LA LLAGA DE LOS CELULARES

El periodista Felipe Zuleta en su columna dominical de un diario bogotano, tocó el domingo pasado un tema que a más de la mitad de los colombianos le duele, pero que sólo se comenta en privado donde más que comentarios, se lanzan imprecaciones para desahogar la impotencia que las víctimas de los operadores de telefonía celular sufren cada mes, cuando les toca afrontar los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios que ellas llaman clientes.

La comunicación es un asunto público porque, como todo lo público, tiene origen en la ley natural que motiva el instinto de agruparse entre los individuos de la especie, para lo cual requiere de la comunicación. Pero siempre ha estado predominantemente privatizado, aunque se manifiestan fenómenos rarísimos en las características del sector institucional que regula el proceso social. Se ve un revuelto: por un lado, del papel del Estado, quien en ocasiones, asume la propiedad del medio a través del cual fluye la tecnología, o en otras, como propietario de instrumentos directos de comunicación; y por otro lado, la acción de los particulares quienes montan empresas con ánimo de lucro para sacar provecho individual de este asunto que por su naturaleza es colectivo. Dentro de esta sarta de rarezas se encuentra la supervisión de la telefonía celular que, como en todo lo público, el Estado debe ejercer a través de las superintendencias. A pesar de que existe una superintendencia de servicios públicos, a la telefonía celular la vigila la superintendencia de industria y comercio, que es más tolerante, más permisiva, más alcahueta y hasta cómplice, frente a los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios. Por lo general, ofrecen un servicio determinado a un precio y después incumplen lo prometido y elevan los cobros en las facturas mensuales. Ahora han inventado los funcionarios de la gerencia de fidelización de clientes, quienes desde el otro lado de la línea le ofrecen al usuario que se quiere retirar, esta vida y la otra para que no se vaya y después no cumplen.

No sé si antes algún periodista de la gran prensa bogotana había hecho referencia al tema; pero aprovechando la publicación de Zuleta Lleras, bien vale la pena poner sobre la mesa de la opinión pública el asunto porque los millones de usuarios de este servicio no pueden continuar sometidos a semejante perjuicio. Más cuando la atención es despersonalizada y los usuarios no tienen la oportunidad de dialogar con algún directivo responsable de las decisiones empresariales. La pasividad de los usuarios o víctimas de la telefonía celular debe ya actuar masivamente aprovechando alguno de los mecanismos que la ley permite para la defensa de los derechos tanto fundamentales del ciudadano, como los de consumidores que se consignan en el respectivo estatuto, ahora que desde un periódico capitalino el columnista metió el dedo en la llaga de los celulares.

DESASTRE DEL CAPITALISMO RENTISTA

Todas las especies vivas que existen sobre el globo terráqueo, movidas por la fuerza inercial de conservación de la vida, crean instintivamente los mecanismos e instrumentos para asegurar la supervivencia de la especie, bajo el principio de la ley natural. Por ello el homo sapiens movida por la ley de la naturaleza e impulsada por el instinto de conservación, ha creado los medios con los cuales se pretende conservar la especie.

Uno de esos instrumentos creados instintivamente por la ley natural, de la misma manera que otras especies animales como las hormigas o las abejas, es el sistema económico el cual, por motivos de que esta especie tienen cerebro, supuestamente razonable, ha sido interferido por el pensamiento, distorsionando los fines impuestos por los principios biológicos e imponiendo los intereses de la racionalidad humana. La economía durante los varios miles de años que tiene la especie, ha sido modificada en relación con la génesis del sistema sustentado en los principios de la naturaleza. Así, el sistema no garantiza la permanencia de la especie biológica suministrando los medios de subsistencia a todos y cada uno de los individuos, sino que a unos les entrega abundancia y a otros no les garantiza nada. Hoy sabemos por los medios de comunicación, que las cien familias más ricas del mundo poseen una fortuna superior a la sumatoria del PIB de los cincuenta países más pobres que albergan una población cercana a los setecientos millones de personas.

Pero también hoy vemos que, una vez más, la naturaleza presenta cuenta de cobro cuando se violan sus leyes. El Capitalismo Postindustrial, que ha desviado la esencia del sistema económico consistente en producir los medios de subsistencia haciendo de los valores monetarios un objeto de negocio y enriquecimiento sin producir ningún satisfactor de necesidades humanas, está propiciando su propia destrucción de manera catastrófica. Ha convertido al Estado en el marrano de engorde volviéndolo el cliente predilecto de los capitalistas especuladores y alejando esta entidad de su misión social, y así está llevando a la crisis a países del continente otrora rico y atractivo como Europa. La zona euro comienza el nuevo año con las mismas preocupaciones o más de las que tenían el año pasado, porque los especuladores del dinero han creído que basta con comprar títulos valores del Estado o de convertir a este en su deudor, para que sus capitales estén salvados, como si la capacidad de tributación de las comunidades fuera infinita.

Con ello, lo que está propiciando es el derrumbe financiero del Estado, a quien no les queda otra alternativa que recortar el gasto social y llevar hasta la miseria a las capas más pobres de la población. Se reducido el sistema económico a la compra-venta de papeles de valor sin contenido de satisfactores de necesidades y se ha convertido la situación de la economía en simple observación al riesgo que corren las inversiones de los especuladores y agiotistas; hay crisis económica si los tenedores de papeles están en riesgo y hay éxito, si ellos tienen asegurada su renta fija, haciendo de esto el mayor desastre del Capitalismo Rentista.

LOS DOS MORIBUNDOS POLITICOS DEL AÑO

Desde hace un siglo, en la teoría de la revolución socialista se decía que la toma del poder para implantar la dictadura del proletariado, sólo se podía realizar mediante la guerra armada por cuanto las clases dominantes se opondrían a esta toma, de manera que por la vía pacífica eso no era posible. Pero también se afirmaba que el primer requisito, indispensable para la toma del poder, era que el movimiento revolucionario tuviera amplio respaldo de las masas populares ya que de otra manera la insurgencia no podría conquistar el poder. Así, las fuerzas revolucionarias requerían de la simpatía y el afecto generalizado de la comunidad, además de la credibilidad en la fuerza revolucionaria y la confianza de que esa era la verdadera solución de las necesidades sociales.

Cuando en septiembre del año 2000, el Partido Liberal aprobó en su Asamblea Constituyente la plataforma política, muchos colombianos conscientes de que la opción del socialismo había fracasado porque este tipo de economía no permite el crecimiento económico, se ilusionó con que, por fin, había surgido en el país un partido que ofreciera la alternativa adecuada a los cambios de las estructura sociales y con propuestas consecuentes frente a la realidad socioeconómica. Horacio Serpa dijo en su discurso que esa organización había asumido el compromiso de abogar por los fundamentos socialdemócratas y complementó diciendo “Claro, somos socialistas modernos”. En el punto 12 de los principios doctrinarios dice que “La afiliación a la Internacional Socialista compromete al Partido Liberal a poner en práctica un proceso de democratización interna…”.

Lo anterior es la carreta y la palabrería. En Colombia, después de medio siglo de terca insistencia que va en contravía de la realidad histórica, jamás las masas populares y la comunidad ha respaldado, ha simpatizado, ha creído o ha tenido confianza en los movimientos insurgentes, de modo que nunca le han brindado el apoyo necesario para su triunfo. Por el contrario; si algún fenómeno político genera repulsión colectiva, es la guerrilla. Pero sus dirigentes son ciegos, tercos o irracionales, mejor dicho locos. No entienden la realidad histórica ni la cultura política nacional. De manera obstinada persisten en mantener una acción violenta que cada día desciende hacia el fracaso total no sólo por la acción de la fuerza pública, sino porque sus propias tropas están desertando en concordancia con la realidad del país.

De otro lado, ya a punto de terminar el año, el Partido liberal demostró que las ilusiones del año 2000 no pasaban de ser eso: mera ilusión. En uno de los actos más bochornosos y vergonzosos para quien presume ser la vanguardia de la política social, de manera amañada elige como director de la organización al hijo del “Padre del Neoliberalismo en Colombia”, quien lideró el abandono de las propuestas socialdemócratas eliminando así la única opción que tenían los colombianos de enfrentar políticamente a la derecha neoliberal. Simón Gaviria, un muchacho cuyo único mérito es ser hijo de su papá, quien seguirá en las mismas convirtiendo al Partido Liberal en uno de los dos moribundo políticos del año.

EL DESAFIO ES GRANDE

El Artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 mediante el cual el legislador establece la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio, le fija al departamento las tareas de establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, orientar la localización de la infraestructura física-social, integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas y la de articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio. Previamente, mediante la Ley 1450 de este mismo año que adopta las bases del plan nacional de desarrollo, había establecido que en “el marco de referencia para el análisis territorial se tomará como unidad de análisis el departamento”.

Por muchos años se había tenido a esta entidad territorial en el “cuarto de san alejo” institucional, afirmando algunos que se debía eliminar porque siendo el municipio la célula básica del ordenamiento del Estado en el nivel territorial, el departamento era inoficioso. Ahora con las dos leyes expedidas en este año, lo que vemos es que se “reencaucha” la entidad y por el contrario, se reviste de especiales funciones que le imprimen gran magnitud a la potencia de su capacidad de gestión y que a los gobernadores que inician período el próximo mes les toca estrenar.

Pero lo más relevante no es en sí mismo las funciones que le asigna la ley de ordenamiento territorial, como la de adoptar un plan de ordenamiento del territorio que imponga lineamientos a los municipios y la de definir políticas para los asentamientos poblacionales; el chicharrón tieso es que estas funciones las debe cumplir en el marco de los efectos del invierno que desde hace más de un año vienen arrasando el país. Según dijo el Presidente Santos a través de la TV, el invierno que está inundando el país no es un asunto transitorio que pasará y luego volverán los ciclos estacionales que siempre habían existido dentro de la curva de distribución normal. Señaló, y seguramente está bien documentado, que Colombia está ya afrontando los efectos del cambio climático universal los cuales son irreversibles.

Quiere decir lo anterior, que los paradigmas conocidos sobre ordenamiento territorial regional y la gestión del riesgo, ahora hay que revisarlos; y que al departamento como administrador territorial le toca asumir unas funciones para las que no está debidamente preparado, constituyendo esto para los nuevos gobernadores un asunto de gobierno donde el desafío es grande.

MALA EDUCACION

El artículo escrito por Edgar Papamija el pasado domingo en el Diario El Liberal, en el que transcribe las cifras sobre resultados de las pruebas de Estado para la educación secundaria y que permite sacar conclusiones sobre la calidad del servicio educativo en las instituciones del departamento del Cauca, sin duda coloca sobre la mesa múltiples reflexiones que dejan preocupada a más de una persona, sobre todo a padres de familia.

Para comenzar es necesario tener en cuenta que la educación privada no existe. La única educación que existe es pública, independientemente de que el propietario del establecimiento prestador sea el Estado o un particular. Después de la salud y la seguridad social, la educación es tal vez, el asunto más público entre todos los asuntos públicos, en razón a los lazos de dependencia con la génesis de lo público, sustentada en la ley natural.

La educación, siendo un asunto público, está privatizada desde la ley 115 de 1994, aunque mantiene camuflado el principio de la capitación, que aplica en las instituciones de propiedad estatal; pero el producto, concentrado en el PEI de cada “empresa” prestadora, es similar al POS de la también privatizada salud. Ni más faltaba que el Estado no se encargara de ayudar a los más pobres bajo el concepto neoliberal de subsidios a la demanda, los cuales por obvias razones, aplica en los establecimientos de su propiedad, aunque dentro de las estrategias de ampliación de cobertura, también ha entregado recursos a prestadores de propiedad privada.

Pero lo más preocupante no es el esquema que opera ya hace más de quinde años, sino el vacío que el Estado deja en los niveles territoriales, abandonando su función constitucional de ser el rector o regidor de los procesos sociales. Las secretarías de educación, departamental y municipales, se han dedicado a administrar recursos humanos, físicos y materiales, dejando de lado su verdadera función, de rectores del proceso social educativo. Para mover maestros, reparar edificaciones o comprar materiales, no se necesita tener una secretaría porque bien lo podría hacer la secretaría administrativa o la de hacienda. En este caso sobraría la secretaría de educación porque, una cosa es administrar los recursos del sector institucional de educación y otra muy diferente, es cumplir la obligación constitucional de liderar y orientar el proceso social educativo. No se necesita una secretaría para administrar recursos sino un agente del Estado que ejerza la rectoría del proceso social educativo.

El rol sociológico, doctrinario, constitucional y legal del secretario de educación departamental o municipal, es el de regir la política territorial educativa orientada al direccionamiento del proceso social educativo, que comienza en el vientre materno y termina cuando la persona muere. Independientemente de quien sea el actor prestador del servicio, la familia, las IE, el ICBF, o quien quiera que sea, oficial o privado, el verdadero ejercicio del gerente público es el de convocatoria, liderazgo, orientación, concertación y convergencia en una política pública con objetivos sociales de formación integral, conocimientos y desarrollo del capital humano concertada entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, en esa realidad que Edgar Papamija muestra en su artículo, no puede dejarse de lado la responsabilidad de los secretarios de despacho de los últimos años, cuyo papel mucho tiene que ver con la señalada mala educación.

LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO

No hay para educación, no hay para salud, no hay para pensiones, nunca hay plata para nada, no obstante que los colombianos pagamos cerca de ochenta billones de pesos en impuestos y al Estado le ingresan otros recursos por tarifas de servicios que vende, regalías, participaciones en negocios privatizados, etc. Pero las finanzas públicas siempre están en la olla.

Los casos de Europa son la prueba de que no es verdad que el Estado nunca quiebra y que por lo tanto la hipótesis del Capitalismo Financiero Internacional sobre la base del “rentismo”, tarde o temprano será un bumerán. Después de la experiencia de 1930 creyeron que bastaba con realizar sus inversiones especulativas comprando papeles del gobierno y con poner al FMI de guardián para hacer monitoreo a los Estados con el fin de asegurar que sus inversiones estuvieran protegidas. Pero les falló, según se deduce de Grecia, Italia, España, Portugal y los demás que van en la fila. Le montaron al Estado una estructura de financiamiento perversa, que sacrifica el gasto social en primer término y luego todo el resto de gasto público, con el fin de concentrar los ingresos corrientes del fisco prioritariamente en atender el servicio de la deuda, es decir a pagar cumplidamente los intereses y el principal de los especuladores del dinero. El esquema era supuestamente sencillo, pues bastaba con privatizar los bienes públicos para que la comunidad comprara sus servicios, en lugar de que el Estado los brinde gratuitamente como contraprestación de los impuestos. Con ese fundamento implantaron el Estado Social de Derecho, para que el Estado se limite a garantizar derechos a la gente pero no a ofrecerle los satisfactores de sus necesidades, las cuales los ciudadanos deben solucionar individualmente cada uno como pueda. El Estado escasamente brinda de manera focalizada, subsidios a la demanda para los más pobres.

Pero el esquema les falló. Se olvidaron los capitalistas rentistas agrupados principalmente en la diversidad de fondos de inversión y agentes del mercado de capitales, que la capacidad tributaria de la sociedad es limitada y que depende del volumen de Excedente Económico o ahorro social disponible, el que a la vez, depende del la fortaleza del aparato productivo. Igualmente olvidaron que las necesidades sociales son cada vez mayores y que por más ideas de conformismo y resignación que quieran meter a través del pensamiento cristiano, las necesidades tienen una capacidad de aguante y que al final revientan a manera de protesta social como forma de liberar la energía colectiva represada, como lo estamos viendo en muchos lugares del mundo y recientemente en Colombia con la protesta estudiantil que exige educación gratuita o por cuenta del Estado. Ya se está cayendo el modelo y por más que se reúnan en el G-20 o los banqueros, o la UE o quien sea, el fracaso como inversión o negocio es inevitable por un lado, mientras por el otro la protesta social se expande y se incrementa, la cual sólo es posible frenar, si se cambia la estructura de financiamiento del Estado.

LA ESPERANZA DEL BUEN GOBIERNO

Pasadas ya todas las adversidades del proceso electoral, incluida la guerra sucia que este año fue escabrosa pero sin efectividad, comienza una nueva preocupación que ya deja escuchar comentarios y que se relaciona con la expectativa sobre lo que será la labor de los nuevos gobernantes territoriales. El comentario generalizado hoy es el de “ojalá haga un buen gobierno”.

El cuento del buen gobierno fue popularizado por Juan Manuel Santos desde finales del siglo pasado y hasta creó una fundación con ese nombre. Hoy es un capítulo del plan de desarrollo nacional al que le asigna bondades en materia de soporte transversal del plan, trascendiendo la concepción popular del término y señalando los principios que deben aplicarse en el ejercicio del poder.

Lo cierto del buen gobierno según los conceptos del PND y los de otros autores, es que los gobernantes territoriales deben dejar de tomar decisiones basadas en el sentido común. Los asuntos públicos son demasiado importantes y de tanta trascendencia como para que, en esta situación de crisis, gobernadores y alcaldes sigan gobernando como hasta ahora lo han hecho, basados en el subjetivismo de sus criterios personales u obedeciendo intereses parcializados de carácter politiquero. Si lo privado se maneja con paradigmas objetivos y técnicos, con mayor razón lo público, que es sagrado, se debe manejar con modelos de gestión acordes con la naturaleza de lo público y consecuentes con la dignidad humana. Alcaldes y gobernadores que se olviden ya del sentido común y sus caprichos personales para gobernar, que lo público no se debe administrar como un puesto de dulces en el semáforo.

Hoy, por fortuna, existen suficientes leyes y decretos que establecen el piso jurídico adecuado para implantar esquemas organizacionales y operativos acordes con el buen gobierno. No necesariamente sustentados en el paradigma privado y el “gerencialismo” de corte neoliberal derivado principalmente en la doctrina japonesa, sino recurriendo al enfoque heurístico que caracteriza la nueva gestión pública y que permite el equilibrio entre la racionalidad burguesa y los fundamentos de la ley natural que soportan la esencia de lo público. Para hacer buen gobierno, los gobernadores y alcaldes no deben inventarse nada; basta con aplicar las herramientas disponibles creadas por ley y reglamentadas por decreto, para que el primer fin esencial del Estado, que es el servicio a la ciudadanía, logre colmar las expectativas de la gente, al tenor de la gerencia pública, que difiere sustancialmente de la tradicional gerencia privada que el capitalismo vienen aplicado desde hace dos siglos. Y por el contrario, dejar de cumplir las leyes y los reglamentos en materia de gestión pública, no solo deja frustrada a la ciudadanía sino que expone al gobernante a sanciones de parte de los organismos de control.

Esperamos por lo tanto que los gobernantes territoriales elegidos el domingo pasado tengan el sano criterio de cumplir fielmente las leyes vigentes en materia de operación, control y satisfacción de los requisitos del ciudadano, para que de esa manera dentro de cuatro años se haya colmado lo que hoy es la esperanza en el buen gobierno