LOS DOS MORIBUNDOS POLITICOS DEL AÑO

Desde hace un siglo, en la teoría de la revolución socialista se decía que la toma del poder para implantar la dictadura del proletariado, sólo se podía realizar mediante la guerra armada por cuanto las clases dominantes se opondrían a esta toma, de manera que por la vía pacífica eso no era posible. Pero también se afirmaba que el primer requisito, indispensable para la toma del poder, era que el movimiento revolucionario tuviera amplio respaldo de las masas populares ya que de otra manera la insurgencia no podría conquistar el poder. Así, las fuerzas revolucionarias requerían de la simpatía y el afecto generalizado de la comunidad, además de la credibilidad en la fuerza revolucionaria y la confianza de que esa era la verdadera solución de las necesidades sociales.

Cuando en septiembre del año 2000, el Partido Liberal aprobó en su Asamblea Constituyente la plataforma política, muchos colombianos conscientes de que la opción del socialismo había fracasado porque este tipo de economía no permite el crecimiento económico, se ilusionó con que, por fin, había surgido en el país un partido que ofreciera la alternativa adecuada a los cambios de las estructura sociales y con propuestas consecuentes frente a la realidad socioeconómica. Horacio Serpa dijo en su discurso que esa organización había asumido el compromiso de abogar por los fundamentos socialdemócratas y complementó diciendo “Claro, somos socialistas modernos”. En el punto 12 de los principios doctrinarios dice que “La afiliación a la Internacional Socialista compromete al Partido Liberal a poner en práctica un proceso de democratización interna…”.

Lo anterior es la carreta y la palabrería. En Colombia, después de medio siglo de terca insistencia que va en contravía de la realidad histórica, jamás las masas populares y la comunidad ha respaldado, ha simpatizado, ha creído o ha tenido confianza en los movimientos insurgentes, de modo que nunca le han brindado el apoyo necesario para su triunfo. Por el contrario; si algún fenómeno político genera repulsión colectiva, es la guerrilla. Pero sus dirigentes son ciegos, tercos o irracionales, mejor dicho locos. No entienden la realidad histórica ni la cultura política nacional. De manera obstinada persisten en mantener una acción violenta que cada día desciende hacia el fracaso total no sólo por la acción de la fuerza pública, sino porque sus propias tropas están desertando en concordancia con la realidad del país.

De otro lado, ya a punto de terminar el año, el Partido liberal demostró que las ilusiones del año 2000 no pasaban de ser eso: mera ilusión. En uno de los actos más bochornosos y vergonzosos para quien presume ser la vanguardia de la política social, de manera amañada elige como director de la organización al hijo del “Padre del Neoliberalismo en Colombia”, quien lideró el abandono de las propuestas socialdemócratas eliminando así la única opción que tenían los colombianos de enfrentar políticamente a la derecha neoliberal. Simón Gaviria, un muchacho cuyo único mérito es ser hijo de su papá, quien seguirá en las mismas convirtiendo al Partido Liberal en uno de los dos moribundo políticos del año.

EL DESAFIO ES GRANDE

El Artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 mediante el cual el legislador establece la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio, le fija al departamento las tareas de establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, orientar la localización de la infraestructura física-social, integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas y la de articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio. Previamente, mediante la Ley 1450 de este mismo año que adopta las bases del plan nacional de desarrollo, había establecido que en “el marco de referencia para el análisis territorial se tomará como unidad de análisis el departamento”.

Por muchos años se había tenido a esta entidad territorial en el “cuarto de san alejo” institucional, afirmando algunos que se debía eliminar porque siendo el municipio la célula básica del ordenamiento del Estado en el nivel territorial, el departamento era inoficioso. Ahora con las dos leyes expedidas en este año, lo que vemos es que se “reencaucha” la entidad y por el contrario, se reviste de especiales funciones que le imprimen gran magnitud a la potencia de su capacidad de gestión y que a los gobernadores que inician período el próximo mes les toca estrenar.

Pero lo más relevante no es en sí mismo las funciones que le asigna la ley de ordenamiento territorial, como la de adoptar un plan de ordenamiento del territorio que imponga lineamientos a los municipios y la de definir políticas para los asentamientos poblacionales; el chicharrón tieso es que estas funciones las debe cumplir en el marco de los efectos del invierno que desde hace más de un año vienen arrasando el país. Según dijo el Presidente Santos a través de la TV, el invierno que está inundando el país no es un asunto transitorio que pasará y luego volverán los ciclos estacionales que siempre habían existido dentro de la curva de distribución normal. Señaló, y seguramente está bien documentado, que Colombia está ya afrontando los efectos del cambio climático universal los cuales son irreversibles.

Quiere decir lo anterior, que los paradigmas conocidos sobre ordenamiento territorial regional y la gestión del riesgo, ahora hay que revisarlos; y que al departamento como administrador territorial le toca asumir unas funciones para las que no está debidamente preparado, constituyendo esto para los nuevos gobernadores un asunto de gobierno donde el desafío es grande.

MALA EDUCACION

El artículo escrito por Edgar Papamija el pasado domingo en el Diario El Liberal, en el que transcribe las cifras sobre resultados de las pruebas de Estado para la educación secundaria y que permite sacar conclusiones sobre la calidad del servicio educativo en las instituciones del departamento del Cauca, sin duda coloca sobre la mesa múltiples reflexiones que dejan preocupada a más de una persona, sobre todo a padres de familia.

Para comenzar es necesario tener en cuenta que la educación privada no existe. La única educación que existe es pública, independientemente de que el propietario del establecimiento prestador sea el Estado o un particular. Después de la salud y la seguridad social, la educación es tal vez, el asunto más público entre todos los asuntos públicos, en razón a los lazos de dependencia con la génesis de lo público, sustentada en la ley natural.

La educación, siendo un asunto público, está privatizada desde la ley 115 de 1994, aunque mantiene camuflado el principio de la capitación, que aplica en las instituciones de propiedad estatal; pero el producto, concentrado en el PEI de cada “empresa” prestadora, es similar al POS de la también privatizada salud. Ni más faltaba que el Estado no se encargara de ayudar a los más pobres bajo el concepto neoliberal de subsidios a la demanda, los cuales por obvias razones, aplica en los establecimientos de su propiedad, aunque dentro de las estrategias de ampliación de cobertura, también ha entregado recursos a prestadores de propiedad privada.

Pero lo más preocupante no es el esquema que opera ya hace más de quinde años, sino el vacío que el Estado deja en los niveles territoriales, abandonando su función constitucional de ser el rector o regidor de los procesos sociales. Las secretarías de educación, departamental y municipales, se han dedicado a administrar recursos humanos, físicos y materiales, dejando de lado su verdadera función, de rectores del proceso social educativo. Para mover maestros, reparar edificaciones o comprar materiales, no se necesita tener una secretaría porque bien lo podría hacer la secretaría administrativa o la de hacienda. En este caso sobraría la secretaría de educación porque, una cosa es administrar los recursos del sector institucional de educación y otra muy diferente, es cumplir la obligación constitucional de liderar y orientar el proceso social educativo. No se necesita una secretaría para administrar recursos sino un agente del Estado que ejerza la rectoría del proceso social educativo.

El rol sociológico, doctrinario, constitucional y legal del secretario de educación departamental o municipal, es el de regir la política territorial educativa orientada al direccionamiento del proceso social educativo, que comienza en el vientre materno y termina cuando la persona muere. Independientemente de quien sea el actor prestador del servicio, la familia, las IE, el ICBF, o quien quiera que sea, oficial o privado, el verdadero ejercicio del gerente público es el de convocatoria, liderazgo, orientación, concertación y convergencia en una política pública con objetivos sociales de formación integral, conocimientos y desarrollo del capital humano concertada entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, en esa realidad que Edgar Papamija muestra en su artículo, no puede dejarse de lado la responsabilidad de los secretarios de despacho de los últimos años, cuyo papel mucho tiene que ver con la señalada mala educación.

LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO

No hay para educación, no hay para salud, no hay para pensiones, nunca hay plata para nada, no obstante que los colombianos pagamos cerca de ochenta billones de pesos en impuestos y al Estado le ingresan otros recursos por tarifas de servicios que vende, regalías, participaciones en negocios privatizados, etc. Pero las finanzas públicas siempre están en la olla.

Los casos de Europa son la prueba de que no es verdad que el Estado nunca quiebra y que por lo tanto la hipótesis del Capitalismo Financiero Internacional sobre la base del “rentismo”, tarde o temprano será un bumerán. Después de la experiencia de 1930 creyeron que bastaba con realizar sus inversiones especulativas comprando papeles del gobierno y con poner al FMI de guardián para hacer monitoreo a los Estados con el fin de asegurar que sus inversiones estuvieran protegidas. Pero les falló, según se deduce de Grecia, Italia, España, Portugal y los demás que van en la fila. Le montaron al Estado una estructura de financiamiento perversa, que sacrifica el gasto social en primer término y luego todo el resto de gasto público, con el fin de concentrar los ingresos corrientes del fisco prioritariamente en atender el servicio de la deuda, es decir a pagar cumplidamente los intereses y el principal de los especuladores del dinero. El esquema era supuestamente sencillo, pues bastaba con privatizar los bienes públicos para que la comunidad comprara sus servicios, en lugar de que el Estado los brinde gratuitamente como contraprestación de los impuestos. Con ese fundamento implantaron el Estado Social de Derecho, para que el Estado se limite a garantizar derechos a la gente pero no a ofrecerle los satisfactores de sus necesidades, las cuales los ciudadanos deben solucionar individualmente cada uno como pueda. El Estado escasamente brinda de manera focalizada, subsidios a la demanda para los más pobres.

Pero el esquema les falló. Se olvidaron los capitalistas rentistas agrupados principalmente en la diversidad de fondos de inversión y agentes del mercado de capitales, que la capacidad tributaria de la sociedad es limitada y que depende del volumen de Excedente Económico o ahorro social disponible, el que a la vez, depende del la fortaleza del aparato productivo. Igualmente olvidaron que las necesidades sociales son cada vez mayores y que por más ideas de conformismo y resignación que quieran meter a través del pensamiento cristiano, las necesidades tienen una capacidad de aguante y que al final revientan a manera de protesta social como forma de liberar la energía colectiva represada, como lo estamos viendo en muchos lugares del mundo y recientemente en Colombia con la protesta estudiantil que exige educación gratuita o por cuenta del Estado. Ya se está cayendo el modelo y por más que se reúnan en el G-20 o los banqueros, o la UE o quien sea, el fracaso como inversión o negocio es inevitable por un lado, mientras por el otro la protesta social se expande y se incrementa, la cual sólo es posible frenar, si se cambia la estructura de financiamiento del Estado.

LA ESPERANZA DEL BUEN GOBIERNO

Pasadas ya todas las adversidades del proceso electoral, incluida la guerra sucia que este año fue escabrosa pero sin efectividad, comienza una nueva preocupación que ya deja escuchar comentarios y que se relaciona con la expectativa sobre lo que será la labor de los nuevos gobernantes territoriales. El comentario generalizado hoy es el de “ojalá haga un buen gobierno”.

El cuento del buen gobierno fue popularizado por Juan Manuel Santos desde finales del siglo pasado y hasta creó una fundación con ese nombre. Hoy es un capítulo del plan de desarrollo nacional al que le asigna bondades en materia de soporte transversal del plan, trascendiendo la concepción popular del término y señalando los principios que deben aplicarse en el ejercicio del poder.

Lo cierto del buen gobierno según los conceptos del PND y los de otros autores, es que los gobernantes territoriales deben dejar de tomar decisiones basadas en el sentido común. Los asuntos públicos son demasiado importantes y de tanta trascendencia como para que, en esta situación de crisis, gobernadores y alcaldes sigan gobernando como hasta ahora lo han hecho, basados en el subjetivismo de sus criterios personales u obedeciendo intereses parcializados de carácter politiquero. Si lo privado se maneja con paradigmas objetivos y técnicos, con mayor razón lo público, que es sagrado, se debe manejar con modelos de gestión acordes con la naturaleza de lo público y consecuentes con la dignidad humana. Alcaldes y gobernadores que se olviden ya del sentido común y sus caprichos personales para gobernar, que lo público no se debe administrar como un puesto de dulces en el semáforo.

Hoy, por fortuna, existen suficientes leyes y decretos que establecen el piso jurídico adecuado para implantar esquemas organizacionales y operativos acordes con el buen gobierno. No necesariamente sustentados en el paradigma privado y el “gerencialismo” de corte neoliberal derivado principalmente en la doctrina japonesa, sino recurriendo al enfoque heurístico que caracteriza la nueva gestión pública y que permite el equilibrio entre la racionalidad burguesa y los fundamentos de la ley natural que soportan la esencia de lo público. Para hacer buen gobierno, los gobernadores y alcaldes no deben inventarse nada; basta con aplicar las herramientas disponibles creadas por ley y reglamentadas por decreto, para que el primer fin esencial del Estado, que es el servicio a la ciudadanía, logre colmar las expectativas de la gente, al tenor de la gerencia pública, que difiere sustancialmente de la tradicional gerencia privada que el capitalismo vienen aplicado desde hace dos siglos. Y por el contrario, dejar de cumplir las leyes y los reglamentos en materia de gestión pública, no solo deja frustrada a la ciudadanía sino que expone al gobernante a sanciones de parte de los organismos de control.

Esperamos por lo tanto que los gobernantes territoriales elegidos el domingo pasado tengan el sano criterio de cumplir fielmente las leyes vigentes en materia de operación, control y satisfacción de los requisitos del ciudadano, para que de esa manera dentro de cuatro años se haya colmado lo que hoy es la esperanza en el buen gobierno

EL SENTIDO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

La Ley 131 de 1994 dice en su texto que “Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno”, estableciendo además que “los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa…”. No sabemos en el lenguaje jurídico esto que significa porque como interviene la hermenéutica, ni los abogados saben el significado de las palabra por lo cual existe la interpretación, la jurisprudencia y la doctrina. Pero en el lenguaje del común basado en el significado de las palabras del idioma castellano, bien podemos pensar en los alcances de la norma, que mucho servirían para corregir algunos vicios que persisten en el régimen político cuando de elecciones se trata.

Por ejemplo, se podría pensar en que los candidatos se mantuvieran anónimos y que lo presentado ante el público y los electores fuera el programa, sin que estos supieran a quien pertenece. Con esto se rebajaría el culto a la personalidad, no se haría marketing para vender un candidato, la cultura política se modificaría haciendo tomar conciencia a los votantes, la compra de votos sería más difícil, se acabaría la foritis y la debatitis entre candidatos cuyos beneficios para la sociedad son discutibles, entre otras cosas. Pero sobre todo, se evitaría la “guerra sucia” y por supuesto los fenómenos como los que se vieron en este departamento la semana pasada, cuando con mucha claridad se deduce que alguien recurrió al amarillismo periodístico, para sacar a relucir eventos del pasado lejano del candidato Temístocles Ortega, que según él dice, no son personales sino corporativos de la época en fue magistrado, justamente, después de que las encuestas muestran que este candidato va adelante y en vísperas del día de elecciones. Puede ser que esta maniobra del mejor estilo de J.J. Rendón beneficie al candidato de la convergencia y perjudique a los autores intelectuales que, aunque no se sabe quiénes son, la opinión pública lo intuye. Pero en cualquier caso, se trata de un asunto de la persona, sin consideración al programa inscrito del que trata la ley en mención.

El programa de Temístocles Ortega es sin duda, pertinente, oportuno, de mucha profundidad y alcance y consecuente con la realidad territorial. Si los ataques al candidato surtieran efectos electorales y el afectado no conquistara el cargo, la comunidad territorial perdería la oportunidad de establecer los mecanismos y procesos idóneos para enderezar las tendencias actuales que están llevando el departamento al abismo. Pero si lo que se confrontara fueran los programas de candidatos, que al inscribirse ya han cumplido con los requisitos de habilidad y moralidad, esta clase de prácticas que confunden y desorientan no tendrían cabida y así la ley vigente tendría la oportunidad de que en la realidad se experimentara el sentido de los programas de gobierno.

TERRORISMO ECONOMICO

Ahora Santos convocó a los diferentes actores de la economía, los gremios del capital y del trabajo, para examinar la prospectiva de Colombia frente a la llamada crisis económica internacional, que ha estado al acecho durante las últimas semanas a raíz de la situación de vive Grecia, donde el desbordamiento del endeudamiento del Estado, ha puesto en apuros a los especuladores internacionales del dinero que habían comprado papeles del gobierno con fines rentistas y cuya mayoría son capitalistas alemanes.

En verdad hace más de dos décadas que la economía mundial viene aguantando la crisis que según dicen, se avecina. El sector monetario se ha incrementado tanto y el aparato productivo mundial se ha secado tanto, que ya no soporta el peso de las cifras que circulan en el sector financiero y el mercado de capitales. Los megamillonarios del mundo, comenzando por la decena de familias propietarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, han acumulado tanto dinero improductivo, que el sector real de la economía ya no soporta y el conjunto total está a punto de colapsar, creándose con ello una situación de alto riesgo para ellos, los multimillonarios especuladores del dinero, quienes han invertido sus capitales en papeles sin respaldo sólido en términos de valor o en los títulos de gobiernos cuya capacidad fiscal está saturada y no están en capacidad de recoger los impuestos necesarios para cumplirles a los tenedores de los papeles.

Pero lo peor del caso no es el riesgo de estos capitalistas que están a punto de perder sus fondos; lo grave para ellos, es que las medidas convenientes para solucionar el problema, se basan en teorías que ellos mismos han combatido porque se apartan de los conceptos que sustentan ese modelo universal de globalización financiera que por muchos años les permitió acumular riqueza, pero que ahora está matando la gallina de los huevos de oro por cuanto en su propio seno, se ha creado la fuerza que pronto les llevará al fiasco.

Y lo preocupante para nosotros es esa corriente mediática de generar pánico generalizado haciendo creer a la opinión pública que la crisis es un monstruo que acabará con todo, como si las clases pobres no estuvieran acabadas ya, viviendo y afrontando la crisis desde hace más de un cuarto de siglo, precisamente desde que se comenzó a implementar el modelo en el mundo, debidamente amparado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando se venga la pérdida de los capitales de especulación, quienes pierden son ellos porque los pobres ya no tienen nada que perder y en Colombia, donde las políticas se han manejado con el debido cuidado de no lesionar los intereses de los capitalistas rentistas llevando el nivel de endeudamiento a un porcentaje adecuado del PIB y el servicio de la deuda a una fracción racional respecto a los impuestos que se recaudan, el riesgo para ellos es menor que en muchos de los demás países del mundo, de manera que las noticias económicas actuales no son más que una simple manifestación de terrorismo económico.