los alcances del Concejo Municipal en las actuales circunstancias que vive el país y ante las necesidades en materia de construcción de convivencia armónica, de los cambios de enfoque en la gestión pública, del liderazgo social y del empoderamiento de las comunidades locales. El Concejo Municipal hoy tiene dos procesos misionales, ambos ubicados en el costado que lo articula con el gobierno municipal, pero tiene un faltante jurídico que crea un vació en el costado que debe articular la corporación con las organizaciones sociales, para que se convierta en el “cordón umbilical” a través del cual se canalicen las interacciones Estado-Sociedad para la construcción del nuevo país que la ciudadanía está esperando y ambicionando.

PONENCIA PRESENTADA EN EL III CONGRESO DE CONCEJALES DEL PACIFICO ORGANIZADO POR FEDECON PACÍFICO EN AGOSTO DE 2018