LA MERMELADA DE LAS REGALIAS

Cuando en 2011 se expidió el Acto Legislativo 05 para reformar el sistema general de regalías, uno de los argumentos que se utilizó fue el de que en los territorios que más se beneficiaban con el viejo sistema, los productores de minerales, despilfarraban los recursos y se habían convertido en fuente de corrupción. Luego se expidió la Ley 1530 de 2012 para desarrollar la reforma constitucional y darle forma al nuevo sistema, en la cual se introdujeron, supuestamente, mecanismos correctivos para evitar que se continuara manejando estos fondos al amaño y conveniencia de los politiqueros tradicionales.

La opinión pública se entusiasmó. Se pensó que había nacido una solución al problema de la insuficiencia de fuentes de financiación y que con ello todo el país tendría mecanismos para fomentar el desarrollo territorial. Se crearon los órganos colegiados para aprobar proyectos y se introdujo el filtro del DNP para, supuestamente,  asegurar la objetividad, la racionalidad, la técnica y el cumplimiento de la ley en la asignación de los recursos. La ESAP realizó durante 2012 muchos eventos de capacitación tratando de conformar un conjunto numeroso de ciudadanos en capacidad de estructurar proyectos técnicamente en concordancia con el espíritu de la reforma.

Pero, a pesar de la ley y los mecanismos para asegurar el debido uso de estos fondos públicos, la habilidad y la astucia de los politiqueros es superior a cualquier intento por introducir la ética pública y manejar los recursos con criterios objetivos y técnicos. El resultado es que los proyectos del sistema de regalías primero pasan por la voluntad de los gobernadores y después por las demás instancias del trámite. Primero el gobernador correspondiente compromete una partida para un determinado proyecto y luego sí, hay que darle machete y manipular la metodología para armar el documento del proyecto en los términos del compromiso ya hecho por el gobernante, que, lógicamente, no corresponde a una estrategia de desarrollo sino a un interés personal y político del funcionario. El filtro del DNP también se desvió por cuanto ese organismo, que es un enemigo de la descentralización, utilizó su competencia más para priorizar las políticas nacionales que los intereses regionales.

Todos esos eventos que realizó la ESAP sobre desarrollo endógeno, desarrollo territorial, marco lógico, MGA, técnicas de estructuración y formulación de proyectos, con la finalidad de conformar un conjunto de ciudadanos preparados para aplicar principalmente el Artículo 23 de la Ley 1530, se fueron al tarro de basura. Se perdieron. En el trámite de proyectos lo que prima es el compromiso de los gobernadores y los demás aspectos técnicos de la formulación de proyectos, valen huevo; desconociendo que el monto de la inversión en un proyecto depende de sus objetivos y de la ingeniería del mismo y no de los compromisos del político. Ahora ya entendemos claramente cuando Echeverry el Ministro de Hacienda de ese entonces, dijo que la reforma al sistema general de regalías significaba que con ello en toda la galleta se iba a extender la mermelada de las regalías.

¿PARA QUÉ SE HACEN ELEGIR?

En la época del Estado Interventor-Benefactor centralista, cuando el organismo operaba mediante el Modelo Burocrático, era razonable que la responsabilidad frente a los conflictos sociopolíticos regionales estuviera a cargo del gobierno nacional. Pero ahora, en el Estado Postmoderno, cuando opera el Modelo Gerencial, es improcedente que los gobiernos territoriales le saquen el cuerpo a los problemas y acudan a la Nación para enfrentar las situaciones que afectan la vida normal de las comunidades asentadas en el territorio.

Los gobernantes territoriales son los gerentes públicos por excelencia, a quienes la ley les ha otorgado los instrumentos con los cuales deben asumir su responsabilidad y competencia, frente a todos los casos de interés general. Se aleja de los principios éticos la actitud que, cuando se trata de aprovechar los bienes públicos departamentales para beneficio personal realizando acciones clientelistas, el gobernante está en la vanguardia; pero cuando se trata de asumir sus competencias para resolver los temas que son de interés general, ahí pasa a la retaguardia.

En Cauca se vive una situación que ya es estructural, en la que cada cierto tiempo se presenta la confrontación entre las comunidades indígenas y los organismos del Estado por el asunto de la tenencia de tierras y el gobierno departamental, en lugar de ejercer su competencia y legitimidad impuesta por la Constitución Política y el elector primario, acude al nivel central. Es crónico que llega desde Bogotá un ministro y firma un compromiso por encima de las normas fiscales, que luego no se cumple por impedimento de estas mismas normas. Y vuelve y se repite.

Corresponde al gobernante territorial aplicar la norma vigente y mediante técnicas de marketing público y los procedimientos propios del Estado Gerencial, negociar, concertar, y diseñar los mecanismos de co-gestión para desarrollar procesos de coexistencia armónica y constructiva entre los diferentes grupos étnicos que se asientan en el territorio. Luego sí, llevar a Bogotá las propuestas y los proyectos técnicamente elaborados y dando cumplimiento a las normas fiscales para que la salida sea viable. El caso no es simplemente de conceder tierras, sino de establecer un mecanismo permanente y sostenible de convivencia sobre la base del ordenamiento territorial y el diálogo intercultural que aporte a la construcción de futuro dentro de los cánones del desarrollo endógeno con aprovechamiento de las potencialidades, el cual sólo es posible si el gobernador asume el necesario y correspondiente liderazgo al tenor de las normas vigentes y los cánones de la gerencia pública que ordena la ley. Es un caso de sabiduría, de ingeniería social, de voluntad política y de colocar el interés general y el bien común por encima del interés personal y el uso de los recursos departamentales sólo como plataforma de su futuro político. Si los gobernantes territoriales no están en condiciones de asumir el compromiso con la gobernanza, ¿para qué se hacen elegir? 

RESCATE DEL PARTIDO LIBERAL

Tal como van las cosas, el uribismo regresará al poder en 2018. Es un grupo que tiene postura política bien definida; de la extrema derecha neonazi, pero clara y concisa; tiene líder de conformidad con la cultura caudillista que impera en Colombia; tiene organización con afiliados y todo; los militantes están ahí por convicción y no por puestos o contratos; sin mermelada lograron el 21 % del censo electoral y ante todo, poseen gran disciplina, obediente y sumisa frente a su jefe y de manera contundente defienden los postulados neoliberales del capitalismo rentista. Es decir, posee todos los factores que requiere un movimiento político para triunfar. Mientras tanto, el resto, es una montonera de politiqueros donde cada uno solo piensa en su propio beneficio personal sin importar el futuro político nacional.

Se supone que, según el trasfondo doctrinario que sustenta la praxis política, del otro lado debería estar la doctrina que gira en torno a la socialdemocracia, la que defiende el papel del Estado como conductor de la economía, como rector de los procesos sociales y ante todo, como administrador de los bienes públicos, la cual en teoría y en papeles, está a cargo del Partido Liberal que desde el primer año de este siglo incluyó en su plataforma política un contenido de este corte, pero que cayó en manos de la Casa Gaviria, quien introdujo el neoliberalismo al país, y alejó al partido de los postulados consagrados en su plataforma política.

Aunque no nos guste, es lo único que hay. Es el partido que está afiliado a la Internacional Socialista y el de mayor trayectoria y potencia entre los que se declaran socialdemócratas, por lo cual el régimen político requiere su salvación. No es adecuada la fórmula de Eduardo Verano, uno de los autores intelectuales de la postura, quien al ver la torcida que se pegó el partico se alejó tratando de crear otro frente socialdemócrata por aparte, sino todo lo contrario. Se trata de que desde su interior, se geste una corriente que derrote el gavirismo y enderece el rumbo de la organización encarrilándolo al tenor de la plataforma vigente y los estatutos.

No ha surgido ni el líder ni la corriente que adelante los procesos; pero en el seno del grupo se percibe la inconformidad con el rumbo que ha tomado en los últimos años y el deseo de que la organización retome la línea socialdemócrata y se aleje de esa manía de andar detrás de la mermelada, sin ideas, sin propuestas y sin conciencia, para que pueda asumir la tarea de enfrentar a la extrema derecha de la política colombiana. Ante los errores que siguen cometiendo los grupos llamados de izquierda y los nuevos movimientos surgido recientemente por fuera de los partidos tradicionales, la historia política colombiana necesita de que al interior del liberalismo se desarrolle un movimiento que se retire de las componendas electorales, se revele contra los caciques que ocupan las curules en el Congreso y se concentre en un verdadero proceso político que conduzca al rescate del Partido Liberal.

EL CRIMEN DE LA DEMOCRACIA

Se fue un error en el artículo de la semana pasada en esta columna, cuando señalaba el nombre del régimen político creado hace más de dos siglos al que se le llamó “Democracia Representativa”, que a finales del siglo pasado se modificó por el de “Democracia Participativa” para ajustar sus características a las condiciones del nuevo tipo de Estado, cuando se pasó del Modelo Burocrático del Estado Moderno al Modelo Gerencial del Estado Postmoderno. Se dijo que los procesos políticos mejorarían y que el pueblo iba a ser beneficiado por la ampliación de los escenarios de participación.

En 1987, por ejemplo, cuando se estableció la elección popular de alcaldes, el cambio se le vendió a la opinión pública con el argumento de que era para acercarse a la “democracia directa” de los griegos, con lo cual el mismo pueblo podría determinar quién sería el gobernante local. No obstante hoy, a casi tres décadas de vida de dicho mecanismo político, hacemos el balance y vemos que en lugar de fortalecer la capacidad del elector primario para definir sus gobernantes, lo que se ha fortalecido en la mayoría de municipios de Colombia son las mafias locales, legales e ilegales, que colocan el alcalde. Son élites de poder que utilizando métodos y procedimientos propios del bajo mundo, realizan todo tipo de acciones para lograr “la elección” en el cargo de su ficha que luego presionan para sus propios intereses. Van desde el pago a corruptos funcionarios de la Registraduría para que alteren los resultados, hasta la compra de votos en la calle con dinero en efectivo.

Hasta ahí es la práctica normal de la democracia colombiana por lo cual no hay motivo de extrañarse. Pero en este año ha aparecido un nuevo atributo para el régimen: en el Municipio de Cali le llegó una amenaza de muerte al Padre Edilson Huérfano Ordóñez, un sacerdote ortodoxo quien después de varios años de trabajar mano a mano con los grupos juveniles de los barrios populares, las mismas comunidades le han impulsado para que aspire a ser elegido como Alcalde de Cali. Por supuesto, esa candidatura que emergió, esa sí, de las bases populares ha venido tomando fuerza entre los ciudadanos que están cansados del manejo que las élites electoreras tradicionales le han dado a la administración municipal, por lo cual este candidato se ha convertido en una amenaza para la continuidad de sus maniobras.

Ahora recurren al terror y al amedrentamiento en contra de la vida, como mecanismo para competir contra sus rivales y como puede ser una simple acción de presión para que renuncie a la candidatura, también puede ser cierto que ejecuten su tenebrosa amenaza y entonces quede “institucionalizado” en el régimen político nacional la costumbre de derrotar a los candidatos rivales utilizando el crimen de la democracia. 

EL CANDADO DE LA DEMOCRACIA

La oligarquía colombiana se ufana de que en el país hay democracia, una palabreja que descresta debido al significado de la raíz etimológica y porque en sus orígenes, más de cuatro siglos antes de Cristo, de verdad que fue un mecanismo político correcto, cuando los griegos aplicaron la “Democracia Directa”, cosa que ellos pudieron hacer porque para esa formación social los esclavos no hacían parte de la sociedad. La palabreja se ocultó en la historia durante varios siglos y luego reapareció cuando la burguesía comenzó a construir el Estado Moderno para lo cual le colocó el apellido “Representativa”. Hoy el apellido fue modificado colocándole el término “Participativa”.

En 1991, por la vía constitucional el Estado fue cambiado, derogando el modelo Burocrático e instaurando el modelo Gerencial, con grandes expectativas y pensando que este traería muchos beneficios para la democracia. Pero el régimen político, como puente que es entre la sociedad y el Estado, no fue modificado, por lo que las bondades del modelo actual siguen pendientes de realizarse porque la “democracia” colombiana ha sido un gran obstáculo.

No se sabe si conscientemente o por descuido,  la oligarquía ha hecho modificaciones al régimen con el argumento de que se debe ajustar los procesos políticos para colocarlos a tono con el todavía nuevo tipo de Estado. Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad; pues en lugar de abrir espacios de participación y ampliar la frontera política para que la ciudadanía intervenga en el manejo de los asuntos públicos, la legislación sobre los partidos y elecciones se ha convertido en un cuello de botella para mejorar lo que el siglo pasado había cerrado el Frente Nacional. Con el pretexto de ordenar y propiciar la disciplina de los partidos, como medio para revitalizar el régimen político, se expidieron normas que hoy muestran más su carácter perverso que las bondades anunciadas con su expedición. El principal impedimento para una participación amplia en los procesos electorales es el aval que deben expedir los partidos o movimientos políticos jurídicamente reconocidos. Claro que dicen, que no hay motivo de preocupación porque los aspirantes se pueden inscribir con firmas de ciudadanos.

La recolección de firmas es un procedimiento costoso, por lo que el interesado debe disponer de una suma cuantiosa de dinero para esta labor, además de la elevada suma que las compañías de seguros cobran por expedir la póliza exigida. Entonces, las firmas no son un medio para fortalecer la democracia. Y los avales tampoco.

Los avales no han generado el fortalecimiento de los partidos y con ello la revitalización del régimen político, sino que se han convertido en un factor de tráfico de influencias y de manipulación antiética de parte de los dignatarios a quienes les compete expedirlos. Este requisito es el principal instrumento para cerrar la rosca de los politiqueros e impedir la entrada de otras alternativas de poder y el medio más idóneo para fomentar y proteger las componendas y alianzas entre los mismos con las mismas, convirtiéndose para la gran masa ciudadana en el candado de la democracia.

LOS ALCANCES DE LA HABANA

Tanta alharaca que ha hecho el gobierno por la negociación que adelanta con las Farc, ha creado gran expectativa y de verdad, muchos piensan que de culminarse con éxito el diálogo, llegará la paz a Colombia. Nos recuerda cuando a mediados de 1991, también desde el alto gobierno se nos dijo a los colombianos que llegaba la nueva Constitución Política y que por esa nueva carta, iban a correr ríos de leche y miel por todo el territorio nacional, que a partir de ese momento, Colombia sería algo así como un paraíso terrenal. Pasados veintitrés años, todavía estamos esperando ese paraíso y por el contrario, todo ha empeorado.

Se dice que sin la presencia de esa organización guerrillera se aumentará la tasa de crecimiento del PIB en más de dos puntos, porque hoy ese fenómeno de violencia es un obstáculo para la actividad empresarial, lo cual es cierto. Pero hay que preguntarse si eso basta, porque hoy existen otras manifestaciones de violencia, principalmente en los centros urbanos, que también y con mayor impacto, están obstaculizando la actividad económica, como ocurre con la extorsión que en muchas ciudades alcanza niveles inimaginables.

La prensa nos informa sobre el caso de Buenaventura, donde hasta los vendedores ambulantes de las esquinas son víctimas del boleteo so pena de que las piquen en las macabras casas del crimen. Hay barrios en Cali donde todos los tenderos tienen que pagar cuotas a las pandillas organizadas que amenazan con la muerte o con la destrucción del local comercial. El caso de Tuluá, que se hizo famoso por el Tino Asprilla, es simplemente uno más, y así sucesivamente.

Según la publicación de una revista bogotana, la Fiscalía General de la Nación dijo que en el país existen 1.250 bandas criminales operando, más las que faltan por comenzar cuando los actuales guerrilleros queden sin empleo. Según la publicación, estas “son organizaciones informales y pequeñas dedicadas al hurto, la extorsión y el microtráfico”. La cifra es escandalosa.

Son muchos los casos en que los empresarios, generalmente pequeños porque los grandes están debidamente custodiados por su propios ejércitos de seguridad privada, se ven obligados a abandonar la actividad económica porque no soportan la presión del boleteo, lo que constituye un verdadero impedimento para el progreso de la economía, cuando hoy se dice que la solución del desarrollo no es la instalación de grandes empresa extranjeras sino el emprendimiento endógeno que fortaleza la base económica.

Faltaría entonces, que en la política de paz del gobierno se agreguen los mecanismos para neutralizar estos factores de violencia que en las ciudades están haciendo tanto daño, o que se hable claro a la ciudadanía limitando la publicidad oficial dentro de la dimensión real del problema, para que no se crea que va a llegar la paz sin tener en cuenta la limitación de los alcances de La Habana.

CONSTRUYENDO PAZ EN LAS REGIONES

El martes 17 de este mes de febrero, se realizará en Villavicencio un evento con participación de gobernadores, para examinar el tema de la paz en los territorios una vez que se haya firmado algún acuerdo con las Farc, en el que seguramente, llegarán a la conclusión de que “el agua moja”, porque desde tiempo atrás en distintos eventos académicos y en opinión de los analistas, se ha afirmado tres cosas: una, que la paz no existe sino la convivencia pacífica, dos, que esta no se logra simplemente firmando los acuerdos con uno de los grupos armados y tres, que la convivencia es una construcción colectiva que se debe realizar desde lo local hacia lo regional y de aquí hacia lo nacional, liderada y orientada por los gobernantes territoriales.

Dice la revista Semana que los gobernadores hablarán sobre “las acciones prioritarias en las regiones tras la firma de un acuerdo”, las cuales ya se saben, pero que a la mayoría de los políticos no les interesan. Claro; allá dirán los gobernadores que lo necesario es mayor “Inversión social”, contando con que así les llegará recursos para hacer contratos y manejar la mermelada o las galletas, como le decían antes, para consolidar su poder y beneficiar a su clientela. Pero por muchos es conocido que, más importante que los contratos que dan tajada a quien los firma, es el ejercicio de una gestión gerencial que relieve lo público y el bien común por encima del interés particular, para que se aplique cabalmente los cánones de la democracia participativa en toda su extensión, o sea en los procesos de planificación, ejecución y control, mediante la negociación y la concertación que permitan la aplicación del concepto de co-gestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.

Si se va a hablar de acciones prioritarias, se deben considerar las que se realicen en este momento en que se avanza en la campaña electoral. Pero con qué autoridad moral van a opinar algunos de los gobernadores en Villavicencio, cuando hoy están manipulando componendas para interferir en la libertad democrática y direccionar la elección de gobernantes territoriales?

Si se quiere preparar al país para lo que el gobierno ha llamado “postconflicto” lo primero que se debe respetar es el ejercicio libre de las elecciones y el cumplimiento riguroso de la Ley 131de 1994 o Ley del Voto Programático. Así mismo, permitir que la selección de candidatos se realice objetivamente con criterios técnicos y destacando las competencias laborales del ser, del saber y del saber hacer de los aspirantes.

Esperemos a ver qué pasa en ese foro y qué recomendaciones aporta. Probablemente no pase de ser lo mismo de todos los eventos de esta naturaleza, los que simplemente se prestan para una botada de corriente que se echa al olvido después del coctel de clausura y al final, muy poco se saque sobre el propósito de ir construyendo paz en las regiones.