DEL RESULTADO DEL PLEBISCITO

Independientemente de los sucesos del domingo pasado, Colombia sigue necesitando una nueva economía sentada sobre la zona rural, que gire en torno al sector agropecuario, que fortalezca el aparato productivo generando empleo aumentando la competitividad del país y disminuyendo la dependencia externa, alejada del modelo neoliberal y con democratización de la propiedad y redistribución del ingreso, lo que se hubiera podido construir mediante el cumplimiento del punto uno del acuerdo de La Habana con base en los veinte planes que dicho compromiso incluye. Igualmente, el punto dos del acuerdo hubiera permitido introducir ajustes al sistema político fortaleciendo la democracia participativa con sus efectos benévolos respecto a bajar la corrupción y desarrollar una nueva administración pública territorial. Lamentablemente esa oportunidad de beneficio general para toda la sociedad colombiana se perdió por el comportamiento electoral de un grupo de ciudadanos.

Sin duda, Santos cometió un grave error por falta de su apreciación política. El ex fiscal Montealegre le dijo que no sometiera el acuerdo de La Habana a un plebiscito por cuanto eso no era necesario ya que el gobierno tenía facultades para suscribirlo. Pero Santos se puso de demagogo populachero y ahora está comiendo de su cocinado. Es impertinente colocar una decisión tan transcendental e importante en la historia nacional, al juicio de la cuestionada cultura política colombiana, cuyas deficiencias son ampliamente conocidas: aproximadamente a las dos terceras parte de la ciudadanía no le importa los asuntos públicos y no participa; y la mayoría de los que votan lo hacen movidos por intereses y pasiones personales sin considerar el interés general y el bien común, ni el contenido de las propuestas de los candidatos, como se puede ver en el incumplimiento de la Ley 131 de 1994, la del Voto Programático, por lo que se ha constituido en el soporte de la corrupción de los procesos electorales y la administración pública. Nuestra cultura política no tiene la suficiente madurez para digerir y comprender el significado de una negociación con un grupo insurgente, cuando no existían antecedentes similares en la historia política nacional, aunque hubiera habido suficiente tiempo para leer el documento. Si a los politólogos les ha costado trabajo entender el significado, qué se puede esperar de la cultura política de bajo nivel.

Hoy el país se encuentra en la encrucijada jurídica y política y con ello en gran incertidumbre. No solo es la perdida de oportunidad de introducir cambios en la estructura económica y el sistema político derivados de los puntos uno y dos, sino que los actores principales y a la vez dirigentes del país, no saben cómo actuar, según se deduce de las declaraciones públicas hechas el día lunes; y peor aún, que no se sabe lo que están pensando y moviendo por debajo de la mesa, ni ellos, ni las fuerzas oscuras que también existen el Colombia;  de modo que ese rumbo que hasta hace una semana estaba trazado y desde muchos frentes se hacían preparativos para la construcción de un nuevo país, hoy se encuentra sumido en una grave confusión cuyo desenlace no se sabe ni se puede inferir, ni que situaciones traerá para el país y sus consecuencias derivadas del resultado del plebiscito.

REAL POLÍTICA AGRARIA

A mediados del siglo pasado, cuando el imperio de las multinacionales que habían implantado el ordenamiento económico mundial que se le conoce como el neocolonialismo, mediante la intervención de la CEPAL se introdujo en Colombia el modelo de desarrollo que se le llamó de industrialización por sustitución de importaciones, en época en que el mundo académico consideraba que industrialización era sinónimo de desarrollo. Las multinacionales necesitaban explotar el mercado nacional para lo cual se instalaron en nuestro medio y permanecieron por veinte años, hasta que recogieron la inversión y depreciaron los activos, todo fríamente calculado para al finalizar retirarse del país tal como lo hicieron. Algunas permanecieron aun hasta hoy, debido a la necesidad de sus productos en el país pero cambiaron de dueño. Para el éxito del modelo, el Estado se volcó a contribuir con el desarrollo industrial ya sea como socio de las multinacionales a través de IFI, ya sea como aportante de la infraestructura necesaria, ya sea como prestador de servicios complementarios a las empresas y principalmente, con la adopción de las políticas macroeconómicas apropiadas al desarrollo industrial, que en su gran mayoría era el de las multinacionales. El privilegio de este sector económico, por lógica razón, debió ser complementado con el desarrollo de la ciudad, lugar obligado del asentamiento industrial.

Las políticas y programas del Estado se concentraron en la zona urbana mientras que el campo quedaba en el abandono. Nunca se formuló una verdadera política agraria y cuando se realizaron acciones oficiales como la Ley 135 de 1961, la Ley 5ª de 1973 o el Programa DRI de 1974, fue para favorecer a la industria que requería materias primas, alimentación para sus obreros y consumidores en la zona rural de los productos industriales; pero en ningún caso, fueron diseños de política pública orientados al desarrollo del sector agropecuario, que en su seno encerró una manifestación dual donde una parte, la localizada en las topografías planas principalmente, permitió la penetración del capitalismo, mientras la otra ubicada en ladera y montaña quedó sujeta a las limitaciones del minifundio en una economía de mercado. Así, este fenómeno sumado a otros factores estructurales, se convirtió en caldo de cultivo para el florecimiento de grupos armados, cultivos de uso ilícito y otras manifestaciones de la violencia.

Ahora con el acuerdo de La Habana, el punto uno abre la posibilidad de formular estrategias que respondan verdaderamente al desarrollo de la zona rural y el sector agropecuario, para lo cual se requiere un mecanismo que articule los veinte planes previstos y la definición de una columna vertebral necesaria para introducir la coherencia propia de una adecuada política que responda con pragmatismo a la verdadera necesidad del campo colombiano y la población asentada, que sea un fin en sí misma y no un medio para lograr otros fines y que aporte al conjunto del aparato productivo el fortalecimiento suficiente para elevar la competitividad del país y menor dependencia de las fuerzas externas, con los beneficios sociales para la población rural dentro de lo que pueda ser por fin, la formulación de una real política agraria.

LO LOGRADO ES SUFICIENTE

Muchos han dicho que la negociación de La Habana no traerá la paz y eso, sin duda, es cierto; pues se limita a definir unos compromisos para el futuro, que pueden cumplirse o no, porque el gobierno se ha caracterizado por ser faltón frente a sus promesas, además que existe duda de que las elites de poder en la capital cedan y permitan desmontar el centralismo bogotano que está destruyendo el país, sin lo cual los beneficios potenciales del acuerdo no podrán hacerse realidad. Claro que la presencia de la ONU y la comunidad internacional, brindan alguna garantía de cumplimiento, por lo cual se puede ser optimista sobre el hecho.

Pero independientemente de que acuerdo se realice, si el plebiscito aprueba la negociación, el fenómeno, como hecho histórico, ha sido importante y desde ya se está viendo sus frutos: ¿cuándo antes el país se había volcado a pensar masivamente en la convivencia pacífica, si nuestra cultura siempre ha sido apática frente a los temas de interés general y bien común? Colombia siempre ha mostrado una idiosincrasia individualista donde prima el “sálvese quien pueda”, sin preocuparse por el conjunto social.

El que la paz se haya convertido en tema de conversación generalizado en todos los estamentos y estratos de la nación es ya una ganancia. La mesa de la Habana se volvió un proceso pedagógico que está enseñando a tener en cuenta el diálogo y la negociación en la resolución de conflictos, independientemente de los resultados del mismo; y complementariamente, el acuerdo está poniendo a pensar a unos y a otros, en el futuro del país y los cambios necesarios para mejorar las condiciones de vida. Ahora la gente piensa en un nuevo país, sin acuerdo o con acuerdo; pero sobre todo, que el futuro se debe construir a partir de un propósito colectivo. Es una enseñanza que debe aprovecharse y corresponde a la dirigencia social, considerar ese factor psicológico para trazar rutas hacia un futuro mejor.

Eso sí, si surge una nueva organización social con un nuevo liderazgo, consecuentes con el fenómeno de cambio que se está consolidando en la mentalidad colombiana. Por algo unos piensan en el sí y otros en el no frente a la votación en el plebiscito; lamentablemente este proceso ha caído en la mecánica electoral tradicional como se puede ver con las movilizaciones y publicidad como si fuera una elección de gobernantes; y también es de lamentar que son los políticos tradicionales quienes están protagonizando el debate. Pero no se puede esperar más porque de un momento a otro no se puede ver cambios. Lo importante es que a pesar de la peligrosa polarización, que menos mal por la costumbre criolla puede ser calentura coyuntural que después del dos de octubre los ánimos se calmen, las consecuencias de la intentona de Santos en La Habana como mecanismo para solucionar el conflicto sociopolítico con la guerrilla, al pensar en las condiciones para la construcción del futuro nos permita afirmar que hasta hoy lo logrado es suficiente.

QUIENES VEN EL VASO MEDIO LLENO Y QUIENES LO VEN MEDIO VACÍO

La polarización que se ha instaurado en el país por causa del plebiscito para refrendar los acuerdos celebrados con las Farc, se ha vuelto ya preocupante por el volumen de los ataques que de lado y lado, los bandos lanzan a sus opositores. Menos mal que el 2 de octubre cesará porque si se alarga el plazo puede ser peligroso.

Lo que se aprecia en la lectura rápida de la confrontación, es que por un lado, hay un bando que mira el pasado y con base en el principio de la venganza y el castigo, se preocupa por un grupo cercano a diez mil personas que cometió delitos, crímenes y atrocidades, a quienes no se les debe perdonar y concentran su preocupación frente al acuerdo en ese tema, reduciendo el alcance político de la negociación, al castigo de los infractores afirmando que es un error dejar en supuesta impunidad los delitos cometidos por los insurgentes. Por el otro lado, un bando donde están quienes piensan en el futuro y se preocupan por los cuarenta y tantos millones de colombiano que podrán recibir beneficios derivados de la negociación, ya que, si bien es cierto la simple firma del acuerdo no traerá la paz ni acabará el conflicto, sí es la apertura de una puerta y la creación de condiciones, para que si el conglomerado social quiere, se construya una nueva Colombia consolidando la verdadera democracia participativa. Lo que está en el centro del debate es por un lado, el pasado y el castigo de diez mil exguerrilleros; y en el otro lado, el futuro y la oportunidad de 45 millones de colombianos. Los unos reduciendo un proceso político trascendental en la historia del país, al castigo de un, relativamente, pequeño grupo de colombianos y los otros, valorando el fenómeno por el beneficio que puede recibir toda una sociedad cuando, por cumplir los acuerdos, surja una nueva organización social, una nueva realidad rural y una nueva administración pública, entre otros.

Los argumentos de unos y otros tienen mucha lógica y racionalidad de modo que en cierta forma el debate es válido; pero no parece muy sensato negar la posibilidad histórica de iniciar un proceso de transformación política que mucho puede cambiar las estructuras sociales de un país elitista y con alta desigualdad en el ingreso, corrupto y con una oligarquía inepta, por el solo motivo de que hay que castigar un grupo de delincuentes. No parece tener justificación histórica. Menos aún si los argumentos de los partidarios del pasado, cuando se refieren al futuro, son especulativos y puramente subjetivos; pues no existen ni antecedentes ni pruebas válidas para sustentar su fatalismo; mientras que los partidarios del futuro  se basan en hechos concretos como el texto de los acuerdos y la confianza de que la presencia de la comunidad internacional y la garantía de la ONU los hará cumplir. Pues por lo general el gobierno incumple los acuerdos cuando el asunto es puramente interno.

Al final no se sabe cómo se resolverá el debate sobre el plebiscito y habrá que esperar hasta el comienzo del próximo mes para conocer el resultado de esa confrontación que nos muestra sobre los acuerdos de La Habana, quienes ven el vaso medio lleno y quienes lo ven medio vacío.

LA PLANIFICACIÓN EN EL PUNTO DE LA REFORMA RURAL

De la lectura del punto 1 del acuerdo de La Habana, que trata de la reforma rural integral, se deduce que la planificación será el eje central en la ejecución de los compromisos, lo cual tiene serias implicaciones tanto para el DNP que deberá modificar su actitud centralista y vertical, como para las comunidades locales que deben aportar su cuota para el éxito del acuerdo negociado.

Una lectura rápida del texto del acuerdo nos muestra que solo en el punto 1 se debe realizar veinte ejercicios de planificación. Los planes son: de adjudicación gratuita y de subsidio integral (1.1.3), los programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial (PDET) (1.1.4), el de formalización masiva de la propiedad rural (1.1.5), el de los usos del suelo rural y ordenamiento del territorio (1.1.8), de zonificación ambiental (1.1.10), de acción para la transformación regional (1.2.3), para la reforma rural integral (1.3), de vías terciarias (1.3.1.1), de riego y drenaje para la economía campesina (1.3.1.2), de electrificación rural (1.3.1.3), de conectividad rural (1.3.1.3), de salud rural (1.3.2.1), especial de educación rural (1.3.2.2), de construcción y mejoramiento de vivienda social rural (1.3.2.3), de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural (1.3.3.1), de asistencia integral técnica y tecnológica (1.3.3.2), para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina (1.3.3.3), para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina (1.3.3.4), el plan progresivo de protección social (1.3.3.5) y los departamentales y locales para la alimentación y nutrición (1.3.4). Dos decenas si están bien contados.

Hasta ahí todo es lógico y nada nuevo. Pero para el efecto, el mismo acuerdo es reiterativo en que estos productos de planificación deben ser participativos y con alta capacidad de decisión de los actores locales, lo cual significa que se trata del enfoque estratégico de la planificación y que se requiere de la organización social apropiada para el efecto. Si no hay una organización de base con alta capacidad operativa, técnica y organizativa, el cumplimiento de los acuerdos, pero sobre todo los beneficios que su contenido traen, serán muy difíciles de alcanzar o el acuerdo quedará en las garras del DNP o los politiqueros tradicionales.

Por lo tanto es necesario comenzar cuanto antes la creación, los ajustes o el fortalecimiento de las organización social adecuada a los fines del acuerdo, sobre todo en regiones que serán priorizadas para iniciar pronto, priorización esta que se hará con base en los criterios del punto 1.2.2 que se refiere a: zonas con mayor pobreza, las más afectadas por el conflicto, las que tienen debilidad institucional y las que poseen cultivos de uso ilícito, todos estos criterios que se cumplen plenamente en el territorio del Cauca, donde parece que la organización existente en la mayor parte de la región no es la más apropiada, por lo cual se necesita una nueva organización social con un nuevo liderazgo, para poder ver los resultados esperados de la planificación en el punto de la reforma rural. 

LA GANANCIA SOCIAL DEL ACUERDO

A raíz de este tema del plebiscito, con mucho riesgo se está polarizando el país en dos corrientes: por un lado quienes se amparan en el pasado y un concepto de justicia basado en el principio de la venganza y por otro lado quienes piensan en el futuro y con optimismo ven la oportunidad de crear una nueva sociedad aprovechando el cumplimiento del acuerdo con las Farc, lo que puede suceder siempre que de parte de la comunidad en general se avance en la construcción de una nueva organización social con mayor capacidad para la participación y la contribución a la solución de los problemas sociales.

Es verdad que la guerrilla cometió crímenes graves, reclutó niños y todo lo demás; pero precisamente por haber sido tan lamentable su pasado, el costo de que ese terror se termine es alto. El Estado, en más de medio siglo, no derrotó la insurgencia como para ahora pedir que la sometan a las normas convencionales de justicia. Una negociación para que sea aceptable por las partes significa un toma y dame en relación gana-gana. Es necesario valorar y comparar el costo que paga la sociedad en prebendas y concesiones a las Farc sobre la base de que en el mundo nada se consigue gratis, contra los beneficios sociales en términos de valor que se gana por la desaparición del grupo armado.

En la teoría social y económica existen varios conceptos que pueden aplicarse para hacer la valoración o evaluación del negocio con los cuales se puede apreciar con claridad el resultado final del acuerdo: precio, costo, valor, precio hedónico, precio de mercado, utilidad, valor de uso, satisfactor, atributo, beneficio, costos inducidos, valoración contingente, etc., son todos conceptos que se puede utilizar debidamente aplicados, para sacar conclusiones interesantes en la evaluación del acuerdo y de esa manera comprender que bien vale la pena “tragarse los sapos”, como dicen algunos, para aceptar el resultado de la negociación y proceder a votar SI en el plebiscito.

En una relación costo-beneficio es fácil comprender que acabar con las prácticas violentas de la guerrilla con todo lo que eso arrastra en materia de calidad de vida y progreso, sin contar aún con la oportunidad de construir un nuevo régimen político que en el futuro podrá propiciar también un nuevo modelo económico con mejor distribución del ingreso y disminución de la desigualdad social, es un beneficio tan alto para Colombia, que todo lo entregado en la negociación es barato para el país. Muchos creemos que Colombia la sacó barata.

Ahora corresponde promover una nueva organización social y unas dinámicas políticas que respondan a los requerimientos del negocio para que los compromisos se conviertan en verdaderas oportunidades de cambio. Es a partir de la comunidad local y sus procesos civiles, como se podrá cosechar el producto que la firma apenas ha sembrado, pero que necesita de prácticas culturales como la actividad agrícola, para que alrededor de los compromisos se pueda cosechar la ganancia social del acuerdo.

OPORTUNIDAD GESTADA EN EL ACUERDO DE LA HABANA

En 1994, en otra de las genialidades del DNP, el gobierno incumplió la Constitución Política en lo que se refiere al Capítulo 2 del Título XII y expresamente el Artículo 339 a través del cual la Carta ordena que habrá un Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 152 de 1994 establece la elaboración de un Plan de Gobierno, que muy poco se relaciona con un plan de desarrollo y que abrió la puerta para el degeneramiento de la teoría y la técnica de la planificación en Colombia. Han transcurrido 26 años y hoy podemos ver los resultados de esa ley que dejan mucho que desear.

En el punto 2.2.6 de los acuerdos celebrado en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, se incluye el tema “Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa” que, al cumplirse si la oligarquía bogotana lo permite, será  una ocasión apropiada para corregir las deficiencias de la Ley Orgánica, que a pesar de los vicios constitucionales, nadie la ha demandado durante este cuarto de siglo.

Dice textualmente el acuerdo: “el Gobierno Nacional se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones: a) Revisar las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación. b) Prestar asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo requieran, para la formulación participativa de distintas herramientas de planeación. c) Hacer una revisión integral y participativa  del sistema de participación en los procesos de planeación…. d) Fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura…. e) Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos en el nivel local…”

Pero lo más importante de las acciones comprometidas por el Gobierno, son los fines que estas definen entre los cuales se encuentran: fortalecer las capacidades técnicas de las instancias de planeación participativa, articulación de las instancias nacionales y territoriales de planeación, la efectividad del sistema, promover la participación de la ciudadanía en la priorización de una parte del presupuesto de inversión y una muy importante, “hacer los ajustes normativos necesarios, para que los conceptos, pronunciamientos e informes de monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa sean respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e interlocución.”

Por supuesto que la sola firma del acuerdo no propiciará las modificaciones en los proceso de planificación si no hay de parte de la sociedad civil la organización, el fortalecimiento técnico y el dinamismo adecuado; pero con la veeduría internacional, el gobierno se verá forzado a cumplir los acuerdos y esto en materia de planificación y con relación a la debilidad de la Ley 152 de 1994, será la gran oportunidad gestada en el acuerdo de La Habana.