LAS RÉMORAS DEL PLAN NACIONAL

Ya está en el Congreso el proyecto de plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”, un nombre por cierto rimbombante, donde se consignan todas las acciones que el gobierno pretende realizar en los tres años y medio que le quedan del período constitucional, las cuales se agrupan en cinco capítulos, además de dos definiciones de políticas generales, la de paz y las poblacionales, complementadas con las políticas macroeconómicas.

Sin duda, es un ambicioso catálogo de propósitos con muy buenas intenciones y además pertinente y consecuente con la realidad y los requerimientos del pueblo colombiano, que responde a las expectativas de cambio que generó la elección presidencial. Está claramente definido todo lo que se piensa hacer, o sea que contiene el qué. Pero deja interrogantes acerca del cómo, con quién y con qué herramientas. Por los recursos financieros se ve que no hay problema y que está financiado; pero los medios y el ambiente institucional y operativo, generan dudas.

Por lo general y de acuerdo a la teoría de la planificación, un plan contiene definidos los puntos de llegada, las rutas o trayectorias por donde marchará el proceso y los instrumentos que garanticen la viabilidad real en al marco de la institucionalidad. Pero el plan del presente gobierno muestra debilidades en cuanto al marco de condiciones, supuesto y requisitos que se deben cumplir para facilitar la realización de todas las acciones que contempla este instrumento de gestión gubernamental.

La pregunta que surge es, si se cuenta con la capacidad institucional suficiente para realizar en tan corto tiempo toda la lista de actividades contempladas, ya que no bastan las entidades del orden nacional, sino que requiere de la contribución de los organismos territoriales, a quienes competen varias de las funciones para el logro de muchos propósitos. Y, sobre todo, lo más importante, si la comunidad está suficientemente organizada y cualificada para intervenir en los procesos de gestión necesarios.

En el trasfondo del plan se percibe claramente que para la realización de las acciones, es necesario fortalecer la democracia participativa y la descentralización política, lo cual implica aclarar si el centralismo bogotano está dispuesto a ceder algo de su poder y si las comunidades locales y principalmente los concejos municipales, están dispuestos a satisfacer los requisitos técnicos y organizacionales para que la gestión pública se realice en ese marco, que, por demás, está contenido en el espíritu de la constitución política pero que hoy no ha pasado de ser simple discurso.

Si el llamado plan de desarrollo, que no es más que un plan de gobierno, no contempla el marco de condiciones y requisitos para llevar a cabo las intenciones que contiene, por muy adecuado que sea a la realidad nacional, se queda rezagado frente a los propósitos. Ya vimos el caso: existe similitud del capítulo 5 “Convergencia Regional” con el plan de del período 2010-2014, que, en esa época, no se logró por las mismas razones que aquí se están exponiendo, es decir por la necesidad de que, principalmente en el medio comunitario, se brinden las condiciones apropiadas para la participación social en los procesos de gestión pública; caso contrario, será muy difícil sobrepasar las rémoras del plan nacional.

INSUFICIENCIAS DEL PLAN

Examinando el anteproyecto del plan de desarrollo para el período 2022-2026 en la versión presentada ante el Consejo de Planeación, vemos un muy bajo relieve en el tema relacionado con la gestión pública, lo cual es bastante sorprendente, porque el manejo de lo público, es la causa principal de la crisis colombiana y porque ahí, en la gestión pública, se ubican las herramientas con las cuales se pretende introducir el cambio prometido, que no es otra cosa diferente al desmonte de las políticas neoliberales. Si el Estado no se acomoda por dentro, no podrá realizar las tareas adecuada en el contexto nacional del país real. 

Vemos algunos puntos que muy tímidamente se refieren al asunto y, claro, con ese contenido se puede sustentar los ajustes pertinentes, sobre todo en los niveles territoriales, que es donde más se sienten la ineficacia y la impertinencia de la gestión pública; pero implica que, por deducción, se precisen las acciones que conlleva el propósito del plan. No es contundente, ni directa, ni concreta, la propuesta que contemplan este plan, que, en sí mismo, constituye el primer eslabón del proceso de gestión.  

Vale la pena resaltar las anotaciones en el capítulo 5 “Convergencia Regional”, cuyo espíritu es similar al plan del primer gobierno de Santos, en tanto señala que “La convergencia regional es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país”. Aquí, en este capítulo, se anotan los llamados “catalizadores” e incluye los puntos relacionados con los aspectos territoriales, donde se contemplan superficialmente temas sobre la gestión púbica. 

De todo el escrito, se deducen conclusiones, sin duda, trascendentales, importantes y consecuentes con la situación real, pero si no se leen con detenimiento, pasan desapercibidas. Entre otras cosas, se deduce que el plan contempla la implementación del enfoque de desarrollo endógeno; pero se refiere, simplemente, al reconocimiento de la democracia participativa, cuando esta debería ser un objetivo central de todo el plan. Dice que se conformará áreas urbanas con actividades que promuevan el valor de la estructura ecológica, siendo que esta estructura constituye la columna vertebral de la gestión ambiental urbana. Contempla acciones supramunicipales con un enfoque regional, pero no señala los ajusten en la gestión territorial necesarios para que este propósito sea viable. 

Hace un reconocimiento a la participación comunitaria destacando la ingeniería social, pero no contempla los ajustes en el código de régimen municipal, que hoy se cocina en el Ministerio del Interior, para que este sea concordante con el plan de desarrollo y en general, los ajustes a la normatividad del POT que, durante un cuarto de siglo, no ha arrojado los resultados esperados. 

En general, todos esos propósitos señalados en este capítulo necesitan la creación de un piso jurídico apropiado para que se desarrolle la descentralización política, sin la cual la descentralización administrativa seguirá anquilosada, el enfoque territorial de los PDET seguirá siendo una falacia, el ordenamiento territorial un cuento, las corporaciones administrativas los mismos entes politiqueros que son hoy y la democracia participativa una ilusión que solo está escrita en un papel. 

Por supuesto, sin la decidida contribución de las entidades territoriales, las intensiones del plan nacional se quedarán frustradas, porque muchas de las acciones contempladas, corresponden a las funciones y competencias de los departamentos y municipios, por lo cual las próximas elecciones de organismos territoriales son de trascendental importancia para el gobierno nacional y para el éxito del plan de desarrollo, que si no se ajusta durante la discusión en el Congreso, será aprobado con las ya señaladas insuficiencias del plan.  

LAS PENSIONES PRIVADAS NO EXISTEN

La pensión de vejez es un satisfactor de la necesidad humana de protección, que presentan todos los adultos mayores después de pasar la vida laboral, la cual ocurre a todos los individuos de la especie sin distinción y que, al ser causada por la ley natural, tanto la necesidad como el satisfactor, constituyen un asunto público que compete a todos los individuos de la especie.

Por ser este asunto de carácter público, quien debe atender la necesidad y administrar el satisfactor, es el Estado, que, desde su origen histórico, ha estado a cargo de los bienes públicos, excepto ahora en los últimos años, cuando los neoliberales trasladaron los bienes públicos a manos privadas, para que inescrupulosos empresarios se lucraran haciendo negocio con las necesidades vitales de la humanidad.

Por tener origen en las condiciones biológicas del individuo humano, el monto de la pensión no debe corresponde a las sumas pagadas como aporte o cotización que la persona realiza durante su juventud, sino que debe ajustarse a los requerimientos de la vista humana, que son particulares, cuando la persona llega a la vejez. Pero, en razón a las leyes que rigen el sistema económico, siempre los bienes públicos se adaptan a un balance financiero, por lo que los valores pagados durante su período laboral constituyen la base para liquidar el monto de la pensión.

Los montos de dinero que circulan en la macroeconomía originados en cotizaciones o cuotas pagadas por las personas jóvenes, no son de propiedad del Estado y mucho menos, de propiedad de algún empresario codicioso que pretenda sacar beneficio de unos recursos que se convierten en fondos públicos. Dichos dineros deben circular como un carrusel que se autoalimenta para que, mediante esa retroalimentación, siempre mantenga los recursos suficientes para pagar las pensiones de los beneficiarios. Con los dineros que aportan los jóvenes, se le paga a los viejos y cuando ellos llega a la vejez, habrá nuevos jóvenes que pagaran sus cotizaciones.

Por ser de carácter público, tanto los aportes de los jóvenes, como el pago de la pensión de vejez, deben estar en manos del Estado para su administración, quien es el único responsable de las necesidades humanas a la luz del Estado Social de Derecho, que convirtió en derechos a las necesidades humanas, según el querer de sus creadores alemanes, por allá en los años treinta del siglo pasado.

Desde años atrás se viene dando una discusión que se revive cada cierto tiempo como ahora, haciendo una confrontación entre el régimen de Colpensiones y el de los fondos privados, debate que no tiene cabida en al marco sociológico; pues los fondos se refieren al ahorro privado y en ningún caso a un satisfactor de carácter público. No son comparables. Otra cosa es que en el modelo neoliberal, y bajo los principios de la privatización de lo público, se esté engañando a la sociedad con un supuesto servicio de pensiones que se brinda desde el sector privado, donde simplemente este se reduce a devolver a sus dueños el ahorro personal que ha hecho durante más de veinte años; y que los tenedores de esos recursos han utilizado para hacer negocio que solo les beneficia a ellos, a los fondos, pero no le proporciona ningún beneficio a los propietarios del ahorro, por lo cual es necesario tener claridad de que las pensiones privadas no existen.          

EL PELIGRO PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Como es de público conocimiento, el tan anunciado desplome definitivo del modelo neoliberal es ya una realidad inminente, que probablemente ocurrirá en esta misma década, cuyo más relevante síntoma es la inflación mundial, señal que muestra la sobrecarga del sector monetario por encima del sector real de la economía global, complementado con el sobreendeudamiento de casi todos los Estados y el desecamiento de la base tributaria que impedirá muy pronto el pago del servicio de la deuda.

Varias veces se ha dicho que la causa estructural, que llevará a la sepultura del neoliberalismo, además de la voracidad de sus actores protagonistas, es haber convertido el dinero en una mercancía y abandonado el aparato productivo. Pero ya es muy tarde, como lo ha reconocido hasta el mismo Jacobo Rothschild, uno de los beneficiarios más connotados del modelo. El evento principal de la caída ocurrirá el próximo año, para cuando se anuncia la recesión mundial y, posteriormente, el colapso definitivo.

Por supuesto, los afectados con el desastre el modelo neoliberal son los capitalistas rentistas, principalmente los agrupados en los fondos ya conocidos como Blackrock, Vanguard, Fidelity, Morgan, Goldman, entre otros, que han concentrado tanta riqueza, cuyo patrimonio se calcula en 44 billones de dólares para los diez fondos más grandes. Pero también otros organismos privados que se han dedicado a captar ahorro o capital de especulación a todo tipo de personas naturales y jurídicas, serán duramente golpeados, similarmente a lo que les ocurrió a los rentistas en 1928. El campanazo se dio en 2008, que Obama pudo sobrellevar, pero no eliminar la causa, que es de fondo. Siguió cocinándose el motivo y ahora en los años veinte reventará definitivamente porque el mundo ya no soporta más ese esquema financiero.

Claro, la caída del modelo no es selectiva y por el contrario, los grandes seguramente se protegerán; pero los pequeños, los de países subdesarrollados donde el capital es escaso y con esfuerzo se produce ahorro interno, el azote será mayor y es ahí donde Colombia tendrá un impacto muy grave.

Por supuesto, los fondos privados de pensiones no están exentos del desastre neoliberal; estos, quienes operan en el sector financiero y en el mercado de capitales con los patrones universales del modelo neoliberal, también les tocará llevar del bulto. Pero hasta ahí, no hay problema; el problema es que según la legislación vigente, que ha sido acomodada para proteger los intereses de los fondos, estos trasladarán el descalabro a los ahorradores y serán los depositantes del dinero, quienes lo han hecho con la esperanza de obtener en el largo plazo una pensión, se quedarán viendo un chispero, porque será el mercado y no los depositarios, el responsable de la perdida de los fondos. Habrá una tragedia para miles de personas, pero esa es la ley del mercado en el modelo neoliberal que está operando en Colombia y que se convierte en el peligro para los fondos de pensiones.

LA FALACIA DEL CAPITAL EXTRANJERO

 Uno de los argumentos que utilizan los beneficiarios del actual establecimiento neoliberal para defender el statu quo, es el intento de miedo que pretenden crear haciendo terrorismo, amenazando con la posible fuga de las empresas extranjeras del país, como si la presencia de dichas inversiones causara mucho beneficio. Como siempre el trasnochado argumento del empleo, que tuvo vigencia durante la época del desarrollo exógeno en el siglo pasado, pero que ahora, en época del desarrollo endógeno, el argumento pierde importancia. 

Traigo el recuerdo de una columna publicada el 12 de enero de 2006 en el diario El Liberal con el mismo titular de esta nota, donde se señalaba que las empresas extranjeras no son monjitas de la caridad, que llegan al país a brindar beneficencia; pues como se vio con el modelo de “Industrialización por sustitución de importaciones” impuesto por la CEPAL en 1958, ellas llegan y permanecen mientras dura la vida útil del proyecto y se realiza la TIR que han utilizado para tomar la decisión. 

Decía el artículo de marras en 2006, que “examinando las cifras de la Balanza de Pagos, se reitera la afirmación que desde hace cuarenta años se viene haciendo en los círculos académicos: que el capital extranjero es más el daño que hace que el beneficio que trae para el desarrollo. Y eso que, a mediados del siglo pasado, en la época del capitalismo empresarial, la inversión extranjera era esencialmente de riesgo, con creación de nuevas empresas y absorción de mano de obra. ¿Cómo será ahora que es solamente especulativa y rentista? 

Observando los datos del período 1994-2004, es decir durante 11 años, vemos que a Colombia le llegaron 43.465 millones de dólares por concepto de inversión extranjera. Pero durante ese mismo período salieron 34.689 millones de dólares por concepto de renta y ganancias de la inversión extranjera, que lógicamente, los inversionistas se llevan para acumular y hacer riqueza en el país de origen, desocupando así las arcas de la economía nacional; porque nadie hace negocios para no ganar dinero. O sea que salió del el 80 % de lo que entró y hasta ahí el país sigue debiendo a los inversionistas el 100 % de la inversión realizada, o sea que al corte de final de 2004 y en los 11 años, a cambio de los 43.465 millones de dólares que recibió el país, este debió pagar 78.334 millones de dólares o sea el 180 % de lo recibido. Como durante ese mismo período las divisas que el país consiguió con el sudor de los colombianos, es decir, las que son de propiedad porque se obtienen con las exportaciones, fueron de 129.804 millones de dólares, lo que quiere decir, que el 27 % de este esfuerzo se lo llevó la inversión extranjera y hasta ahí, no se ha comprado nada por importaciones. Como el aparato productivo nacional necesitó durante ese período para funcionar importaciones de bienes intermedios por 61.642 millones de dólares, solamente quedaron divisas propias por 33.473 millones de dólares para comprar los bienes de consumo y los bienes de capital necesarios para reponer equipos y maquinaria y hacer nuevas inversiones. Como Estos dos sumaron 75.142 millones de dólares, quiere decir que hubo un faltante de divisas propias por valor de 41.669. Si los inversionistas extranjeros no se hubieran llevado como ganancias esos 34.689 millones de dólares, solamente hubiera habido un faltante de 6.980 millones de dólares. 

Si examinamos las cifras para el primer lustro del Siglo XXI, hasta la mitad de 2005, vemos que a Colombia entró 17.840 millones de dólares de capital extranjero, pero salió por concepto de renta y ganancias 18.885 millones de dólares, 105.9 % de lo que entró y hasta ahí, todavía el país sigue debiendo los 17.840 millones que entraron. O sea que durante lo que va corrido de este siglo desde enero de 2001 hasta junio de 2005, no entró capital extranjero, sino que salió en cuantía de 1.045 millones de dólares. Y eso que para esta época ya estaba en operación la política de Uribe que tanto ha defendido los negocios del capital extranjero”.

Hoy la situación es bastante diferente, por la modalidad imperante del capital de especulación, que diluye las cifras en la contabilidad económica; pero varias investigaciones sobre desarrollo económico en el mundo, han demostrado que más vale construir el capital internamente utilizando el trabajo humano, para demostrar la falacia del capital extranjero.

LOS VERDADEROS ATRIBUTOS DEL CAPITAL

Desde la época de los clásicos en el Siglo XIX, se dijo que los factores de la economía son tierra, capital y trabajo y, desde entonces, el análisis político de la economía se centra, principalmente, en los factores capital y trabajo, examinando la contribución de cada uno en el producto bruto y, por supuesto, en la irrigación en el conjunto de la economía de los ingresos que generan las actividades de estos factores. 

Mediante el uso de los aparatos ideológicos, principalmente los medios mercantiles de comunicación social, se ha hecho creer a la sociedad que el factor capital es como caído del cielo, que es la mano de Dios, que su bondad está por encima del bien y del mal, que toda la comunidad le debe agradecimientos porque este factor es el que genera empleo, alimenta la oferta de bienes y servicios en el mercado y propicia el progreso. No obstante, en la realidad, casi siempre se observa la preocupación de quienes poseen capital y no encuentran el recurso humano necesario para poner a trabajar el recurso financiero. Pues el factor capital es inerte y no genera vida en sí mismo, si no se le inyecta el factor trabajo, que dinamiza la actividad económica del mismo. Lo demás, es caer en el capitalismo rentista, que hoy tiene la economía mundial en las puertas del colapso. 

También desde la época de los clásicos, se dijo que la riqueza, o el valor, que ya acumulado se convierte en capital, proviene del trabajo humano, por lo que en el siglo XVII, se produjo la acumulación originaria de capital del mundo, base del sistema capitalista, gracias al trabajo de los artesanos, así como en Colombia, la acumulación originaria ocurrió gracias a la producción de café, realizada durante un siglo, desde finales del siglo XIX. 

Ante la creencia generalizada del supuesto altruismo o generosidad filantrópica del capital, sus propietarios se han creído los hijos mimados de la sociedad, los privilegiados que están por encima de los demás humanos, los dueños del Estado, a quienes se les debe rendir pleitesía porque al capital se le debe la vida misma. Pero se oculta el papel del trabajo humano en la construcción de este recurso y, principalmente, se esconde el hecho de que, si no hay capital, el trabajo humano, solito, puede generar los bienes y servicios necesarios para la subsistencia, mientras que el capital, solito, es un elemento estático en la economía. Entonces, la amenaza de la fuga, o de la llegada capitales del extranjero, no tiene la connotación o mérito que publicitariamente se ha dicho; porque, puede causar efectos de corto plazo, pero no constituye el factor total del sostenimiento de la economía. 

Ante el inminente derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, que probablemente sucederá en esta misma década, lo que Colombia necesita es implantar una estructura propia que, basada en el capital humano, consolide el aparato productivo y disminuya la dependencia que tiene frente a las fuerzas internacionales, que, como lo estamos viendo, causan enorme golpe a la situación nacional con los movimientos globales. Parece que, este país, y tal vez todos los del mundo, lo que necesitan es volver a cerrarse para que cada uno por su cuenta luche por la consolidación de su economía independientemente de las fuerzas globales, recurriendo al trabajo humano para reconstruir la acumulación de valor suficiente, y así aprovechar eficazmente los verdaderos atributos del capital. 

CRÓNICA DE UN TRANCÓN ANUNCIADO

Con el caso de la reforma tributaria y otras propuestas del actual gobierno, elegido por la mayoría democrática para propiciar cambios en la situación colombiana, se recuerda algunas columnas de prensa escritas hace ya varios años como la del 17 de septiembre de 2014 y la del 7 de marzo de 2018 en un diario payanés, donde señalaban las dificultades que podría tener cualquier gobierno que intentara modificar las estructuras sociopolítica y económica mediante cambios profundos que redundaran en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de colombianos. Señalaban dichos artículos, que las élites de poder, o sea las roscas que se están beneficiando de la situación presente, internas y externas al país, desplegarían todo su poder, que es muy fuerte, para oponerse y obstaculizar el establecimiento de medidas tendientes a modificar las condiciones reinantes. 

Ahora lo estamos viendo. La reforma tributaria que finalmente aprobará el Congreso, es muy diferente a la que el país necesita y que fue propuesta en el comienzo del trámite. Los grupos de poder económico, que siempre se niegan a pagar impuestos, desplegaron todo tipo de artimañas recurriendo al control que tienen de los medios mercantiles de comunicación, para dañar la imagen del gobierno, además de la presión a congresistas y el uso de chantajes de todo tipo, donde el cuento del desempleo es su principal arma, para impedir que se les fijara una tributación con criterios de equidad pública. Se repite el argumento del empleo, cuando histórica y teóricamente, está demostrado que la generación de empleo no depende del sistema tributario sino del tamaño de la demanda agregada. 

El gobierno estaba advertido desde cuando todavía era candidato, de que, para efecto de diseñar y aplicar una estrategia pragmática que le diera viabilidad a la propuesta, a sabiendas de las barreras de las fuerzas de poder internacional y los grupos de interés nacionales, era necesario una adecuada planificación de mediano plazo, considerando todos los factores que permitan eludir y sobrepasar las barreras del cambio, este cambio que debe ser paulatino y progresivo, hasta tanto se tenga por lo menos el 51 % de congresistas comprometidos con el proceso, lo cual solo se podrá lograr dentro de cuatro años, siempre que durante el período actual no se cometan errores políticos. 

Lo mismo ocurrirá con la reforma al sector salud que aún no se presenta al Congreso. Ahí, no solo estarán los mercaderes de la muerte poniendo trabas, sino que las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas y todos los intermediarios que se lucran con el negocio, estarán prestos a difundir mentiras y a tratar de engañar a la opinión pública.

Lamentablemente, estamos frente a una élite de dominación con profundas raíces corruptas, que no tienen escrúpulos para defender a capa y espada su posición dominante, que fue anclada durante todo lo que va corrido del presente siglo, gracias a la complicidad de los gobiernos y la carencia de una ética pública donde se imponga el interés general y el bien común, sobre los intereses personales y apetitos voraces de quienes son protagonistas de esta crónica de un trancón anunciado.