AFUERA PETRO

Revisando los hechos históricos desde la antigüedad y con mayor razón los del último siglo, se observa con claridad que los fenómenos mundiales o internacionales, están por encima y son determinantes de los hechos al interior de los países en los asuntos relacionados con ellos. Se aprecia que los centros de poder mundial ejercen influencia y dominio sobre los procesos internos y que estos finalmente se someten a aquellos.

Si esa ley histórica se cumple, el próximo presidente de Colombia no será progresista, sino salido del otro bando y prevalecerá el péndulo que en las últimas cuatro décadas se ha observado en los países de Latinoamérica. Solo cuando se derrumbe la modalidad del capitalismo rentista con el poder concentrado en los fondos, como Black Rock, por ejemplo, y regido por la FED, que se sustenta en la doctrina neo-neoclásica y su derivado neoliberal, se podrá implantar en los países dependiente un cambio del modelo económico y social, que se sostenga y perdure en el largo plazo, hasta llegar a su propósito de condiciones de vida y dignificación humana , como lo quiere el progresismo.

El capitalismo financiero internacional ha implantado los mecanismos e instrumentos para ejercer la dominación global, los cuales son muy potentes y están blindados con normas constitucionales y del derecho internacional, de modo que se convierten en un obstáculo para que los Estados, en su conjunto o sea las tres ramas, puedan aplicar políticas que permitan solucionar estructuralmente los problemas sociales y satisfacer las necesidades del pueblo.

Comenzando por el Banco de la República que raptaron mediante norma constitucional y lo colocaron a su servicio a través del BPI de Suiza, convirtiéndolo, además, en autoridad económica por encima del gobierno, el cual con su política monetaria de freno a la inflación para beneficiar a los rentistas que colocan su inversión en papeles de renta fija, propicia el desempleo masivo que afecta la situación social. Luego lo protegieron con normas que solo una asamblea constituyente puede modificar, esta que los mismos centros de poder global, siempre impedirán por miedo a que les tumben su poder.

El negocio del rentismo internacional, es mantener al Estado sometido al mecanismo de financiamiento que ellos han impuesto a través de los mercados de capitales, haciendo del Estado un deudor continuo y permanente, que no se puede escapar de sus garras y se mantiene esclavo de la deuda; porque propiciaron la implantación de una estructura de financiamiento donde el organismo queda amarrado a la deuda y debe destinar más de la mitad de los ingresos tributarios al pago de las obligaciones, limitando al gobierno por escases de recursos, para atender las necesidades sociales y de inversión. Para complementar, crearon el cuento de la “regla fiscal”, con la que aseguran que el gobierno destine prioritariamente los recursos de los impuestos, para atender las obligaciones con los acreedores. Así, al gobierno no se le permite implementar las políticas sociales necesarias para el cambio, por limitaciones fiscales que no pueden evadir. Y si trata de aplicar programas sociales, por algún lado, atacan las propuestas con el argumento falaz del “populismo”, cuyo concepto ha sido distorsionado y lo utilizan de manera peyorativa contra los principios del Estado de Bienestar, que se impuso en la mitad del siglo XX. Para complementar el dominio internacional, se ha establecido el monitoreo periódico del FMI y los acuerdos de Basilea mediante los cuales el BPI ejerce su dominación sobre el banco central. Adicionalmente, y para mantener el sometimiento del Estado al servicio de la deuda, se inventaron otros instrumentos como las calificadoras del riesgo (Moody’s, Estándar & Poor´s, Fitch Ratings), con las cuales hacen “terrorismo” fiscal contra algún gobierno que pretenda escaparse de su secuestro.

Pero hasta aquí, solo se ha señalado una fracción del conjunto de factores que limitan al gobierno para realizar los cambios, que espera con afán la comunidad nacional en corto plazo y que exasperan el ánimo cuando no llegan rápido las soluciones deseadas.

Además de los mecanismos permanentes, los núcleos de poder internacional no se quedan de brazos cruzados cuando su domino está en riesgo. Meten todo el billete que sea necesario a través de las ONGs que poseen para tal efecto, como ocurrió en 1990 con el IIE (hoy Instituto Peterson) fundado en Washington en 1981, que influyó el cambio de la constitución política en Colombia, para poder secuestrar en banco central con la complicidad de Cesar Gaviria. Cualquier intento de cambio en el país que vaya en contra de los intereses globales, será frenado con el auspicio y la financiación de fondos provenientes del exterior, que manejan los organismos civiles alimentados con donaciones de los grandes grupos financieros. Y no hemos citado el cinturón de la OMC que aprieta desde afuera, ni el enclave de FEDESARROLLO, el esbirro que mete cizaña desde adentro para la conservación del régimen.

Pero también hay fenómenos internos que impiden el cambio a la velocidad que la ciudadanía espera y necesita, de modo que la impaciencia empuja procesos electorales desesperados, que terminan en contravía de las verdaderas soluciones al descontento social. No solo es la acción inmoral y antiética de los neonazis, que utilizan métodos depravados para atacar al gobierno presente con el fin de dañar la imagen pública mediante la falsedad que condiciona la opinión de la ciudadanía, similar a la propaganda nazi de Goebbels, sino también que el soporte político del gobierno, presenta debilidades como para enfrentar la magnitud de las fuerzas opositoras nacionales e internacionales.

Históricamente, la cultura política colombiana es caudillista y los procesos electorales no se sustentan en una plataforma ideológica que contenga propuestas de gestión y políticas públicas, sino en el nombre y cualidades de un personaje. De otro lado, el desempleo y la pobreza generalizados por culpa del modelo neoliberal que ha imperado en los últimos 30 año, generan una acción política espontánea y reactiva de horizonte coyuntural, que facilita la manipulación del voto mediante cualquier prebenda; situación que aprovechan los tenedores del gran capital para comprar la conducta del elector y alcanzar las cifras electorales deseadas.

El actual gobierno no llegó al poder montado sobre una estructura organizacional con soporte ideológico fuerte y de gran cobertura, sino como resultado reactivo de la situación de descontento acumulada durante lo que va del presente siglo, que había sido originada en el desempleo y la pobreza generalizada propios del capitalismo salvaje, agravado por el pésimo gobierno del anterior presidente cuyo talante neonazi concentró los beneficios del poder en grupos de amigos y ocasionó la horda electoral que llevó al triunfo de la propuesta progresista.

Pero el progresismo, como partido, no existe. Se aprecia una “cocha de retazos” antagónica al neoliberalismo y a las elites tradicionales del poder, corruptas y criminales por cierto, en cuyo liderazgo se destacan los nietos de expresidente, quienes se creen los propietarios del Estado, al mejor estilo neonazi. Los actores contrarios a esa tradición política hegemónica, se agruparon y superaron la tradicional clientela que ha sustentado el ejercicio del poder en el último medio siglo. No fue el producto de un proceso político ordenado y consecuente construido sobre bases sociológicas profundas y estables, sino el aprovechamiento de la coyuntura de descontento y la presencia de un caudillo con el carisma suficiente para canalizar la votación.

Por supuesto, la necesidad de crear una organización sólida y con fortaleza estructural que se alimente con las posturas progresistas o cualquiera antineoliberal, está vigente y es un menester histórico, ahora que el modelo neoliberal se está derrumbando en todo el mundo, según se deduce de los síntomas globales de inflación y la próxima recesión económica, lo cual implica la debida preparación para la construcción del futuro modelo que reemplace al actual, diseñado sobre bases nacionales y aprovechamiento del patrimonio productivo propio. Pero la dirigencia territorial de la llamada “izquierda” no muestra un comportamiento apropiado frente al reto, como se puede ver en la conservación de los viejos vicios de la izquierda del siglo pasado, donde se manifestaba la pugna interna entre los propios camaradas y no sobre el verdadero rival en el escenario político. Para completar, no se vislumbra un caudillo de alto perfil, que recoja las riendas del proceso y lidere la continuidad del mismo.

El panorama aquí narrado, deja ver la alta probabilidad del péndulo, que ha ocurrido en toda Latinoamérica, y que permite prospectar un gobierno de derecha en 2026 y nuevamente, uno de izquierda en 2030, porque el grueso de la comunidad es impaciente en razón a que las condiciones de vida no dan espera y existe la creencia errada de que, con un simple cambio de gobierno, al día siguiente la situación mejora.

Sin embargo, el deterioro en las condiciones de vida seguirá en aumento mientras la situación global sea la misma y por ello el descontento será creciente. Seguirán las manifestaciones de descomposición social y los fenómenos de violencia que la acompañan, de modo que al período 2026-2030 le corresponderá una situación de mayor caos, agravada con el desplome total del modelo neoliberal, que se espera en esta misma década llegue a su final, por ruptura de sus contradicciones dialécticas que se están agudizando y se manifiestan en el desbalance entre el sector monetario, cada vez más grande, y el sector real, cada vez más pequeño. Así, lo que corresponde hacer por ahora, es alistarse para evitar que la premonición del vaivén ocurra, cuando llegue el momento en que esté afuera Petro.

ADN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

 La historia de Colombia está caracterizada porque es la historia de los conflictos y la violencia, como se puede ver en los dos siglos anteriores, desde la Patria Boba que comenzó en 1810, pasando por las nueve guerras civiles que hubo en el siglo XIX para terminar en la “Guerra de los mil días”. Luego vino el siglo XX con la violencia que durante la primera mitad protagonizaron los liberales y conservadores, para terminar en la segunda mitad con el conjunto complejo de fenómenos de violencia, donde confluyeron múltiples actores con diversidad de propósitos como guerrilla, narcotráfico, paramilitares, bandas criminales, pandillas sicariales, mercenarios y muchas formas más. 

El siglo XXI, que se creía iba a mejorar la convivencia y podría tener mejores condiciones de armonía social y clima pacífico, resultó peor que el anterior. Las guerrillas se torcieron, los paramilitares se ajustaros a la realidad presente y aparecieron otras manifestaciones de conflicto con diversidad de expresiones que van desde la violencia intrafamiliar, pasando por la violencia barrial, siguiendo por los grupos y bandas tradicionales, los extorsionistas que cogieron fuerza, las mafias de todos los pelambres acompañadas con violencia, hasta la violencia de los altos niveles del poder, donde se cruzan muertes de dudosa procedencia. 

La violencia no solamente es política; está incrustada en la esencia de los colombianos, por lo que se observa en el interior de la familia, las pandillas de las calles y los campos, además que se ha diversificado. Hay violencia psicológica, violencia laboral, violencia institucional y violencia material, que, en todos los casos, deteriora las condiciones de vida. Las celebraciones familiares, las tradiciones culturales, los carnavales populares, las fiestas patronales, en los espectáculos públicos, en los torneos deportivos, en el tráfico de las calles, en los colegios, en las filas de las entidades, en el vecindario y en todo lugar, se aprecian las manifestaciones de violencia por cualquier motivo, sin nombrar el caso más aberrante que es la violencia de género, donde la mujer es la víctima más relevante. 

La violencia está enraizada en la ideología o la cultura de los colombianos, que casi en todas las fiestas de celebración, a la madrugada de remate de fiesta es un enfrentamiento violento entre borrachos. La violencia está incrustada en los tuétanos de los colombianos, que comienza desde el maltrato a los niños producido por los mismos padres y termina en las amenazas y chantajes en los altos niveles del poder político y económico. 

En esas condiciones sociales y culturales existentes en la realidad objetiva de la comunidad nacional, ¿cómo se debe concebir una política pública orientada a la construcción de paz?? 

La política pública de paz debe tener viabilidad cultural o ideológica, viabilidad social, viabilidad financiera y viabilidad técnica. No se trata de celebrar acuerdos con grupos armados y realizar negociaciones como las realizadas en el siglo pasado en los años cincuenta, en los años ochenta y en los años noventa. Los hechos muestran que los resultados no fueron los esperados porque por encima se colocó la conducta violenta de los actores y los procesos fueron un fracaso. En este siglo, se está viendo los mismo: acuerdos con paramilitares, acuerdos con las Farc, pero la violencia sigue peor que antes porque ahora la descomposición social creada por el modelo neoliberal y agravada por la ideología de la postmodernidad, ha trascendido la violencia sociopolítica y está invadiendo todas las esferas de la vida social. 

El diseño de una política pública para atender este gran problema público, implica abordar las causas objetivas y también las subjetivas; atender los factores estructurales y también los factores coyunturales, por lo que requiere medidas de inmediato plazo, de corto, mediano y largo plazo, diseñados por los actores sociales, más allá de negociaciones en mesas cerradas entre el gobierno y un solo actor, que está contaminado ideológicamente y opera en un caldo de cultivo que propicia más violencia.

Ya está claro y demostrado que, así como se ha realizado el propósito en los últimos setenta a años, así no es; porque puede resultar peor el remedio que la enfermedad, visto en el contexto de toda la complejidad social donde cohabitan multiplicidad de actores con diversidad de intereses. Pero no se conoce una formula acertada, pertinente y viable para afrontar esta complejidad, que inicia en la sangre misma de los habitantes y circula en el mismo ADN de la violencia en Colombia. 

LA RAZÓN DEL COBRO DE INTERÉS

Desde época de la antigua Grecia, cinco siglos A.C., el tema de la tasa de interés y el cobro del mismo ha sido objeto de análisis y comentarios sobre su racionalidad y justeza, a la luz de la ley natural y los principios filosóficos, como los que expuso Aristóteles en esa época. Posteriormente, y con la evolución de la economía y después de 25 siglos, aun el tema sigue ocupando primeros lugares en el análisis de la economía, como ocurre hoy, cuando, independientemente de su eficacia, la política macroeconómica neoliberal lo ha convertido en el principal instrumento para regular la inflación monetaria. 

Pero desde, los albores del capitalismo, por allá en el siglo XVI, el cobro de interés se ha considerado como el costo que tiene el dinero, por lo cual se justifica cuando se aplica como contraprestación a la concesión de un préstamo. Es decir, el cobro de interese es justo y equitativo, cuando un prestamista le entrega dinero al prestatario en calidad de préstamo para ser devuelto posteriormente. Eso es el principio universalmente aceptado. 

La pregunta que surge, entonces, es: cuándo la autoridad de tránsito y transporte, concedió un préstamo a los infractores de una norma reguladora, ¿¿cómo para que cobren intereses por las multas de tránsito?? Es una aberración de un principio universal sobre el costo del dinero, que no corresponde de manera pertinente, al argumento de pérdida de capacidad adquisitiva del dinero y la necesidad de indexar el valor real. Eso es otra cosa.

Es cierto que el Código de Tránsito ha sido concebido y diseñado, no con el propósito de ordenar la movilidad, racionalizar el uso del espacio, elevar la competitividad ni para mejorar las condiciones de vida de la población, sino que, y está muy claro, el objetivo es instaurar un instrumento idóneo para enriquecer a las mafias globales de privatización de los bienes públicos; pero el caso del cobro de interés por las multas, ya es un extremo morboso que se aparta de cualquier argumento sólido para justificar la razón del cobro de interés.

LA NECESIDAD DE PEDAGOGÍA POLITICA

Quienes desean el cambio de las políticas públicas con las que el Estado responde a las necesidades humanas de la sociedad, lo que deben hacer es dedicarse a realizar actividades tendientes a la toma de conciencia sobre el ejercicio cívico de la participación en política, para acabar con esa patología social de que para ganar elecciones se necesitan manejar volquetadas de dinero. La cultura política colombiana se aparta de todos los cánones sociológicos de las relaciones Estado-Sociedad, situación que aprovechan quienes solo tienen intereses particulares, pero cuentan con el dinero suficiente, para manipular la voluntad electoral y mantener los grupos de dominación que desde mediados del siglo pasado vienen controlando el manejo del Estado en todos los niveles. 

No obstante, lo que se ha visto en la tradición, es que los militantes de grupos de afuera de los políticos tradicionales, se dedican a atacar y pelear entre ellos mismo, descuidando la siembra de conciencia en la comunidad, sobre la realidad económica, social, institucional y política que impera en nuestro medio. Eso permite que las elites tradicionales utilicen los medios masivos de comunicación convencionales, para difundir mentiras y distorsionar la verdad, influenciando la mente de la gente y creando temores y posturas en contra de sus verdaderos intereses. De tal manera, que, para evitar el efecto de la gran prensa y las campañas de desprestigio mediático contra las propuestas de cambio, la más adecuada estrategia es el contacto personal en los mismos territorios donde reside la comunidad y con base en ejercicios de convivencia, compartir pensamientos para el conocimiento de la realidad objetiva.

 

La gente del común no sabe del daño que las políticas neoliberales le han hecho al país desde 1991, y no vivieron lo que era la economía y las instituciones de Colombia antes de 1980. Los jóvenes no habían nacido todavía. Entonces solo conocen la realidad del capitalismo salvaje y no es fácil asimilar el significado de los cambios para volver a tener en algo, no igual porque no es posible, pero similar a ese pasado que permite mayor dignidad a la vida humana y por eso existe la necesidad de pedagogía política. 

CONSTRUIR EL PROGRESISMO COLOMBIANO

 Si bien es cierto que no es verdad la afirmación de los políticos tradicionales quienes afirman que los resultados de las elecciones territoriales de octubre son un rechazo al gobierno nacional, también es cierto que el gobierno de Petro no es un dechado de virtudes ni que el presidente sea una pera en dulce. Ya se ha señalado que el gobierno, como cualquiera, comete errores a la luz de la teoría de la gestión pública y considerando las expectativas creadas con su elección.  

Se ha reconocido que la elección de un gobernante de afuera de las élites tradicionales de poder, fue consecuencia o efecto del descontento generalizado derivado de la situación económica, social e institucional que, todavía, reina en Colombia. Examinando las causas del fenómeno que originó la reacción masiva, está muy claro que los factores estructurales causantes del problema radican en las políticas neoliberales que durante treinta años se han impuesto en Colombia y que los factores coyunturales se ubican en el fracaso del pésimo y corrupto gobierno del anterior presidente. Así, blanco es, gallina lo pone; por lo cual la esperanza de la ciudadanía, sin saberlo a ciencia cierta, pero sintiéndolo, estaba centrada en cambio de las políticas neoliberales y la lucha contra la corrupción que tiene hastiada a la comunidad. 

Pero, el direccionamiento que ha impuesto el gobierno actual, no corresponde a los elementos estratégicos existentes en el escenario y la respuesta no ha sido del todo pertinente frente a las necesidades específicas de los colombianos. No se observa una ruta concreta para avanzar en la dirección correcta durante los cuatro años del período, sino una dispersión de acciones diversas, que dan oportunidad para el ejercicio de la oposición y la publicidad engañosa de las élites tradicionales.   

Ahora, no se trata de hacer un listado de los desaciertos o elementos impertinentes aplicados, sino de pensar en una solución hacia el futuro que responda a los mismos motivos, que aún mantienen, del descontento generalizado. Una solución política más coherente con la causa estructural señalada y que permita sembrar un proceso político organizado, con una arquitectura adecuada, que corrija las debilidades del tradicional caudillismo empotrado en la cultura política colombiana. 

Lo apropiado es la conformación de una organización política única, cohesionada, que sobrepase las limitaciones del proceso que llevó a Petro a la presidencia, cuyo carácter se asimila más a una “colcha de retazos”, además contaminada con los viejos vicios de la izquierda del siglo XX, esos que no precisaban quién era el verdadero rival y se dedicaban a atacar a los propios compañeros. Una organización donde pueda operar la democracia interna, que hoy no es eficaz por la pequeñez de la cultura política y los resabios individuales de muchos miembros de la dirigencia, sobre todo en los niveles territoriales.

De acuerdo a la reciente historia política latinoamericana, la ola progresista es la corriente recomendada para sostener un proceso político de largo alcance. Según Ángel Arellano, un analista uruguayo, “el discurso progresista rescata la promoción de la justicia y el progreso social, la equidad, la participación, la democracia, y da al Estado un rol esencial como actor garante de la disminución de la desigualdad y las discriminaciones de las minorías, apoyado en una nueva lógica de la distribución de los recursos públicos”: Por ello, el progresismo constituye el mecanismo más idóneo para conducir el desmonte del neoliberalismo, el que por fortuna, ya está dando los últimos estertores en todo el planeta y que se espera se derrumbe totalmente dentro de esta misma década, fecha para la cual ya se debe haber avanzado en el proceso de caracterizar las propias especificidades nacionales y con base en ello construir el Progresismo Colombiano.

CONFLICTO EN LA ESAP

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que fue creada en 1958 en época en que se pretendía introducir el modelo de industrialización recomendado por la CEPAL para abrir el mercado colombiano a los intereses de las multinacionales, está afrontando una coyuntura de conflicto, que parece ser la primera, por lo menos en lo que va corrido del presente siglo, ocasionada por el descontento de los estudiantes y las organizaciones gremiales que agrupan a los distintos servidores de la entidad, donde se destacan los docentes. 

Como ha sido costumbre desde el siglo pasado, el movimiento estudiantil se concentra en temas de carácter economicista, haciendo requerimientos en materia de edificaciones, instalaciones, servicios complementarios, apoyos didácticos, materiales, tecnología, principalmente, y los docentes, como es costumbre, en asuntos salariales. Pero, la situación de la escuela es más profunda que estos temas, los que se resuelven con recursos presupuestales y voluntad del director. En el fondo, algunos puntos se pueden tener en cuenta. 

El primer punto, es si este establecimiento público, que no es una institución universitaria, de verdad es una Escuela; es decir, si crea y genera paradigmas y modelos para abordar el tema de la administración pública; o si se limita a repetir las directrices del CLAD y los autores europeos y norteamericanos, en el marco del colonialismo intelectual que impera en el país y que no concuerda con los retos de las ciencias sociales. En opinión de algunos docentes, dicen que el nombre de “escuela” le ha quedado grande a la entidad. 

El segundo punto se refiere a la preocupación por la participación de los administradores públicos en el mercado institucional de profesionales. Gran cantidad de cargos en las entidades del Estado, para desempeñar funciones de administración pública, son desempeñados por administradores privados, ingenieros industriales, abogados y otras disciplinas y en una muy baja proporción, participan los administradores públicos. Casi que la microgestión está en manos de disciplinas diferentes a la administración pública. 

El tercer punto que genera interrogantes, se refiere al perfil de los egresados de la ESAP. No existe claridad si la formación profesional se orienta a la preparación de administradores públicos burocráticos o si se orienta a la preparación de administradores públicos científicos. Partiendo de la base de que la administración pública es una ciencia que está en proceso de construcción y aunque todas las ciencias están sin terminar, inclusive las naturales, esta disciplina tiene especial relevancia por las condiciones imperantes en la esfera institucional, donde la administración pública presenta debilidades y deficiencias que impiden el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en cuanto a la solución de problemas y necesidades públicas. El ejercicio profesional, en el mundo institucional está limitado al conjunto de leyes o normas y a las funciones y competencias asignadas a los agentes del servicio civil, los cuales se cumplen de cualquier manera, la mayoría de las veces atropelladamente con criterios subjetivos, sin que se erijan sobre esas normas y competencias, los procesos de gestión requeridos para alcanzar los objetivos de calidad con impacto en la ciudadanía. El ejercicio científico de cualquier disciplina de las ciencias sociales, requiere métodos y procedimientos ampliamente reconocidos por la epistemología, los cuales en la rama administrativa del poder público no se aprecian en la realidad de la operación institucional, principalmente de los niveles territoriales. 

Punto complementario al anterior, se refiere a la calidad institucional, principalmente en el proceso misional de formación profesional. Los comentaristas destacan dos tipos de calidad y consideran que en la ESAP no hay la suficiente claridad en cada uno de ellos. Una es la calidad del proceso de formación profesional y otra la calidad del producto o sea de los egresados, que se relaciona con el punto anterior. Dependiendo del perfil profesional que se pretende, el pensum y los patrones de calidad en la formación, son diferentes; pues un administrador público burócrata es simplemente un operador mecánico de normas y funciones, que no requiere mayores exigencias en la calidad académica; mientras que un administrador público científico requiere, entre otros, un componente de investigación, tanto básica como aplicada, el fortalecimiento de sus competencias para la interpretación y comprensión de los fenómenos públicos reales, el abordaje de la complejidad y la dotación de pragmatismo y flexibilidad para intervenir en los procesos públicos existentes. Son interrogantes que aún no están resueltos y que están en manos de los directivos. 

Aportes de investigadores reconocidos y de docentes de la misma entidad, destacan la importancia de distinguir el marco de la administración pública en dos campos: el de la macrogestión y el de la microgestión, lo cual, en el caso colombiano, se reviste de especial relevancia, hoy, cuando el debate político destaca con importancia el papel del Estado en la rectoría de los procesos económicos, sociales, ambientales e institucionales. La pregunta es, cómo se prepara científicamente al administrador público para abordar la macrogestión y cómo se forma académicamente para desempeñarse en la microgestión. En el debate político actual, más que discutir sobre las especificidades del sistema económico, se discute sobre las alternativas de política pública, donde el papel del Estado ocupa un lugar especial. Las posturas se ubican, no tanto en la confrontación de sistemas económicos, sino en la contraposición de modelos sobre la administración del Estado y las políticas públicas que de este organismo se generen. 

Las anteriores apreciaciones son algunas reflexiones que crean interrogantes que están por discutir y resolver, y que se inscriben en el conflicto de la ESAP, por lo cual este va mucho más allá de los temas que se han colocado sobre la mesa de negociación y que requieren un análisis profundo, siendo relevante el examen sobre la pertinencia, frente a la realidad nacional, del manejo que tiene la entidad, comenzando por definir si debe continuar como establecimiento público o si debe constituirse como institución universitaria. 

DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA ECONOMÍA

Los críticos del actual gobierno, todos miembros de la élite de poder que manejó el Estado colombiano durante más de dos siglos, le imputan al presidente Petro que quiere destruir la democracia y la economía, cargos cuyo significado genera interrogantes que se alejan de toda lógica histórica. 

El gobierno actual, desde la campaña electoral, luego en la ley 2294 de 2023 de iniciativa gubernamental y además en los discursos ante la comunidad internacional en el escenario de la ONU, ha dicho entre líneas y también en forma concreta, que el espíritu de sus políticas es el de revivir los fundamentos del estado Moderno y los de la economía clásica. El primero, mediante el cual occidente retomó los principios de la democracia griega de la antigüedad y el segundo, al que se le debe la acumulación capitalista que hoy existe. 

Lo que se aprecia en el plan de gobierno consignado en la correspondiente ley, es el propósito de fortalecer la democracia participativa, esa que ha sido tan esquiva en Colombia, a pesar que se deriva de la carta constitucional vigente. Por eso no se entiende de qué manera es que el gobierno quiere destruir la democracia, cuando hay una ley vigente cuyo espíritu significa todo lo contrario y cuando el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite. La crítica, parece que no tiene claro qué es el Estado de derecho y tampoco el concepto de dictadura, este que impone decisiones sin acatar la ley. 

Dicen los críticos que con las políticas del gobierno se va a aumentar el desempleo y la pobreza; pero justamente, el capitalismo clásico, que durante gran parte del siglo XX se sustentó en los conceptos keynesianos del Estado Interventor-Benefactor, precisamente, tenían como eje de la política macroeconómica el pleno empleo. 

Las evidencias históricas nos muestran que el desempleo y la pobreza se han incrementado es en el capitalismo neoliberal, que se tomó el poder de Estado en los años ochenta, según los señalan los indicadores como el coeficiente de Gini y las estadísticas de empleo, a pesar de que ocultan el desempleo disfrazado y el subempleo, características relevantes en el período del capitalismo rentista cuyo poder se concentra en los grandes fondos como Black Rock y Vanguard, entre otros. 

Recuperar los fundamentos del Estado Interventor-Benefactor, porque aplicarlo al pie de la letra no es posible, genera un efecto todo lo contrario al que le endilgan los críticos, que ahora han trasladado sus argumentos al debate electoral de Argentina, país que también ha sido fuertemente azotado por el flagelo neoliberal.

Las políticas de rescate del aparato productivo, lo que traerán es fortalecimiento de la base económica para permitir procesos de crecimiento sostenido en el largo plazo. Y fortalecer la democracia participativa en el marco de la descentralización política, es el medio para revitalizar el régimen político que ha estado en manos de la politiquería y la corrupción por tanto tiempo.

Entonces lo que vemos en los ataques de la oposición a las políticas del actual gobierno, no tiene argumentos sólidos para desconocer lo que fue el país durante el siglo XX, cuando se presentó el crecimiento empresarial gracias a las políticas de pleno empleo y logró soportar el régimen democrático, a pesar de los vientos de dictadura militar que soplaron en toda Suramérica. Es una postura absurda esa de afirma que regresar al capitalismo clásico como el que existía en Colombia antes de 1980, es propiciar la destrucción de la democracia y la economía.