EL CHOQUE DEL PLAN DE CHOQUE

En los últimos días el gobierno ha mostrado su preocupación por la situación que vive la economía colombiana, donde el sector industrial viene de capa caída poniendo en riesgo la solidez del aparato productivo y con ello todo el conjunto de la economía. Los hijos de los papás, quienes hoy administran el Estado colombiano, se ingeniaron un paquete de medidas que el mismo presidente anunció con bombos y platillos desde el 15 de abril, creando gran expectativa sobre todo en los empresarios y capitalistas, porque al pueblo ni le va ni le viene, ya que las medidas de la economía siempre se hacen pensando en los ricos.

Por supuesto, las medidas han sido bien acogidas por los empresarios viendo claramente su beneficio directo y a corto plazo; pero la pregunta es si además de favorecer a los capitalistas también favorecen a la economía, tal como lo presentó el hijo de Cárdenas. Aquí entra en juego el viejo debate en toda economía de mercado: si las fórmulas se deben aplicar en la oferta o en la demanda y en este caso, si en la situación general de la economía se debe tener en cuenta el empleo.

Si bien Santamaría, el director del DNP, dijo que este plan tenía como propósito crear más de 300 mil empleos nuevos, esto se espera como consecuencia de medidas aplicadas a la oferta, cuyos efectos siempre dejan duda, sobre si se transmiten al empleo. Nuevamente la vivienda y la construcción se toman como panacea, pero igualmente estimulando la oferta sin saber si esos productos finalmente se pueden vender ante una demanda agregada que no cuenta con los ingresos necesarios para comprar los bienes que de por sí son de precios elevados, aunque exista masivamente la necesidad de ellos.

Parece que el plan confeccionado por el gobierno tiene más un trasfondo político que pretende evitar el apoyo al uribismo de los empresarios, que verdaderamente reactivar la economía para recuperar la actividad industrial. Es verdad que en la teoría económica existen argumentos para destacar el papel de las tasas de interés y los estímulos a la oferta, pero en la historia la realidad nos muestra que la racionalidad del empleador se basa más en la posibilidad de vender por ampliación de la demanda independientemente de sus costos, que en la creación de puestos de trabajo porque sus costos le disminuyeron. Si la demanda agregada no se incrementa primero por la vía de la generación de empleo, el sector industrial no se reactivará y por lo tanto lo que veremos será el choque del plan de choque.

LA CALIFICACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Desde 1958, el DNP ha tenido una misión clara que ha cumplido a cabalidad: su tarea ha sido la de tomar los paradigmas y modelos que se inventan las universidades norteamericanas para favorecer a los ricos de Estados Unidos e introducirlas en Colombia desde el alto gobierno. Así lo ha hecho durante medio siglo y seguramente así lo seguirá haciendo sin importarle la realidad y situaciones que viven los territorios del país.

El año pasado, sobre el argumento de las políticas del PND el de la Prosperidad Democrática, cuya estructura conceptual sienta las bases del éxito en la respuesta que den os territorios al propósito de la convergencia regional, ese organismo desplegó todo un ejército de asesores para supuestamente apoyar a los territorios en la elaboración del plan, lo que se convirtió en un mecanismo de presión y chantaje para, violando la autonomía territorial que consagra la Constitución, propugnar por que en los planes de los territorios se incluyera las políticas de interés del gobierno nacional, que se ajustan más a los compromisos internacionales adquiridos por el país, que a los requerimientos y necesidades de las comunidades territoriales.

Ahora al DNP le ha dado por calificar el trabajo de los departamentos y municipios, que no se sabe con qué autoridad técnica y metodológica, señala si el plan está bueno, regular o malo. Pero lo que vemos es que esa calificación no mide el grado de pertinencia y consecuencia del plan con las necesidades y realidades de las comunidades territoriales, sino el grado de sometimiento, obediencia y sumisión del plan a los intereses del organismo nacional. Un plan departamental o municipal bien calificado por el DNP no significa que esté bien hecho; significa que ha sido obediente y la introducido los elementos que dicho organismo recomendó, los cuales corresponden a las políticas nacionales y no a los programas del gobernador o el alcalde.  

Se genera entonces una falsa imagen pública del plan territorial, que los gobiernos utilizan para su propia propaganda, pero que no garantiza la respuesta pertinente de la acción gubernamental territorial frente a las verdaderas condiciones de la comunidad objetivo. Distrae al mismo gobierno convencido que al quedar bien con el DNP ya ha hecho su trabajo y propicia el descuido frente los verdaderas exigencias del territorio. No se niega la necesidad de elevar la capacidad institucional de las entidades territoriales y la conveniencia de tecnificar los procesos de planificación, lo que requiere del apoyo de los organismos nacionales; pero esa no es la manera de sembrar esta capacidad por lo cual se convierte en una distorsión institucional la calificación de los planes de desarrollo. 

LA BASURA ES UNO DE TANTOS

Desde cuando, por mandato constitucional, se abrió la puerta para la privatización de lo público, a muchos capitalistas inescrupulosos se les abrió las agallas por la posibilidad de hacer nuevos negocios en un campo hasta esa fecha reservado para el Estado desde que este organismo fue creado hace ya muchos miles de años. Lo público tiene la ventaja para el empresario de que en su mercado se presenta una demanda con elasticidad-precio inelástica y esto permite penetrar al mercado sin mayor esfuerzo de marketing; por el contrario, en lugar de que la oferta se esfuerce por conquistar clientes, estos hacen fila para llevarle la plata y pagar. Así, un grupo de inversionistas se dedicó a recorrer el país para ganarse las concesiones, delegaciones o contratos, muchas veces recurriendo a procedimientos poco éticos por debajo de la mesa. Algunos apellidos ya han hecho carrera en esta materia.

Pero los señalados inescrupulosos capitalistas se fijaron mucho en las ventajas del mercado de lo público y en la facilidad de adquirir privilegios por la vía de la corrupción corriente de los funcionarios y muy poco se fijaron en las demás condiciones y características que significa el merado de lo público, que por su esencia de origen natural, se alimenta de factores de manejo muy complejo, derivados de la conducta del consumidor, que difiere profundamente de la conducta del consumidor de lo privado y que genera graves problemas de administración, con los consecuenciales efectos en la estabilidad financiera de la empresa en el largo plazo. Así lo estamos viendo en el sector de la salud, en el transporte y también en el terreno de los residuos sólidos como está ocurriendo en Popayán. Cuando se adjudicó el manejo de las basuras en Popayán a la empresa que hoy opera el servicio, mucho se dijo en la opinión pública acerca de la negociación y hoy estamos viendo los resultados.

Ni es el primer caso, ni el ultimo, ni nos debe sorprender. Se trata de lo mismo que viene ocurriendo en Colombia desde que el modelo neoliberal viene operando. El Estado cómplice suscribe contratos, concesiones o delegaciones para colocar lo público en manos de empresas privadas con el único fin de que los particulares se llenen los bolsillos, con el argumento trinado de que el Estado es mal administrador, satanizando este organismo sin reconocer que los malos administradores son los recomendados del clientelismo que ocupan los cargos, pero no el Estado. Entonces se busca la fiebre en la sábana, privatizando lo público, en lugar de corregir las irracionalidades del régimen político existente. Hoy seguramente se encontrará una solución transitoria al problema del relleno sanitario de Popayán, pero no significa esto que se ha logrado la solución de fondo que no es sólo para esta ciudad ni para esta sola materia, porque el asunto es general para todos los bienes y servicios públicos donde la basura es uno de tantos. 

PREGUNTAS SOBRE LA PAZ

Los expresidentes Pastrana y Uribe han estado lanzando petardos contra Santos por motivo de la negociación en Cuba, pero según los argumentos bizantinos que utilizan, se percibe que se trata más de una pelea al interior de la oligarquía por motivos personales y vanidad narcisista de los expresidentes, que por razones de alta envergadura respecto al interés nacional. La situación es mucho más profunda si se tiene en cuenta que la violencia en Colombia es un complejo que tiene causas objetivas y subjetivas, que se alimentan con factores estructurales y coyunturales y que exigen intervenciones en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, por parte de todos los actores sociales.

Dadas la complejidad y magnitud del asunto, la negociación con las Farc y el acuerdo esperado, generan muchos interrogantes a los ciudadanos del común, independientemente del respaldo y apoyo que se le brinde al Presidente: lo primero, en qué porcentaje se disminuye la violencia colombiana como efecto de que este grupo insurgente suspenda la acción militar? Lo segundo, que sucederá cinco años después de que dicho grupo se desmovilice si las condiciones socioeconómicas y políticas siguen siendo iguales a las actuales? Y así sucesivamente, muchos más interrogantes que hoy surgen.

La violencia en el país es de tal magnitud que va desde el maltrato al interior de la familia de los hombres a su pareja y a sus hijos, hasta las debilidades de la Rama Judicial del Poder Público que encierran una forma velada de violencia, pasando por el matoneo en los colegios, las peleas entre pandillas, la de los maestros a sus alumnos, la de la delincuencia común, la del sicariato, la de las bacrim, la de los demás grupos guerrilleros, la del narcotráfico, el soborno a los comerciantes de barrio, la de algunos empresarios a sus empleados, la del interior de las fuerzas militares a sus propios subalternos, la de los hermanos mayores a sus hermanitos, la que ejercen los políticos mediante los métodos corruptos de saqueo de lo público y hasta la que ejercen los bancos contra sus deudores morosos que de paso, también se constituye en una forma de violación de los derechos humanos.

Siendo así, por qué oponerse a que se disminuya en algún grado la magna y compleja situación de violencia en el país? O, por qué crear expectativas falsas en la culminación de una negociación y la celebración de un acuerdo de paz, esperando más de lo que puede dar? Ni lo uno ni lo otro. Lo contrario de la violencia es la convivencia pacífica la cual no depende de la negociación con un grupo guerrillero sino de muchos otros fenómenos que van desde la cultura, hasta la disminución de las desigualdades sociales por la vía del empleo y la generación de ingresos, de modo que más que atacar al Presidente por los diálogos con las Farc, lo que hoy necesita  Colombia es dedicarse masivamente a resolver la gran cantidad de preguntas sobre la paz.

CONVENIENCIA DE LA TERCERA VIA

No se trata del cuento que trajo Santos a finales de los años noventa cuando llegó al país imitando al inglés Blair; más bien se asemeja a la propuesta de Max Neef con el tema de la economía descalza, que en el argot popular se resume en que ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre.

Con la reforma tributaria se impuso la renovación anual de la matricula mercantil a las sociedades civiles, todas sin ánimo de lucro, las cuales antes de la reforma no tenían esta obligación. Ha sido tema este del registro mercantil, objeto de debates desde tiempo atrás, cuando se busca la formalización de las actividades económicas por parte de las pequeñas unidades que realizan actividades en el mercado. Por supuesto, las cámaras de comercio, organizaciones privadas que ejercen la función pública del registro, lo celebran a toda costa por cuanto esto les reporta importantes ingresos, que esas entidades utilizan principalmente para construir suntuosos edificios y pagar jugosos sueldos a su personal directivo; pues la evidencia no muestra retribuciones significativas a quienes pagan dichas monstruosas y salvajes tarifas de la matrícula mercantil, que cuando se las aplican a la microempresas, se convierten en el primer factor castrador de los impulsos de emprendimiento tan destacados en la moderna teoría del desarrollo.

Tras de gordo hinchado. Si una queja generalizada en Colombia es la debilidad de la sociedad civil, sin la cual no es posible ni la democracia participativa, ni las política públicas, ni la cogestión del desarrollo, tanto que el Estado mediante la ley 743 de 2002 y demás normas complementarias, trató de convertir la sociedad comunal en sociedad civil por la necesidad histórica de este tipo de organizaciones sociales, la reforma tributaria establece un mecanismo que en lugar de fortalecer la sociedad civil, se encargará de enterrarla debido a los altísimos costos de las tarifas de las cámaras de comercio y con ello la imposibilidad de renovar el registro.

La columna vertebral de la sociedad civil en cualquier país, está formada por las fundaciones, las corporaciones y las asociaciones no gremiales, por lo cual si se quiere hacer democracia participativa, políticas públicas o cogestión del desarrollo, este tipo de organizaciones sociales debe estimularse, protegerse y fortalecerse. Pero el ministerio de Hacienda, en contravía de lo que indica la teoría sociológica contemporánea, las somete a la guillotina de las cámaras de comercio, que desconociendo el carácter público de su función, llevan la formalización de sus actividades al otro extremo, como si fueran sociedades mercantiles. Según el pragmatismo y el realismo de la economía descalza de que habla Max Neef para las economías subdesarrolladas, se requiere de la creación de instituciones intermedias que permitan el objetivo de ordenamiento y seriedad institucional, sin que se lleve la pobreza del subdesarrollo a su propia defunción, por lo cual para esto del registro, se abre la conveniencia de la tercera vía.

EL VERDADERO CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA

La semana pasada después de esperar con ansiedad el informe del DANE y de especular anticipadamente sobre la cifra de crecimiento del PIB del año 2012, el gobierno salió por los medios a celebrar el 4 % que los datos mostraban pasando de 452.815 en 2011 a 470.947 miles de millones de pesos en 2012.

Realmente la economía no creció sino que se infló. Pues para que haya verdadero crecimiento sin el engaño de la teoría de los precios, que no muestra la verdad o el trasfondo de la realidad, el aparato productivo debe tener un comportamiento más significativo en el PIB y esto no ocurrió, sino todo lo contrario. En 2011 el aparato productivo participaba con el 29.87 % del PIB y en 2012 disminuyó su participación al 29,38 %, es decir tuvo una disminución del 1.64 %. Mientras tanto, los sectores improductivos aumentaron su participación en el producto total, lo cual es un síntoma de que en Colombia se está hipertrofiando el sector terciario, aumentándose así la carga que se debe sostener con los sectores creadores de valor e incurriendo en el riesgo que en el mediano plazo se produzca el estrangulamiento y reviente la crisis. Vemos que los sectores improductivos pasaron de contribuir con el 52.39 % a participar con el 52.77 %, o sea un incremento del 0,7 %.

Las cifras del DANE muestran que la economía está empeorando, según se deduce del aumento en la participación de los sectores parásitos de la economía, como es el sector financiero y el de los rentistas de la propiedad raíz. Los datos están ligados con el sector de servicios a las empresas, pero por razones lógicas del bajo crecimiento de la industria, el incremento se origina en los negocios financieros. Estos pasaron de contribuir con el 17.83 % a participar con el 18.09 %, un aumento de la participación en el PIB del 1,46 %.

Pero lo más grave para la economía colombiana, es que el sector manufacturero, el que mayor cantidad de valor genera y el que crea más empleo en cualquier economía, tuvo un decrecimiento alarmante. Paso de participar con el 11,44 % en 2011, a contribuir con el 10.93 % del PIB en el 2012, en un decrecimiento del 4,46 %, cifra extremadamente alta dado el importante significado de este sector para el crecimiento y desarrollo de la economía.

Son cuentas alegres entonces las que hace el gobierno. Las cifras de las cuentas nacionales así, simplemente presentadas, no muestran la realidad objetiva de lo que está ocurriendo. Para una economía como la colombiana es mejor que el valor total del PIB no se incremente, pero que la participación del aparato productivo aumente en la suma total; e igualmente que los sectores parásitos como el financiero, baje su participación para que podamos observar el verdadero crecimiento de la economía.

LE TOCO EL TURNO A CHIPRE

Desde la última década del siglo pasado, los especuladores internacionales del dinero y los capitalistas especuladores de todos los pelambres, andan rodando por el mundo buscando dónde pueden realizar operaciones clandestinas, dónde ganan más dinero y dónde les exoneran de impuestos, sin importarles ni el tamaño del país donde llegan ni el lugar dónde se encuentra. Les importa los paraísos fiscales, o sea lugares dónde los gobiernos locales, a cambio de ganarse cualquier centavo, se hacen los de la vista gorda y toleran todo tipo de maniobras financieras, incluidas las de lavar activos financiados con dineros de dudosa procedencia.

Pero como el modelo de globalización se inspira en la filosofía de “matar la gallina de los huevos de oro”, por el lugar que pasa el ciclón de especulación financiera va quedando una estela de derrumbes y catástrofes económicas que luego los gobiernos locales deben afrontar, casi siempre sacrificando su propio pueblo. Ya conocimos el caso de Grecia y ahora está sobre la mesa la situación de Chipre.

La prensa internacional informa que ese país requiere 10 mil millones de euros para salvar de la quiebra el sector financiero. Como siempre, el Fondo Monetario Internacional se ofrece a tenderle la mano pero como es su regla, a cambio de que el beneficiario de su intervención, o mejor, su víctima, aplique estrictas y radicales medidas, que ellos llaman de ajuste, para ahorcar al pueblo y sacarle del bolsillo los recursos para compensar su supuesta ayuda. A Chipre le han solicitado que los contribuyentes paguen cuotas para compensar las pérdidas de los bancos. Algo así como cuando el gobierno colombiano creó el dos por mil, hace ya como quince años, para salvar a los bancos de este país que estaban a punto de quebrar por la insolvencia de su cartera morosa y la iliquidez.

Hasta ahí no sorprende a nadie porque esa es figura común en la historia económica mundial contemporánea. Como dicen los periodistas, hasta ahí no es noticia. Lo extraordinario es que, a diferencia de la élite de poder colombiana que es antinacionalista y entreguista, el Congreso de ese país se opone a aplicar las recomendaciones obligatorias del FMI para salvar los bancos. No sabemos que seguirá: si el FMI cede, lo que no se ve posible porque va en contra de su propia misión que consiste en salvar el capitalismo rentista, o si el parlamento chipriota cede y en ese caso que se aliste ese país para las manifestaciones de protesta; o si surge una tercera alternativa que permita solucionar la crisis ocurrida ahora que le tocó el turno a Chipre.