EL REGALO DE NAVIDAD

La semana pasada Santos salió sonriente por televisión cuando el DANE publicó las cifras de la contabilidad nacional del tercer trimestre del año. Dijo el organismo de las estadísticas oficiales que la economía había crecido 5.1 % entre julio y septiembre del presente año. El gobierno, ni corto ni perezoso, pasó de inmediato la cuenta de cobro a los electores para acrecentar el caudal de la reelección.

Pero como siempre ocurre con los informes del DANE, que muestran los datos convenientes para el gobierno, se ocultan otras verdades sobre la realidad que lleva a la conclusión que de eso tan bueno no dan tanto. En principio podríamos decir que ese incremento es favorable porque proviene del aparato productivo; pero teniendo en cuenta que dentro de éste, la construcción tiene ciertas particularidades en el contexto de la economía, la emotividad de la noticia se desinfla. Primero, porque es muy coyuntural, pues una vez las edificaciones se terminan, el efecto se acaba; segundo porque luego viene el problema de la venta, cuando no hay suficientes compradores con capacidad de pago, aunque la necesidad social es sentida. La sola construcción de residencias se incrementó en 25,7 %  pegando un jalonazo al conjunto de la economía, pero a pesar de que muchas familias no tienen vivienda propia no todas tienen la capacidad de comprarlas.

En cambio las cifras de los sectores primarios y secundarios, los que verdaderamente muestran la solidez de la economía, siguen siendo preocupantes: los relacionados con el agro crecieron un 6.6 % pero ahí están los cuantiosos subsidios producto del paro agrario, que distorsionan la realidad. Los de minería crecieron solo un 6.1 % aun estando el petróleo y el carbón y lo más grave, la industria, que es sector fundamental para medir la solidez de la economía, siguió cayendo, esta vez en el 1,0 %. La construcción creció transitoriamente por las casas que regala el gobierno y por las manos abiertas de los bancos para prestar para ganarse el subsidio de la tasa de interés; pero hasta dónde estos mecanismos coyunturales puedan ser motivo de euforia?

Por supuesto el gobierno, en plena campaña electoral en que se halla, es el gran beneficiado con las cifras así, escuetas, sobre el crecimiento del trimestre, que combinado con los datos de baja inflación generada por el gran volumen de importaciones que incrementan la oferta de bienes y la baja tasa de desempleo, transitoria también por el trabajo en la construcción, hacer dar la idea de que en Colombia la situación está muy bien y que no solo para Santos sino para todos los colombianos, la economía se convierte en el regalo de navidad.

EL ANACRONISMO DE LA PROCURADURÍA

El tema de fondo no es que Petro se vaya o se quede; como tampoco para la oligarquía bogotana la destitución es lo importante, sino la inhabilidad por tantos años; pues lo que a ellos les preocupa es el peligro de que  Petro lidere algún proyecto político nacional similar al de Ecuador, Bolivia o Uruguay. El tema de fondo es que con ocasión a la destitución de este alcalde, se coloca sobre la mesa el accionar en general de la Procuraduría en el ejercicio de su función disciplinaria.

Desde 1991 el Estado colombiano viene afrontando un proceso de transformación partiendo del Estado Moderno para instaurar el Estado Posmoderno. El primero con el Modelo Burocrático y el segundo con el Modelo Gerencial. La ley ha creado diferentes normas que constituyen el piso jurídico y ha adoptado los instrumentos para implantar el modelo gerencial en todos los organismos del Estado. En este empeño, por supuesto, empujado por las fuerzas de poder internacional y no por la convicción de los propios gobernantes, Colombia ha instrumentado el proceso adaptando normas internacionales como es el caso de la ISO 9001 que convirtió en NTCGP 1000:2009 para regular la operación de las entidades de manera ordenada y con sentido gerencial y la norma MECI 1000:2005 que fue diseñada por Casals & Associates Inc. con financiación de USAID para aplicar el control con base en el paradigma japonés. El proceso de transformación ha sido lento pero ahí va, avanzando poco a poco.

Entonces llama la atención que la Procuraduría como organismo del Ministerio Público encargado de aplicar el proceso disciplinario, aun conserve las prácticas del Estado Burocrático cuando ya estamos en el Estado Gerencial. El procedimiento disciplinario que aplica se rige por las típicas conductas del Modelo Burocrático y desconoce las bases sobre las que se erige la Gerencia Pública, donde se encuentran entre otras, la multiorganización, la participación, la concertación, la flexibilidad y la innovación.

Por ello es hora de que ese organismo de control disciplinario entre en una fase de reflexión y que en su interior se adelante un proceso de ajuste, armonizando su proceder con la realidad histórica, pero ante todo que, así como la operación y el control de todo el Estado está transformándose, este organismo también adopte otros fundamentos y otro enfoque en los procedimientos, así como en los criterios para aplicar el Código Único Disciplinario; pues la norma como tal define el qué hacer pero el enfoque jurídico establece la forma o manera de juzgar ese qué, lo cual difiere substancialmente, cuando el paradigma en el modelo de Estado es uno y cuando es otro; por lo cual si se sigue aplicando la misma regla de antes de 1991 estamos metidos en el anacronismo de la Procuraduría.

LAS AFRENTAS CONTRA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Cuando se estableció por la vía constitucional, hace ya más de un cuarto de siglo, la elección popular de los alcaldes, se nos vendió el cuento con el argumento de que esa norma era para fortalecer la Democracia Participativa, introducir la descentralización administrativa y acercar más el Estado a la ciudadanía.

Hoy, después que han transcurrido varios períodos de gobierno y sendas elecciones, podemos hacer un balance y sacar conclusiones, las cuales no son justamente, concordantes con los argumentos expuestos en 1987. Los hechos muestran que en centenares de municipios, en lugar de fortalecerse la democracia participativa, lo que se ha fortalecido son ciertas mafias locales que ponen el alcalde. Algunos grupos ilegales y otros legales pero que utilizan procedimientos mafiosos para lograr sus fines, usando el poder económico y el movimiento de altas sumas de dinero para el efecto, en concordancia con las características del régimen político colombiano donde los gobernantes no se eligen sino que se compran gracias a nuestra cultura política que es como para enmarcar, determinan quien debe ocupar el cargo de la primera autoridad administrativa municipal.

Ahora le ha surgido otro oprobio a la democracia participativa por cuenta de un funcionario al que le han entregado, nada más ni nada menos, que la rectoría del Ministerio Público y quien está caracterizando su gestión con el uso indebido del poder, el cual ejerce basado en sus pasiones personales, con sentido subjetivo y tendencioso, como se puede ver en el caso de la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá.

No se entiende la organización del Estado colombiano, que en el papel dice una cosa y en los hechos se observan otras diferentes. No solamente por lo comentado ampliamente sobre las facultades de un funcionario, designado mediante procedimientos clientelistas, para destituir a otro elegido por el elector primario, sino también por el hecho de tomar decisiones basadas en argumentos técnicos y no en argumentos legales. ¿Quién le dijo al Procurador que él tiene facultades para juzgar un modelo de gestión pública? ¿Acaso el código único disciplinario establece normas para afirmar cuáles son los modelos de gerencia pública buenos y malos? Si los argumentos de forma que utilizó el Procurador son válidos por la basura regada en las calles durante dos días, entonces hay que destituir por lo menos a medio millar de alcaldes. 

Pero lo más grave es que está en juego la esencia del Estado; si a un funcionario se le sanciona porque trata de rescatar lo público para su nicho natural, entonces qué va a pasar con lo público? Independientemente de la calidad de la gestión de Petro, lo que se debe considerar es el trasfondo, porque el servicio del Estado no puede estar a merced de la politiquería y el apasionamiento de funcionarios como Ordóñez, quien con sus actos está incrementado el número de las afrentas contra la Democracia Participativa.

EL DESEMPOLVE DEL 8000

Con el libro de Andrés Pastrana no sólo se ha agudizado la pugna intestina de la oligarquía colombiana, sino que se ha revivido el tema del publicitado Proceso 8000 que enlodó al gobierno de Samper, trayendo viejos recuerdos y ahora, después de conocidos varios hechos de la geopolítica mundial y los efectos en los países dependientes, caben también otras reflexiones que cuando se plantearon en esa época, parecían irracionales pero que hoy cuentan con argumentos que vale la pena tener en cuenta.

La penetración de dineros del narcotráfico en las campañas electorales no se inventó con Samper ni tampoco se ha acabado en los gobiernos posteriores, según estudios de ONG que se dedican a investigar los fenómenos políticos nacionales. Si examinamos lo ocurrido durante los ocho años de Uribe, vemos que todo eso es infinitamente más grave que los aportes de dinero en las campañas; entonces por qué el escándalo contra Samper se ha magnificado tanto mientras que Uribe sigue tan campante?

Una razón, expuesta en su época por varios analistas, sale nuevamente a relucir: Samper fue el segundo presidente después que el Capitalismo Financiero Internacional introdujera los cambios en Colombia para consolidar el modelo neoliberal de globalización financiera. La campaña de Samper se montó sobre el eslogan “Vamos a ponerle corazón a la apertura” señalando que se debía suavizar el efecto neoliberal poniéndole énfasis a la política social, con lo cual se crearon temores en las fuerzas de poder internacional pensando que ese gobierno echaría para atrás lo que había instaurado Gaviria.

El plan de gobierno de ese período se denominó “El Salto Social” en cuyo texto se muestra la importancia del desarrollo humano integral como objetivo de la política social. Posteriormente, Samper nombró a Carlos Castillo Cardona como Consejero Presidencial para la Política Social y desde esta consejería se lanzaban ataques a la doctrina neoliberal y, a mí me consta, el pensamiento del consejero Castillo era claramente contrario al neoliberal, tanto que entre la Consejería y el DNP, que como se sabe es el enclave en el Estado de las fuerzas internacionales de poder, ocurrieron controversias conceptuales de profundidad.

Ahora es sensato pensar que más por los dinero recibidos en la campaña, que no fue el primero ni ha sido el único, lo que interesaba era sabotear el gobierno para que no pudiera el gobierno Samper echar para atrás lo introducido por Gaviria para favorecer el poder internacional, desde donde debieron haber enviado dardos para azuzar la oposición interna, de lo que en esa época no se habló pero que hoy tiene mucho sentido cuando estamos presenciando el desempolve del 8000. 

LA HORA DE LA PLANEACIÓN

Varias de las leyes expedidas después de 1991 para desarrollar la Constitución Política, fracasaron o están a punto o necesitan ya reformas. Por ejemplo, las leyes 99, 100 y 388, rotundamente fracasaron y la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, requiere ya una revisión y muchas modificaciones.

Desde hace treinta años se viene diciendo en los foros académicos que la planificación en Colombia es un desastre. Luego salió la Ley 152, norma que va para los dos decenios y por lo tanto ya tuvo el tiempo suficiente para verificar en la práctica, lo que sirve y lo que requiere modificar, por lo cual hoy existen los argumentos suficientes para afirmar que ya es tiempo de introducirle los cambios pertinentes, tanto para corregir las deficiencias técnicas en los procesos de planificación como para adoptar un instrumento de aplicación práctica que permita ejercer con eficacia la gerencia pública. Han pasado ya varios gobernantes aplicando esta ley y con ello se ha podido identificar los aspectos que sirven y los que no sirven.  

Para comenzar, es necesario considerar que la ley le llama “Plan de desarrollo” a lo que es un “Plan de gobierno”, lo cual desvía el sentido de lo que es un verdadero plan de desarrollo y distorsiona la esencia del desarrollo lo mismo que la responsabilidad del progreso en el mismo, lo cual, además de otros factores técnicos, en lugar de corregir las quejas generalizadas de los años ochenta, lo que ha hecho es agudizar las deficiencias técnicas que se presentan en materia de planificación del desarrollo, como por ejemplo, resolver el vacío que aún existe en materia de regulación de los procesos de largo plazo, por no señalar la desarticulación con el POT, la NTCGP y el MECI.

Es conveniente realizar un debate público o académico sobre el tema de la planificación en el país, principalmente en los órdenes territoriales, que es donde se deben originar los procesos, si se quiere una verdadera democracia participativa. Un debate que permita examinar las ejecutorias y los alcances de la norma aplicados en el departamento y los municipios desde 1994 hasta ahora, para que con un sentido objetivo y crítico, se evalúe lo realizado por la oficinas de planeación y los contenidos e impactos de los planes de desarrollo, todo con el fin de deducir las medidas necesarias para avanzar en el mejoramiento de los procesos de planificación que se realizan en los territorios, hoy que en otros campos de la vida legislativa se están realizando estudios para modificar leyes y que debido a la coyuntura histórica que vive el país, con sentido pertinente podemos afirmar que también llegó la hora de la planeación.

EL PUNTO TRES DE LA AGENDA

A propósito del tercer tema de la negociación en Cuba, recordamos un artículo publicado en el diario El Liberal el 5 de junio de 2005 haciendo referencia a lo que se le puede denominar “la economía del instinto”. Señalaba el artículo, que mientras existan ricos periqueros en Europa y Norteamérica y mientras existan condiciones de extrema pobreza en las alejadas zonas rurales del país, no habrá posibilidad real de acabar con los cultivos de marihuana, coca y amapola.

Los campesinos cultivan estas especies vegetales, no porque sean delincuentes, sino porque el instinto de conservación, que se rige por la ley natural, impulsa a realizar procesos económicos orientados a la supervivencia de la especie recurriendo a las más elementales formas de producción y cambio. Lo único que busca el instinto animal es la consecución de los medios de vida, sin tener en cuenta que la ley jurídica lo prohíbe. Como no hay otro cultivo que tenga solución de comercialización y el autoconsumo no es suficiente, el instinto los lleva a producir lo único que sí pueden vender.

Con la presencia de las Farc o sin esta, si el Estado no resuelve el problema de articulación con los mercados mediante el establecimiento de canales de comercialización, la resolución de la infraestructura comercial y la prestación de los servicios básicos y complementarios al comercio, aunque la guerrilla desaparezca, existirán otros actores que compren la producción y los cultivos de uso ilícito seguirán ahí, pues las comunidades campesinas no se pueden dejar morir sólo porque la ley los prohíbe.

Los programas de sustitución de cultivos y la cantidad de dinero que se ha gastado en este empeño, gran parte de ello con fuente extranjera, es una experiencia que se debe asimilar. El esfuerzo se pierde no por la falta de voluntad del campesino para sembrar otro producto, no porque la tierra no responda a la producción del sustituto, sino porque la producción no tiene quien la compre. Y además, porque en esas zonas marginadas tampoco hay agua potable, ni energía eléctrica, ni escuelas, ni campos deportivos, ni centros de atención de la enfermedad, ni abastecimiento de granos, procesados y manufacturados que les permita a los habitantes adquirir completa la canasta familiar.

La negociación no ha comenzado; no sabemos, como en los otros temas, qué se va a hablar. Pero sí podemos estar seguros de que si no se tocan los asuntos por el derecho y no se reconoce que la pobreza y el abandono es la causa objetiva de la situación, muy poco alcance tendrá la negociación con la guerrilla sobre el punto tres de la agenda. 

LA OTRA NEGOCIACIÓN DE PAZ

Siempre se ha afirmado que la violencia en Colombia tiene causas subjetivas y causas objetivas, que se alimentan con factores coyunturales y estructurales; por eso para alcanzar la convivencia pacífica, que es su antagónica, no basta con que las guerrillas cesen sus acciones armadas. Se requiere además otros mecanismos sociales que contribuyan a crear el clima apropiado para la tolerancia, el respeto a la diferencia y la comprensión paciente de las conductas ajenas.

Un fenómeno que se ubica dentro de las causas subjetivas pero que está enraizado estructuralmente en la sociedad, es el maltrato infantil, que siembra en las personas desde temprana edad, la cultura agresiva y violenta,  que luego cuando se es mayor, se manifiesta en contra de sus semejantes. Varios estudios demuestran que la mayoría de los sujetos violentos y criminales, han sufrido una niñez con maltrato, llegándose inclusive, al reconocimiento general acerca de las consecuencias de los gritos y golpes a los niños. Pero parece que a la sociedad colombiana  no le importara la situación. Desde la época del “Pacto por la Infancia” como eje de la política social, no se ha vuelto a ver un despliegue institucional tendiente a aliviar este mal que agobia al país.

Fue cuanto el “Pacto por la Infancia” que se logró la creación con instrumento legal de los consejos de política social para que a través de ellos se implantaran mecanismos de gestión suprasectorial que permitieran, con eje en la política de infancia, realizar acciones orientadas hacia el desarrollo humano integral superando el sectorialismo de la oferta institucional. Fue en esa época cuando se propuso otorgarle al maltrato infantil la categoría de “asunto público” con la finalidad de que toda la comunidad en su conjunto pudiera intervenir en los casos que abundan, sobre maltrato y que hoy son considerados como un asunto privado a pesar del daño que hacen a toda la sociedad. Siendo asunto público, muchos instrumentos sociales se pudieran implantar para luchar contra este fenómeno que está incrustado en la cultura colombiana y que mucho contribuye a la perpetuación de la cultura de violencia operando como mecanismo de retroalimentación perverso.

Hoy el país está embelesado con la negociación de la Habana, que sin duda es muy importante considerando que las Farc son el grupo guerrillero más notorio, pero no se aprecia que otros aspectos de la violencia se estén tratando aunque sea con mínima magnitud, siendo que varios de ellos, como el caso del trato a los niños, no requieren de tanto esfuerzo político y probablemente la extrema derecha uribista tampoco se oponga, por lo cual se hace necesario que la sociedad colombiana también aborde este tema, como si fuera la otra negociación de paz.