LA IMPORTANCIA DEL APARATO PRODUCTIVO

Medir el comportamiento de la economía a partir de las cifras del PIB no es el mejor método. Al capitalismo internacional le interesa la tasa de crecimiento, que muestra la verdad aparente con base en la teoría de los precios, esa que se inventaron los marginalistas para contradecir a los clásicos, que distorsiona la realidad sobre la creación de valor y la sostenibilidad del sistema, pero que no muestra los verdaderos soportes de la economía en el largo plazo.

Recientemente y para no ir muy lejos, el caso de Venezuela es un buen ejemplo: no es tanto por la presencia de Maduro, como tratan de hacer creer los mercachifes de la comunicación de los grandes medios bogotanos, que la inflación en ese país tiene cifras escandalosas, sino por la estrechez de la oferta agregada que impulsa hacia arriba los precios de los bienes y servicios. El país vecino desde muchos años atrás, contando con la avalancha de dólares provenientes del petróleo, no se preocupó por consolidar un aparato productivo capaz de responder a los requerimientos de su propia demanda interna y se dedicó a importar la gran mayoría de productos; hoy cuando le llegó la escasez de reservas internacionales, no dispone con que pagar importaciones y lógicamente, la oferta se ha contraído y los precios se han disparado.

Ahora en Colombia vamos para allá, como consecuencia de la globalización y los TLC, según lo dijo el mismo presidente la ANDI. No sólo por la difícil tarea de fortalecer las empresas nacionales debido a la competencia extranjera, sino también porque las multinacionales ya instaladas en el país se están marchando para atender el mercado nacional desde sus plantas ubicadas en otro país que les ofrece mejores garantías. Aquí, con el agravante de que las reservas internacionales en su mayor porcentaje no es propio como producto de las exportaciones, sino que es postizo por la llegada de flujos de dólares ajenos de capitalistas extranjeros.

El esquema se repite a escala regional. Si los territorios no cuentan con un aparato productivo sólido, no es posible pensar en el desarrollo endógeno sostenible. Por eso es un reto para los gobiernos territoriales implementar estrategias que promuevan o impulsen el fortalecimiento de la base económica mediante procesos que dinamicen los sectores productivos. No obstante, en las propuestas de campaña de los candidatos a gobernación, no se aprecia con claridad si contemplan esta medida o si la pasan inadvertida. Los discursos son gaseosos, en abstracto, más un cúmulo de sanas intenciones, que un verdadero proyecto político que promueva el desarrollo regional, con horizonte en la dimensión social, por supuesto, pero que debe contar con la adecuada antesala en materia de desarrollo económico, la cual no puede ser otra, que el reconocimiento a la importancia del aparato productivo.

EL MÉTODO DE LA LEY SALPICÓN

En la literatura sobre teoría de la planificación, a la que Carlos Matus hizo los más importantes aportes, se aprecia la existencia de tres métodos básicos para planificar dentro de los cuales se permite aplicar diversas metodologías y técnicas, pero en todos los casos, de manera simple se coincide en que planificar es definir objetivos y determinar la manera de lograrlos. No obstante, según se deduce de los informes de la prensa bogotana acerca del plan de desarrollo del segundo gobierno Santos, el Congreso de la República, como órgano encargado de la aprobación, se dedicó a todo menos a aplicar los conceptos sobre planificación y el plan se redujo a un articulado de una ley a la que le metieron de todo como en botica.

En concordancia con los conceptos asociados a la planificación, el Capítulo II de la Ley 152 de 1994 reglamenta los aspectos del plan, que si bien es cierto no es un plan de desarrollo sino un plan de gobierno, dice en el Artículo 5º que este debe contener objetivos, metas, estrategias, políticas e instrumentos, los cuales deben someterse a los principios consagrados en al Artículo 3º de la misma ley. Pero lo que se deduce de la prensa es que el Congreso lo menos que miró fue este contenido y se dedicó a tramitar una ley que parece más una colcha de retazos que un instrumentos para crearle piso jurídico al plan. En lugar de ser la ley por medio de la cual se aprueba el plan, se convirtió en el plan mismo y el documento con todos los formalismos de la formulación se convirtió en “bases del plan”.

Pero lo grave desde el punto de vista técnico no es en sí esa distorsión, sino el trato que se le dio a la ley. Todo el que pudo aprovechó para meterle micos y degenerar la técnica de planificación que quedó reducida a un conjunto de normas sobre un cúmulo de materias, seguramente muy importantes, pero que no se acomodan a la coherencia que debe tener un plan la cual se logra mediante el marco lógico entre situaciones, causas, objetivos, estrategias e instrumentos, donde una norma legal cabe, siempre que sea necesaria como instrumento para ejecutar una estrategia. O sea que Bettelheim, Ander-Egg, Maseé, Lira, Martínez, Matus, entre muchos otros, perdieron su tiempo.

Lo malo es el mal ejemplo que dan al resto del país. Habrá que pensar en qué les dirán los profesores de esta materia a sus estudiantes en las universidades para confrontar sus enseñanzas teóricas con la realidad, si desde la Nación se atropellan las técnicas creadas en la academia y lo más grave, el próximo año que viene la avalancha de planes territoriales, que con ese antecedente, quedarán reducidos a un conjunto de articulados de ordenanzas y acuerdos dejando a un lado las técnicas recomendadas sobre planificación, o sea atropellando los métodos normativo, estratégico y prospectivo, todo por el ejemplo de la Nación donde predominó el método de la ley salpicón. 

ANACRONISMO DEL DERECHO

La idea generalizada es que el Poder Judicial es la carta de salvación de la gente cuando la sociedad cae en un grave estado de descomposición moral y ética, que hace muy difícil la vida humana en su seno; pero en Colombia cada día vemos múltiples casos de decisiones judiciales plagadas de absurdos e injusticias que hacen perder la esperanza de solución a los problemas de convivencia armónica entre los individuos de la especie asociados en este espacio común. Ante la pregunta a los jueces sobre las razones de sus decisiones, muchas de ellas apartadas de toda lógica, absurdas y hasta aberrantes, siempre la respuesta es que ellos han fallado en derecho. La conclusión es entonces, que los jueces son buenos pero el derecho es el malo. Así, obviamente habría que cambiar el derecho y actualizarlo a la realidad presente, para que los jueces sigan fallando en derecho pero sin atropellar a la sociedad.

En el conocimiento popular se considera que el derecho es el instrumento regulador de las interacciones humanas en el contexto social, que permite la convivencia de todos y la resolución de los conflictos derivados de estas interacciones o como dice el diccionario, que es un sistema de normas que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos intersubjetivos mediante un “conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social”. Por lo tanto, si esto es así, el derecho debe evolucionar paralelamente con los cambios que con el transcurrir del tiempo ocurren en la organización social.

Lo poco que sabemos sobre el tema, es que esta disciplina contiene fundamentos que datan de Antes de Cristo y otros de los siglos 17 y 18, época en que las interacciones humanas en el seno del conglomerado social eran distintas a las de hoy. Con la modernidad y más aun con la postmodernidad contemporánea, han surgido otros tipos de actos deteriorativos de la convivencia, otros sujetos violadores de la armonía entre humanos, otras conductas propias de la ideología reinante, otras formas y procedimientos de la acción delincuencial, nuevas modalidades y por supuesto, todos los efectos buenos y malos derivados de los avances tecnológicos como la microelectrónica que ahora hasta hace parte de la vida cotidiana. Pero temas como la prueba, la presunción de inocencia, los procedimientos, los formalismos, los agentes del delito y otros intríngulis que sólo conocen los abogados, quedan rezagados ante la realidad contemporánea.

De modo que ahora que se está discutiendo las reformas a las instituciones que administran la justicia supuestamente para mejorar la calidad de vida de la sociedad, que requiere de las reglas apropiadas para la convivencia y con ellos lograr la tranquilidad necesaria para la vida en comunidad, es también procedente que se entre a revisar la filosofía y la teoría que sustenta dicha administración para evitar los desfases históricos que conducen al país al anacronismo del derecho. 

EL VACÍO DE PROGRAMAS

Nuevamente este año electoral, en el que esperábamos algún cambio en la práctica política como consecuencia de la pérdida de imagen de los dirigentes, se repiten las manías ya tradicionales en el régimen democrático colombiano. Los aspirantes andan desesperados buscando el aval, ese artificio que las élites de poder crearon para cercenar la democracia y limitarla sólo a los círculos cerrados de la clientela y los borregos, sin el cual no es posible inscribir candidaturas; pues el cuento de las firmas se acerca más a la utopía que la posibilidad real debido a los altos costos y al tiempo necesario para lograrlas. Complementariamente, se dedican a realizar esfuerzos de la mecánica consiguiendo adhesiones de los microempresarios electorales, de cuya sumatoria depende el triunfo. Cada líder de barrio o vereda que maneja un grupo de electores pone su precio, por lo que el asunto político se reduce a la pura negociación mercantilista. No obstante, como dice Carlos Cañar, “La opinión pública les reclama propuestas y programas a los candidatos y, por lo que se percibe, la gente no quiere escuchar más de lo mismo. Es decir, no se refleja nada nuevo en el espectro político tanto en el escenario local como en el regional”.

Si bien es cierto la Ley 131 de 1994 establece la obligación de someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, las autoridades electorales y el ministerio público son tolerantes y los candidatos hacen caso omiso de la norma. Por lo general y para cumplir el requisito en la inscripción de la candidatura, el día anterior escriben en un papel cualquier barrabasada que refleja los compromisos de campaña o los discursos del candidato, pero sin ningún requisito metodológico para equiparar el programa a un proyecto político, como debería ser según los cánones de la gestión pública moderna.

No solo por mandado de la ley, sino porque la cabeza de proceso de todo ejercicio de planificación, como primera fase de la gestión, debe ser el proyecto político, una campaña respetuosa de la ciudadanía y de las instituciones, debe darle la relevancia e importancia que se merece el programa de gobierno. Pero esto no sucede. Pues nadie gana las elecciones con base en un programa sino a punta de votos y los programas no dan votos. Cosas de la cultura política criolla.

Por más que se insista ante la opinión pública en que la confrontación electoral no es entre candidatos sino entre propuestas, los electores se fijan más en la foto de los afiches que en las ideas que llevan en la cabeza, pero sobre todo, les interesa más los beneficios personales que les promete el candidato que el bien común que se obtiene de la elección, imponiéndose siempre el interés individual por encima del interés general, por lo cual a los candidatos no les importa dejar en su campaña el vacío de programas. 

OTRA VEZ A LOS CAMPESINOS

Hace más de medio siglo, les tocó llevar del bulto a los campesinos. Los pobres por supuesto; porque los terratenientes casi no se perjudicaron, cuando desde la CEPAL se introdujo en Colombia el denominado modelo de desarrollo de “Industrialización por sustitución de importaciones”, que no era, ni más ni menos, que la llegada de las empresas multinacionales principalmente de USA, a disfrutar del mercado nacional debidamente protegido por el Estado, quien además, suministraba la infraestructura, los servicios complementarios a las empresas y también era socio en la inversión de riesgo. Fue la época en que se gestaron cuatro factores propicios para el desarrollo del caldo de cultivo que profundizó la violencia en el sector rural, que hoy todavía el país padece: privilegio estatal del sector industrial con el consecuencial abandono del sector agropecuario; amaño de la vocación guerrillera que existía desde años atrás formada por los grupos liberales; ilustración del ejemplo del caso cubano y concentración de la inversión urbana en cuatro ciudades a conveniencia de las multinacionales. Obviamente, pasados los 20 o 30 años de la vida útil de la inversión fija, ya terminado el retorno del capital y modificadas las condiciones de la economía mundial que dieron origen al modelo neocolonial, las empresas extranjeras se marcharon y al país sólo le quedó el desempleo y la violencia rural.

Ahora, en el segundo decenio del presente siglo, ante el afán del gobierno Santos de meter a Colombia en el club del capitalismo salvaje, vino al país una misión de la OCDE y después de dos años de análisis, el señor Ken Ahs de esa organización presentó el informe de recomendaciones o sea de las medidas que el sumiso y arrodillado gobierno colombiano debe aplicar, si es que quiere que le den entrada a ese selecto grupo de países que mucho beneficio les produce a los ricos especuladores internacionales del dinero.

Por supuesto, las acciones que recomienda la OCDE no son pensando en los intereses de los campesinos, sino en las conveniencias del capitalismo financiero internacional, por lo cual la política rural que de ese paquete se desprende no es ni más ni menos, que la fuerte penetración del enfoque neoliberal al campo colombiano. Paquete de medidas que no responde de manera consecuente y pertinente a los requerimientos y condiciones específicas de la realidad nacional, sino a las recetas internacionales que se acomodan a la disminución del gasto público, al aumento de los ingresos fiscales y al mejoramiento de las condiciones para que las multinacionales lleguen a explotar para su beneficio, nuestros recursos naturales. Como cambió el sistema económico mundial y con ello la realidad del mundo, también tiene que cambiar el sector rural para lo cual se deben adoptar las fórmulas que después de medio siglo, nuevamente darán duro golpe, otra vez a los campesinos.  

POR QUIÉN VOTAR PARA GOBERNADOR DEL CAUCA

Cuando en 1997 se adelantaba el proceso electoral para elegir Alcalde de Bogotá, a pesar de que había varios candidatos la campaña estaba polarizada entre Peñalosa y Moreno de Caro; un periodista le preguntó a Mockus que a cuál de los dos prefería y este contestó: “usted me puso a escoger entre el sida y la hepatitis B”.

A la fecha de hoy la situación electoral para la gobernación del Cauca es similar a la de la capital en esa época, por lo cual esperamos cambios para no tener que emular a Mockus ante una pregunta igual. Si bien hay algunos personajes chisgarabís que cuentan con aval y están sonando como aspirantes pero que  les falta mucho pelo para moño, hoy la campaña se muestra polarizada entre dos candidatos fuertes por los recursos que se dice ellos manejan: por una parte el representante de la planadora de la burocracia y los contratos y por la otra, según dice la prensa, el representante del dinero de financiar campañas y las influencias en Bogotá de gamonal de provincia.

En esas condiciones y si no entra a jugar un tercer aspirante que tenga los atributos apropiados para responder a la magnitud de la problemática departamental, los electores de este territorio se verán en aprietos frente al dilema de votar. Por supuesto, los votos cautivos de la clientela ya están definidos pero en ambos casos son insuficientes para alcanzar la mayoría necesaria en el triunfo. Por ello, es conveniente que los avales que aún quedan libres como el del Partido Verde, se asignen a un candidato que constituya una alternativa consecuente y razonable para tener por quien votar. Según informa la prensa, ya están ocupados los avales del Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Mais y Asi, de manera que todavía están libres los de Cambio Radical y Centro Democrático, que como se percibe, no tienen la envergadura de los anteriores, por lo cual es el Verde, que cuenta con congresista a bordo, el que puede llenar el vació de la tercería.

Así que Ospina y Navarro tienen la gran responsabilidad de ser coherentes con los postulados que dicho partido ha venido agitando desde tiempo atrás, ya que se dice que son ellos quienes manejan la llave del candado de la democracia en ese partido, que en nuestro régimen político se expresa en los avales, el mecanismo que las élites de poder inventaron para protegerse de que otros ciudadanos independientes tengan la libertad de aspirar a los cargos de elección popular.

No son muchas las personas que hoy cumplen con los requisitos preliminares para ser candidatos, porque para el efecto se necesita, entre otras cosas, conocimiento de la realidad, imagen pública, experiencia administrativa, coherencia en las ideas, carisma, antecedentes de honestidad y transparencia, voluntad de servicio, apertura mental, dotes de liderazgo, credibilidad y muchos otros más, atributos que existen en algunos caucanos que todavía quedan sin compromiso político, a quienes se puede acudir para seleccionar un candidato de categoría que garantice buena gestión, de modo que en las elecciones de octubre se pueda encontrar por quien votar para gobernador del Cauca.

EXISTE O NO EL DERECHO A LA REBELIÓN

Desde la antigüedad, en la época de Platón, se habló de los fundamentos del derecho a la rebelión, cuando este filósofo trató el tema de la tiranía. Luego en la edad media, autores como San Isidro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino, hicieron referencia al asunto, como cuando este último adujo que la resistencia a una autoridad injusta no es sedición. En la edad moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano emitida durante la Revolución Francesa, que incluyó de forma explícita el derecho a la resistencia; y de manera implícita en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, donde se lee que todos los hombres son iguales y están dotados por naturaleza de derechos inalienables y que para garantizarlos, se instituyen los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, pero que cuando la forma de gobernar se haga destructora de esos mismos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno. Ya en el mundo contemporáneo podemos examinar la carta fundacional de la ONU en la que no aparece expresamente consagrado este derecho, pero que en el preámbulo de manera tácita lo reconoce cuando dice que considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Pero a pesar de los tantos siglos en que se tuvo en cuenta este fenómeno político y que en las disciplinas jurídicas se tomó como un derecho que sustenta la legitimidad de la desobediencia civil, la protesta y la rebeldía contra un gobierno que no garantiza el cumplimiento de la ley natural para la conservación de la especie humana, en lo que va corrido del presente siglo el concepto se diluyó en la historia. Después de los hechos ocurrido en septiembre de 2001, que sirvieron de pretexto para justificar por parte de USA la interpretación amañada del Artículo 51 de la Carta de la ONU y con ello crear el concepto de “guerra preventiva” para promover a la fuerza su política exterior del “nuevo orden mundial”, cuando fue reemplazado el “comunismo” por el “terrorismo” como principal enemigo de la seguridad nacional de ese país, ya no se volvió a hablar más del derecho a la rebelión, sino que toda manifestación de desacuerdo con dicha política internacional del país del norte, fue denominada sin distinción alguna con el nombre genérico de terrorista.

Hoy que Colombia adelanta un proceso de negociación con uno de los grupos armados, esa dilución del concepto está enredando mucho la madeja. Uno de los factores del alargue, ya aburridor, de los diálogos en La Habana y la dificultad para poner de acuerdo a los actores, sobre todo en lo que se refiere a la llamada justicia transicional, radica en la embolatada que se pegó el concepto, por lo cual  los colombianos nos vemos hoy en la necesidad de que los pontífices de la ciencia jurídica definan y nos aclaren si existe o no el derecho a la rebelión.