LA IMPORTANCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN AGRARIA

Ahora que se está tratando los temas de erradicación de cultivos de uso ilícitos, del enfoque territorial en el desarrollo rural y en general de la política para las zonas de economía campesina sin la cual no habrá convivencia pacífica, nuevamente es necesario reflexionar sobre la situación de comercialización de la producción de las zonas rurales, ya sea alimentaria o no.

Haciendo una retrospectiva sobre el asunto, vemos que las debilidades y vacíos son los mismos de hace treinta años, es decir que en Colombia no se ha avanzado para mejorar el caos que existe en la distribución social del producto alimentario, desde cuando la asociación de mercados mayoristas Acoabastos presentó al Ministerio de Agricultura, siendo el secretario privado del Ministro Caicedo Germán Vargas Lleras, una propuesta de alternativas para corregir las deficiencias de la estructura de comercialización agropecuaria. En tanto tiempo, es poco lo que ha hecho el ministerio y la situación continúa igual, tal vez agravada por los efectos de las políticas neoliberales que comenzaron a implantarse después de 1990.

Dijo dicho gremio en esa época, que el análisis de la estructura de distribución debe considerar por separados sus dos componentes: la infraestructura y la superestructura; y también señaló que los factores de mayor impacto están en la superestructura, por lo cual la construcción de infraestructura física solamente, no traería beneficios. Pero, desde entonces, el gobierno siempre habla de la infraestructura, pero nunca se refiere a la superestructura.

La superestructura se relaciona con los procesos comerciales por donde circula la mercancía en el escenario del mercado, los cuales en los productos agropecuarios tienen condiciones particulares que requieren de fuerte intervención de los organismos del Estado, cosa que es improcedente dentro del enfoque neoliberal. Se requiere la implementación del enfoque sistémico en la comercialización, ya sea en la función de acopio, en la función mayorista y en la función de detallista, así como en los encadenamientos con el componente agroindustrial o de transformación y con el servicio de transporte desde las zonas de producción hasta los mercados terminales. Por supuesto, también se requiere una intervención adecuada del Estado para propiciar la formación o el fortalecimiento de los agentes de la comercialización dentro de las leyes de la racionalidad y la eficiencia, para disminuir la apropiación del excedente comercial por parte de los intermediarios no deseables. Pero nada de esto se observa; por lo cual la situación sigue siendo grave, con serios perjuicios para los productores campesino y para los consumidores finales.

Lo cierto es que, si no se tienen en cuenta estas consideraciones y no se introducen las modificaciones en la estructura de distribución, en el futuro el país seguirá doliéndose por la existencia de cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados en las zonas de economía campesina y también lamentándose por el fracaso de las políticas actuales, que no reconocen la verdadera solución y desconocen la importancia de la comercialización agraria.

LOS VACÍOS DE LA PLANIFICACIÓN

Desde hace más de treinta años, en los años ochenta del siglo pasado, desde cuando estuvo por Colombia Carlos Matus quien hizo importantes aportes a la construcción de una teoría de la planificación, se puso sobre la mesa el tema de las debilidades que venía presentando esta disciplina, las cuales impedían cosechar los frutos esperados por todos con el uso de esa práctica. Luego en los años noventa vino el adefesio de la Ley 152 de 1993 complementada con la Ley 388 de 1997 y después el presente siglo, donde han aflorado las consecuencias de las fallas conceptuales y de método que ocurren permanentemente en los procesos de construcción del futuro, tanto en el nivel nacional como en los territorios. Como aquí prevalece el enfoque jurídico de la administración pública, los paradigmas y la teoría administrativa se mantienen alejados del ejercicio técnico en la gestión de los asuntos públicos, por lo que hay que someterse a una ley en lugar de un modelo teórico, para abordar los procesos inherentes a la administración de lo público, siendo que nadie garantiza que la norma legal se ajuste a los marcos conceptuales apropiados para tratar la realidad colombiana.

Hoy estamos afrontando las consecuencias de las fallas en la planificación ambiental, territorial social y económica. Por eso la semana pasada se presentaron dos ejemplos concretos sobre las consecuencias de las deficiencias en los procesos de planificación: la tragedia de Mocoa y el debate sobre el uso de los recursos de regalías en el departamento del Cauca. En el primero, las debilidades en la planificación del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo, dio lugar a un fenómeno que se le atribuye a la naturaleza, pero que, no fue debidamente intervenido con antelación para aplicar medidas que disminuyan los efectos nocivos en la comunidad de los eventos naturales, tal como lo busca la planificación eficaz. En el segundo, las falencias en la planificación del desarrollo sobre temas de estrategias y tácticas de largo plazo para orientar las acciones y facilitar la canalización de los recursos de financiamiento bajo principios de optimización, dio lugar a la discusión sobre la bondad de los proyectos que fueron ejecutados con los recursos provenientes de dicha fuente. No hay manera de juzgarlos con criterios objetivos y técnicos de teoría de la administración pública, por lo cual hay que limitar el juicio solo al campo jurídico. Por supuesto, si no hay adecuada planificación, no hay tampoco ejecución y control apropiados.

No es hora de llorar sobre la leche derramada, pero sí de preguntarnos por qué si desde hace tanto tiempo se han hecho las advertencias en la gestión pública sobre situaciones administrativas que crean condiciones de riesgo en uno u otro sentido, los organismos del Estado no proceden a corregirlos. Prima la burocratización, el clientelismo, la corrupción y los intereses privados por encima del interés general y el bien común. La Constitución Política establece que debe haber una ley orgánica del plan de desarrollo y los genios del DNP tramitaron una ley del plan de gobierno, dejando sin herramientas no solo la conducción de los procesos de desarrollo de largo plazo, sino también creando uno de los quince factores que propiciaron el fracaso de todos los POT de la primera generación; y nadie ha dicho algo sobre la violación de la norma constitucional, mientras continúan presentándose en la gestión pública los vacíos de la planificación.

DEL MONSTRUO CASTROCHAVISTA

La estrategia de generar terror a los electores le ha dado buenos resultados a la extrema derecha colombiana, como se vio en la votación del plebiscito del año anterior. Por ello han creado un fantasma que ronda por Sur América, y al cual pertenecen todas las personas que no apoyan la postura neonazi que ese grupo defiende, a quienes llaman “castrochavistas” y por lo tanto enemigas de la patria. Castrochavista es todo aquel que no apoye a Uribe. Ellos, los de la extrema derecha, como ha sido siempre en la historia, defienden a los ricos que en este caso se trata del capitalismo financiero internacional y las multinacionales, a quienes les exoneran de impuestos y les entregan para su explotación degradante los recursos naturales, dentro de lo que llaman la “confianza inversionista”. Por supuesto, lo que informa la prensa del gran capital sobre Venezuela, es un aliado publicitario importante que les facilita el fomento de ese terror que significa el socialismo del siglo XXI.

Lo cierto es que ni el socialismo clásico del siglo XX ni el socialismo del siglo XXI, tienen cabida en Colombia. El primero, porque históricamente demostró la inviabilidad de un sistema económico que funciona mediante la planificación, por motivo del estancamiento y decaimiento del aparato productivo, como ocurrió en los países del bloque oriental europeo en los años ochenta. El segundo, propuesto por el alemán Heinz Dieterich Steffan en 1996, porque, si bien se inspira en el pensamiento marxista, trata de acomodar el enfoque a un sistema que funcione, como el capitalismo, mediante las leyes del mercado.

Pero la propuesta de Dieterich insiste en aplicar la Teoría del Valor para regular el cambio en el seno del mercado, un escenario que no ha sido diseñado ni creado para que opere con lo que el autor llama la “economía de valores”; pues la corriente de los marginalistas desde el siglo XIX, siempre pensó en la Teoría de los Precios como sustento conceptual del funcionamiento del mercado. Es decir, no es posible que funcione la Teoría del Valor, en un escenario que fue diseñado para la Teoría de los Precios.

De otro lado, y a pesar de los intentos del pensador alemán para proponer una fórmula que permita disminuir la desigualdad social en el capitalismo, conservando la propiedad privada de los medios de producción, en los aspectos prácticos es necesario considerar las condiciones del mercado, que justamente en Colombia no son las más adecuadas. Aquí existen grandes extensiones del territorio como la Orinoquia, la Amazonia, la región pacífica y otras, donde el mecanismo de mercado es imperfecto, y por lo tanto no es posible aplicar la ley de los precios y mucho menos la ley del valor.

Entonces, eso de buscar adeptos a su causa recurriendo a mecanismos de terror, para llevar a votar verraca a la gente, como dijo Vélez en la campaña pasada, es una treta mítica que puede convencer a personas que desprevenidamente escuchan los argumentos; pero en términos de la viabilidad real, no pasa de ser un eslogan de campaña porque con lo dicho anteriormente más otro conjunto de argumentos que en este artículo no caben, es posible demostrar que no es verdad la existencia del monstruo castrochavista.

¿Y DÓNDE ESTÁ LA ASAMBLEA?

Independientemente de que sea cierto o falso el informe del Contralor sobre el manejo de los recursos provenientes del sistema de regalías, lo cierto es que en el ordenamiento institucional del Estado existen mecanismos para garantizar la rectitud en la gestión y el manejo de los bienes públicos, como son el control fiscal, el control disciplinario, el control social y el control político. Los dos primeros en el marco de la teoría jurídica y los otros en el marco de la teoría administrativa.

El control político sustentado en los artículos 299 y 300 de la Constitución Política, desde el punto de vista jurídico tienen claramente establecido el procedimiento para que la Asamblea Departamental ejerza su facultad; pero las normas legales dejan imprecisiones y vacíos conceptuales que no facilitan definir con exactitud qué es eso del control político. Dicen cómo se hace, pero no definen su esencia, por lo que debemos recurrir a la Teoría de la Administración Pública para encontrarle la comba al palo

En materia de Gerencia Pública, que desde 1991 se viene implementado en el Estado colombiano, existe legislación relacionada como las leyes 87 de 1993, 489 de 1998, 872 de 2003, entre otras, las cuales suministran el piso jurídico a la acción gubernativa, que debe cumplir los preceptos técnicos cuya supervisión está a cargo de los diversos organismos que tienen competencia para el control, como es el caso de la Asamblea Departamental.

El control fiscal está a cargo de la Contraloría; el control disciplinario a cargo del Ministerio Público, el control social a cargo de las sociedades civiles regidas por el Código Civil y el control político a cargo de las Corporaciones Administrativas elegidas mediante el voto popular, por lo cual estos organismos tienen la suficiente legitimidad y obligación de realizar el control, ya que el elector primario ha confiado en su labor la verificación de los procesos de gestión que son la base del accionar gubernamental.

Independientemente del origen de los recursos con los cuales se financia la gestión departamental, es deber del gobierno aplicar las normas técnicas NTCGP 1000:2009, ISO 10006:2003, ISO 21500:2012, MECI 1000:2014, entre otras, y la Asamblea tiene el deber de constatar su correcta aplicación. Pues es esta corporación administrativa la que aprueba las políticas, como las incluidas en el plan de desarrollo, y por lo tanto es a ella misma a la que le corresponde verificar su cumplimiento. Los proyectos del sistema de regalías deben ser concordantes con las políticas incluidas en el plan de desarrollo y aprobadas por la Asamblea, tal como lo establece la Ley 1530 de 2012.

Entonces, si hay o no irregularidades, desvíos de recursos, ineficiencia o ineficacia en la gestión de proyectos financiados con los recursos del sistema de regalías, es la Asamblea Departamental, en representación del pueblo que la eligió y en quien confió la seguridad de que el gobierno departamental está manejando los bienes públicos en concordancia con las normas técnicas de gerencia pública, el órgano que debe informar a los electores sobre la calidad de la gestión gubernativa y sobre todo de si las políticas que ella misma aprueba, se están aplicando al pie de la letra; pero tal como se están observando los acontecimientos mediáticos, la pregunta obligada que surge es la de ¿y dónde está la Asamblea?

LA FALTA DE LA IMPRESORA

Tal como se esperaba, ahora sí entró Colombia en la debacle económica, que se mezcla con la situación social y el enredo político que se están viviendo y dejan al gobierno metido en una encrucijada de la que difícilmente podrá salir en lo que resta del período. Por culpa de los cretinos que vienen manejando la economía del país en el presente siglo y que sólo les importa quedar bien con los organismos multilaterales y las calificadoras internacionales, han llevado la economía a la situación de recesión que ya comenzó a mostrar sus señales y que sin duda agravarán la muy golpeada clase popular. La reforma tributaria de finales del año pasado poco va a servir y el déficit fiscal se agudizará en un escenario de política monetaria y cambiaria que no responde a las verdaderas necesidades del país. Mientras que, por otro lado, la otra fracción de la oligarquía, la de la mafia antioqueña, le da garrote todos los días a Santos, quien está más encartado que gallina criando patos con el acuerdo de paz ya firmado, cuyo cumplimiento es muy dudoso tanto por los enemigos como por la ineptitud de las elites de poder.

Por lógica razón, para salir del enredo de la economía no será posible aplicando las mismas fórmulas que lo crearon; esas medidas que favorecen al capitalismo rentista y que se sustentan con el pensamiento neoliberal, cuando su error que data de los años ochenta, condujo a matar la gallina de los huevos de oro. Con el argumento de que el Estado nunca quiebra, estrangularon las finanzas del organismo para obligarlo al endeudamiento como medio de financiación y ahora vemos que el Estado está quebrado, no solo en Colombia, sino en casi todos los países del mundo donde opera dicho modelo.

El Estado que nunca quebraba era el Estado Interventor-Benefactor sustentado en la doctrina keynesiana que ellos destruyeron, porque la columna vertebral de las finanzas públicas estaba en la estructura de financiamiento cuyo eje giraba en la emisión de dinero a cargo del Banco Central, que era una dependencia del gobierno. Pero hoy cuando la soberanía está menguada por la separación del banco, esa función ya no la puede hacer en concordancia con los requerimientos de la economía, porque priman los intereses del capitalismo rentista y así la crisis se vuelve un círculo vicioso del que no se podrá salir por mucho que se posponga el colapso a través de la prórroga de la deuda.

En situaciones como la que hoy se vive, la mejor salida es la emisión de dinero para solventar el gasto público y llevar el déficit al porcentaje sobre el PIB que los organismos multilaterales recomiendan. Por supuesto, no desbocarse en la emisión como en la época de Turbay que imprimió billetes a la lata, sino con el necesario equilibrio racional; porque la fórmula neoliberal de frenar el gasto y elevar los impuestos, ya no tiene por dónde meterse cuando la economía entra en recesión y la base tributaria está agotada como ocurre en Colombia donde ya no caben más impuestos indirectos y los ricos están exentos, situación que nos muestra, después de un cuarto de siglo, que en materia fiscal y monetaria es realmente grave la falta de la impresora.

ADIÓS A LA CONSTITUCIÓN

La semana pasada se lanzó en la Universidad del Cauca un libro que en su título lleva el interrogante “¿por qué la Constitución de 1991 ya no le pertenece al pueblo de Colombia?”, ante lo cual bien vale también preguntar: ¿es que algún día le ha pertenecido?

No conozco el libro, no sé de su contenido, no lo he leído. Pero creo que debemos tener en cuenta que la Constitución de 1991 es el resultado de un proceso articulado al fenómeno global, que inicio en 1980, por decir una fecha, con la elección de Reagan en USA y Thatcher en RU, en el marco de la transformación del sistema económico mundial que pasó del Capitalismo Empresarial al Capitalismo Rentista que también le llaman postindustrial. Con la finalidad de aplicar el Consenso de Washington, que con la Constitución de 1886 no se podía ejecutar a cabalidad, los organismos de poder internacional empujaron los ajustes necesarios en la constitución de muchos países, donde desempolvaron el viejo Estado Social de Derecho que había sido creado por los alemanes en los años treinta, para acomodarlo a los intereses del capital financiero, que ya tenía la mala experiencia de 1928 y que bajo el conjunto de postulados conceptuales que se le conoce como Neoliberalismo, difundieron la propuesta desde las ONG patrocinadas por los Fondos de Inversión, como es el caso del Instituto para la Economía Internacional (IIE) de Washington que hoy se llama Instituto Peterson.

Claro que cuando los alemanes crearon el Estado Social de Derecho en los años treinta, su propósito era el de convertir en derechos las necesidades humanas para obligar al Estado a su atención. Pero ya en este tipo de Estado puesto al servicio del capitalismo rentista, su finalidad es otra cosa. Bien dijeron los juristas de la Universidad Externado de Colombia en 2011 cuando la revista de esa entidad universitaria publicó una edición en homenaje a los 20 años de la Carta: La Constitución del 91 durante dos décadas mucho de derecho y poco de social.

Pero es que no fue para eso que los organismos internacionales la impulsaron. Fue para sustituir el gasto público con los derechos, los cuales se han quedado el discurso y no llegan al supuesto objetivo en las clases menos favorecidas. El horizonte del pensamiento neoliberal no es otro que bajar el gasto público y controlar la inflación, para favorecer los intereses de los capitalistas que invierten en papeles de renta fija emitidos por el Estado, en el caso colombiano los TES, por lo cual el gasto es un riego que atenta contra el pago cumplido del servicio de la deuda.

La historia no se puede olvidar, más cuando ahí están los registros y las evidencias empíricas que muestran la evolución de los procesos económicos, políticos e institucionales, de modo que es muy discutible afirmar que es ahora en la actual coyuntura política, cuando han surgido fenómenos controvertidos y debatidos, que la Carta se alejó de la función social; la verdadera misión se está cumpliendo de conformidad con los intereses del capitalismo global para lo cual el Banco de la República es el principal instrumento, de modo que es muy relativo afirmar hoy que adiós a la Constitución.

LA FUNCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO

Con el debate surgido a raíz del proyecto urbanístico de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar, nuevamente se coloca sobre la mesa el tema del enfoque con que la administración pública aborda los asuntos de las plazas de mercado, las cuales tienen connotación dual y por ello el manejo administrativo se hace complejo y, la mayoría de veces, alejado del interés general y el bien común.

Las plazas de mercado tienen dos frentes muy importantes. Por un lado, son elementos físicos que hacen parte de la estructura urbana y por la otra, son infraestructuras de la estructura de distribución urbana del producto alimentario. Por supuesto, lo más visible es lo físico-urbanístico y esta visibilidad oculta su esencia como canal detallista de la comercialización de alimentos.

En el caso de la plaza de mercado del Barrio Bolívar, además, al componente urbano, se le suma el caso de que ahí se concentra un alto porcentaje de la función mayorista de perecederos vegetales, lo cual hace más confuso el proceso comercial y genera mayores impactos al sector urbano. Más aun, cuando las condiciones arquitectónicas no son las más adecuadas para la función detallista y mucho menos para la función mayorista. Todo ha sido un fenómeno espontáneo que ha evolucionado desde tiempos inmemoriales y que hoy ha llegado a situaciones verdaderamente preocupantes para la gestión pública.

Por lo general, el tratamiento que la administración pública le ha brindado a las plazas de mercado en casi todos los municipios colombianos, ha sido relacionado con el papel físico-urbano, sin acreditarle la magnitud e importancia a su rol dentro de la estructura de distribución urbana de alimentos, donde deben actuar como un canal detallista y por lo tanto sujeto a las condiciones de mercado. Esto implica que se deben analizar articuladas en el contexto de la distribución urbana en su conjunto y según los requerimientos del mercado en cuanto a segmentación y localización territorial de los consumidores. Igualmente, el diseño operativo no puede ser simplemente como la administración de un bien raíz, sino mediante un mecanismo que permita la racionalización de los procesos comerciales en cuando a precios, calidades, perdidas y por supuesto, los efectos ambientales que este tipo de productos generan.

Las “galerías” son el único canal detallista que aún conserva el carácter público, ahora que se han surgido nuevos canales, todos privados, y como tal, debe ser el líder en los centros urbanos marcando pautas para hacer eficiente y eficaz la distribución urbana de alimentos, que beneficia a los consumidores y crea oportunidades a los productores campesinos, por lo cual es necesario revitalizar y reorientar la función de la plaza de mercado.