FORTALECIMIENTO DEL URIBISMO

Hasta los años ochenta del siglo pasado la guerrilla tenía algún sentido político y sociológico; pues sobre la base del derecho a la rebelión se había montado una argumentación que justificaba la  lucha armada para la toma del poder, desde donde se introduciría un nuevo sistema económico que acabaría con la injusticia social y la desigualdad propias del sistema capitalista industrial que para esa época llevaba ya dos siglos.

Pero terminado ese decenio de transición se introdujo el nuevo capitalismo, el capitalismo rentista o capitalismo postindustrial,  que se consolidó en los años noventa. El discurso revolucionario se derrumbó, porque la propuesta del nuevo sistema con economía planificada había fracasado por varios motivos entre los que se destacan:  que quienes lo introdujeron cambiaron el sistema económico pero no el estilo de desarrollo; porque el régimen político establecido resultó más dañino que el régimen democrático y porque el aparato productivo se adormeció bajando la productividad y con ello la competitividad que se volvía esencial en un mundo ya globalizado; además de todas las presiones del mundo capitalista para destruir dicho sistema.

En ese mismo decenio de los ochenta se consolidaron las mafias del narcotráfico y el campo colombiano se inundó de cultivos y actividades relacionadas con esa actividad, así que se formó el caldo de cultivo para la criminalización de la guerrilla y la conversión de grupos políticos en bandas delincuenciales cuya existencia se justifica por ser un modus vivendi de sus propios miembros. Por supuesto, el enfrentamiento militar con la fuerza pública se desvirtuó y con ello la práctica violenta se dedicó sólo a garantizar su dominación en los territorios donde tenían presencia.

Consecuencialmente, la simpatía que hace cincuenta años despertaba la lucha guerrillera se transformó en motivo de odio y rechazo por parte de las comunidades y con ello quedó consagrado el fracaso de la lucha militar o sea que nunca se podrán tomar el poder; pues un requisito histórico del éxito de una revolución es el respaldo y apoyo masivo de las bases sociales sin el cual no es posible alcanzar el objetivo político. Hoy casi todos los colombianos sienten odio por la guerrilla y les complace cualquier idea que signifique su destrucción.

Así, en lugar de lograr los resultados políticos a favor de la izquierda y el cambio social, los efectos han sido todo lo contrario. Se ha fortalecido el pensamiento de extrema derecha, no porque la gente simpatice con las políticas que privilegian a los ricos y justifican la pobreza, sino por la reacción en contra, tampoco del proceso revolucionario como tal, sino de la conducta de los psicópatas que han dirigido esos grupos cuya argumentación política se sale de cualquier racionalidad histórica y más bien se han convertido en el factor principal del fortalecimiento del uribismo.

EL FÚTBOL EN LA GEOPOLÍTICA

La corrupción en el fútbol mundial se gestó desde que se comenzó la transmisión de los partidos por TV en 1970 y se entronizó en el Mundial de Argentina en 1978, cuando el mismo Dictador Videla le metió la mano para hacer campeón al país sede. Todos recordamos la increíble goleada al equipo peruano.

Los métodos corruptos tienen ya casi cuatro decenios y por supuesto, también deben existir al interior de los países afiliados a dicha federación, la que ha sabido blindarse para que los Estados no se metan en sus normas, con amenazas de desafiliación a las ligas que se dejen intervenir por parte del gobierno. Algunos han planteado que esa organización es privada y que pueden hacer con su dinero lo que les plazca; pero no se debe desconoce que el fútbol es asunto público y el Estado tiene el deber de regular y supervisar la actividad privada que se lucra con los bienes públicos. Algo así como lo que se hizo con Saludcoop y la Universidad San Martín  por el hecho de que la salud y la educación son asuntos públicos.

Surge entonces el interrogante de que si este problema existe desde hace cuatro decenios, por qué ahora, cuando se vienen dos mundiales en países por fuera de la órbita del Club Bilderberg es que revienta el problema y justo, USA, decide intervenir. Ya sabemos que Rusia, China y los árabes son los países que están obstaculizando la construcción del Nuevo Orden Mundial que las ocho familias propietarias de la Reserva Federal de USA quieren imponer para establecer un solo gobierno universal manejado por ellas y sus socios en los demás países del G7. También sabemos que los campeonatos mundiales de fútbol mueven miles de millones de dólares americanos que van a circular por la banca islámica o por otro conducto diferente a los organismos financieros controlados por la FED. Así mismo también se sabe que el país sede del torneo aprovecha siempre este evento para desplegar importantes acciones diplomáticas y de influencia internacional.

Por supuesto que esa corrupción de la FIFA y en general la de todo el fútbol incluyendo la interna en los países, es inaceptable y se debe combatir. Pero es peligroso salir de guatemala y caer en guatepior. No me puedo imaginar a la CIA utilizando operaciones encubiertas de alta tecnología para definir resultados de partido y torneos.  Está el riesgo de quedar este deporte-negocio politizado con efectos aún más perversos que los de los corruptos particulares. La elección del futuro presidente del organismo se convierte en un factor decisivo de alto riesgo, por los métodos y procedimientos de campaña que ya se están observando, impregnados de conductas alejadas de toda ética, como se ha visto en las acusaciones en contra de quienes han manifestado su interés en hacer campaña para la elección,  por lo cual siendo este deporte de interés público y de tanta popularidad, hay que rogar para evitar que se meta el fútbol en la geopolítica.

ELECCIÓN DE GERENTES PÚBLICOS

Por definición, gerencia es el arte de hacer que las cosas se hagan utilizando los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. Gerencia privada es aplicar dicha definición para elevar al máximo las ganancias de los propietarios de la empresa. Gerencia Pública es también aplicar la misma definición pero para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Si bien es cierto la Gerencia Pública es un invento neoliberal que tiene como propósito en última instancia bajar el gasto público para no distraer recursos fiscales cuya prioridad es el pago cumplido de la deuda, también es cierto que nadie se opone, ni siquiera discute, que los bienes públicos se debe manejar con eficiencia, eficacia y efectividad. Así que los neoliberales, para quienes la vida humana no tiene significado, tendrán que comer de su propio cocinado por que la estrategia política es hacerlos víctimas de su propio invento utilizando los principios gerenciales para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Además, por razones legales, es lo único que tenemos.

El capitalismo financiero internacional viene impulsando el cambio del tipo de Estado desde 1991 cuando se derogó el modelo burocrático para introducir el modelo gerencial, por lo cual se han dictado las leyes y decretos que constituyen el piso jurídico de la gerencia pública. Pero el proceso de transformación ha sido lento por muchos factores entre los que se destaca las particularidades del régimen político. Sin embargo, como las leyes son obligatorias, los organismos del Estado han hecho pantomimas y sainetes que muestran el aparente cumplimiento de la norma jurídica, pero sin ningún contenido técnico que refleje la modernización de la gestión pública. Para no ir más lejos, por ejemplo, han reducido el sistema operativo gerencial al simple diligenciamiento de formatos.

La tarea principal, por supuesto, es extraer de la norma jurídica el contenido técnico de la gestión gerencial y aplicarlo. El articulado de los decretos en sí mismo no dice nada; es necesario realizar la correspondiente traducción al significado técnico de la disciplina gerencial, para lo cual es indispensable que la cabeza mayor de la organización esté suficientemente comprometida y compenetrada en el proceso, cosa que no hacen; pues la gran mayoría de gobernadores, alcaldes, directores y gerentes, se dedican principalmente a hacer politiquería barata y a celebrar contratos con sus compinches. Mientras tanto, la administración del Estado se desmorona, con sus naturales efectos letales en materia de solución de problemas, satisfacción de necesidades y mejoramiento de las condiciones de vida para las comunidades, todo porque no ha existido una correcta elección de gobernantes territoriales por lo cual para el próximo mes de octubre se hace indispensable una verdadera elección de gerentes públicos.

LA IMPORTANCIA DEL APARATO PRODUCTIVO

Medir el comportamiento de la economía a partir de las cifras del PIB no es el mejor método. Al capitalismo internacional le interesa la tasa de crecimiento, que muestra la verdad aparente con base en la teoría de los precios, esa que se inventaron los marginalistas para contradecir a los clásicos, que distorsiona la realidad sobre la creación de valor y la sostenibilidad del sistema, pero que no muestra los verdaderos soportes de la economía en el largo plazo.

Recientemente y para no ir muy lejos, el caso de Venezuela es un buen ejemplo: no es tanto por la presencia de Maduro, como tratan de hacer creer los mercachifes de la comunicación de los grandes medios bogotanos, que la inflación en ese país tiene cifras escandalosas, sino por la estrechez de la oferta agregada que impulsa hacia arriba los precios de los bienes y servicios. El país vecino desde muchos años atrás, contando con la avalancha de dólares provenientes del petróleo, no se preocupó por consolidar un aparato productivo capaz de responder a los requerimientos de su propia demanda interna y se dedicó a importar la gran mayoría de productos; hoy cuando le llegó la escasez de reservas internacionales, no dispone con que pagar importaciones y lógicamente, la oferta se ha contraído y los precios se han disparado.

Ahora en Colombia vamos para allá, como consecuencia de la globalización y los TLC, según lo dijo el mismo presidente la ANDI. No sólo por la difícil tarea de fortalecer las empresas nacionales debido a la competencia extranjera, sino también porque las multinacionales ya instaladas en el país se están marchando para atender el mercado nacional desde sus plantas ubicadas en otro país que les ofrece mejores garantías. Aquí, con el agravante de que las reservas internacionales en su mayor porcentaje no es propio como producto de las exportaciones, sino que es postizo por la llegada de flujos de dólares ajenos de capitalistas extranjeros.

El esquema se repite a escala regional. Si los territorios no cuentan con un aparato productivo sólido, no es posible pensar en el desarrollo endógeno sostenible. Por eso es un reto para los gobiernos territoriales implementar estrategias que promuevan o impulsen el fortalecimiento de la base económica mediante procesos que dinamicen los sectores productivos. No obstante, en las propuestas de campaña de los candidatos a gobernación, no se aprecia con claridad si contemplan esta medida o si la pasan inadvertida. Los discursos son gaseosos, en abstracto, más un cúmulo de sanas intenciones, que un verdadero proyecto político que promueva el desarrollo regional, con horizonte en la dimensión social, por supuesto, pero que debe contar con la adecuada antesala en materia de desarrollo económico, la cual no puede ser otra, que el reconocimiento a la importancia del aparato productivo.

EL MÉTODO DE LA LEY SALPICÓN

En la literatura sobre teoría de la planificación, a la que Carlos Matus hizo los más importantes aportes, se aprecia la existencia de tres métodos básicos para planificar dentro de los cuales se permite aplicar diversas metodologías y técnicas, pero en todos los casos, de manera simple se coincide en que planificar es definir objetivos y determinar la manera de lograrlos. No obstante, según se deduce de los informes de la prensa bogotana acerca del plan de desarrollo del segundo gobierno Santos, el Congreso de la República, como órgano encargado de la aprobación, se dedicó a todo menos a aplicar los conceptos sobre planificación y el plan se redujo a un articulado de una ley a la que le metieron de todo como en botica.

En concordancia con los conceptos asociados a la planificación, el Capítulo II de la Ley 152 de 1994 reglamenta los aspectos del plan, que si bien es cierto no es un plan de desarrollo sino un plan de gobierno, dice en el Artículo 5º que este debe contener objetivos, metas, estrategias, políticas e instrumentos, los cuales deben someterse a los principios consagrados en al Artículo 3º de la misma ley. Pero lo que se deduce de la prensa es que el Congreso lo menos que miró fue este contenido y se dedicó a tramitar una ley que parece más una colcha de retazos que un instrumentos para crearle piso jurídico al plan. En lugar de ser la ley por medio de la cual se aprueba el plan, se convirtió en el plan mismo y el documento con todos los formalismos de la formulación se convirtió en “bases del plan”.

Pero lo grave desde el punto de vista técnico no es en sí esa distorsión, sino el trato que se le dio a la ley. Todo el que pudo aprovechó para meterle micos y degenerar la técnica de planificación que quedó reducida a un conjunto de normas sobre un cúmulo de materias, seguramente muy importantes, pero que no se acomodan a la coherencia que debe tener un plan la cual se logra mediante el marco lógico entre situaciones, causas, objetivos, estrategias e instrumentos, donde una norma legal cabe, siempre que sea necesaria como instrumento para ejecutar una estrategia. O sea que Bettelheim, Ander-Egg, Maseé, Lira, Martínez, Matus, entre muchos otros, perdieron su tiempo.

Lo malo es el mal ejemplo que dan al resto del país. Habrá que pensar en qué les dirán los profesores de esta materia a sus estudiantes en las universidades para confrontar sus enseñanzas teóricas con la realidad, si desde la Nación se atropellan las técnicas creadas en la academia y lo más grave, el próximo año que viene la avalancha de planes territoriales, que con ese antecedente, quedarán reducidos a un conjunto de articulados de ordenanzas y acuerdos dejando a un lado las técnicas recomendadas sobre planificación, o sea atropellando los métodos normativo, estratégico y prospectivo, todo por el ejemplo de la Nación donde predominó el método de la ley salpicón. 

ANACRONISMO DEL DERECHO

La idea generalizada es que el Poder Judicial es la carta de salvación de la gente cuando la sociedad cae en un grave estado de descomposición moral y ética, que hace muy difícil la vida humana en su seno; pero en Colombia cada día vemos múltiples casos de decisiones judiciales plagadas de absurdos e injusticias que hacen perder la esperanza de solución a los problemas de convivencia armónica entre los individuos de la especie asociados en este espacio común. Ante la pregunta a los jueces sobre las razones de sus decisiones, muchas de ellas apartadas de toda lógica, absurdas y hasta aberrantes, siempre la respuesta es que ellos han fallado en derecho. La conclusión es entonces, que los jueces son buenos pero el derecho es el malo. Así, obviamente habría que cambiar el derecho y actualizarlo a la realidad presente, para que los jueces sigan fallando en derecho pero sin atropellar a la sociedad.

En el conocimiento popular se considera que el derecho es el instrumento regulador de las interacciones humanas en el contexto social, que permite la convivencia de todos y la resolución de los conflictos derivados de estas interacciones o como dice el diccionario, que es un sistema de normas que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos intersubjetivos mediante un “conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social”. Por lo tanto, si esto es así, el derecho debe evolucionar paralelamente con los cambios que con el transcurrir del tiempo ocurren en la organización social.

Lo poco que sabemos sobre el tema, es que esta disciplina contiene fundamentos que datan de Antes de Cristo y otros de los siglos 17 y 18, época en que las interacciones humanas en el seno del conglomerado social eran distintas a las de hoy. Con la modernidad y más aun con la postmodernidad contemporánea, han surgido otros tipos de actos deteriorativos de la convivencia, otros sujetos violadores de la armonía entre humanos, otras conductas propias de la ideología reinante, otras formas y procedimientos de la acción delincuencial, nuevas modalidades y por supuesto, todos los efectos buenos y malos derivados de los avances tecnológicos como la microelectrónica que ahora hasta hace parte de la vida cotidiana. Pero temas como la prueba, la presunción de inocencia, los procedimientos, los formalismos, los agentes del delito y otros intríngulis que sólo conocen los abogados, quedan rezagados ante la realidad contemporánea.

De modo que ahora que se está discutiendo las reformas a las instituciones que administran la justicia supuestamente para mejorar la calidad de vida de la sociedad, que requiere de las reglas apropiadas para la convivencia y con ellos lograr la tranquilidad necesaria para la vida en comunidad, es también procedente que se entre a revisar la filosofía y la teoría que sustenta dicha administración para evitar los desfases históricos que conducen al país al anacronismo del derecho. 

EL VACÍO DE PROGRAMAS

Nuevamente este año electoral, en el que esperábamos algún cambio en la práctica política como consecuencia de la pérdida de imagen de los dirigentes, se repiten las manías ya tradicionales en el régimen democrático colombiano. Los aspirantes andan desesperados buscando el aval, ese artificio que las élites de poder crearon para cercenar la democracia y limitarla sólo a los círculos cerrados de la clientela y los borregos, sin el cual no es posible inscribir candidaturas; pues el cuento de las firmas se acerca más a la utopía que la posibilidad real debido a los altos costos y al tiempo necesario para lograrlas. Complementariamente, se dedican a realizar esfuerzos de la mecánica consiguiendo adhesiones de los microempresarios electorales, de cuya sumatoria depende el triunfo. Cada líder de barrio o vereda que maneja un grupo de electores pone su precio, por lo que el asunto político se reduce a la pura negociación mercantilista. No obstante, como dice Carlos Cañar, “La opinión pública les reclama propuestas y programas a los candidatos y, por lo que se percibe, la gente no quiere escuchar más de lo mismo. Es decir, no se refleja nada nuevo en el espectro político tanto en el escenario local como en el regional”.

Si bien es cierto la Ley 131 de 1994 establece la obligación de someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, las autoridades electorales y el ministerio público son tolerantes y los candidatos hacen caso omiso de la norma. Por lo general y para cumplir el requisito en la inscripción de la candidatura, el día anterior escriben en un papel cualquier barrabasada que refleja los compromisos de campaña o los discursos del candidato, pero sin ningún requisito metodológico para equiparar el programa a un proyecto político, como debería ser según los cánones de la gestión pública moderna.

No solo por mandado de la ley, sino porque la cabeza de proceso de todo ejercicio de planificación, como primera fase de la gestión, debe ser el proyecto político, una campaña respetuosa de la ciudadanía y de las instituciones, debe darle la relevancia e importancia que se merece el programa de gobierno. Pero esto no sucede. Pues nadie gana las elecciones con base en un programa sino a punta de votos y los programas no dan votos. Cosas de la cultura política criolla.

Por más que se insista ante la opinión pública en que la confrontación electoral no es entre candidatos sino entre propuestas, los electores se fijan más en la foto de los afiches que en las ideas que llevan en la cabeza, pero sobre todo, les interesa más los beneficios personales que les promete el candidato que el bien común que se obtiene de la elección, imponiéndose siempre el interés individual por encima del interés general, por lo cual a los candidatos no les importa dejar en su campaña el vacío de programas.