LA UTILIDAD DE LA PROTESTA CALLEJERA

Algunos son partidarios de las manifestaciones de inconformidad con el gobierno, mediante actos en las vías públicas, argumentando que históricamente, de esa manera se han logrado reivindicaciones laborales y sociales como la jornada laboral de ocho horas y otras. Y en verdad, antaño fueron muy provechosos, incluyendo el nacimiento del Estado Social en Alemania, por allá en 1890 a través de la Constitución de Bismarck, que el gobierno promovió como efecto de las revueltas de los trabajadores y las clases populares durante la segunda parte del Siglo XIX.

Claro, en ese tiempo las condiciones eran diferentes: era otro momento histórico, otra modalidad de capitalismo, otro tipo de Estado, otros avances tecnológicos, otras élites de poder económico, otro significado del aparato productivo, otras relaciones económicas internacionales y en el caso alemán, otra posición en las relaciones norte-sur, como hoy en Francia, que le permiten al país menor grado de dependencia frente a las fuerzas de dominación internacional.

Pero hoy en Colombia las circunstancias son diferentes, de manera que los alcances de este fenómeno de masas tienen serias limitaciones. El argumento de la lucha popular, en esa época, se sustentaba con la crítica al sistema económico y a la necesidad de cambiarlo, lo cual solo era posible mediante la violencia, por la resistencia de la clase dominante; mientras hoy, no se trata de cambiar el sistema, sino de desmontar una modalidad de capitalismo y unas políticas que atentan contra la dignidad humana y la vida misma, para favorecer fuerzas de poder económico que no están concentradas dentro del mismo país, sino en los centros de dominación global cuya ubicación geográfica es indeterminada.

Ahora, la única forma de alcanzar el propósito de cambio es mediante modificaciones a la Constitución y a la ley, lo cual se hace en el Congreso de la República, por lo cual, más que marchas y protestas públicas, se requiere cambios en el perfil de los congresistas que aprueban los actos legislativos y las leyes. Unos congresistas con ética pública que respondan al interés general y al bien común, no como sucede hoy que dichos sujetos venden su voto al mejor postor, ya sea lobistas o gobierno, sin importarles el daño a los ciudadanos que los eligieron.

Se necesitan cambios en la cultura política para que el elector no vote motivado por el interés individual sino por el interés público, lo cual implica que se debe realizar un proceso pedagógico masivo, que propicie un cambio de conciencia para que se elijan congresistas que representen los intereses del pueblo. Hoy los miembros del Congreso no se eligen democráticamente, sino que ellos mismos compran su elección para ocupar la curul.    

Los estudiantes y sindicalistas, en lugar de estar exponiendo su integridad personal ante la violenta represión del gobierno, violatoria de los derechos constitucionales, deberían armar cuadrillas para hacer un barrido por los barrios y veredas, casa por casa, realizando campañas de educación política que conduzcan al cambio de actitud de los ciudadanos frente a las elecciones. Lo que se necesitan son normas constitucionales y legales contrarias a las que sustentan las actuales políticas neoliberales, por lo cual es momento oportuno para examinar y evaluar la utilidad de la protesta callejera.

EL DERRUMBE DEL MODELO

El capitalismo rentista agrupado en los fondos de inversión, creyó en los años ochenta que había cogido el cielo con la mano, porque por fin, después de medio siglo, había agarrado al Estado para colocarlo a su servicio, reduciendo el papel de este organismo a ser el deudor de ellos y a cobrar los impuestos para pagarles cumplidamente el servicio de la deuda. Lo que no pensaron es que estaban matando la gallina de los huevos de oro y ahora, treinta años después, ya no saben qué hacer para salir del atolladero, por lo que han recurrido a la extinción de la especie humana, principalmente de los más pobres.

Pero el principal error, desde el punto de vista del método científico de la teoría económica, fue haber convertido el dinero en una mercancía. En época del capitalismo clásico, de carácter empresarial principalmente industrial, el dinero era un medio de pago y de atesoramiento, que se utilizaba para realizar transacciones de bienes y servicios, sirviendo como canal para la distribución del producto social en el escenario del mercado, que constituye el mecanismo mediante el cual funciona el sistema capitalista. Y también se utilizaba para acumular el ahorro social, expresado en capital dinero. Así que la formula universal de los negocios era Dinero-Mercancía-Dinero, a través de la cual se obtenía ganancias.

Por supuesto, la mercancía tenía este carácter, de ser demandada en el mercado, por su contenido de satisfactores de necesidades humanas, su utilidad que llama una corriente de pensamiento o valor de uso como le llama otra corriente. Lo que imprime la identidad a la mercancía es la capacidad de satisfacer necesidades humanas, razón por la cual la gente la compra en el mercado. Nadie compra lo que no satisface una necesidad de cualquier tipo.

Pero los rentistas, cuyo negocio no es sacar ganancias de las operaciones con bienes o servicios, sino obteniendo renta de su capital sin ninguna contrapartida en el mercado de bienes y servicios, por su afán de diversificar su negocio convirtieron el dinero en mercancía, es decir objeto de negocios para sacar utilidad, mediante la fórmula Dinero-Dinero-Dinero, en una operación que el pensador Keynes denominó especulación. No son empresarios sino especuladores del dinero, que han podido diversificar y ampliar su negocio, gracias a la ayuda de la microelectrónica que ha permitido el desarrollo y fortalecimiento del mercado monetario. Compran activos monetarios y los venden sacando ganancias.

Con ello, la riqueza del mundo se ha venido concentrando en el sector monetario y el aparato productivo se ha venido desecando de modo que los ricos especuladores ya no saben qué hacer su capital y la humanidad ya no sabe dónde conseguir los medios de subsistencia. Por supuesto, una economía mundial así, está en el aire y navega en activos monetarios, pero sin los medios reales que permiten cumplir la misión natural de la economía, la cual está orientada al sostenimiento y conservación de la especie humana.

Por esas circunstancias el modelo es insostenible, porque tienen gran acumulación de dinero pero sin respaldo en el sector real, que es la contrapartida del dinero. En su afán, los ricos atesoran en lingotes de oro, diversifican las unidades monetarias virtuales, amplían los canales digitales hasta el punto que hoy la riqueza se expresa en cifras que aparecen en los monitores de computador, pero que no tienen respaldo efectivo en bienes o servicios, exceptuando el petróleo, y con ello garantizando que en un futuro no muy lejano, se vendrá  el derrumbe del modelo.

LA AUTONOMÍA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

La semana pasada la prensa criticaba al uribismo por querer tomarse la Junta Directiva del Banco de la República y afirmaba que el propósito era el de llevar al nefasto Carrasquilla a la gerencia de ese organismo y que esa intensión atentaría contra la autonomía del Banco, en contra del espíritu de la Constitución Política. Pero no hay tal. Uribe puede colocar todos los miembros de la Junta y tener la unanimidad para las grandes decisiones monetarias, pero por encima del expresidente está Rothschild, la familia que domina el campo monetario en el mundo occidental, exceptuando a Irán, cuyo banco central no se ha dejado meter en el redil.

Quizá el más importante logro del Capitalismo Financiero Internacional en 1991 fue precisamente ese, el de imponer la supuesta y engañosa autonomía del B. de la R., arrebatando el organismo de las manos del presidente de la república para colocarlo de rodillas ante los designios del Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Basilea Suiza y que hoy controla la familia Rothschild. Así que aunque se tenga la unanimidad en la Junta los compromisos internacionales y los mecanismos operativos de las relaciones con el BPI no se pueden romper por capricho de un senador colombiano.

El BPI fue creado en 1930 entre Inglaterra y Alemania con el fin de canalizar por dicho organismo las indemnizaciones que Alemania debía pagar a los países que había afectado en la Primera Guerra Mundial; luego, el presidente Roosevelt quiso acabarlo por recomendación de la conferencia de Bretton Woods de 1944, pero finalmente se quedó vivo y cuando se impuso en el mundo el esquema del capitalismo rentista con sustentación conceptual neoliberal, por el contrario, dicho banco se fortaleció hasta llegar a lo que es hoy.

El BPI no maneja sus fondos en dólares sino en Derechos Especiales de Giro (DEG), una unidad monetaria creada por el Fondo Monetario Internacional como activo para brindar respaldo a los países con debilidad en sus reservas internacionales, de modo que el FMI operaba como fiador en la realización de pagos internacionales, para brindar seguridad a los acreedores de los países beneficiarios del apoyo del fondo. Ahora, al BPI están afiliados sesenta bancos centrales del occidente, de manera que la injerencia del organismo ocurre en casi todo el mundo capitalista; pero mantiene bajo perfil ante la opinión pública internacional donde sus tentáculos actúan por debajo de cuerda y los beneficiados son los seis países, justo donde la familia Rothschild ejerce su dominación financiera: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido.

Por tales motivos, el banco central que otrora era un instrumento para ejercer la soberanía nacional en el campo económico, complementaria a la soberanía en el campo político que ejerce a través de las fuerzas armadas, ya no es un instrumento para utilizar en beneficio de la población y con ello el medio adecuado para ejecutar las políticas macroeconómicas en beneficio del desarrollo del país. Ahora es un organismo para someter la economía a los intereses del capitalismo financiero internacional, independientemente de los requerimientos de la economía interna. Por eso su objetivo principal es frenar la inflación y sacrificar el empleo porque el propósito privilegiado es mantener la ecuación monetaria en los papeles de deuda que emite el Estado y no la satisfacción de las necesidades sociales, dejando por eso muy en duda, la autonomía del Banco de la República. 

LA DEFENSA DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL

En noviembre de 2018 bajo el título “La derechización del continente”, exponía en esta columna los efectos en la geopolítica mundial derivados de los avances de la Nueva Ruta de la Seda, estrategia donde se concentra la política exterior de China. Planteaba en aquel escrito, que el país oriental venía dando pasos de animal grande y que ese fenómeno de la geoestrategia tenía asustados a los protagonistas del Nuevo Orden Mundial, que giran en la órbita de la FED de USA y con el auspicio del Club Bilderberg. Hoy, podemos hacer un recuento y vemos que el Nuevo Orden Mundial se defiende como león herido y combinando todas las formas de defensa, realiza operaciones abiertas y encubiertas para no perder el dominio de Latinoamérica frente a los chinos. El Nuevo Orden Mundial en el campo monetario y la Nueva Ruta de la Seda en el campo de la infraestructura y el comercio es decir, en el sector real de la economía.

Una de las acciones de defensa es la proliferación de sectas religiosas basadas en el contenido de la biblia, por medio de lo cual difunden la sumisión y la resignación para facilitar el sometimiento sin ánimo de insurgencia y rebelión en contra del establecimiento, lo cual se complementa con el aglutinamiento de votos cautivos que inciden notoriamente en la elección de gobernantes.

También vemos el papel de los grandes medios de comunicación, que son de su propiedad, como CNN, Fox, NBC, BBC, que intervienen deliberadamente en la creación de opinión pública y coaccionan la conducta colectiva de los individuos. Noticias falsas, propaganda sucia, imágenes distorsionadas de la realidad y todo tipo de métodos subliminales para manipular conciencias, son el pan del día en la actualidad.

El uso de la tecnología cibernética y las redes sociales para dañar la imagen de los contradictores y de quienes se oponen al modelo económico que sustenta esa política mundial, como lo es el enfoque neoliberal, mediante la “ciberwar” con la cual interfieren las campañas electorales a favor o en contra de candidatos, todo complementado con los hackers que interfieren el software de los organismos electorales para alterar los resultados reales, o montar falso resultados como ocurrió en Bolivia.

Campañas de desprestigio a líderes políticos que se oponen al modelo de globalización financiera, tratando de dañar su imagen y de crear posturas políticas en el electorado sustentadas en el temor frente a dichos dirigentes, insinuando que los cambios en las política neoliberales son perjudiciales para la comunidad, complementado esto con montajes judiciales, que realizar en complicidad con jueces corruptos, para destruir las campañas de los opositores.

Y últimamente, el despliegue de mecanismos de represión para frenar el descontento contra el modelo y la protesta, fortaleciendo los organismos armados oficiales, con armas que han inventado bajo el nombre de “no letales”, que suministran a los gobiernos para que impriman violencia a las expresiones de protesta, con fines de eliminar los intentos de alteración del orden establecido, como se puede ver en Colombia con la decisión de incrementar la tropa del Esmad y comprar nuevas tecnologías para atacar las manifestaciones.

No obstante, como el derrumbe del modelo no es por culpa de las acciones de los chinos sino por culpa de las debilidades internas del mismo, nada de eso servirá, aunque se fortalezcan en el sector real de la economía tratando de dominar la posesión del petróleo, como fuente energética y tecnológica, lo cual también están haciendo a punta de violencia; no les servirá de mucho, porque las leyes de la economía y las fuerzas de la historia son más fuertes que los mecanismos que están utilizando para la defensa del Nuevo Orden Mundial.

FINANCIAMIENTO DEL ESTADO

El revuelo de los últimos días ha sido por la llamada Ley de Financiamiento, que no es otra cosa que una propuesta de reforma tributaria adicionada con algunos micos, que el gobierno plantea como una solución al problema fiscal, pero que no pasa de ser un paño de agua tibia, como ese que cada cierto tiempo coloca con el mismo fin, y cuyos efectos no alcanzan a solucionar de fondo los problemas y necesidades de recursos en las finanzas públicas. Se trata simplemente de hacer un quite a las presiones que por el pecho le hacen los organismos multilaterales para asegurar el pago de la deuda pública a los especuladores internacionales del dinero agrupados en los fondos de inversión y que son tenedores de los bonos de deuda que frecuentemente está colocando el Ministerio de Hacienda en los mercados de capitales para conseguir los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado. Lo diferente que ocurre esta vez, es que por la espalda también está recibiendo otra presión, de modo que hoy Duque se encuentra entre la espada y la pared, porque la comunidad nacional ya se está manifestando de manera activa y en las calles, en oposición a dicha reforma, motivada por la grave situación pecuniaria de las familias, cuyo empobrecimiento secular ya lleva tres décadas y ha llegado a niveles intolerantes, así la vicepresidenta diga que la protesta obedece a influencias extranjeras de Rusia y Venezuela. La pobre Martuchis, como diría el periodista Samper, anda bien perdida.

Claro, el gobierno prefiere atender prioritariamente a los acreedores, que le tienen puesta la espada en el pecho, y resolver a los de la pared con el Esmad, así haya muertes y no se sepa para dónde se desvíe la protesta, ahora que los síntomas de descomposición social, derivados de la misma situación, son alarmantes. Por eso la reforma se aprueba en el Congreso o se aprueba. No hay otra alternativa; porque los Fondos tumban gobiernos, mientras que el pueblo no tiene fuerza para ello.

Pero la realidad va mucho más allá de la simple maniobra para evadir la presión del FMI, el BM, el BID, el BPI y la OCDE, porque el problema de las finanzas públicas es estructural y no se corrige con simples reforma tributarias, por lo cual cada tres o cuatro años hay que hacer otra y el faltante de recursos sigue igual. Más cuando el enfoque neoliberal de las finanzas públicas busca la plata donde no hay, porque grava a los pobres y exonera a los ricos, siendo que los pobres no tienen para sobrevivir, mucho menos para pagar impuestos.

El factor estructural comienza con la carencia de un banco amigo, como cualquier empresa, que le de la mano ante los problemas financieros. En teoría, el Banco de la República debe ser el instrumento del gobierno para resolver los problemas fiscales, pero este organismo no le pertenece al gobierno sino al BPI, el banco que controla la familia Rothschild desde Suiza y que obliga a que la principal fuente de ingresos del Estado sean las deudas. Luego sigue los impuestos a la actividad extractiva que realizan las multinacionales, pero estas no pagan tributo con el argumento de la doble tributación; en seguida, los capitalistas rentistas, que son los verdaderos ricos con capacidad de pago, pero estos están exentos de impuestos. Se necesita una estructura financiera que utilice los impuestos directos, pero hoy se utiliza los indirectos que afectan más a los pobres. La base gravable depende del Excedente Económico el cual proviene del aparato productivo, pero este se está desecando, de modo que el mayor aportante al PIB son las empresas financieras, que son del sector parásito de la economía. Una estructura sentada sobre deuda, deuda y más deuda, nunca podrá alcanzar la autonomía y sostenibilidad financiera. Y así, sucesivamente, se pueden listar todos los factores estructurales que originan la crisis fiscal y que impiden la solución definitiva del financiamiento del Estado.

EL REGRESO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Cuando el capitalismo rentista, aglutinado en los fondos de inversión, se tomó el poder de Estado a través de Reagan y Thatcher, en los años 80 desplegó un feroz ataque de desprestigio contra el Estado del Bienestar utilizando la propaganda sucia y con la aquiescencia de algunos intelectuales auspiciados por los mismos fondos. Se le censuró la deuda pública, que en ese entonces era mucho menor que la de ahora, se le calificó de despilfarrador, siendo que eso no era culpa del tipo de Estado sino del régimen político, peyorativamente se le denominó populista, como si precisamente eso no fuera la esencia del Estado Social y en fin, todo tipo de diatribas que escondieron la verdadera causa del ataque bajo el concepto de “crisis del Estado del Bienestar”, que no era otra cosa a su necesidad de cambiarlo para establecer su modelo económico basado en el uso del organismo para sus fines empresariales.

Hoy, pasadas tres décadas de la consolidación del esquema mediante el Consenso de Washington suscrito en noviembre de 1989, se puede hacer el balance y los resultados se están viendo en las calles de varias ciudades tanto de Latinoamérica como de Europa. Después de 30 años la gente está saliendo a protestar contra los efectos sociales de dicha modalidad de capitalismo y los impactos en la vida humana. Ahora estamos presenciado cuál era el futuro que anunció Cesar Gaviria con su famosa frase de “bienvenidos al futuro” que lanzó el día de su posesión en 1990.  

El desastre comenzó en noviembre de 1990 con la Ley 51 de Rudolf Hommes y se consolidó a mediados de 1991 con la nueva constitución política, a través de la cual arrebataron el Banco de la República de las manos del presidente, para, bajo una supuesta y falsa autonomía, colocar el organismo de rodillas al servicio del Banco de Pagos Internacionales (BPI) que desde Basilea Suiza, controla la familia Rothschid; y de ahí en adelante, toda la avalancha de privatizaciones para trasladar los bienes públicos al escenario del mercado y desmantelar el anterior Estado del Bienestar.

Ahora, 30 años después, vemos que la privatización de los bienes públicos, que se convirtió en el gran negocio de los empresarios inescrupulosos, ha sido uno de los factores del empobrecimiento generalizado de las clases medias hacia abajo, por el alto porcentaje de los ingresos familiares que se comen las elevadas tarifas que los privados cobran por la producción de los bienes públicos para que su negocio sea altamente rentable. Los otros factores son las políticas económicas que propician desempleo y los elevados impuestos que el Estado requiere cobrar para pagar la deuda a los fondos de inversión y que recae sobre los más pobres porque los ricos están exentos de tributación.

Que ese modelo se derrumba, es una realidad. Solo falta esperar un poco de tiempo. Por ello nuevamente se está añorando el Estado del Bienestar y muy poco se piensa en cambiar es sistema económico, ya que el sistema alternativo, el socialismo, no tiene vigencia histórica porque su mecanismo de funcionamiento que es la planificación en reemplazo del mercado, no permite el ritmo de crecimiento necesario ni la innovación adecuada. Toca entonces dentro de este mismo sistema capitalismo cuyo mecanismo de funcionamiento es el mercado, aplicar las medidas para evitar el sacrificio de la especie humana, lo cual solo es posible por la vía del manejo del Estado. Pero el viejo Estado del Bienestar, no es procedente al pie de la letra, por cuanto dicho tipo de Estado era adecuado al capitalismo industrial y las economías cerradas, en otra coyuntura histórica. Sin embargo, los fundamentos, principalmente en lo que se refiere al manejo de lo público y a la política fiscal redistributiva con impuestos directos y progresivos, sigue siendo válida, por lo hoy es razonable pensar que, haciendo los ajustes necesarios, no podemos olvidar el regreso del Estado del Bienestar.

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Dice el Artículo 39 de la Ley 152 de 1994, que el alcalde elegido “impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato” y agrega que una vez elegido el Alcalde, “todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan”. Es decir la norma legal no dice que para comenzar la elaboración del plan de desarrollo, el gobernante debe estar posesionado, lo cual realiza ya el próximo año. En tal sentido, desde que el electo recibió la credencial de la Registraduría se debió haber comenzado la elaboración del plan. No sabemos cuántos y cuáles están aplicando debidamente la norma, porque el llamado “proceso de empalme”, cuyas bondades están por demostrarse, parece que absorbe la transición del período de gobierno y distrae a los elegidos sobre el cumplimiento de la citada norma del plan.

También dice la misma ley, conocida como “ley orgánica del plan de desarrollo”, en su artículo 31, que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales”, lo cual significa que el contenido y la metodología del plan debe ser fijada por la corporación administrativa. No obstante, cabe la pregunta sobre cuántos y cuáles concejos municipales han expedido el acuerdo respectivo para definir los términos y condiciones que establece la ley.

La situación, en esas condiciones del vació que dejan los concejos, es muy peligrosa, como se ha visto en los últimos períodos. El DNP, que es el mayor enemigo de la descentralización en Colombia, aprovecha el hueco para llenarlo atropellando la autonomía municipal consagrada en la Constitución y la misma ley. Ese organismo nacional, cuya misión es penetrar en Colombia las directrices neoliberales que fijan los organismos multilaterales,  aprovecha para imponer sus criterios y métodos, pasando por encima de los intereses de los alcaldes elegidos y los verdaderos requerimientos de las comunidades municipales. Utilizando los ya conocidos mecanismos de chantaje y bajo el disfraz de supuesta asesoría, obliga a que los municipios elaboren el plan bajo el criterio financierista, típico del enfoque neoliberal, convirtiendo a los alcaldes en mandaderos de la Nación.

Probablemente esta vez ocurrirá lo mismo y tal vez peor, si consideramos el estilo demostrado por el gobierno nacional. Por lo cual, corresponde a las organizaciones sociales del municipio, en primer término, pero ante todo al alcalde elegido, estar expectante y no permitir, ante el vacío normativo dejado por el concejo, la injerencia del centralismo bogotano en la elaboración del plan. El alcalde debe hacer valer su competencia fijada por la ley de ser la máxima autoridad de planeación en el municipio, para sobreponer las normas constitucionales y legales en materia de autonomía municipal, por encima de los propósitos del DNP en la realización del proceso de formulación del plan de desarrollo.