EL DERRUMBE DEL PAÍS

Quienes nacieron después de 1980, no conocieron el capitalismo clásico con el Estado del Bienestar, que existía antes de esa fecha, con políticas económicas de pleno empleo y políticas sociales humanistas. Ya su vida la han pasado dentro del capitalismo neoliberal y es lo único que conocen, motivo por el cual, les parece muy extraño y estrambótico, que hoy el gobierno actual esté tratando de desmontar las políticas neoliberales y de recuperar algunos aspectos de la función natural y biológica de la Rama Administrativa del Estado, con sentido humanista y orientado hacia el bien común. 

Desde 1958, y probablemente desde antes que no me consta, el gobierno ha estado en manos de las elites familiares, las castas y los clanes políticos que siempre han administrado la cosa pública para su propio beneficio y que ahora, en este siglo, además, aprovechando la privatización neoliberal de los bienes públicos, se han aprovechado con más fuerza para sacar las tajadas que engordan sus bolsillos. Entonces, cuando se sienten afectados sus intereses, ya sea porque cambia de mano el manejo de los recursos públicos o porque se les impide mantener el saqueo tradicional, arman el escándalo y utilizan sus aparatos ideológicos y equipos mediáticos para defender sus intereses, distorsionando la verdad ante la opinión pública, señalando otros motivos para el ataque, diferentes a la defensa de sus propios intereses. 

Cuando montaron el modelo neoliberal, que inició Virgilio Barco y consolidó Gaviria, no hubo escándalo, porque lo vendieron como la gran transformación histórica, que, a palabras de Gaviria, era el “bienvenidos al futuro”, que el mundo recién estaba conociendo y que se había basado en un ataque feroz al Estado del Bienestar, para imponer el modelo neoliberal, distorsionando o transformando el Estado Social de Derecho que inicialmente habían creado los alemanes en los años treinta.

Ahora, que el neoliberalismo está empotrado en la conciencia de la ciudadanía y que dispone de tecnología eficaz en las comunicaciones, aprovechan sus beneficiarios desplegando, también un ataque feroz, para defender sus privilegios, hoy, además, contaminados con la corrupción más putrefacta. Que se defiendan sus negociados está bien; es la conducta normal del ser humano; pero que no escondan los verdaderos motivos de su campaña de desprestigio al gobierno, que está desmontando las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho a la comunidad nacional, principalmente por la descomposición social y la desintegración familiar, derivadas del desempleo, la concentración de la riqueza y el saqueo a los bienes públicos. Están presentando las propuestas de modificación a las políticas neoliberales como una tragedia, que para muchos es verdad porque solo conocen esta modalidad de capitalismo; pero si se profundizara en el análisis objetivo de la situación, se podría comprender que es una falacia lo que están presentando como el derrumbe del país. 

EL DAÑO DEL GERENCIALISMO

Desde 1991 viene Colombia adelantando un proceso de transformación del modelo administrativo del Estado, pasando del modelo burocrático que imperó durante gran parte del siglo pasado, a la implementación del modelo gerencial, que debió tomar fuerza ya en el presente siglo. Pero hoy, en el tercer decenio del siglo, el balance es más desfavorable que favorable en materia de eficacia, eficiencia y efectividad, representada, esta última, en la solución de necesidades y problemas sociales, como rezan los fines esenciales del Estado. 

Si queremos encontrar un culpable, debemos fijar la mirada en el DAFP, cabeza del sector institucional del ramo, de donde parten las orientaciones sobre los procesos de ajuste de la gestión pública. El organismo toma de manera dogmática las recomendaciones del CLAD y con ello promueve el establecimiento de modelos y mecanismos administrativos en todos los organismos de la rama administrativa del poder público. Desconoce el DAFP, o se hace el bobo, que la administración pública es una ciencia y que como tal, contiene el método científico; tampoco reconoce que la ciencia es un medio intelectual y académico que cumple requisitos epistemológicos, mientras que la rama administrativa es un conjunto institucional que se rige por normas jurídicas, pero que tienen la obligación, si quiere, de aplicar criterios científicos en los procesos y procedimientos que le dan vida a las normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. 

Para implementar el nuevo modelo de hacer administración pública, han tomado, calcado o copiado, al pie de la letra, el paradigma privado y a raja tabla, han introducido al interior de la administración pública las herramientas propias para navegar en el mercado, tal como lo hace la empresa privada, que es de propiedad privada y que produce bienes y servicios privados. No se detuvieron a reflexionar que los bienes y servicios públicos tienen otra dimensión diferente, donde el paradigma del mercado, copiado al pie de la letra, no genera los alcances adecuados en los instrumentos concebidos y diseñados para maximizar las ganancias de los empresarios. 

Retomaron de la gerencia privada de los años cincuenta y de los años ochenta los parámetros, aplicados principalmente en las empresas norteamericanas, y los tratan de meter a la brava en el sistema operativo de las empresas que producen bienes públicos y que pertenecen al Estado. Es el enfoque “gerencialista”, que, transcurrido un cuarto de siglo, desde la Ley 489 de 1998, no ha dejado los frutos esperado en materia de satisfacción de necesidades y problemas de la comunidad, ni de mejoramiento de las condiciones de vida, como le corresponde al organismo rector de la sociedad. En lugar de crear un paradigma, que tome los fundamentos gerenciales, pero adecuados a la función pública, que se adapten a la realidad específica tanto del país como de las características de los bienes públicos, insisten en calcar el enfoque privado al pie de la letra, más con sentido gerencialista, que con el propósito de crear un paradigma propio de gerencia pública.

Y para agravar la situación, la ESAP, establecimiento público creado con funciones universitarias y que por lo tanto está obligada a contribuir al desarrollo científico de la administración pública, se mantienen aislada de la realidad de la Rama Administrativa, el sitio donde se aplican los productos académicos que deben salir de dicha escuela, dejando a la deriva el proceso de transformación del Estado y tolerando en el ejercicio institucional el daño del gerencialismo.  

EL MEOLLO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ

A los neoliberales les cuesta mucha dificultad entender el tema social de la pensión de vejez, porque su enfoque es puramente financierista y han reducido el caso a un ahorro privado, que se acumula durante la vida laboral del individuo y se le retorna cuando llega a la edad establecida por la ley, independientemente de que esta edad sea o no la más adecuada para recibir la retribución. Siempre financierista y siempre privado. 

Pero existen otros enfoques sociológicos para abordar el análisis del fenómeno de las pensiones, como por ejemplo el que se sustenta en el marco conceptual del Desarrollo a Escala Humana, que se aleja del financierismo y le imprime un tratamiento a la vejez con sentido humanista. En este caso, la pensión es un satisfactor de la necesidad humana de protección, que todos los individuos vivos de la especie, requieren cuando han llegado a la tercera edad y su capacidad humana ya no puede ser productiva. Como todos los individuos de la especie llegan algún día a esta situación y como la necesidad no es un capricho creado por la mente humana sino un requerimiento biológico creado por la ley natural, ese satisfactor de protección es de carácter público, independientemente de que el satisfactor lo administre el Estado o una entidad privada. Es decir, la pensión no es privada y siempre será pública, debido a su origen biológico, en concordancia con los principios filosóficos y sociológicos del Estado Moderno. 

En cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política, el organismo debe establecer un mecanismo para el manejo social de este bien, que compete y les interesa, a todos los individuos del conglomerado social. Dicho mecanismo es, y debe ser, público, porque trata de la solución de una necesidad básica humana creada por la ley de la naturaleza. Por supuesto, dicho mecanismo incluye un componente de financiamiento que implica aportes de los mismos individuos durante el tiempo de su etapa laboral y también del Estado, con recursos provenientes de los impuestos. En ambos casos, los aportes al financiamiento son de carácter público, así salgan de los bolsillos de los mismos cotizantes; es una contribución individual para el financiamiento de un sistema de interés general que compete a todos, como reza la definición de lo público. Una vez hecho el aporte del cotizante, ese dinero se convierte en público y hace parte del patrimonio público porque entra al mecanismo público mediante el cual se financia el pago de la pensión a quienes lo requieren por razones de su edad; simultáneamente, crea su acreencia para tener derecho a percibir su pensión cuando sea necesario. Y así, el monto de la pensión no debe estar condicionada a la cuantía de los aportes, sino a las características de la necesidad humanas, fundamento humanista que, por supuesto, es de difícil aplicación por razones de viabilidad financiera. 

Pero los neoliberales no entienden ese enfoque humanista de la política pública de amparo a la vejez; para ellos, los bienes públicos deben ser privatizados, tanto el operador del sistema, como los recursos para su financiamiento y por eso su propuesta es que el cotizante realice un ahorro privado que luego se le retorna cuando sea mayor. Eso, por supuesto, no es una pensión de vejez de carácter público sino un esfuerzo privado para sí mismo, lo cual se aleja de la esencia de los bienes públicos y el enfoque a escala humana de las condiciones de vida, ya que todas las personas deben contribuir a la solución de las necesidades de todos, sometiendo el interés individual por debajo del interés general y el bien común. 

En esas condiciones, el debate que actualmente se lleva en Colombia sobre la reforma al sistema pensional, nunca tendrá un acuerdo porque se habla un lenguaje diferente. Mientras se siga discutiendo en términos neoliberales, nunca habrá solución social y humanista. Si la discusión se realiza en el escenario neoliberal, siempre el peso de la propiedad privada y el enfoque financierista será privilegiado y brindará los argumentos para las decisiones que finalmente se adopten para el diseño de la política y se mantendrá escondido ante la opinión pública, el meollo de la pensión de vejez.

OTRA VEZ LÓPEZ EN EL DNP

 Desde 1958, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido el enclave en la institucionalidad colombiana para introducir las políticas y medidas que convienen y favorecen a los núcleos de poder económico que gobiernan la economía mundial. En esa época, se trataba de implantar las relaciones internacionales neocolonialistas, ingeniadas por los industriales de los países triunfantes en la segunda guerra, para extender las empresas multinacionales hacía los países que en ese tiempo llamaban del tercer mundo. En Colombia, a través de la CEPAL, se inyectó el denominado Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, con el cual se modernizó la economía y se concentró el “desarrollo” en cuatro polos que hoy padecen los cinturones de miseria y descomposición social. Por fortuna, era la época del capitalismo clásico con predominio del sector industrial y sustento conceptual en la teoría keynesiana, por lo cual el empleo era el principal propósito de la política macroeconómica, así que los puestos de trabajo eran abundantes. 

Pero en 1980 la modalidad de capitalismo cambió y se introdujo el capitalismo rentista cuyos núcleos de poder económico que gobiernan la economía mundial, ya no son industriales sino rentistas organizados en fondos y a quienes llaman inversores. Pero el DNP siguió cumpliendo su misión, o sea la de obedecer a las fuerzas internacionales, tarea que cumplen acogiendo las directrices de los organismos multilaterales como el FMI, el BM y el BID, que son controlados por esos mismos núcleos de poder. 

En la época del presidente Samper, a quien los neoliberales le tenían temor porque había dicho en campaña que le iba a poner corazón a la apertura y presentó una propuesta de alto contenido social, El Salto Social, el organismo de planeación se convirtió en un “palo en la rueda” para Samper insistiendo a toda costa introducir el enfoque neoliberal en la política social, en contra del enfoque humanista que, por esa época, promovía el partido liberal. La Unidad de Desarrollo Social (UDS) estaba a cargo de Jesús Duarte, un funcionario proveniente del BID, que se acompañaba de la llamada Misión Social. 

Fue cuando, después de varios episodios que mostraban el obstáculo del DNP frente a las directrices de la presidencia, Samper retiró del cargo al director del departamento y procedió a designar a Cecilia López, persona de confianza del presidente, como directora del DNP. Por supuesto, los críticos y principalmente los neoliberales, pusieron el grito en el cielo con el argumento de que la señora López no era tecnócrata, como para ocupar un cargo eminentemente técnico, lo cual es muy discutible. Porque la tecnocracia es el argumento para sustentar la injerencia de las fuerzas internacionales en la definición de políticas y programas neoliberales.

Ahora estamos presenciando un episodio similar, aunque no igual. Sigue el DNP obedeciendo a las directrices neoliberales que se oponen a los ajustes progresistas en las políticas nacionales, por lo cual el director del departamento, que no es un cargo técnico sino de direccionamiento estratégico, debe ser ocupado por un perfil que entienda y comprenda el compromiso del gobierno actual de redireccionar las políticas neoliberales hacia objetivos de mayor contenido humanista y democrático. El gobierno ha designado a otro personaje López, esta vez a Alexander, y probablemente también se dirá que no es tecnócrata. Pero la cabeza del departamento es para implantar el direccionamiento estratégico de la entidad, de modo que los ejecutivos, estos sí técnicos, puedan aplicar sus métodos e instrumentos de gestión en concordancia con la dirección de políticas institucionales, de ahí que en el caso del presidente Petro y similar a lo del presidente Samper, se repite que otra vez López en el DNP.  

EL DESVÍO DE LA CONFRONTACIÓN POLITICA

Es lamentable el escenario que han construido los principales acores de la novela política colombiana, que ha llegado a niveles tan bajos, que está poniendo en riesgo la estabilidad institucional y la convivencia pacífica de la población, ya, por cierto, bien deteriorada como consecuencia de las tres décadas de políticas neoliberales agravadas con los efectos de la ideología de la postmodernidad; pero, tras de gordo, hinchado.

Desde cuando terminó el comunismo primitivo, que la mitología cristiana llama paraíso terrenal, y surgió el modelo de producción esclavista, la especie humana ha estado polarizada en dos bandos que actúan con base en sus intereses, en concordancia con el instinto natural y, particularmente en Colombia, desde 1810 cuando apareció la Patria Boba, siempre ha estado presente el conflicto en la historia nacional. Pero ahora, desde el año 2023, la situación ha llegado a extremos lamentables por la confrontación entre los neoliberales, representados por los partidos tradicionales, y los humanistas, representados por los movimientos progresistas.

El caso sería normal, como lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, si no fuera por la actitud y formas con que se manifiesta la confrontación. En ambos bandos toman posturas sectarias, motivadas, más por el dogma que por los conceptos y el pragmatismo frente a una realidad objetiva; ya previamente los actores tienen legítimamente su postura política definida, de modo que ningún argumento les va a convencer de la postura contraria, por lo cual la discusión es insulsa. Pero lo grave es que los ataques y defensas de ambos bandos, se sustentan en posiciones subjetivas movidas por sus propias pasiones y totalmente alejadas de las condiciones objetivas de la realidad concreta.

No se presentan ni muestran argumentos sólidos basados en hechos reales, sino mentiras, suposiciones y distorsiones de la conducta de los protagonistas del proceso político. Para atacar y defender, se tienen en cuenta la propia concepción previa y juicio subjetivo sobre el antagónico, en lugar de los hechos y la utilización de conceptos técnicos para juzgar, por lo cual el clima se ha calentado tanto, que ya invoca altos riesgos sociales derivados del desvío de la confrontación política.

EL RETO DEL MININTERIOR

 El PND Colombia Potencia de la Vida es el único compromiso serio del gobierno para ejecutar durante el período constitucional, ya que es una ley de la república de obligatorio cumplimiento; ahí se consignan las acciones que se deben realizar en el ejercicio gubernamental y se destacan los aspectos relacionados con la democracia participativa y la descentralización política, que han sido un discurso escuchado durante más de 30 años pero que no se manifiestan en la realidad de la gestión pública. El gobierno contempla la intervención de la organización comunal y en general de las organizaciones de base, en la ejecución de los programas principales del plan de gobierno. 

No obstante, la voluntad del ejecutivo no basta para que este propósito de haga realidad, ya que existen elementos de carácter práctico, operativos, que son, en últimas, los factores que determinan la viabilidad real de las políticas gubernamentales. El interrogante obligado es sobre, cuál es la idoneidad o la capacidad organizacional, el equivalente a la capacidad institucional de los organismos públicos, que poseen las organizaciones de base como para que asuman la tarea de ser ejecutores de programas de gobierno en el ámbito local. Lo cierto es que esta capacidad o idoneidad para ser protagonistas en la gestión pública es muy limitada. Tanto en aspectos administrativos como operativos y técnicos, en el momento presente las organizaciones de base, en su mayoría, no cumplen con los estándares mínimos para asumir el papel correspondiente en esta materia.

Así que el gobierno debe comenzar por el principio, si no quiere que fracasen las políticas del PND, lo cual significa adelantar primero una fase de fortalecimiento de la capacidad operativa de las organizaciones de base, para luego sí, que estas puedan entrar en la gestión de proyectos públicos. Por supuesto, revisando la estructura administrativa del orden nacional, corresponde al Ministerio del Interior asumir la responsabilidad del fortalecimiento de la capacidad operativa o el equivalente a la capacidad institucional de los entes públicos, si de verdad existe la intensión de avanzar en la construcción de la democracia participativa, lo cual quiere decir que, aunque la responsabilidad y carga del plan de gobierno es de toda la Rama Administrativa del Poder Público, por razones de su competencia el prólogo del proceso se convierte en reto del Mininterior.  

AFUERA PETRO

Revisando los hechos históricos desde la antigüedad y con mayor razón los del último siglo, se observa con claridad que los fenómenos mundiales o internacionales, están por encima y son determinantes de los hechos al interior de los países en los asuntos relacionados con ellos. Se aprecia que los centros de poder mundial ejercen influencia y dominio sobre los procesos internos y que estos finalmente se someten a aquellos.

Si esa ley histórica se cumple, el próximo presidente de Colombia no será progresista, sino salido del otro bando y prevalecerá el péndulo que en las últimas cuatro décadas se ha observado en los países de Latinoamérica. Solo cuando se derrumbe la modalidad del capitalismo rentista con el poder concentrado en los fondos, como Black Rock, por ejemplo, y regido por la FED, que se sustenta en la doctrina neo-neoclásica y su derivado neoliberal, se podrá implantar en los países dependiente un cambio del modelo económico y social, que se sostenga y perdure en el largo plazo, hasta llegar a su propósito de condiciones de vida y dignificación humana , como lo quiere el progresismo.

El capitalismo financiero internacional ha implantado los mecanismos e instrumentos para ejercer la dominación global, los cuales son muy potentes y están blindados con normas constitucionales y del derecho internacional, de modo que se convierten en un obstáculo para que los Estados, en su conjunto o sea las tres ramas, puedan aplicar políticas que permitan solucionar estructuralmente los problemas sociales y satisfacer las necesidades del pueblo.

Comenzando por el Banco de la República que raptaron mediante norma constitucional y lo colocaron a su servicio a través del BPI de Suiza, convirtiéndolo, además, en autoridad económica por encima del gobierno, el cual con su política monetaria de freno a la inflación para beneficiar a los rentistas que colocan su inversión en papeles de renta fija, propicia el desempleo masivo que afecta la situación social. Luego lo protegieron con normas que solo una asamblea constituyente puede modificar, esta que los mismos centros de poder global, siempre impedirán por miedo a que les tumben su poder.

El negocio del rentismo internacional, es mantener al Estado sometido al mecanismo de financiamiento que ellos han impuesto a través de los mercados de capitales, haciendo del Estado un deudor continuo y permanente, que no se puede escapar de sus garras y se mantiene esclavo de la deuda; porque propiciaron la implantación de una estructura de financiamiento donde el organismo queda amarrado a la deuda y debe destinar más de la mitad de los ingresos tributarios al pago de las obligaciones, limitando al gobierno por escases de recursos, para atender las necesidades sociales y de inversión. Para complementar, crearon el cuento de la “regla fiscal”, con la que aseguran que el gobierno destine prioritariamente los recursos de los impuestos, para atender las obligaciones con los acreedores. Así, al gobierno no se le permite implementar las políticas sociales necesarias para el cambio, por limitaciones fiscales que no pueden evadir. Y si trata de aplicar programas sociales, por algún lado, atacan las propuestas con el argumento falaz del “populismo”, cuyo concepto ha sido distorsionado y lo utilizan de manera peyorativa contra los principios del Estado de Bienestar, que se impuso en la mitad del siglo XX. Para complementar el dominio internacional, se ha establecido el monitoreo periódico del FMI y los acuerdos de Basilea mediante los cuales el BPI ejerce su dominación sobre el banco central. Adicionalmente, y para mantener el sometimiento del Estado al servicio de la deuda, se inventaron otros instrumentos como las calificadoras del riesgo (Moody’s, Estándar & Poor´s, Fitch Ratings), con las cuales hacen “terrorismo” fiscal contra algún gobierno que pretenda escaparse de su secuestro.

Pero hasta aquí, solo se ha señalado una fracción del conjunto de factores que limitan al gobierno para realizar los cambios, que espera con afán la comunidad nacional en corto plazo y que exasperan el ánimo cuando no llegan rápido las soluciones deseadas.

Además de los mecanismos permanentes, los núcleos de poder internacional no se quedan de brazos cruzados cuando su domino está en riesgo. Meten todo el billete que sea necesario a través de las ONGs que poseen para tal efecto, como ocurrió en 1990 con el IIE (hoy Instituto Peterson) fundado en Washington en 1981, que influyó el cambio de la constitución política en Colombia, para poder secuestrar en banco central con la complicidad de Cesar Gaviria. Cualquier intento de cambio en el país que vaya en contra de los intereses globales, será frenado con el auspicio y la financiación de fondos provenientes del exterior, que manejan los organismos civiles alimentados con donaciones de los grandes grupos financieros. Y no hemos citado el cinturón de la OMC que aprieta desde afuera, ni el enclave de FEDESARROLLO, el esbirro que mete cizaña desde adentro para la conservación del régimen.

Pero también hay fenómenos internos que impiden el cambio a la velocidad que la ciudadanía espera y necesita, de modo que la impaciencia empuja procesos electorales desesperados, que terminan en contravía de las verdaderas soluciones al descontento social. No solo es la acción inmoral y antiética de los neonazis, que utilizan métodos depravados para atacar al gobierno presente con el fin de dañar la imagen pública mediante la falsedad que condiciona la opinión de la ciudadanía, similar a la propaganda nazi de Goebbels, sino también que el soporte político del gobierno, presenta debilidades como para enfrentar la magnitud de las fuerzas opositoras nacionales e internacionales.

Históricamente, la cultura política colombiana es caudillista y los procesos electorales no se sustentan en una plataforma ideológica que contenga propuestas de gestión y políticas públicas, sino en el nombre y cualidades de un personaje. De otro lado, el desempleo y la pobreza generalizados por culpa del modelo neoliberal que ha imperado en los últimos 30 año, generan una acción política espontánea y reactiva de horizonte coyuntural, que facilita la manipulación del voto mediante cualquier prebenda; situación que aprovechan los tenedores del gran capital para comprar la conducta del elector y alcanzar las cifras electorales deseadas.

El actual gobierno no llegó al poder montado sobre una estructura organizacional con soporte ideológico fuerte y de gran cobertura, sino como resultado reactivo de la situación de descontento acumulada durante lo que va del presente siglo, que había sido originada en el desempleo y la pobreza generalizada propios del capitalismo salvaje, agravado por el pésimo gobierno del anterior presidente cuyo talante neonazi concentró los beneficios del poder en grupos de amigos y ocasionó la horda electoral que llevó al triunfo de la propuesta progresista.

Pero el progresismo, como partido, no existe. Se aprecia una “cocha de retazos” antagónica al neoliberalismo y a las elites tradicionales del poder, corruptas y criminales por cierto, en cuyo liderazgo se destacan los nietos de expresidente, quienes se creen los propietarios del Estado, al mejor estilo neonazi. Los actores contrarios a esa tradición política hegemónica, se agruparon y superaron la tradicional clientela que ha sustentado el ejercicio del poder en el último medio siglo. No fue el producto de un proceso político ordenado y consecuente construido sobre bases sociológicas profundas y estables, sino el aprovechamiento de la coyuntura de descontento y la presencia de un caudillo con el carisma suficiente para canalizar la votación.

Por supuesto, la necesidad de crear una organización sólida y con fortaleza estructural que se alimente con las posturas progresistas o cualquiera antineoliberal, está vigente y es un menester histórico, ahora que el modelo neoliberal se está derrumbando en todo el mundo, según se deduce de los síntomas globales de inflación y la próxima recesión económica, lo cual implica la debida preparación para la construcción del futuro modelo que reemplace al actual, diseñado sobre bases nacionales y aprovechamiento del patrimonio productivo propio. Pero la dirigencia territorial de la llamada “izquierda” no muestra un comportamiento apropiado frente al reto, como se puede ver en la conservación de los viejos vicios de la izquierda del siglo pasado, donde se manifestaba la pugna interna entre los propios camaradas y no sobre el verdadero rival en el escenario político. Para completar, no se vislumbra un caudillo de alto perfil, que recoja las riendas del proceso y lidere la continuidad del mismo.

El panorama aquí narrado, deja ver la alta probabilidad del péndulo, que ha ocurrido en toda Latinoamérica, y que permite prospectar un gobierno de derecha en 2026 y nuevamente, uno de izquierda en 2030, porque el grueso de la comunidad es impaciente en razón a que las condiciones de vida no dan espera y existe la creencia errada de que, con un simple cambio de gobierno, al día siguiente la situación mejora.

Sin embargo, el deterioro en las condiciones de vida seguirá en aumento mientras la situación global sea la misma y por ello el descontento será creciente. Seguirán las manifestaciones de descomposición social y los fenómenos de violencia que la acompañan, de modo que al período 2026-2030 le corresponderá una situación de mayor caos, agravada con el desplome total del modelo neoliberal, que se espera en esta misma década llegue a su final, por ruptura de sus contradicciones dialécticas que se están agudizando y se manifiestan en el desbalance entre el sector monetario, cada vez más grande, y el sector real, cada vez más pequeño. Así, lo que corresponde hacer por ahora, es alistarse para evitar que la premonición del vaivén ocurra, cuando llegue el momento en que esté afuera Petro.